Los procesos de democratización de una sociedad cruzan necesariamente por el reconocimiento de los movimientos sociales que los construyen, pero no solo eso, se impone la explicación (y en su caso la reparación de los daños), de las persecuciones sufridas por esos grupos a manos de la élite en el poder. En este sentido, los gobiernos no deben ocultar la verdad y menos, borrar la memoria histórica de la colectividad.
La historia que construimos mujeres y hombres debe de ser contada desde el mayor número de divisaderos y no solamente desde la visión de los grupos triunfadores y poderosos. Es necesario historiar los hechos desde las voces y los silencios. Solo así, la sociedad tendrá un conocimiento holístico del pretérito. En esta tarea es fundamental reconocer la memoria como una herramienta de transformación social que coloca en su dimensión histórica a los movimientos populares y su incidencia en el presente.
La historia de Jalisco no ha estado exenta de los procesos de violencia, exclusión, represión y silencios impuestos a lo largo del tiempo. Lo mismo hemos vivido la persecución y criminalización de movimientos sociales, estudiantiles, barriales, hasta la crisis de personas desaparecidas y las violencias estructurales contra mujeres, personas de la diversidad sexual, pueblos indígenas y migrantes.
Por ello, es necesario superar el negacionismo histórico que impide recuperar la memoria del pasado. En consecuencia, este miércoles las diputadas Mariana Casillas Guerrero y Tonantzin Cárdenas Méndez de Futuro presentaron la iniciativa de la Ley de Memoria Histórica y Paz.
La iniciativa se propone como un instrumento para democratizar las explicaciones históricas, reconstruir el tejido social y dar centralidad a las memorias negadas, así como evitar que el olvido se mantenga como una práctica política del Estado.
Con la propuesta de Ley se busca garantizar el derecho a la memoria, la verdad y la reparación de los daños ocasionados, así como democratizar la historia desde las voces de las víctimas mediante la investigación y divulgación de las violaciones graves a derechos humanos. Se trata de poner en marcha políticas de no repetición y educación en memoria histórica mediante la creación del Centro Estatal de Memoria Democrática y Justicia Social, así como crear el Instituto de la Memoria Histórica de Jalisco como organismo público descentralizado. Sin duda, la iniciativa de Ley en cuestión resulta pertinente a la luz de la historia de las represiones y violencias sufridas en nuestro Estado.
Evidentemente no podemos cambiar nuestro pasado, pero lo que sí podemos y es necesario hacer, es reinterpretarlo para conocerlo, explicarlo y entenderlo mejor, y de esa manera impedir la repetición de las atrocidades cometidas en el pasado. En esto, y no en otra cosa, radica la importancia de no olvidar.