Al filo de la navaja digital: transparencia y privacidad en la encrucijada

En la vertiginosa era del gobierno digital, dos principios fundamentales para la democracia se encuentran en una tensión constante y necesaria: la transparencia, a través de los datos abiertos, y el derecho a la protección de los datos personales. La balanza entre abrir la información pública para escudriñar el poder y proteger la esfera más íntima del ciudadano, se ha convertido en uno de los debates más interesantes de nuestro tiempo.

La capacidad de acceder, utilizar y redistribuir datos gubernamentales ha catalizado la rendición de cuentas, permitiendo a la sociedad civil ejercer su derecho a saber, siendo un pilar contra la opacidad y el autoritarismo. Sin embargo, en esta carrera por la apertura no podemos ser ingenuos. La misma tecnología que nos permite publicar millones de datos en formatos abiertos, puede convertirse en un instrumento de vigilancia o vulneración si no se maneja con la debida diligencia.

Cada conjunto de datos sobre programas sociales, padrones de beneficiarios o trámites gubernamentales contiene, en potencia, información sensible, si se libera de forma indebida o se cruza con otras bases de datos, puede usarse electoralmente con fines de manipulación, exponerla a fraudes, discriminación o incluso generar daño en las personas, en su integridad física y moral.

Aquí es donde nuestro papel como autoridades se vuelve esencial. El equilibrio no se logra prohibiendo, sino regulando con precisión. Algunas respuestas las encontramos en la “privacidad por diseño y por defecto”, un principio que obliga a las instituciones públicas a pensar en la protección de datos desde la concepción misma de cualquier política de gobierno digital. La clave es la anonimización y la disociación de datos: es posible y necesario publicar información estadística valiosa sobre el gasto público en salud, por ejemplo, sin revelar jamás el historial clínico de un paciente específico.

Mientras celebramos el aumento en las solicitudes de información, también vemos un incremento en las solicitudes de ciudadanos para acceder, rectificar o cancelar sus datos personales en manos del gobierno (derechos ARCO), así como oponerse o hacer portable su información personal, también han crecido las denuncias por el uso indebido de los mismos.

Ignorar esta realidad sería abdicar a nuestra responsabilidad de proteger un derecho humano fundamental. El presente nos exige una doble misión: ser guardianes firmes de la transparencia para que la luz del escrutinio público inhiba la corrupción, y a la vez, ser celosos protectores de la privacidad para que la dignidad individual no sea la víctima colateral de la revolución digital.

La tecnología nos da las herramientas para lograr este sofisticado equilibrio. El verdadero reto es la voluntad política para construir un andamiaje legal e institucional robusto que, en lugar de verlos como fuerzas opuestas o como pérdida de control político, reconozca a la transparencia y a la protección de datos personales como dos pilares del gobierno auténticamente democrático y al servicio de la gente.