Nora Ampudia

El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), es la medida más amplia para evaluar el nivel de endeudamiento del sector público y es el principal indicador de deuda total del Estado mexicano. Refleja la suma de la deuda del gobierno federal, de las empresas públicas como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, de las obligaciones netas del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), de los pasivos del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), los Proyectos de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público (PIDIREGAS), etc.
Su evolución refleja el comportamiento histórico de toda la deuda pública y nos permite evaluar la salud fiscal del país. 
De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el número 22, sobre las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, a abril del 2025, el SHRFS es de 17.5 billones de pesos, mientras que en diciembre del 2018 era de 10.5 billones. De entonces a abril de este año, dicha deuda se incrementó en 7 billones de pesos, esto es un 67% más.
Al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, dicha deuda representaba el 43.3% del Producto Interno Bruto, hoy representa el 52.3%, y aunque para los estándares mundiales de deuda, ésta es baja, muestra una clara tendencia a incrementarse.
El problema con el incremento de la deuda pública tiene que ver con sus repercusiones sobre la economía nacional. Entre sus efectos negativos tenemos: 
a) El incremento de la deuda pública presiona al alza las tasas de interés bancarias porque el gobierno compite con la banca comercial para captar los excedentes monetarios de los ahorradores, las tesorerías de empresas y los inversionistas. 
b) Disminuye la deuda privada en producción de bienes y servicios porque al capturar los excedentes de las empresas, dichas empresas en lugar de invertir en maquinaria, equipo y materia prima para aumentar la producción, desvían dichos recursos a los bonos de deuda pública en busca de un rendimiento, afectando negativamente la producción y la generación de empleo. A este fenómeno los economistas le llamamos desplazamiento de la inversión privada. 
c) El incremento en la deuda pública genera inflación, ya que el gasto público deficitario puede generar presiones en los mercados de bienes y servicios incrementando los precios. reduciendo el poder adquisitivo del dinero. 
d) El aumento de la inflación nos vuelve menos competitivos. Nuestras exportaciones son relativamente más caras que las de nuestro principal socio comercial que presenta una menor inflación, lo que nos quita competitividad y por otro lado, los productos del socio comercial son más baratos y empezamos a importar más de lo que exportamos generando así un déficit comercial. 
e) Dicho déficit comercial afecta al precio del dólar, pues la demanda de dólares para importar productos es mayor que los dólares generados por las exportaciones y ello presiona al precio del dólar al alza, es decir a la depreciación del peso. 
f) El aumento de la deuda pública también genera desigualdad social, porque la inflación hace que el ingreso de los trabajadores sea menor en términos reales, pero por otro lado los inversionistas que compran instrumentos de deuda pública ven aumentar sus ingresos financieros y, si además los pagos por intereses crecen más que los pagos a los trabajadores, dicha desigualdad en la distribución del ingreso se amplía.

Incremento de la deuda pública federal: implicaciones económicas

Las reservas internacionales son activos financieros denominados en monedas extranjeras que posee un banco central. Su papel fundamental es garantizar la estabilidad del tipo de cambio para poder mantener las condiciones necesarias para el pago de la deuda externa pública y privada, así como un nivel adecuado para garantizar un bajo precio del dólar. Son una herramienta de ahorro precautorio y un fondo contingente para el pago del servicio de la deuda externa y otras obligaciones en moneda extranjera.
Las reservas internacionales permiten a los bancos centrales utilizarlas en momentos de alta volatilidad de los mercados cambiarios y así, contribuir a mantener el poder adquisitivo del peso y sostener las importaciones necesarias para la operación del aparato productivo y el consumo nacional. También operan como un seguro ante un contagio financiero internacional, una fuga súbita de capitales y un incremento en la incertidumbre de inversionistas financieros en los mercados internacionales porque, en un momento determinado, se pueden subastar o vender directamente en el mercado cambiario, amortiguando la depreciación de una moneda, en nuestro caso el peso.
Las reservas operan como garantía de la capacidad de pago de los agentes económicos de un país: empresas y gobierno, y así cumplir con sus obligaciones de deuda externa y el pago de las importaciones. Si sus niveles son elevados generan confianza y credibilidad en la política económica de un gobierno, ayudan a la percepción de solidez financiera y a la reducción del riesgo país, o riesgo de deuda soberana, es decir la deuda externa del gobierno federal.
Las reservas internacionales también favorecen las condiciones de acceso al crédito internacional y disminuyen la necesidad de apoyo financiero por parte de organismos internacionales o los gobiernos de otros países. También ayudan a enfrentar los problemas de balanza de pagos. Por ello las reservas internacionales son un poderoso instrumento de política monetaria y cambiaria que contribuye a la estabilidad del sistema financiero y de los mercados cambiarios, y su uso está restringido por lo que no pueden ser utilizadas para financiar el gasto público, los programas sociales o la obra pública.
Cuando un país no cuenta con reservas internacionales suficientes, podría enfrentar una salida súbita de capitales y una depreciación acelerada de su moneda, con los consecuentes efectos como una reducción súbita de importaciones, la imposibilidad de enfrentar los pagos de deuda externa y algunos otros compromisos financieros internacionales.
Hoy México cuenta con un nivel históricamente alto de reservas internacionales, de 246 mil 820 millones de dólares que permite, hasta cierto punto, autonomía financiera al gobierno federal porque además le facilitan obtener financiamiento internacional a tasas de interés más bajas.
El Banco de México tiene invertidas dichas reservas en oro 4.9%, en deuda soberana denominada en dólares americanos 86%, euros 2.3%, yuanes 3.3%, yenes 0.8%, libras esterlinas 0.4%y algunas monedas de economías emergentes 0.8 por ciento.
Estos niveles históricamente altos son resultado de los niveles también altos en las tasas de interés de la deuda norteamericana, la relativa fortaleza del peso mexicano, la política de subastas de opciones cambiarias por parte del Banco de México, que permite acumular los dólares; la relativa estabilidad macroeconómica comparada con otras economías emergentes, más el manejo austero del gasto público en México con un déficit fiscal comparativamente menor a otras economías emergentes.

Importancia estratégica de las reservas internacionales

El domingo 18 de mayo por la noche, el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de Ley fiscal que incluye un impuesto del 5% a los envíos de remesas; el siguiente paso es que el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes apruebe los cambios.
Las remesas son la segunda fuente de divisas del país. Durante el 2024 recibimos un total de 64 mil 746 millones de dólares, lo que traducido a pesos con un tipo de cambio promedio de 18.34 pesos por dólar, generó para la economía mexicana, 1 billón 17 mil 254 millones de pesos, lo que representa el 3.7% del Producto Interno Bruto. Un impuesto del 5% significaría dejar de recibir 58 mil 813 millones de pesos menos para las familias más pobres de México, que son las que reciben las remesas. Además, sería violatorio del tratado bilateral firmado en 1994 entre México y Estados Unidos para evitar la doble tributación, ya que los trabajadores mexicanos en Estados Unidos pagan impuestos como cualquier trabajador.
Estudios establecen que aproximadamente el 13.6% de los hogares mexicanos reciben remesas, y más en el área rural. El 58.4% de los receptores de remesas son mujeres jefas de hogar, y utilizan las remesas para gastos esenciales como: vestido, alimentación, vivienda y transporte. El 88.6% de los hogares que reciben remesas son personas en situación de pobreza o vulnerabilidad, por lo que dicho recursos ayudan a mitigar la pobreza.
Jalisco, Michoacán y Guanajuato son los estados que más remesas reciben. Tan solo Jalisco recibió el año pasado 5 mil 503.1 millones de dólares en remesas, es decir el 8.5% del total, que en pesos representó 100 mil 926.8 millones de pesos o el 4.23% del PIB estatal.
Las remesas son la segunda fuente de divisas del país, después de las exportaciones. El año pasado representaron el 10.5% del total de las exportaciones, el doble de la inversión extranjera directa y el doble del gasto realizado por los turistas extranjeros en México. 
Anualmente, los mexicanos residentes en Estados Unidos mandan a sus familiares en México un promedio de 393 dólares al mes y el 99% llega de forma electrónica, no en efectivo.
Un impuesto del 5% implica un costo de 19 dólares con 65 centavos, prácticamente 20 dólares menos cada mes. 
Tan solo en 2024, el total de envíos o número de remesas recibidas fue de 164 millones 767 mil envíos, ello implica un promedio de 13 millones 730 mil envíos mensuales. Se estima que en Estados Unidos viven 12 millones de migrantes mexicanos, tanto documentados como indocumentados y el 83% envía remesas, esto es un aproximado de 10 millones de personas, y el 97% de las remesas que reciben los mexicanos en México proviene de Estados Unidos.
Las remesas son estratégicas para México, ayudan a mitigar la pobreza y con ello la inconformidad social; apoyan el flujo de dólares y por ende la estabilidad del peso y dinamizan el crecimiento económico. El impuesto del 5% tendrá un impacto negativo en el consumo de las familias, la tasa de crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la estabilidad del precio del dólar.

Importancia estratégica de las remesas

El mercado no es un ente abstracto, impersonal, en el que se definen precios y cantidades por ecuaciones o las fuerzas impersonales de la oferta y la demanda.
El mercado son personas en una relación social de intercambio que llegan a acuerdos para fijar precios y cantidades, para comprar o vender, o incluso para boicotear una compañía.
El mercado no es un sistema organizado que regula las interacciones entre individuos, ni siquiera establece normas y dinámicas que faciliten la cooperación y asignación eficiente de recursos, de ahí los problemas de contaminación, agotamiento de recursos naturales, consumismo, pobreza, exclusión, marginación y crisis. 
El mercado está determinado por nuestros valores, creencias, miedos, ambiciones, incertidumbres y molestias. No es un dispositivo social autónomo que se autorregule, es, como toda relación social: un proceso de negociaciones en los que el poder económico, político, cultural y social se impone. No es eficiente, no fomenta la cooperación entre los participantes, en él puede predominar el egoísmo, la ambición, la avaricia, la imitación, la irracionalidad.
El liberalismo y el neoliberalismo idealizan el mercado, lo consideran una institución, un mecanismo eficiente para asignar recursos y generar crecimiento económico. Establecen que la libre oferta y demanda genera un proceso de autorregulación con tendencia al equilibrio automático, por ello debe ser desregulado, liberalizado, abierto a la competencia y libre de la intervención del Estado.
Pero el mercado no es justo ni equitativo; nuestros intereses dominan esas relaciones de intercambio, nuestro poder de negociación, de convencimiento, la existencia o no de otros competidores, la prevalencia o no del Estado de Derecho, la ponderación que hacemos sobre el impacto ecológico de la producción y el consumo, la existencia o no de un marco regulatorio que facilite la competencia, que impida los abusos, que impida la impunidad, que castigue las prácticas comerciales desleales y la manipulación de los precios y las condiciones de intercambio.
Una gran empresa, aun siendo una empresa fuerte, puede verse afectada seriamente porque los consumidores están molestos y establecen acciones personales de boicot porque consideran que el dueño está actuando en su contra.
Es el caso de Elon Musk y su empresa Tesla, que ha presentado una caída del 71% de sus ganancias en el primer trimestre de este 2025, porque las ventas de sus autos se han desplomado. Los precios de las acciones de Tesla INC han caído más del 40% en lo que va del año.
La empresa enfrenta reacciones adversas y protestas por parte de la población en Estados Unidos, pero también en el resto del mundo, porque no están de acuerdo con la política económica de Donald Trump en materia de comercio exterior, pero en especial, por el papel que Elon Musk juega en el gobierno de Trump como encargado del denominado Departamento de Eficiencia Gubernamental, que ha hecho severos recortes de presupuesto y burocracia para reducir el déficit fiscal y “simplificar” la operación; para ello hizo despidos masivos de personal y eliminó algunas agencias federales como la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID), adicional a los drásticos recortes y cambios polémicos que hizo en Twitter, una vez que la compró. En Europa también están molestos porque Musk ha apoyado públicamente a políticos de extrema derecha.
Por otro lado, está la fuerte competencia del fabricante chino BYD, que además ha desarrollado un sistema de carga de baterías eléctricas que puede cargar un vehículo eléctrico prácticamente en minutos.
Eso es el denominado libre mercado, una competencia feroz que puede destruir empresas, pero también son consumidores enojados que pueden boicotear una empresa.

Neoliberalismo y la crisis de Tesla

El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (PND) establece la soberanía energética y la transición a energía limpias como objetivos estratégicos para el país. Para lograr estos objetivos también se desarrolló el Plan Nacional de Energía, en el que se establecen nuevas inversiones en transmisión y generación de electricidad, además de la transición hacia fuentes renovables de energía.
En el Plan México, por su parte, se plantean 51 proyectos que aumentarán la generación de electricidad en 22 mil 674 megawatts y se mantendrá la proporción de generación de electricidad pública en 54% y la privada en 46 por ciento.
Con respecto al petróleo, se plantea una producción de 1.8 millones de barriles diarios y su orientación al consumo nacional, reduciendo la dependencia del mercado externo y garantizando precios accesibles para la población.
Así, el gobierno se pone como meta el fortalecimiento de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aumentando la inversión, pero con “austeridad”, además de combatir la corrupción y generar solidez financiera.
Si bien las metas y objetivos son loables, existen fuertes limitantes para su logro. Un problema significativo es la fuerte reducción en la producción de hidrocarburos líquidos de Pemex, que en enero del 2025 llegó a sus niveles más bajos desde los años 70, al igual que las reservas de hidrocarburos, que han pasado de un total de 44 mil 530 millones de barriles en 2013 a 18 mil 901 millones, esto es una reducción del 57.6% y/o un 7.6% desde 2019.
La producción total de hidrocarburos pasó de 1 mil 333 millones de barriles en 2013 a 906 millones en 2024, esto es una caída del 32%, mientras que en petróleo crudo la producción pasó de 921 millones de barriles a 644 millones, es decir un 30% menos. Sobre gas natural y condensados recuperados, los datos pasaron de 413 millones de barriles a 284 millones en 2023 (última cifra disponible), esto es una reducción de 31.2 por ciento. 
Otro problema es que el 89% de la energía producida en México es con combustibles fósiles, y 62% de la electricidad se genera con gas natural, en su mayoría importado desde Estados Unidos.
De acuerdo con ONEXPO, la mitad de la demanda de gasolina en México se importa desde Estados Unidos. y dicha demanda, tan solo en enero de 2025, fue de 733 mil barriles diarios de gasolina mientras que la producción nacional fue de apenas 337 mil barriles. Pemex concentra la mayor parte de dichas importaciones con 287 mil barriles diarios, a lo que hay que agregar el huachicol fiscal, que es la práctica de importación ilegal de combustibles que evaden el pago de impuestos, a diferencia del huachicol tradicional que es el robo de combustible mediante tomas clandestina en ductos.
Por otro lado, Pemex tiene una deuda total de 97 mil millones de dólares, es decir mil 969 billones de pesos (millones de millones), lo que equivale al 5.8% del PIB, lo que representa el 20% de la deuda total del gobierno Federal. Y en el Presupuesto de Egresos 2025 se propone que la Secretaría de Energía (Sener) transfiera a Pemex 136 mil millones de pesos. De hecho, durante todo el sexenio pasado el gobierno transfirió a esta empresa pública más de 824 mil millones de pesos.
La deuda con sus proveedores es de 506.1 mil millones de pesos y es la empresa petrolera con la mayor carga de deuda en el mundo, y solo destina 4.3% de su inversión a sostenibilidad, dada las restricciones impuestas a su techo de endeudamiento, es muy difícil pensar en el desarrollo de nuevos proyectos de inversión. Tan solo en el cuarto trimestre del 2024, la empresa pública mostró una pérdida neta por 621 mil millones de pesos, lo que equivale al 1.8% del PIB, y es la mayor pérdida en una década de acuerdo con Animal Político. ( )
En el Presupuesto de Egresos de la Federación, se han incluido aportaciones por 136 mil millones de pesos solo para amortizar deuda, esto es 6.6 mil millones de dólares con un tipo de cambio de $20.50 por dólar. 
El 31 de octubre del 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional para que Pemex cambiará su situación jurídica de
Empresa Productiva del Estado y con obligación para generar utilidades y valor económico, a Empresa Pública del Estado sin las obligaciones anteriores. 
El 18 de marzo se decretó la Ley de la Empresa Pública del Estado Petróleos Mexicanos (LEPEPM), que entró en vigor este 19 de marzo del 2025. Además, se desparecieron los reguladores como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CNE), y sus funciones pasaron a la Secretaria de Energía (Sener) eliminado así su autonomía, perdiendo su independencia regulatoria y sus decisiones estarán sujetas a criterios políticos más que económicos, lo que podría generar disputas en el marco del Tratado de Libre Comercio T-MEC porque podrían establecerse prácticas monopólicas y ajustes arbitrarios en precios de combustibles y electricidad, vulnerando los principios de competencia.
La información anterior pone en evidencia significativos obstáculos para lograr la autosuficiencia energética, a lo que hay que agregar el retraso en la producción de la refinería de Dos Bocas y la problemática de contaminación del crudo con agua y sal que son resultado de la sobreproducción de los yacimientos de petróleo, que se llenan de agua conforme se van vaciando de hidrocarburos.
(1): Alejandra Marcos (25/03/2024) “Pemex: retos y oportunidades del nuevo plan de Hidrocarburos” 
https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/mexico-como-vamos/pemex-retos-oportunidades-hidrocarburos

Plan Nacional de Desarrollo y soberanía energética: Las debilidades de Pemex

El 13 de enero de este 2025, la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan México ante representantes del sector privado y los secretarios de Desarrollo Económico de las 32 entidades federativas. El 3 de abril profundizó en el Plan México con 18 acciones y programas, y el 15 de abril se publicó, en el Diario Oficial, el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (PND). 
Ambos planes están estrechamente vinculados. De hecho, el Plan México es un componente dentro de una estrategia más amplia que es el Plan Nacional de Desarrollo.
El Plan México tiene una visión de largo plazo y propone impulsar la economía nacional con metas específicas, es de un alcance más limitado y se enmarca en la estrategia del PND.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es un marco de acción amplio que establece los objetivos y las metas para el sexenio, al cual deben ajustarse los programas sectoriales, los programas especiales, los regionales y los institucionales, considerando la participación de las entidades federativas, órganos constitucionales autónomos y los gobiernos de las entidades federativas y municipales.
Lo novedoso en el Plan México es que busca la cooperación con el sector privado para convertir a México en una de las 10 economías más grandes del mundo mediante el regreso a un Modelo de Sustitución de Importaciones que pretende una reindustrialización del país y fortalecer el mercado interno con las siguientes acciones:
1. Relanzar el programa “Hecho en México”. 
2. Fomentar la proveeduría nacional y vincularla en las cadenas globales de valor. 
3. Promover el consumo nacional de sectores estratégicos como: el automotriz, aeroespacial, electrónico, semiconductores, farmacéutico, químico, etc. 
4. Orientar las compras públicas en un 50% hacia productos nacionales y utilizar estas compras públicas como herramienta de desarrollo. 
5. Reducir los trámites y requisitos para las nuevas inversiones con una ventanilla única digital. 
6. Lograr que el 30% de las pequeñas y medianas empresas tengan acceso a financiamiento. 
Complementariamente tratará de disminuir la pobreza y la desigualdad, generar 1.5 millones de nuevos empleos en manufactura especializada y sectores estratégicos, y formar a 150 mil profesionistas y técnicos al año, alineados con los sectores estratégicos previamente definidos.
Dicho Modelo de Sustitución de Importaciones se aplicó en México entre 1940 y 1982. Fomentaba el desarrollo de la industria nacional; sustituir bienes que se importaban, reducir la dependencia económica del exterior y promover un crecimiento económico autónomo, protegiendo a la industria nacional mediante elevados aranceles, subsidios y barreras a las importaciones.
En aquella época el modelo tuvo sus logros y fracasos. Entre los logros están: el desarrollo industrial con importantes tasas de crecimiento, sobre todo en el sector textil, automotriz y de bienes de consumo, además de una creciente urbanización y generación de empleos en dichas áreas urbanas, sin embargo, los programas se concentraron en ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, lo que agravó la desigualdad regional.
El campo fue abandonado y generó fuertes migraciones hacia las ciudades generando cinturones de miseria, se abandonaron tierras cultivables y los apoyos se centraron en las agroindustrias, lo que generó una creciente importación de alimentos básicos (trigo, arroz), pero también una creciente desigualdad social: prosperaba la clase media en las ciudades, pero se empobrecía el campo.
Otro problema se derivó del excesivo proteccionismo a la industria, lo que generó poca competencia, altos costos de producción y baja productividad.
Restringió la inversión extranjera directa lo que limitó la modernización tecnológica. Generó monopolios y oligopolios favoreciendo la concentración del poder de mercado, con elevados precios y baja calidad, y desincentivó la innovación. Finalmente, al no generar productos con la calidad y precio de exportación, no se generaron las divisas necesarias para importar los insumos necesarios para la industria creciente.
Hoy el Plan México, plantea los mismos objetivos, especialmente sustituir importaciones desde China, y de otros países asiáticos, en particular en los sectores textil, calzado, electrónica y energía para lograr un fortalecimiento industrial, pero a diferencia del modelo anterior plantea integrar cadenas regionales de valor y atraer inversión extranjera, en un marco de bienestar, justicia social, sustentabilidad y con una visión humanista.
Esperemos que nuestros funcionarios públicos hayan aprendido de los errores pasados y el modelo sea integral y bien estructurado. Así, México se alinea con una estrategia mundial de reindustrialización, transición energética y desglobalización, ante los pobres resultados logrados para disminuir la desigualdad social y a pesar del rápido cambio tecnológico y de innovación que impulsó la globalización, todo como respuesta a los crecientes conflictos geopolíticos y climáticos.

Plan México y Plan Nacional de Desarrollo: volver al Modelo de Sustitución de Importaciones

La economía es una ciencia social que se conforma con un conjunto de decisiones que toman las familias, las empresas y el gobierno. Estas decisiones son de corto, mediano y largo plazo, y para cada una de ellas se requiere de certeza, es decir, información completa y precisa, lo que implica eliminar la desconfianza, la inseguridad y disminuir los riesgos.
Entre las decisiones de corto plazo están utilizar nuestro excedente monetario para comprar acciones, bonos del gobierno, oro, divisas e incluso criptomonedas. Estas decisiones se toman en cuestión de segundos, minutos y algunos días.
Las decisiones de mediano plazo tienen más que ver con el consumo de bienes duraderos: un automóvil, una lavadora, maquinaria nueva para reemplazar la vieja, contratar más empleados, lo que puede tomar varias semanas.
Las decisiones de largo plazo tienen que ver más con la producción, ampliar la fábrica, poner sucursales en el país o en el extranjero, generar nuevos productos, localizar nuevos mercados, constituir cadenas de suministro. Ello puede tomar meses e incluso años.
Todas las decisiones requieren de un panorama claro sobre el futuro, menores riesgos, mayor seguridad, estado de derecho e instituciones autónomas que compensen y corrijan los errores del gobierno en turno. Por ejemplo: un marco legal claro, una Suprema Corte de Justicia que se anteponga a intereses y conflictos personales, un banco central autónomo e independiente que pueda tomar decisiones para estabilizar los precios y los mercados financieros. 
Hoy Donald Trump aplica una política económica errática, especialmente con su guerra comercial está aplicando medidas de freno y arranque. Hoy pone aranceles, mañana los pausa, para luego ponerlos otra vez, o establecer otro tipo de razones para aplicarlos.
Otras de sus medidas que están causando incertidumbre y protestas están relacionas con los hechos siguientes: ha despedido cerca de 25 mil trabajadores federales para reducir costos, y colocó a miles con licencia administrativa; también ha despedido a empleados que estaban contratados de manera temporal y a prueba.
Amenaza con destituir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, porque no obedece su sugerencia de bajar las tasas de interés para contrarrestar los efectos adversos que van a ocasionar sus aranceles.
Ha endurecido la política migratoria y la deportación de migrantes afectando sectores claves de la economía como son la agricultura y la industria de la construcción.
Sus recortes en el gasto público están afectando a los sectores más vulnerables de la población que a su vez son los que más recienten la inflación y la pérdida de empleos.
Amenaza con deportar estudiantes y maestros extranjeros que protestan por sus políticas; les ha cancelado visas, y para los nacionales, presiona a las instituciones educativas para su expulsión.
Todo ello ha deteriorado la confianza empresarial y del consumidor porque incrementa la incertidumbre, afectando las decisiones de inversión productiva, contrataciones, inversión financiera, consumo y producción. 
Sus aranceles y barreras comerciales han alterado las cadenas de suministro, afectando a las grandes empresas en su operación, costos y decisiones de largo plazo.
Todo ello ha generado una enorme volatilidad en los mercados bursátiles, de bonos y de divisas. Tan solo la semana pasada hubo una pérdida de valor en los mercados bursátiles de entre 7 y 8 billones de dólares, que combinados superan el PIB de Alemania, Japón y la India. 
Su guerra comercial intensificada contra China, amenaza a las dos economías que en conjunto generan más del 45% del PIB mundial, lo que puede generar una crisis económica global.
Los inversionistas están vendiendo sus acciones y bonos de deuda del gobierno norteamericano, lo que ha ocasionado un incremento en la tasa de interés de dichos bonos, presionando las finanzas del gobierno y generando un debilitamiento del dólar, acelerando el proceso de desdolarización mundial, y, por si fuera poco, las medidas instrumentadas amenazan con generar una estanflación, con una caída en la productividad, la fractura de las cadenas de suministro y la dislocación de los mercados internacionales.

Errática política económica de Trump convulsiona mercados y amenaza con generar estanflación

La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la redefinición del “ Plan México: Fortaleciendo la Economía y el Bienestar ”. En él plantea varios objetivos. Hoy analizaremos el objetivo de “Aumentar la Soberanía Alimentaria”.
En general, el plan se centra en producir en México lo que importamos, un poco a tono con lo que está sucediendo a nivel internacional en materia de proteccionismo comercial, dando marcha atrás a la globalización e integración económica mundial. En pocas palabras, enfocarnos en el mercado interno más que el externo y retomar algunas ideas del antiguo “Modelo de Sustitución de Importaciones”.
En el plan plantea varios objetivos, entre ellos, aumentar la soberanía alimentaria mediante cuatro puntos básicos: establecer precios de garantía, un programa denominado Cosechando Soberanía, un Programa de Fertilizantes para el Bienestar y un Programa de Alimentación para el Bienestar. 
El plan plantea el incremento en la producción de maíz, frijol, leche y arroz con base en las siguientes estimaciones:
1. Aumentar la producción de maíz un 17.4% al pasar de 21.3 millones de toneladas en 2025 a 25 millones en 2030. 
2. Aumentar la producción de frijol un 64% al pasar de 730 mil toneladas a 1.2 millones. 
3. Aumentar la producción de leche un 15.4% al pasar de 13 mil millones de litros a 15 mil millones, y 
4. Aumentar la producción de arroz un 103.2%, de 221 mil 500 toneladas de arroz a 450 mil toneladas. 
Para lograr estas metas se establece que se darán apoyos a pequeños y medianos productores, créditos a una tasa de interés máxima de 8.5% y serán acompañados de seguros contra desastres climáticos. También contempla asesoría técnica agroecológica y permitir que los productores vendan directamente sin intermediarios.
La inversión inicial para detonar estos programas se estima en 54 mil millones de pesos. 
El proyecto peca de optimismo debido a los grandes desafíos que enfrenta actualmente el sector agropecuario y que son:
1) Falta de acciones claras para asegurar el abasto de agua potable, para crear plantas potabilizadoras y desalinizadoras, así como proteger los recursos hídricos contra el estrés hídrico.
a) Hoy en día, entre el 50 y 65% del territorio mexicano sufre de estrés hídrico severo y más de la mitad del territorio, esto es el 53%, se encuentra en condiciones de no sustentabilidad hídrica, lo que se ha visto exacerbado por factores como el cambio climático, el crecimiento demográfico y la sobreexplotación de los mantos acuíferos.
b) El sector agrícola es el que consume gran parte del agua disponible, esto es entre un 68% y un 77% del agua total según la Comisión Nacional del Agua, y no nos caracterizamos por un riego sustentable y racional, ya que, de acuerdo con la misma Comisión, el 57% del agua utilizada en agricultura es desperdiciada debido a las técnicas ineficientes de riego y las pérdidas por infiltración y evaporación que ascienden a más del 60% del agua almacenada y distribuida.
2) Aunque el gobierno anterior creó el programa Sembrando Vida para entregar seis mil 250 pesos mensuales a pequeños productores, sin embargo, se le han detectado irregularidades. Se requieren devolver apoyos al campo que se eliminaron durante el sexenio anterior como, por ejemplo:
a) La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, lo que dejó a muchos agricultores sin acceso al crédito.
b) La propia Secretaría de Hacienda estima que en 2024 el 94% de las unidades agropecuarias no tenían acceso a crédito bancario, y solo el 10% de los productores agrícolas tiene acceso al crédito.
c) El programa de Financiamiento y Aseguramiento al Medio Rural, lo que afectó la posibilidad de protegerse contra riesgos financieros.
d) Los programas para combatir la inseguridad alimentaria en comunidades marginadas y, finalmente&#8230;
e) El presupuesto para este 2025, aprobado por los diputados para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), presenta un pequeño incremento del 0.5% respecto al año anterior y el 73% del mismo irá a programas prioritarios como Producción para el Bienestar. 
Este pobre incremento en el presupuesto público se debe a que no contamos con una Reforma Hacendaria y Fiscal que lo garantice.

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La creación de empleo formal ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años, con un desempeño débil en 2024 y lo que va de 2025. De hecho, en 2024 la generación de empleo formal fue la segunda más baja en 15 años. La más baja fue durante la pandemia.
De acuerdo con datos del Seguro Social, en México, durante mayo se perdieron 45 mil 624 empleos formales, que junto con abril suman 93 mil empleos formales menos. De hecho, el crecimiento anual es de apenas 0.1%, el dato más bajo desde marzo del 2021 y en los últimos 12 meses, solo se generaron 23 mil 45 empleos formales. Las tasas de crecimiento no han superado el 1% mensual desde noviembre del 2024 y son las más bajas desde febrero del 2022, cuando el crecimiento mensual llegó al 5 por ciento.
Por su parte, los ocupados en informalidad laboral (vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, más aquellas personas cuyo vínculo laboral no es reconocido por su fuente de trabajo) representan el 54.3% del total, al primer trimestre de éste 2025. De igual forma, en dicho periodo, el 34% de la población se encontró en pobreza laboral, y aunque afortunadamente es un nuevo mínimo histórico, el dato sigue siendo muy elevado, pues indica que una tercera parte de la población vive en hogares cuyo ingreso laboral no alcanza para adquirir una canasta alimentaria.
Los factores que están provocando esta situación están relacionados, comenzando por: 
a) Un claro proceso de desaceleración económica que pasó de un crecimiento porcentual anual del 4.6% en el tercer trimestre del 2022, a un 0.6% en el primer trimestre del 2025. 
b) La caída en la inversión en maquinaria y equipo, construcción residencial y no residencial que desde enero de 2024 ha mostrado una variación porcentual real mensual negativa en 8 ocasiones y las veces que ha crecido no ha rebasado el 0.6%. 
c) La caída en el consumo privado de las familias que desde enero del 2024 ha presentado en 9 ocasiones una caída porcentual real mensual. 
d) Las elevadas tasas de interés bancarias que dependen de la tasa de interés objetivo del Banco de México, o tasa piso, y que es del 8.5%, lo que indica que las tasas bancarias para crédito al consumo e inversión productiva se encuentran por arriba de este nivel. 
e) La incertidumbre entre empresarios e inversionistas, producto de las declaraciones de Donald Trump con respecto a los aranceles, los cambios constitucionales que debilitan el estado de derecho, junto con la eliminación de diversos institutos autónomos, la elección de jueces y magistrados, la inseguridad en el transporte de mercancías en carreteras, el cobro de derecho de piso y la violencia de los grupos de narcotraficantes.
Ello genera un complicado panorama para la economía en este 2025, cuyo impacto más doloroso para la mayoría de la población se da a través del deterioro del mercado laboral.

Complicado panorama económico y, por lo tanto, laboral en México