Tres fracasos…

En 2021, cuando la pelea por la Presidencia de la República comenzaba con todo en Morena, Marcelo Ebrard apostó por un proceso “sin precedente” contra fabricantes de armas de Estados Unidos. Interpuso una demanda ante una Corte Federal en Boston donde señalaba a 11 compañías productoras y distribuidoras de armas, a las que acusó de promover prácticas comerciales “negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”. ¿Cuál era el efecto de eso? Las miles de ejecuciones en México, que comenzaron a remarcarse durante el sexenio de Felipe Calderón, pero que siguieron incrementándose en las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

En la demanda, se argumentaba que cada año se trafican ilegalmente más de 500 mil armas desde Estados Unidos hacia México. Y esas armas son las que terminan en las manos del crimen organizado o entre los cárteles de las drogas, con la intención de adueñarse de los territorios.

Desde ese año, la industria armamentística estadounidense descartó tener responsabilidad en la violencia en México. Obviamente, señaló al Gobierno federal por la corrupción y el fracaso de sus políticas públicas para pacificar al país. “En lugar de buscar el chivo expiatorio de las empresas estadounidenses que respetan la ley, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia”. Así respondieron a la demanda.
Pero Ebrard insistió en que las empresas son conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas contra la población civil y autoridades de México.

Los estudios revelan que en México circulan entre 13 millones y 17 millones de armas ilegales. Y que cada año ingresan 200 mil, por lo menos, desde los rifles de asalto (AR-15 o AK-47), de gran calibre (Barrett M82) y pistolas semiautomáticas (9 milímetros), principalmente.

Precisamente, Ebrard enfatizó que esos modelos son destinados para el crimen organizado de México. Se compran legalmente en Estados Unidos y se dsitribuyen de forma ilegal en México para armar a los criminales.
Antes de que la Corte resolviera el caso, el saldo de asesinatos en el país registraba cifras brutales: durante los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador se ejecutaron a más de 477 mil personas; de éstos, siete de cada 10 fallecieron por armas de fuego ilegales. Y el sexenio de López Obrador fue el más sangriento.

Al final de cuentas, la Corte de Estado Unidos bloqueó la demanda civil, que pretendía una indeminización de 10 mil millones de dólares. Los juzgadores desestimaron los argumentos del Gobierno mexicano: “No señala, como lo hacen la mayoría de las reclamaciones de complicidad, ninguna transacción criminal específica que los acusados (supuestamente) hayan asistido”, señaló Elena Kagan, jueza asociada de la Corte, “la demanda de México no alega de forma plausible que los fabricantes demandados hayan ayudado e instigado la venta ilegal de armas de fuego por parte de los traficantes de armas a los traficantes mexicanos”.
¿Alguien está sorprendido?

Con el paso del tiempo, la demanda quedó como una estrategia electoral de Ebrard. Pero fracasó el juicio, fracasó su aspiración a la Presidencia y también fracasó la pacificación en México.