Manuel Baeza

La pregunta que más he recibido en días recientes es la siguiente: ¿Vas a votar?
Se refieren, por supuesto, a la jornada electoral del próximo domingo 1 de junio, en la que los mexicanos podremos elegir jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial federal, y en 19 estados, además, se votará por los poderes judiciales locales. 
¿Voy a votar? No. ¿Por qué? Porque no estoy convencido de que eligiendo jueces mejore el sistema de justicia en el país; y porque considero que el sistema de elección está mal hecho.
Pero antes de que deje Usted de leerme, permítame decir lo siguiente: que yo vote, o no vote, es irrelevante. Lo verdaderamente importante es la decisión que Usted tome.
Votar es un asunto estrictamente personal. Personalísimo, diría un antiguo profesor. Y acudir a la urna es cuestión de cada quien, no de lo que piensen los demás.
Y ojo: la elección del próximo domingo sí se llevará a cabo, y basta con que un solo ciudadano se presente en cada casilla para que tengamos ganadores del proceso. No hay marcha atrás. Mal o bien hecha, la jornada electoral tendrá validez oficial.
Así que regreso al punto: cada quien debe decidir si vota o no. Nomás faltaba que alguien quisiera influir en Usted. 
Usted está en completa libertad de ir a su casilla y cruzar las boletas por quien Usted quiera. E igual está en libertad de ir a la casilla y anular su voto. Y por supuesto que también puede decidir simplemente no votar, y nadie debe reclamarle algo. 
Vivimos en una sociedad dividida políticamente, y esa división no va a desaparecer de la noche a la mañana. Y eso ocurre en México y en todo el mundo.
Lo que debe quedar en claro es que el peso político de esta elección, para bien o para mal, debe recaer completamente en los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum.
Fueron ellos, junto con sus senadores y diputados, quienes armaron todo el proceso de renovación del Poder Judicial, elecciones incluidas. Si sale bien, será mérito de ellos. Y si sale mal, entonces será culpa de ellos. 
Para que nadie salga a decir que las posibles fallas o abstencionismo en la votación, y en el resultado a largo plazo de las decisiones judiciales, es o será culpa de ciudadanos apáticos, o de complots de la derecha y sepa quiénes más.
Si los ciudadanos salen a votar en buena cantidad, será éxito de la 4T. Y si hay abstención, será culpa de la 4T por no pensar bien lo que hicieron. 
Quedan días para informarse y tomar una decisión. Sólo Usted sabe cómo debe proceder. Hágase la pregunta a si mismo: ¿Vas a votar?

¿Votar o no votar?

Seguro que algo estamos haciendo mal cuando el gobierno del Estado (en turno) anuncia inversiones millonarias para sistemas de seguridad pública. 
Esta semana, por ejemplo, el gobernador Pablo Lemus informó que aplicarán seis mil 377 millones de pesos para mejorar el Escudo Urbano un sistema que tiene más de 7 mil cámaras de videovigilancia y al cual se le sumarían mil 500 más.
Qué bien que el gobernador quiera mejorar la seguridad, que mucha falta nos hace. Pero hemos perdido de vista lo esencial: que como sociedad tendríamos que invertir millones de pesos en educación, transporte, sistemas de salud y cultura, más que en evitar que los delincuentes hagan de las suyas. 
En México, como país, estamos en tal grado de problemas que necesitamos invertir sumas millonarias en evitar que nos roben y nos maten. Es increíble. 
Un expresidente nos quiso engañar por seis años comparándonos con Dinamarca. Nada más lejos de ello.
En todo caso, el territorio nacional se asemeja más al mundo violeto y sin ley de Mad Max, y poca esperanza hay de resolver rápido el problema. 
Vamos a invertir este sexenio el equivalente a una quinta parte de lo que nos costó la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara. Vamos a invertir en cámaras de vigilancia el equivalente a dos terceras partes de lo que se estima costará la Línea 4 de Tlajomulco a Guadalajara. Con el dinero para las cámaras se podrían construir instalaciones para 37 preparatorias de la Universidad de Guadalajara.
Aunque insisto: algo estamos haciendo mal como sociedad cuando debemos destinar cantidades estratosféricas para seguridad. 
A este paso los gobiernos no tendrán otra cosa que hacer que (intentar) protegernos de los criminales, y en ello se irá todo el dinero público. Ya la salud, la educación y la cultura serán un lujo. 
Algo hacemos mal.

Algo hacemos mal

Negociar es tratar o discutir (un asunto) para procurar su mejor logro. 
Eso es lo que la familia del “Chapo” Guzmán hizo: negociar.
No está claro si lo hizo Joaquín “El Chapo” Guzmán, ya sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, o si lo hizo su hijo Ovidio, en proceso ante un juez en el vecino país del Norte. Pero de que hubo negociación, la hubo; y lo más probable es que haya sido el propio Ovidio. 
Lo sabemos por varios motivos.
Primero, porque se filtró a medios desde la semana pasada que hubo un acuerdo por parte de Ovidio Guzmán para que se declara culpable de narcotráfico, a cambio de evitar una pena de muerte como posible sentencia. 
Segundo, porque el fin de semana unos 15 integrantes de la familia Guzmán cruzaron la frontera hacia California, y fueron recibidos por miembros del FBI (el equivalente a la FGR mexicana) para ser trasladados con rumbo desconocido.
Y tercero, porque este martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a líderes del cártel de Sinaloa, de terrorismo y narcotráfico.
Así que todo suma. Los Guzmán negociaron, y no serán objeto de cacería por parte de Estados Unidos, aunque no así los actuales dirigentes del grupo criminal. “Los perseguiremos hasta dar con ellos”, dice el fiscal general para el Distrito Sur de California. 
La persecución gringa, con los cargos de terrorismo de por medio, es una franca amenaza para los acusados (dos personas de apellido Insunza y otros más), y será un dolor de cabeza para la administración federal de Claudia Sheinbaum.
Si el gobierno mexicano no persigue, detiene y entrega a los acusados, entonces corre riesgo de que comiencen a aparecer denuncias y acusaciones hacia funcionarios que no cumplan. Ahora sí que se complican las cosas para las autoridades mexicanas. 
No queda otra opción para el gobierno federal que negociar. Tratar o discutir (un asunto) para procurar su mejor logro, según dice la Real Academia de la Lengua Española. Negociar la captura y entrega de los terroristas que operan en territorio mexicano.

De terrorismo y negociación con EEUU

Olvídese de los terremotos; esos son para el centro del país. 
Tampoco piense en inundaciones, que ocurren con más frecuencia en el Sureste.
Y si acaso, los incendios forestales, que son muchos en Jalisco, pero fuera del alcance de las zonas habitadas. 
Lo que realmente debe preocupar a los jaliscienses en materia de protección civil son los desastres que pueden causar las industrias, principalmente las asentadas en el Área Metropolitana de Guadalajara, que son la mayoría.
Y para muestra lo ocurrido en apenas siete días: dos grandes incendios en zonas industriales de la metrópoli. Uno de ellos en una fábrica de aerosoles, que tuvo estallidos de tanques con productos químicos, afectaciones a diez empresas aledañas, y por desgracia con saldo de por lo menos cuatro muertos. El otro, en una fábrica de productos de limpieza, afortunadamente sin daño a personas.
Los tapatíos poco sabemos de ello, y lo hablamos menos, pero buena parte de la mancha urbana está llena de industrias. 
Una estimación del gobierno estatal con datos del INEGI señala que en el Área Metropolitana de Guadalajara se asienta 75 por ciento de las industrias de Jalisco. Y las industrias manejan gas, productos químicos, plásticos, telas, cartón, y otros elementos que pueden resultar peligrosos.
Y muchos vivimos al lado, atrás, o a unas cuadras de estas empresas. 
Por eso una de las preocupaciones de todos en Jalisco, especialmente en la gran metrópoli, tendría que ser la seguridad industrial. 
Por supuesto que los primeros en tomar cartas en el asunto deben ser los propios industriales. Son ellos quienes deben garantizar la seguridad de sus trabajadores, la de sus vecinos, y de su inversión.
También muy pendientes deben estar las autoridades municipales y estatales para comprobar que las industrias locales cumplen con todo lo que la ley y los reglamentos les exigen en materia de seguridad. 
Nunca más debe un gobernador anunciar, con los bomberos de fondo, que una empresa no cumplía.
Y los terceros involucrados debemos ser los ciudadanos. Tendríamos que exigir que los reportes de seguridad de cualquier industria asentada en la ciudad sean públicos. Tendríamos que estar atentos a que las fábricas, las maquiladoras, los grandes talleres cumplan con o que la ley les exige. 
Los estallidos del 22 de abril de 1992 en Analco fueron resultado de una negligencia industrial (Pemex incluido como industria). Quienes sí lo supimos, lo vivimos, debemos presionar para evitar a toda costa que se repita un caso similar. 
Sin vivimos en una ciudad con grandes industrias, debemos mentalizarnos a estar protegidos. No se vale que nadie, absolutamente nadie, mire hacia otro lado a la hora de comprobar la seguridad para todos.

Queremos industrias, no bombas de tiempo

Algo se rompió en la política mexicana, concretamente en la 4T. Y no es que la actividad política en nuestro país sea intachable, pero por detalles que han surgido esta semana, queda claro que hay que mantenerse atentos a lo que pueda ocurrir en los primeros círculos del poder.
Lo digo por lo que se ha publicado en medios de comunicación nacionales en apenas unos días. 
Primero, el caso del llamado TelevisaLeaks. Se trata de una investigación realizada por Carmen Aristegui y su equipo, donde acusan a la televisora de coludirse con Arturo Zaldívar, entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impulsar su imagen y lograr que llegara, como lo hizo, a convertirse en presidente de la corte.
Los señalamientos involucran a altos directivos de Televisa, a quienes acusan de manipular información para denostar a los rivales de Zaldívar. Duro golpe contra el exministro y hoy coordinador general de Política y Gobierno del Gobierno de la República.
Otro caso es el que levantó el portal Sin Embargo en contra de Caty Monreal, sí, la hija de Ricardo Monreal. Aquí el señalamiento de la publicación es que “directora general del Instituto Nacional de la Economía Social (INES), tiene ingresos netos de más 660 mil pesos al mes”. 
La nota señala que la excandidata perdedora a la Alcaldía de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, recibe más dinero por consultorías y otros asuntos, que como funcionaria. No es algo ilegal, pero&#8230; Un golpe contra ella, pero principalmente contra su padre.
Una más: las declaraciones del expresidente Ernesto Zedillo en contra de la reforma judicial y, concretamente, contra Andrés Manuel López Obrador, a quien acusa de matar a la democracia.
En este caso, las palabras de Zedillo se pueden leer en la revista Nexos, junto con la respuesta que el exmandatario dio a la (también) respuesta de Claudia Sheinbaum al escrito. Sheinbaum contra Zedillo, pues AMLO no puede o no quiere hablar. 
Y otra: a Gerardo Fernández Noroña, senador por el PT pero morenista convencido, ya no lo quieren en el Partido del Trabajo y se lo hacen ver con abucheos y declaraciones en su contra.
¿A qué viene todo esto? No creo en las casualidades. Todas estas filtraciones, investigaciones y broncas son una clara señal de que algo se está descomponiendo de más en la política cuatroteísta mexicana.
Los golpes e indirectas que son muy directas, evidencian que hay fracturas internas muy fuertes en la 4T, y que todos quieren aporrear al rival interno, o en el caso de Zedillo, pegarle directamente a Morena. 
No quiero ser fatalista, pero avizoro una gran pelea interna en la Cuarta Transformación. Y apenas viene la elección del Poder Judicial federal, cuyos resultados serán seguramente motivo de más discordia interna.

Algo se rompió en la 4T

Seis meses y 22 días (contando el de hoy) tiene Andrés Manuel López Obrador sin decir una palabra en público. Nada. Cero. Silencio de radio, dirían unos amigos míos. 
Me sorprende porque imagino que es todo un récord para un expresidente de México en tiempos de redes sociales.
Se aprobaron las reformas constitucionales que dejó pendientes, y nada. 
Ganó Donald Trump otra vez las elecciones, y nada. 
Navidad y Año Nuevo, y nada. 
Se casó uno de sus hijos, y nada. No se dejó ver en la ceremonia.
Se murió el Papa Francisco, a quien mencionaba en sus mañaneras cada jueves y domingo, y nada. 
No me quejo, pero me sorprende, pues en casi 18 años habló todos los días. 
Y es sorpresa porque no imagino cómo puede un hombre con tanto poder acumulado dejar de opinar, sobre todo, todo el tiempo.
Entiendo que debe dejar todo el escenario para la presidenta Claudia Sheinbaum, pero aun así creo que el esfuerzo de no decir nada públicamente debe ser enorme para él.
Eso sí. Estoy convencido de que sostiene largas conversaciones con personajes como Adán Augusto López, hoy senador de la República, y con Jesús Ramírez Cuéllar, uno de sus hombres de confianza en materia de comunicación política. Y que esas conversaciones versan sobre la agenda política nacional.
Y también creo que todos los días intercambia palabras con su hijo Andrés “Andy”, secretario de Organización de Morena. Y de vez en cuando, con la presidenta de México. 
Tal vez AMLO haga bien. Un simple “Hola” en redes sociales detonaría toda una serie de especulaciones (como ésta) en cuanto a qué quiso decir el presidente. Queda claro que la palabra es la herramienta más poderosa de López Obrador.
Total, que han pasado seis meses y 22 días, y del expresidente AMLO no sabemos nada. Absolutamente nada. ¿Cuánto tiempo más se quedará callado?

¿Cuánto tiempo se quedará callado AMLO?

Termina el año electoral, y comienza la danza por la creación de nuevos partidos políticos. Como si necesitáramos más.
A escala federal ya hay asambleas para crear Somos MX, instituto político con Guadalupe Acosta Naranjo como su personaje más visible.
Pero en Jalisco nada más y nada menos que siete organizaciones civiles están trabajando para crear un partido estatal.
La lista de los siete proyectos considerados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ) como procedentes son: 
• La Mayoría. 
• Resurgimiento de Transformación. 
• Movimiento Laborista Mexicano. 
• Podemos Jalisco. 
• Vamos Todos. 
• Partido Humanista. 
• Patriotas.
Y aquí viene la pregunta importante: ¿Realmente necesitamos más partidos políticos en Jalisco? 
De entrada, yo diría que no. Y digo que no porque no encuentro nada novedoso en ellos. De lo poquito que he podido averiguar públicamente sobre estos posibles partidos, todas las organizaciones responden a proyectos que ya existen.
Algunos son de corte obradorista o morenista (algo así como los hermanos separados). Otros son de corte patriotero, y unos más están propuestos por ex militantes del PVEM, o por cercanos al PT.
Me llamaría la atención si hubiera propuestas de partidos con proyectos enfocados en asuntos particulares. Algo así como el Partido por Chapala; o el Partido Wixárica, el Partido del Agua, el Partido de los Estudiantes, o el Partido de l@s Buscador@s. Es decir, partidos que tal vez no lograrían ganar la gubernatura, pero sí podrían convencer a los votantes de colocar diputados en el Congreso del Estado, regidores, y tal vez presidentes municipales con la consigna de proponer alternativas (leyes, obras) para asuntos muy específicos.
Pero no. Todas las propuestas parecen encaminadas a pedir el voto con plataformas tan amplias como a la vez aburridas, como si fueran frases tomadas de un discurso de los años 70.
Faltan meses para que los aspirantes a tener un partido cumplan las exigencias legales. Dudo que todos cumplan. Pero el partido, o el par de partidos que sí llegue a la boleta, seguramente no correrá con nada de suerte a la hora de las votaciones. 
Por eso mi pregunta: ¿Realmente necesitamos más partidos políticos en Jalisco?

¿Necesitamos nuevos partidos políticos?

Una cosa es que Estados Unidos nombre como grupos terroristas al crimen organizado en México, y otra muy distinta es que los vecinos del Norte se decidan a atacar a dichos grupos por medio de drones o misiles. 
Lo trascendido ayer en medios estadounidenses sobre un posible ataque aéreo contra objetivos criminales en México puede ser cierto, pero parece improbable. Porque, insisto, una cosa es una cosa, y otra es otra.
Estoy convencido de que el gobierno de Estados Unidos tiene desde hace años, decenas de años, planes actualizados sobre posibles ataques a México, o incursiones armadas en nuestro país. Para eso sirven los ejércitos y, sobre todo, los organismos de inteligencia de cualquier gobierno, y de que basta hacer un ajuste a dichos planes para actualizarlos y ponerlos en operación. 
Pero no todo es poderío militar. 
Un ataque estadounidense en territorio mexicano sería una catástrofe diplomática, y un problema grave al interior del país de las barras y las estrellas.
Y digo una catástrofe diplomática porque de inmediato se tendrían que suspender las relaciones gubernamentales entre ambos países, y el intercambio comercial fronterizo se convertiría en un embudo realmente enorme y lento por las revisiones a contenedores y demás. 
Igual de preocupante sería la reacción de los latinos en Estados Unidos. Si el mero anuncio de las deportaciones trumpistas puso en pie de guerra a barrios hispanos por varios días, mucho más lo sería cualquier ataque militar a nuestro país. Eso sin contar que un boicot de latinos en California, Texas o Illinois, sería un golpe difícil para la economía vecina. 
Pero&#8230;
No sería lo mismo un ataque con drones o algún otro tipo de infraestructura militar realizado por las fuerzas armadas mexicanas. Sería un ataque hecho por autoridades mexicanas, aunque asumo que con inteligencia, e inclusive armas, extranjeras. 
Así, las cosas serían distintas. Y las reacciones y consecuencias también. 
Porque no es lo mismo una cosa que otra.

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El Partido Acción Nacional comenzó 2025 con un propósito clave para su existencia: mantener su posición como segunda fuerza electoral a escala nacional, y recuperar municipios importantes en 2027. 
La preocupación de los blanquiazules es que el partido Movimiento Ciudadano comienza a pisarle los talones, desplazando ya al PRI, con el que está en un empate técnico a la hora de medir las preferencias electorales en todo el país.
En la estrategia de los panistas, entre otras cosas, está el enfocar sus esfuerzos de promoción en cien municipios del país. La idea es conseguir votos urbanos suficientes para crecer y mantenerse como la segunda fuerza política en San Lázaro.
Actualmente, la Cámara de Diputados tiene 50.6 por ciento de legisladores morenistas; 14.2 por ciento de panistas; 12.4 por ciento de militantes del PVEM; 9.8 por ciento del PT; 7.4 por ciento de priístas; 5.4 por ciento de emecistas; y un diputado independiente.
Conocer la lista de los cien municipios que interesan al PAN es sencillo: hay 31 estados sin contar la Ciudad de México. La capital de cada uno es uno de los objetivos. En la Ciudad de México hay 16 alcaldías, todas importantes por el número de población. Pero no todo se limita a una ciudad por entidad, pues hay una gran cantidad de zonas metropolitanas y conurbadas, además de ciudades medias y grandes que no sean capital.
En Jalisco, por ejemplo, se pidió a los blanquiazules poner sus ojos en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Concretamente, en cinco municipios: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco.
La instrucción es trabajar mucho, pero enfocarse principalmente en ganar la mayor parte de distritos metropolitanos en la elección federal. Hoy el PAN Jalisco tiene seis diputados federales, cuatro de ellos por distrito; pocos para un partido acostumbrado a bancadas federales más amplias.
La duda es a quién le quiere quitar el PAN las diputaciones. ¿A Morena, que tiene doce por distrito? ¿Al único distrito que ganó Movimiento Ciudadano? 
Por lo pronto los panistas tienen trabajo por hacer. Y mucho.

Va el PAN Nacional por cien municipios