La presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó de “éxito total” la primera elección judicial en la historia del país, a pesar de que la participación de votantes se estacionó en el 13 por ciento del total del padrón electoral. Mientras tanto, otros actores políticos calificaron el proceso como un fracaso y fundamentaron su calificativo precisamente en la escasa participación.
Entre los dos extremos del discurso, quedamos atrapados nuevamente –como ha sucedido desde que la cuarta transformación alcanzó la presidencia del país– entre dos posturas que chocan y se descalifican.
La presidenta Sheinbaum pretende controlar el discurso, como ya lo hizo antes Andrés Manuel López Obrador, y en la discusión forzarnos a creer que la elección judicial fue un éxito rotundo. No lo fue. En ninguna democracia organizada, una elección que no alcanza siquiera un cuarto de la votación posible, puede legitimar el resultado.
Y además, se pierde de vista el objetivo final: liberar al Poder Judicial de los vicios que ha arrastrado en las últimas décadas: corrupción, nepotismo, ineficacia, opacidad, entre otros. El objetivo de abrir al ciudadano común la elección de funcionarios judiciales, según se argumentó desde que se propuso la reforma judicial que sustentó la elección, era acabar con la corrupción y mejorar la administración de la justicia.
Pregunta específica: ¿Una elección en la que sólo participó el 13 por ciento de los ciudadanos llamados a votar, consigue la legitimidad suficiente para renovar al Poder Judicial? No. Logrará, sí, el nombramiento de nuevos jueces, magistrados y ministros, pero no ofrecer ninguna garantía de que se renovarán los procesos internos.
¿Por qué la presidenta Sheinbaum insiste en que el proceso fue un “éxito total” a pesar de las pruebas del desinterés casi generalizado? Poque la reforma judicial y la elección fue desde el principio un proyecto del régimen de la 4T; no fue un proyecto que se discutiera con las otras fuerzas políticas, no se consensuó ni se negoció.
Por eso, no pueden permitirse el calificativo de “fracaso”. Ni siquiera pueden permitirse el reconocimiento de los límites exactos del resultado electoral. Y con ello se pierden numerosas oportunidades.
Lamentablemente, con los resultados obtenidos se seguirá predicando “la purificación” del Poder Judicial y nuevos funcionarios ocuparán diferentes cargos, con la evidente cercanía a grupos políticos y de poder que conducirán a nuevos conflictos de interés, a nuevos pactos inconfesables y prolongar la falta de justicia que prevalece en el país, porque “la ley” le seguirá dando la razón a los poderosos, no a las víctimas.
En el inicio de este proceso, quedó claro que el Poder Judicial debía cambiar. Sucedió que no se siguió el camino correcto.