Jonás

Un nuevo trabajo de investigación del organismo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, acaba de revelar que en números cerrados, durante el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador se apoyó al gobierno de Cuba con 400 millones de dólares, justificados todos bajo el concepto de “ayuda humanitaria”.
López Obrador lo decidió así, amparándose en las facultades que le otorgaba ser el titular del Poder Ejecutivo. Sus determinaciones no se sometieron a consulta pública ni se le cuestionó a los mexicanos si estaban o no de acuerdo. 
Entre los rubros que se conocen como parte del apoyo oficial al gobierno cubano, figuran los siguientes:
• 22 millones de dólares para financiar 15 millones de libros de texto (con la correspondiente carga doctrinal del régimen cubano) para el sistema de educación pública en la isla. 
• Envío de gasolina a través de la empresa estatal Gasolinas Bienestar. La cantidad de combustible entregado en la isla no está determinada. 
• Contratación de médicos cubanos con un costo reportado de 24 millones de dólares. 
• Compra de medicamentos elaborados en la isla (de calidad cuestionable) por seis millones de dólares, aunque no hay registros de que hayan sido entregados y distribuidos en México.
La polémica por el apoyo permanente al gobierno autocrático cubano estuvo siempre presente durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero él siempre la desdeñó. No se puede olvidar que Miguel Díaz-Canel fue el invitado principal del gobierno federal en las ceremonias de conmemoración de la Independencia de México, en septiembre del año 2021.
Al conocerse el monto multimillonario destinado en apoyo a Cuba, pero particularmente al régimen de gobierno castrista, reflotan los argumentos que siempre cuestionaron, por ejemplo, los convenios oficiales para la contratación de médicos de la isla, en lo que varias organizaciones internacionales (la ONU y la OEA, entre otras) han considerado como un tratamiento de explotación y violación de derechos humanos de los galenos.
Sin embargo, más allá del trato preferencial del obradorismo a un régimen que es evidentemente antidemocrático, lo que se corrobora es la incongruencia entre el discurso y los hechos.
Durante el sexenio obradorista se manejó el permanente discurso de la austeridad; se recortaron gastos en apartados elementales como atención sanitaria y compra de medicamentos; construcción y mantenimiento de infraestructura, y con el argumento del ahorro, se determinó la desaparición de organismos ciudadanos.
Y mientras tanto, se entregaron recursos a manos llenas a Cuba. El beneficio que hayan podido tener los ciudadanos cubanos, acosados por la escasez de alimentos y energía eléctrica, puede haberlo justificado; pero la realidad es que ese apoyo económico a costa de millones de mexicanos apuntaló la permanencia del régimen castrista.
Y eso, no se justifica de ninguna manera, por ejemplo ahora, cuando el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum califica como una injusticia la aplicación de aranceles por parte del gobierno de Donald Trump al acero y el aluminio, o justo cuando senadores mexicanos tratan de convencer a sus pares estadounidenses, de que no aprueben la aplicación de un 3.5% de impuesto al envío de remesas. 
“Candil de la calle y oscuridad en su casa”, decían los abuelos.

AMLO apoyó a Cuba con 400 millones de dólares

Conforme pasan los días, queda claro lo que tanto se advirtió: sólo perfiles allegados a Morena (la mayoría cercanos a Andrés Manuel López Obrador, de hecho) controlarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
Con las reglas aprobadas tanto para la reforma al Poder Judicial como para la elección que vimos el pasado 1 de junio, se está completando la integración de los dos espacios judiciales más importantes y trascendentes en la nueva etapa histórica controlada por la cuarta transformación. Seguramente, continuarán las críticas a la reforma y a la elección, pero lo que resulta innegable es que así operarán los nuevos órganos judiciales.
En los últimos dos días se ha revisado como una sorpresa el triunfo del abogado oaxaqueño Hugo Aguilar Ortiz. Se ha exaltado –incluso en la mañanera, con la presidenta Claudia Sheinbaum como promotora– su origen indígena y los más entusiastas ya lo comparan con Benito Juárez García.
El señor Aguilar Ortiz, calificado por la presidenta Sheinbaum como un “abogado muy conocedor”, será el primer presidente de la Suprema Corte elegida por voto popular. Pero su capacidad estará sometida muy pronto a examen y sobre todo, habrá que analizar si su biografía se convierte en una nueva veta de polémica inútil y de descrédito para la nueva integración del máximo órgano judicial del país.
No es indígena, sino mestizo, y eso no lo reduce en ningún sentido, porque la gran mayoría de los mexicanos comparten ese rasgo. Pero sí conviene quitar el halo del indigenismo porque además, se confrontó con numerosos grupos indígenas que rechazaron el proyecto del Tren Maya, mismo que él impulsó, lo que le ganó el favor del entonces presidente López Obrador.
Lo presumieron como ex consejero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y los zapatistas que tan críticos han sido con la cuarta transformación, desmintieron la versión. Y es otro tema que no tiene ningún peso para su calidad de próximo ministro de la Suprema Corte, pero sí evidencia que en el discurso oficial tratan de construir una imagen falsa.
Lo que sí sería grave, y debe demostrarlo, es si cuenta con un título de posgrado (maestría) en Derecho, porque así lo exhibió en su currículum, y no ha sido exhibido.
El punto es que los cercanos al oficialismo de Morena serán quienes tengan mayoría y control tanto en la Suprema Corte como en el Tribunal de Disciplina Judicial, hecho que conlleva de inicio, un conflicto de interés, a reserva de que cada nuevo ministro y magistrado (ellos y ellas), demuestren con su desempeño y calidad personal, que no hay lugar para las críticas. 
Pero eso, sólo lo demostrará el tiempo.

Los morenistas en el Poder Judicial

Después de las elecciones judiciales del 1 de junio, mucho se ha dicho que ahora le toca a Jalisco preparar la elección que será en 2027. Sin embargo, en el Congreso del Estado no hay ni la más mínima intención de iniciar una negociación y mucho menos revisar las propuestas para la reforma del Poder Judicial del Estado. 
Quienes tuvieron más prisa por realizar una reforma judicial y preparar de inmediato las elecciones, fueron los integrantes de la bancada de Morena, pero su intención no prosperó.
De hecho son tantas las propuestas de reforma judicial, que lo difícil es encontrar acuerdos. Esto llevó a la reducción de un listado de al menos 10 puntos de discusión, pero el gran obstáculo, básicamente, es introducir o no un sorteo, una tómbola, para elegir candidatos.
El gobernador del Estado, Pablo Lemus, está totalmente en contra, pero los diputados de Morena defienden a capa y espada esta figura como parte esencial de sus reglas de operación desde el periodo de Andrés Manuel López Obrador.
En palabras del diputado coordinador de Morena, Miguel de la Rosa, ellos pueden aceptar que haya reglas para calificar candidaturas, como por ejemplo la aplicación de exámenes de conocimientos, o también el currículum que garantice experiencia en materia judicial, pero después de esto exigirían que sí se establezca el sorteo. Es un tema de “honor morenista”.
El problema principal es que la elección de 2027 se ve todavía muy lejana, y hay tantos temas que atender y resolver, que no está en el ánimo de ninguna de las bancadas impulsar la reforma judicial. No por ahora. 
De hecho, en el Congreso del Estado se está convirtiendo en costumbre, si no es que regla, reaccionar a la urgencia, no prevenir.
Lo que está en puerta en este momento es la reforma en materia de transparencia, porque antes de que termine el mes de junio, deberá haberse aplicado la reforma constitucional en la materia, que implica la desaparición del ITEI. 
Faltan diputados que se interesen en el tema judicial. Aunque parezca lejano el año 2027, para la siguiente elección el tiempo no es tanto si se pretende hacer las cosas con orden, buscar conciliación social y particularmente, una modificación profunda del Poder Judicial, que deje satisfechos a todos los sectores jaliscienses. 
Si el Gobierno del Estado, es decir, el Poder Ejecutivo, no aprieta las tuercas y empuja la reforma, ésta no va a pasar en el Congreso local, así que elecciones judiciales, ya será para después.

La reforma judicial en Jalisco… para después

La presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó de “éxito total” la primera elección judicial en la historia del país, a pesar de que la participación de votantes se estacionó en el 13 por ciento del total del padrón electoral. Mientras tanto, otros actores políticos calificaron el proceso como un fracaso y fundamentaron su calificativo precisamente en la escasa participación.
Entre los dos extremos del discurso, quedamos atrapados nuevamente –como ha sucedido desde que la cuarta transformación alcanzó la presidencia del país– entre dos posturas que chocan y se descalifican. 
La presidenta Sheinbaum pretende controlar el discurso, como ya lo hizo antes Andrés Manuel López Obrador, y en la discusión forzarnos a creer que la elección judicial fue un éxito rotundo. No lo fue. En ninguna democracia organizada, una elección que no alcanza siquiera un cuarto de la votación posible, puede legitimar el resultado.
Y además, se pierde de vista el objetivo final: liberar al Poder Judicial de los vicios que ha arrastrado en las últimas décadas: corrupción, nepotismo, ineficacia, opacidad, entre otros. El objetivo de abrir al ciudadano común la elección de funcionarios judiciales, según se argumentó desde que se propuso la reforma judicial que sustentó la elección, era acabar con la corrupción y mejorar la administración de la justicia. 
Pregunta específica: ¿Una elección en la que sólo participó el 13 por ciento de los ciudadanos llamados a votar, consigue la legitimidad suficiente para renovar al Poder Judicial? No. Logrará, sí, el nombramiento de nuevos jueces, magistrados y ministros, pero no ofrecer ninguna garantía de que se renovarán los procesos internos.
¿Por qué la presidenta Sheinbaum insiste en que el proceso fue un “éxito total” a pesar de las pruebas del desinterés casi generalizado? Poque la reforma judicial y la elección fue desde el principio un proyecto del régimen de la 4T; no fue un proyecto que se discutiera con las otras fuerzas políticas, no se consensuó ni se negoció.
Por eso, no pueden permitirse el calificativo de “fracaso”. Ni siquiera pueden permitirse el reconocimiento de los límites exactos del resultado electoral. Y con ello se pierden numerosas oportunidades. 
Lamentablemente, con los resultados obtenidos se seguirá predicando “la purificación” del Poder Judicial y nuevos funcionarios ocuparán diferentes cargos, con la evidente cercanía a grupos políticos y de poder que conducirán a nuevos conflictos de interés, a nuevos pactos inconfesables y prolongar la falta de justicia que prevalece en el país, porque “la ley” le seguirá dando la razón a los poderosos, no a las víctimas. 
En el inicio de este proceso, quedó claro que el Poder Judicial debía cambiar. Sucedió que no se siguió el camino correcto.

Elección judicial, ¿éxito o fracaso?

La elección judicial celebrada ayer domingo en Jalisco deja numerosas lecciones y retos, en particular para la reforma judicial estatal que deberá conducirnos a la elección de renovación del Poder Judicial de Jalisco en 2027. 
Lo ocurrido ayer fue claro en varios sentidos:
&#8211; Hubo una muy baja participación en las urnas, igual que en el resto del país, resultado de la escasa información y los reducidos incentivos para participar.
&#8211; Un importante grupo de votantes son personas de la tercera edad. Eso es resultado de dos factores dominantes: el primero es que son beneficiarios de programas sociales y eso provoca un comportamiento de lealtad para con los actos de gobierno; el segundo es que muchos funcionarios públicos, en particular los “servidores de la nación”, realizaron un intenso activismo –presumiblemente ilegal– para llevar a los adultos mayores a votar. Evidentemente, un porcentaje mayoritario de ellos recibió “línea” para votar por algunos de los candidatos a los diferentes cargos.
&#8211; La protesta realizada en el Centro Histórico de Guadalajara en contra de la elección judicial, tiene como destinatario evidente a la federación, no a los poderes establecidos en Jalisco, de manera que la elección para renovar el Poder Judicial del Estado debe tomar en cuenta los puntos de vista de quienes repudiaron el proceso de ayer. 
Se podrían agregar más incidencias y factores, pero los anteriores son quizá, los más importantes.
En adelante, los 38 diputados y diputadas del Congreso estatal, que no lograron negociaciones para adelantar la reforma judicial en las primeras semanas de este año, cuentan con la oportunidad de revisar con detalle cuáles son los cambios que deben efectuarse en la legislación estatal.
En Jalisco, gobernador por Movimiento Ciudadano, el Partido Morena es sin duda la segunda fuerza política y con tendencia de crecimiento. La influencia del gobierno federal es evidente y también, en crecimiento. 
¿Qué no debe repetirse de la reforma judicial y la primera elección para modificar la integración del Poder Judicial?
Lo primero es evitar la premura, la improvisación y la desinformación. 
En teoría, la elección judicial deberá coincidir con la elección constitucional del primer domingo de junio de 2027. 
Hay oportunidad de hacer campañas claras, anticipadas, informativas y oportunas. 
También es posible definir reglas claras, precisas, para la determinación de candidaturas.
Es posible, igualmente, definir la participación de asociaciones civiles, universidades, partidos políticos y todos los sectores sociales, a fin de que la difusión ciudadana esté suficientemente garantizada. 
Jalisco puede –incluso puede decirse que debe– evitar los vicios y defectos de la elección federal. 
La primera y más importante participación es la de los diputados del Congreso estatal.

Elección judicial: de la federación a Jalisco

Mucho había sorprendido el mensaje de la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter Pérez, cuando en un acto oficial en el que un nuevo rector asumió el cargo en el Centro Universitario de Los Altos (19 de mayo), lanzó un llamado a la defensa de la autonomía universitaria y su facultad exclusiva para ejercer el presupuesto económico que le corresponde.
“Quiero ser muy clara y muy enfática: la única instancia que decide y define el destino de los recursos de la Universidad de Guadalajara es el Consejo General Universitario, nadie más”, fueron sus palabras en aquella ocasión, y eran una clara respuesta a la propuesta que días atrás había hecho el gobernador del Estado, Pablo Lemus, para que la institución destinara 20 millones de pesos para apoyar el programa “Sendero seguro”, que implica obras como alumbrado, limpieza y banquetas en las cercanías de preparatorias y centros universitarios.
Al poco tiempo, cuestionado, Lemus Navarro recordó que durante el sexenio de Enrique Alfaro, la Universidad había pasado por tiempos difíciles debido a la confrontación con el ex mandatario. Y aseguró que él no tendrá ningún conflicto con la institución.
Era claro que la relación que había comenzado como una “luna de miel” entre él y la rectora Planter Pérez se estaba descomponiendo rápidamente. Era un nuevo frente abierto en una agenda gubernamental que se ha complicado, particularmente en materia de seguridad, y que francamente no necesita más conflictos en medio de una permanente tensión política.
Ayer, el gobernador Lemus Navarro reparó el daño –así lo muestra el gesto político– al anunciar junto con la rectora Karla Planter y con el ex rector Ricardo Villanueva, hoy subsecretario federal de Educación Superior, la firma de un convenio mediante el cual la Secretaría de Educación Pública que encabeza Mario Delgado Carrillo, se compromete a entregar exactamente el mismo presupuesto que asigne el Estado a la UdeG: el equivalente al 5% del presupuesto del Estado, en el primer año en que se aplica el “presupuesto constitucional”.
Volvieron al discurso los reconocimientos, las felicitaciones y el buen trato entre autoridades.
Ricardo Villanueva y Karla Planter, aliados desde años atrás, y ahora ocupando diferentes cargos que los empoderan, recuperaron el buen trato con el gobernador de Jalisco.
Naturalmente, la historia seguirá escribiéndose y la tirantez entre la Universidad de Guadalajara y el Gobierno del Estado no desaparecerá. Pero a la administración estatal le conviene mucho más (y a los jaliscienses también) que la administración de Lemus Navarro enfoque su energía y recursos en resolver asuntos como el abasto de agua potable, la reforma judicial y la disminución de la delincuencia, entre varios temas. No hace falta un conflicto como el que se hubiera podido incrementar con la institución educativa que mantiene en su seno tan numerosos personajes y posiciones políticas influyentes.

Reparan la relación con la UdeG

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no llegó a ningún acuerdo en las negociaciones que por varias horas se efectuaron ayer en la sede de la Secretaría de Gobernación. El plantón en la capital del país se mantendrá a pesar de la desesperación y molestia de los habitantes de la ciudad, pero sobre todo, a pesar de la urgencia que ha impreso la presidenta Claudia Sheinbaum en sus últimas consideraciones sobre el tema.
El gobierno de Sheinbaum está en un callejón sin salida. 
Han jurado y perjurado que no habrá represión. Lo que en términos reales significa que no van a ponerle ningún límite a las protestas y plantones de los maestros, a pesar de las pérdidas económicas, del estrangulamiento de la movilidad y sobre todo, a pesar de la amenaza de boicotear la jornada de elección judicial que se realizará este domingo 1 de junio.
La presidenta también ha argumentado que no ha posibilidad de cumplir con las demandas de los maestros, que se sintetizan en dos termas: aumento salarial al 100% y derogación total de la Ley del ISSSTE y la denominada reforma educativa. 
Sobre el incremento salarial, se afirma que no hay más recursos económicos para el sector; de las reformas, sencillamente no sería posible por la premura del tiempo y las necesidades legislativas.
Los maestros de la CNTE no van a dar marcha atrás. La tensión y el reto han llegado tan lejos que de este punto sólo pueden salir o totalmente derrotados o totalmente triunfadores. Pero esto último sería a costa de la imagen presidencial, que está perdiendo simpatía en la Ciudad de México (su principal bastión y donde fue jefa de Gobierno) y también está sufriendo desgaste en su posición internacional. 
El periplo de estas manifestaciones ha dejado totalmente exhibidos a los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; y de Educación, Mario Delgado Carrillo, que no supieron o no tuvieron la previsión sobre el alcance de estas movilizaciones, que se combinaron –para su mala suerte– con eventos económicos y de violencia en la capital del país.
Ninguno de los dos ha podido hacer una gestión eficaz con los dirigentes de la CNTE, y la oferta que hicieron ayer, sobre las edades máximas de jubilación para maestros y maestras, ni siquiera fue tomada en cuenta. Aún más, dirigentes de la CNTE lanzaron una acusación sorprendente al gobierno de Claudia Sheinbaum: no representa ni defiende al pueblo, sino que defiende intereses privados, los que manejan los recursos públicos para el magisterio. 
Es un mundo bizarro. En la semana, la presidenta Sheinbaum acusó a la CNTE de comportarse “como la derecha”, y ahora, el organismo magisterial que apoyó los triunfos electorales de López Obrador y de la actual presidenta, acusa que traicionaron la “transformación”. 
La gran duda es si la CNTE boicoteará, como amenazó, la elección judicial. Ese sería un conflicto político de proporciones inesperadas.

Gobierno – CNTE: no hubo acuerdo

Desde el fin de semana, durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador del Estado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó públicamente que se determinó, concurso público de por medio, la compra de 678 vehículos para labores de las policías de los 125 municipios y diferentes tareas de corporaciones de seguridad del Estado.
De inmediato se desató una discusión pública que ha sido aprovechada por diferentes actores políticos, entre ellos quienes ostentan cargos públicos y son principalmente, integrantes de Morena –aunque también se sumó la dirigencia estatal del PRI Jalisco– para desacreditar la decisión del gobierno estatal.
La crítica más severa se ha centrado en el hecho de que se compraron tres camionetas del fabricante Tesla, del modelo conocido como Cybertruck. Los diferentes actores políticos lo consideran un derroche y un gasto que, acusó por ejemplo el senador Carlos Lomelí, tiene como finalidad beneficiar a algún empresario por su cercanía con el gobernador. 
Pablo Lemus, sin embargo, no se ha ocultado y ha respondido.
A las críticas, respondió con otra: “Son políticos de cuarta”. 
En una discusión pública que generalmente se ve distorsionada por lo que corre como reguero de pólvora en las redes sociales, el mandatario de Jalisco ha sido condenado.
Él, reviró con una felicitación publicada por la Embajada de los Estados Unidos en México, en la que apunta que el Estado de Jalisco “da un paso audaz hacia la innovación” y agrega que al sumar este modelo a las tareas de seguridad se aporta “tecnología, sustentabilidad y visión de futuro al servicio de la ciudadanía”.
Curiosamente, no se discute si la inversión pública, de 275 millones de pesos, es conveniente o no para las tareas de seguridad. 
La discusión nos atrapa en un falso dilema: ¿deben comprarse o no más patrullas? ¿Es un derroche o una inversión correcta? 
Es cierto que gastos e inversiones públicas siempre, siempre, deben estar bajo la lupa y la crítica debe aceptarse porque nunca faltará quién proponga que las cosas pudieron haberse hecho de otra manera.
Pero también es verdad que desde hace varias administraciones, en todas las policías municipales del Estado, incluidas las del Área Conurbada de Guadalajara, hay menos patrullas, menos políticas y menos equipamiento del que se requiere de acuerdo con las normas internacionales.
¿Si la compra de vehículos hubiera sido sólo de autos económicos, se hubiera aprobado la medida del gobierno estatal? Quizá la crítica hubiera sido entonces que no eran las unidades adecuadas. 
La crítica debe ser bienvenida y atendida. Sin embargo, siempre debe quedar vigente la facultad de las autoridades democráticamente electas y facultadas por la ley, para tomar decisiones.
Y además, después de esta inversión, ahora viene la discusión real: ¿Cuáles son los tiempos y las metas para reducir el índice de delitos, para detener a sospechosos y procesarlos debidamente? 
¿Cuáles serán los resultados y cuándo los presentarán? Ese es el verdadero reto y el sentido de la discusión.

La nueva discusión: compra de patrullas

Laura Haro Ramirez

El informe de la OEA sobre la Elección Judicial

Mario Muñoz

Tres fracasos…

Héctor Ruiz López

Democracias que se oxidan

Laura Castro Golarte

Tras sus pisadas

Mi pecho no es bodega

La Organización de Estados Americanos (OEA) le provocó una nueva herida al orgullo de la cuarta transformación al recomendar públicamente que ningún otro país copie el mecanismo de elección de integrantes del Poder Judicial que se aplicó en México el pasado 1 de junio, debido a la baja participación del electorado y los dudosos resultados del ejercicio judicial después que se instalen los integrantes elegidos.
Tremendo revés para las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien había asegurado que con las elecciones judiciales, México se había convertido en un “ejemplo para el mundo”. Al enterarse de la recomendación de la OEA, la presidenta declaró públicamente –quería que su respuesta llegara hasta los Estados Unidos, sede de las oficinas de la OEA– que este organismo internacional “no tiene facultades” para hacer recomendaciones. 
Es una respuesta de nivel casi infantil.
Por más que la presidenta se empeñe en afirmarlo cada mañana en Palacio Nacional, por más que los aliados del gobierno (Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, Luisa María Alcalde y recientemente, Andrés Manel López Beltrán, quien pidió que no le digan “Andy”) digan y vuelvan a decir que la elección judicial fue exitosa y que el Poder Judicial será ahora mucho mejor porque ha sido “democratizado”, la realidad ha quedado evidenciada:
1. La participación en la elección fue muy baja. Al 13% de participación de votantes hay que restarle todos los votos nulos. Fue tan baja que el “nuevo Poder Judicial” nace sin legitimidad.
2. Que los nuevos ministros, magistrados y jueces sean resultado de la elección, no garantiza de ninguna manera que su desempeño será mejor que el de los anteriores funcionarios judiciales, y la elección judicial tampoco puede garantizar que se resolverán los vicios que tanto se le criticaron antes al Poder Judicial federal: corrupción, derroche, nepotismo, entre otros.
Por esas razones tan evidentes, la Organización de Estados Americanos no puede recomendar la elección judicial mexicana. 
Ciertamente, la OEA no tiene una buena relación con México desde el sexenio pasado. Andrés Manuel López Obrador la criticó siempre y la desacreditó cada vez que podía. Sus conflictos con el anterior secretario de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, eran tan constantes que hasta resultaban aburridos.
Que la presidenta Sheinbaum se conflictúe con la OEA por hacer una observación lógica de la elección judicial mexicana, es totalmente ocioso. Pero además, perjudica su imagen internacional. Ningún gobierno tiene el 100% de aprobación en el mundo, pero Claudia Sheinbaum Pardo es una de las figuras más influyentes en el mundo. Pelear con la OEA por una opinión no le suma, le resta.

La OEA en el conflicto de la elección judicial