La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la representación mexicana ante la OEA presentó una nota diplomática para manifestar su rechazo al contenido del informe
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) abstenerse de emitir recomendaciones sobre el modelo de elección popular de jueces que se utilizó el pasado domingo en el país. Durante una declaración en el estado de Morelos, Sheinbaum afirmó que el organismo puede opinar sobre el desarrollo del proceso electoral, pero no sobre las decisiones internas que competen exclusivamente a los mexicanos.
La mandataria respondió así a un informe preliminar de la misión de observación electoral de la OEA, el cual calificó el proceso como complejo y polarizante. La delegación también manifestó preocupación por el nivel de participación, que alcanzó apenas el 13% del padrón, y recomendó no replicar el modelo en otras naciones.
Sheinbaum señaló que la elección es un modelo nuevo que tendrá una segunda ronda en 2027 y reconoció que puede mejorar, pero rechazó cualquier intervención externa en la definición del sistema judicial. “No está dentro de sus funciones dar recomendaciones de cómo un país debe decidir a su Poder Judicial”, declaró.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la representación mexicana ante la OEA presentó una nota diplomática para manifestar su rechazo al contenido del informe. Según el comunicado, los observadores del organismo excedieron sus atribuciones al emitir juicios sobre el sistema adoptado por México.
Desde su anuncio, esta reforma ha generado diversas reacciones. Fue promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuada por Sheinbaum, con el argumento de que busca modificar las estructuras judiciales del país. El proyecto fue aprobado mediante una reforma constitucional en 2024, luego de que varios tribunales invalidaran iniciativas impulsadas por el gobierno anterior.
Socios comerciales como Estados Unidos y Canadá han expresado su inquietud ante la posibilidad de que los jueces elegidos por voto popular puedan estar sujetos a presiones políticas o de grupos delictivos. A pesar de estas posturas, el gobierno mexicano sostiene que el nuevo modelo responde a una decisión soberana basada en el principio de participación ciudadana.
La cancillería reiteró que los países miembros de la OEA tienen derecho a organizar sus sistemas de justicia según sus propias necesidades y que la misión de observación no tiene facultades para recomendar modificaciones estructurales a los modelos nacionales.