Comienza la dictadura de la 4T

El 1 de junio de 2025 no sólo será recordado como la fecha en que se realizó una de las votaciones más bajas de la historia democrática de México, sino como el momento simbólico en que el país confirmó lo que muchos temían: el inicio de una dictadura de facto, disfrazada de democracia participativa.

La reforma al Poder Judicial, promovida desde los tiempos de López Obrador y perfeccionada bajo el mandato de Claudia Sheinbaum, buscó presentar al pueblo la supuesta oportunidad de elegir a los ministros, magistrados y jueces. Pero detrás de esa narrativa de “ciudadanía empoderada” se esconde una estrategia clara: eliminar cualquier contrapeso al poder presidencial, y con ello consolidar una sola voluntad política bajo el disfraz de legalidad.
Voto popular, simulación institucional.

Según datos oficiales del INE, sólo el 12.08% de los mexicanos participaron en la elección judicial. Es decir, menos de 1 de cada 8 ciudadanos acudió a las urnas para elegir a los encargados de impartir justicia. Y de esos votos, más de 2 millones fueron nulos o en blanco. Aun así, Morena se autoproclamó triunfador y ya perfila a sus perfiles clave dentro de la Suprema Corte.

Uno de ellos es Hugo Aguilar Ortiz, quien será, según cifras preliminares, el nuevo presidente de la Corte. Su llegada ha sido vendida como un logro para la representación indígena, dado su origen mixteco. Pero hay que ir más allá del símbolo para entender el fondo del problema.

Aguilar Ortiz fue coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y estuvo a cargo de las consultas realizadas en 2019 para permitir proyectos federales como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico o el Plan Integral del Istmo. Dichas “consultas” fueron señaladas por la ONU como simulaciones, pues se presentaron como ejercicios democráticos pero, en realidad, ya venían condicionadas desde el poder: las obras se ejecutarían con o sin el consentimiento de los pueblos.

El rol de Hugo Aguilar no fue el de un defensor de las comunidades originarias, sino el de un operador político que permitió —a través de mecanismos institucionales— que el gobierno federal avanzara en proyectos que han desplazado, fragmentado y vulnerado a los pueblos indígenas. Paradójicamente, quien hoy promete llevar “la justicia indígena” a la Suprema Corte, ha sido parte activa de su silenciamiento.
Un solo poder: el Ejecutivo.

La elección judicial, lejos de democratizar al Poder Judicial, lo ha vuelto funcional al proyecto político de la 4T. El equilibrio de poderes quedó reducido a una anécdota constitucional. El Legislativo ya es una mayoría mecánica de Morena. Y ahora, con ministros electos desde las filas del oficialismo y por una participación marginal, el Poder Judicial también se ha alineado al partido dominante.

La autonomía de los jueces fue intercambiada por la popularidad en boletas. Los méritos jurídicos, por la fidelidad partidista. Y el control constitucional, por una estructura vertical que responde al proyecto de nación de un solo partido.

Lo más preocupante no es sólo lo que ya ocurrió, sino lo que está por venir. ¿Cómo esperar que esta nueva Corte revise con imparcialidad las leyes promovidas por el Ejecutivo? ¿Qué garantías tiene un ciudadano opositor, un colectivo ambientalista, un defensor de derechos humanos, ante un tribunal electo no por capacidad sino por cercanía política?

¿Democracia o dictadura institucional?
La democracia no se mide únicamente por la existencia de elecciones, sino por la existencia de contrapesos reales, de libertad de expresión, de pluralidad institucional. Hoy, con una Corte supeditada, una Fiscalía subordinada y un Congreso alineado, México enfrenta un riesgo real de regresión autoritaria.

La Cuarta Transformación prometió regenerar la vida pública, pero en su intento de moralizar al Estado, ha terminado por despojarlo de toda autonomía. La justicia ya no será ciega, sino partidaria. Ya no será un poder, sino un brazo.
La dictadura no siempre llega con tanques ni represión directa. A veces llega disfrazada de consulta. A veces se llama democracia, pero se comporta como tiranía.
Y lo más grave de todo: se legitima con el silencio de quienes deberían alzar la voz.