Luz del Carmen Godínez

Las prisiones surgieron originalmente como un método para que las personas que cometieran delitos fueran retiradas de la sociedad, por el grave peligro que representaban. La forma de pensar consistía en que, al aislarlas, se evitaba la continuación de dichas conductas delictivas.
En la actualidad, los centros de prevención y reinserción social son concebidos como lugares donde, además de compurgar penas impuestas por autoridad judicial por la comisión de un delito, auxilian para que las personas internas se hagan llegar herramientas que permitan su reincorporación a nuestra sociedad.
Hoy día, a las personas que se encuentran en estos centros se les debe garantizar sus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad, a la integridad personal, a la igualdad de trato, a la libertad de expresión, conciencia y religión, a una defensa adecuada, a la petición ante autoridades, a la correspondencia y visitas, y a no ser discriminadas, entre otros.
El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los ejes rectores del sistema penitenciario, con base en el respeto a los derechos humanos, y menciona que la reinserción se fundamenta en el derecho al trabajo y la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reintegración de la persona interna a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.
1. Derecho al trabajo. 
Debemos entender que este derecho no es una obligación legal para la persona interna. El derecho al trabajo significa que deben tener, durante el tiempo de su internamiento, la posibilidad real de desarrollar una actividad productiva y lícita que les sea remunerada en los centros de reclusión.
2. Capacitación para el trabajo. 
Es la posibilidad que tienen las personas privadas de la libertad de aprender o perfeccionar las habilidades necesarias para que puedan desempeñar una actividad laboral, y establece la obligación de las instituciones de albergue para la realización de actividades laborales dentro de los centros de internamiento, como parte de sus funciones, y que desarrollen programas de capacitación que les permitan acceder al ejercicio de esas actividades, estableciendo además la búsqueda de programas que sean impartidos por personal capacitado y profesional que tenga un conocimiento amplio en el oficio que enseñen. Este derecho pretende que cuando la persona interna regrese a la sociedad, pueda desenvolverse laboralmente.
3. Derecho a la educación. 
Tomando en consideración que la educación es un pilar fundamental para cualquier sociedad, el derecho a ella de las personas privadas de la libertad se basa en la posibilidad de acceder a cualesquiera de los niveles del sistema educativo nacional o, en su defecto, la institución está obligada a ofrecerles, al menos, aquellos que constitucionalmente son obligatorios, es decir, los niveles de primaria, secundaria y preparatoria, derecho que tienen todos los mexicanos, pero con el mismo fin de que la formación educativa sea también una herramienta para la persona interna.
4. Derecho a la salud. 
El derecho a la salud, como se establece en la Constitución mexicana, garantiza a las personas sentenciadas y a las que se encuentran en proceso, así como a los hijos de las mujeres internas que vivan con ellas en los centros de reclusión, el bienestar físico y mental.
5. Derecho al deporte. 
Todas las personas internas dispondrán, si las condiciones meteorológicas lo permiten, de al menos una hora al día de ejercicio físico adecuado al aire libre. Para ello se pondrán a su disposición el espacio, las instalaciones y el equipo necesarios en los centros de reclusión. Esto resulta fundamental para su formación y reinserción, y otorga a las personas internas que puedan vivir dentro de las prisiones un desarrollo personal en todos los ámbitos.
En conjunto, estos derechos, buscan establecer que las personas privadas de la libertad dentro de los centros preventivos y de reinserción social, sean un medio para posibilitar su reconstrucción personal y evitar la reincidencia de conductas ilícitas. 
La participación de las personas internas en estos ejes de reinserción permite que, individualizados los tratamientos, puedan alcanzar una mayor eficacia para lograr su reinserción, siempre y cuando estos tratamientos se basen en estrategias técnicas y científicas, y nunca de manera improvisada. Por ello, dichos planes deben ser, una vez impuestos por el juez de ejecución, implementados debidamente por las autoridades penitenciarias.

¿Cuáles son los derechos de las personas privadas de la libertad?

En el marco del Mes del Orgullo LGBTTTIQ+, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco reitera y refrenda su compromiso institucional en la promoción y garantía de todos los derechos humanos, en particular con los grupos en situación de vulnerabilidad e históricamente discriminados, como es la población lésbica, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual, intersexual, queer y demás identidades y expresiones no binarias (LGBTTTIQ+).
Uno de los actuales desafíos que enfrenta este sector es indiscutiblemente la desarticulación de las narrativas o “discursos de odio”, un concepto de carácter simbólico, pues no existe una definición universal aceptada por el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, en los diversos estándares latinoamericanos relativos a la vinculación de la cláusula de igualdad y no discriminación se ha definido que estos son ataques a la dignidad, respeto, tolerancia, inclusión y diversidad, principios conductores de los derechos humanos, que quebrantan la intimidad y privacidad de las personas. Este lenguaje intimida, oprime e incita al odio o la violencia contra una persona o grupo con base en su origen étnico, religión, nacionalidad, género, orientación sexual, discapacidad u otra característica grupal, y no conoce fronteras de tiempo ni espacio.
Los discursos de odio son la respuesta a los diversos fenómenos sociales discriminatorios específicos que concatenan una violencia sistemática al criminalizar las identidades y expresiones de géneros diversos, las orientaciones sexuales que no siguen la norma heterosexual y los rasgos biológicos de las personas que no cumplen con la lógica binaria. A los discursos de odio se equipara la terminología de discurso estigmatizante , pues ambos tipos de narrativas perpetúan estereotipos dañinos y fomentan un ambiente hostil y segregativo para la población LGBTTTIQ+. Debemos entender que la estigmatización es el rechazo particular de un grupo de personas por considerar que sus características son inferiores o anormales.
El lenguaje tiene un poder de comunicación institucional, así como el poder de herir la intimidad y dignidad de las personas. Comúnmente, esta carga va dirigida hacia los grupos en situación de vulnerabilidad e históricamente discriminados, como es la población LGBTTTIQ+. Estas prácticas son ejercidas a través de expresiones y declaraciones de odio, mensajes en redes sociales, textos y videos que generan la normalización de la violencia simbólica y estructural en contra de este sector poblacional. Por ello, asumiendo esta labor, esta defensoría articuló la Guía de Lenguaje Incluyente y Buenas Prácticas para Erradicar los
Discursos de Odio en Materia de Diversidad Sexual, como herramienta amigable en el adecuado abordaje lingüístico libre de discriminación y violencias simbólicas a esta población. 
La guía mencionada responde a los esfuerzos de esta defensoría pública de los derechos humanos, en colaboración con las diversas instituciones públicas locales e internacionales, como es la Relatoría sobre los Derechos de las Personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como de las expresiones de la sociedad civil organizada especializadas en la defensa de los derechos humanos de la diversidad sexual para la implementación de lenguaje inclusivo, con el fin de atender el desconocimiento y mal uso de narrativas hacia las personas LGBTTTIQ+ dentro de la administración pública de Jalisco, en donde se recurre a la perpetuación de los estigmas, los estereotipos, la jerarquía sexual, la concepción binaria de sexo y género, la misoginia y la discriminación. Lo anterior, aunado a la combinación con la intolerancia generalizada hacia esta población que, a su vez, refleja la discriminación que suele ser recurrente a través de discursos de odio. 
Invitamos a todas, todos y todes a reflexionar y aplicar el lenguaje incluyente, un medio para promover relaciones de respeto e igualdad entre los géneros, visibilizar a la población LGBTTTIQ+ y prevenir la violencia y discriminación contra cualquier persona.

Erradicar los discursos de odio contra la diversidad sexual es una tarea común

La infancia neurodivergente enfrenta múltiples desafíos por las barreras sociales, culturales e institucionales que limitan su pleno desarrollo. Condiciones como el autismo, el TDAH y la dislexia han sido históricamente malinterpretadas como enfermedades mentales, lo que ha generado estigmatización que afectan su acceso igualitario a derechos fundamentales como la educación, la salud y la participación comunitaria. Esta patologización constituye una forma de violencia estructural y simbólica que invisibiliza la riqueza de la diversidad neurológica, al reducir a estas niñas, niños y adolescentes a un mero diagnóstico en lugar de reconocer sus capacidades y contribuciones.
Diversos esfuerzos en México, especialmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, han comenzado a transformar esta realidad. Estrategias como programas escolares inclusivos, redes comunitarias de aceptación neurodiversa y campañas de sensibilización, tratan de eliminar el uso obligatorio de diagnósticos clínicos para garantizar apoyos adecuados. Sin embargo, persisten prácticas discriminatorias en las escuelas, como la segregación de estudiantes, la falta de adaptaciones curriculares y la negación del derecho a una educación inclusiva. Son necesarias políticas públicas que garanticen que estas infancias y adolescencias reciban el apoyo que requieren sin condiciones ni discriminación.
El marco legal, nacional e internacional, reconoce explícitamente el derecho de niñas, niños y adolescentes neurodivergentes a vivir libres de discriminación, a ser incluidos en igualdad de condiciones y a recibir ajustes razonables sin que su condición sea motivo de exclusión. Instrumentos como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obligan al Estado a garantizar entornos libres de violencia, tanto directa como estructural.
Garantizar una vida libre de estigmatización para las infancias neurodivergentes no es una opción secundaria, sino una exigencia ética y legal. Implica reconocer sus formas de aprendizaje, comunicación y relación como expresiones legítimas de la diversidad humana. Sólo así se podrá construir una sociedad verdaderamente inclusiva, donde todas las infancias, sin excepción, puedan desarrollarse en dignidad, equidad y libertad.
La construcción de una sociedad inclusiva requiere del compromiso y la acción coordinada de todos los sectores. Por ello, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco considera necesario fortalecer el trabajo conjunto con autoridades estatales y municipales, y con la sociedad civil, con el propósito de sumar esfuerzos y garantizar que niñas, niños y adolescentes con neurodivergencia puedan ejercer plenamente sus derechos.
Trabajando de la mano podemos transformar su realidad y erradicar la exclusión y marginación de este sector de la sociedad. Además, debemos asegurar que la neurodivergencia sea vista como parte de la diversidad humana. Con lo anterior podemos garantizar entornos dignos, accesibles y respetuosos para la niñez y adolescencias jaliscienses.

Infancias invisibilizadas: neurodivergencia y estigmatización social

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) tiene como uno de sus objetivos principales proteger y promover los derechos humanos de las personas en Jalisco. Este organismo constitucional autónomo realiza investigaciones de quejas por violaciones a derechos humanos, entre ellas las relacionadas con personas desaparecidas. Como consecuencia, cuando se acredita la transgresión a derechos humanos de las víctimas, emite recomendaciones con el objetivo de que se reparen de manera integral los daños que les hayan sido causados.
La reparación integral busca que las autoridades brinden una atención adecuada a las víctimas, restituyéndoles, en la medida de lo posible, a su situación anterior al daño. Este organismo sostiene que las violaciones de derechos humanos merecen una justa reparación integral del daño como un elemento fundamental para crear conciencia del principio de responsabilidad, pues es una forma de enmendar una injusticia y un acto de reconocimiento del derecho de las víctimas y de las personas.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos refiere en su artículo 63.1 la obligación de garantizar al lesionado el goce de su derecho o libertad conculcados, así como reparar las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la violación de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.
A nivel federal, el artículo 1 constitucional, párrafo tercero, señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de reparar las violaciones de derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
La facultad de solicitar o determinar cuándo existe la obligación de reparar el daño es otorgada, entre otras instancias, a esta CEDHJ, como lo establece el artículo 73 de la ley de la materia en la Entidad, y se refuerza esta determinación en la Ley General de Víctimas y en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco. Las recomendaciones de esta Comisión, aunque no son vinculantes, son un instrumento para que las autoridades responsables tomen medidas encaminadas a garantizar la dignidad humana y los derechos de las personas.
Para el caso de violaciones a derechos humanos decretadas por la desaparición de personas, este órgano constitucional autónomo ha establecido en diversas recomendaciones un plan de reparación integral, el cual contempla como mínimo las siguientes medidas:
1. Medida de rehabilitación . En la cual las autoridades señaladas como transgresoras de derecho deben considerar la implementación de medidas para la atención médica y psicológica que resulte indispensable para que, en la medida de lo posible, las víctimas indirectas (familiares) logren recuperar su proyecto de vida. 
2. Medida de satisfacción . Mediante la cual se reconoce y establece la dignidad de las víctimas, teniendo como finalidad el esclarecimiento de los hechos y el reconocimiento de las violaciones documentadas en las investigaciones y plasmadas en las recomendaciones y la aceptación de consecuencias de las autoridades responsables. 
3. Medida de no repetición . Con las cuales se busca que los hechos u omisiones punibles o las violaciones de derechos sufridos por la víctima o las víctimas no vuelvan a ocurrir. 
4. Medidas de compensación . En las que se incluya la valoración de los daños materiales e inmateriales, además de los gastos médicos y psicológicos que hayan sufrido las víctimas directas e indirectas, y estos les sean retribuidos por el Estado.
Los poderes del Estado se encuentran obligados a reparar los daños provocados por acciones y omisiones, propias o de terceros, por la responsabilidad institucional, por la situación de abandono, ineficacia en la administración pública o en la procuración de justicia y no haber establecido las medidas, procedimientos y sistemas adecuados para propiciar un eficiente y adecuado servicio en la función pública, y evitar que ocurran violaciones en agravio de las personas.

Reparación integral a las víctimas por desaparición de personas

A fin de establecer con claridad el impacto de las acciones realizadas por los agentes del Estado que atentan contra el bien jurídico tutelado por el derecho a la libertad, es preciso tener claridad respecto a este concepto.
La libertad se define como la facultad natural que tienen las personas para actuar de una manera u otra según su voluntad, asumiendo la responsabilidad de sus actos, sin que estas acciones se vean limitadas por coerción, siempre y cuando no se perjudique a otros ni se violen las leyes y normas sociales. 
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia del 21 de noviembre de 2007 definió la libertad como “la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones”.
En contraposición, la restricción del derecho a la libertad implica una limitación a su ejercicio, que se materializa a través de las acciones que realizan las personas servidoras públicas adscritas a las corporaciones de seguridad.
La detención se define como una medida de seguridad personal que conlleva la privación temporal de la libertad ambulatoria. Esta restricción implica forzosamente, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la operatividad en los siguientes supuestos:
a) Que cualquier persona la realice estrictamente en casos de flagrancia en la comisión de un delito. 
b) Que provenga de autoridad judicial (orden de aprehensión). 
c) Que provenga de autoridad administrativa (Ministerio Público).
Al ser un acto procedimental, la detención debe estar fundada y motivada de acuerdo con los principios consagrados en la Constitución, por lo que debe cumplir con las formalidades y estricto apego a derecho, ya que de lo contrario, se estaría ante la vulneración del derecho a la libertad por una detención arbitraria.
Una detención arbitraria se presenta cuando una autoridad pública priva de la libertad a una persona sin respetar el debido proceso y las garantías judiciales de la persona detenida, debido a la ausencia de normas, reglamentos o leyes que indiquen la existencia de un delito o falta administrativa, cuando se produce derivado del ejercicio de derechos y libertades, por el incumplimiento del proceso de detención establecido en las leyes o se carece de pruebas o evidencia de la comisión de un ilícito.
La trascendencia de este acto de autoridad que vulnera el derecho a la libertad radica, en un primer término, en que las condiciones o circunstancias en las que se realiza la detención, constituyen la base de la investigación que lleva a cabo la autoridad ministerial tratándose de delitos. Asimismo, pueden ser el motivo para emitir una sanción por parte de las autoridades administrativas en hechos que impliquen faltas de esta naturaleza, lo que conlleva además de la violación al derecho a la libertad, a una vulneración del derecho a la legalidad y seguridad jurídica.
En segundo término, con consecuencias de mayor envergadura, la detención arbitraria implica el ejercicio desmedido de la fuerza o el abuso de los niveles de fuerza previstos por las leyes y protocolos establecidos para ello, lo cual implica una afectación al derecho a la integridad y seguridad personal, ya sea por lesiones o incluso por actos relacionados con tortura.
En conclusión, la restricción a la libertad de las personas por parte de los agentes del Estado debe seguir un estricto apego a las disposiciones legales y procedimientos aplicables, los que, armonizados con la Constitución, garantizan el respeto irrestricto a los derechos humanos. De lo contrario, el actuar de las personas servidoras públicas traerá consecuencias negativas en la esfera de derechos de la ciudadanía, sin que exista una afectación única y exclusivamente a su libertad, toda vez que la interdependencia e indivisibilidad que revisten a los derechos humanos, implica que la violación de uno de ellos, traerá consigo la vulneración de los demás.
La CEDHJ diariamente promueve la defensa de los derechos humanos. En el tema particular de las quejas que involucran a personas servidores públicas que forman parte de las corporaciones de seguridad, se generan estrategias para que su labor se realice con perspectiva de derechos humanos y en apego a la normativa, garantizando así el derecho a la libertad y acceso a la justicia.

Detención arbitraria y su impacto en los derechos de las personas

El pasado 22 de abril, el mundo celebró el Día Internacional de la Madre Tierra, una fecha que nos recuerda que el respeto y la protección del medio ambiente son esenciales para garantizar los derechos fundamentales de todas las personas.
Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, reconocemos que el derecho a un medio ambiente sano no solo está consagrado en nuestra Constitución, sino que es la base para el ejercicio pleno de otros derechos: la salud, la vida, el agua, la alimentación, la vivienda y una existencia digna.
En los últimos años, el planeta ha enviado señales claras sobre el agotamiento de sus recursos y el deterioro provocado por actividades humanas insostenibles. El cambio climático, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas impactan de forma directa y desproporcionada a comunidades en situación de vulnerabilidad, como pueblos indígenas, niñas y niños, personas adultas mayores y habitantes de zonas rurales o marginadas.
El enfoque de derechos humanos nos obliga a ver más allá de las estadísticas ambientales: detrás de cada río contaminado, de cada bosque talado o de cada sequía prolongada, hay vidas afectadas, proyectos truncados y derechos vulnerados.
Es por ello que esta fecha es una oportunidad para reflexionar, pero también para actuar. Desde los organismos públicos, la sociedad civil, la academia y cada persona desde su entorno, podemos contribuir a la construcción de un modelo más justo y sostenible. El respeto a la naturaleza es, también, una forma de justicia social. 
En la CEDHJ reafirmamos nuestro compromiso con la protección del medio ambiente como un derecho humano fundamental. Proteger a la Madre Tierra es, en esencia, proteger la dignidad y el bienestar de todas las personas.

El derecho a un medio ambiente sano: un compromiso con la Madre Tierra

Cada 30 de abril, el Día del Niño y la Niña nos brinda la oportunidad de celebrar y reconocer la importancia de nuestras niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, en Jalisco esta fecha también se convierte en un momento crítico en el que debemos reflexionar, con base en las realidades que enfrenta este grupo en nuestro Estado, especialmente en el contexto de la violencia y la inseguridad que nos rodea.
A pesar de los avances en la promoción y protección de los derechos de la infancia, la realidad de muchas niñas, niños y adolescentes jaliscienses es preocupante. La violencia en diversas formas —delincuencia organizada, violencia intrafamiliar, bullying, abuso sexual, adicción a las nuevas tecnologías— afecta su desarrollo integral y su bienestar emocional. Esta situación es inaceptable y desafía los principios fundamentales consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que cada niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir en un entorno seguro y a ser protegido de toda forma de violencia.
En este contexto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) renueva su compromiso con cada niño y niña en Jalisco. Desde la defensa de sus derechos hasta la promoción de un ambiente seguro y propicio para su desarrollo, seguimos trabajando para que todas las niñas, niños y adolescentes puedan disfrutar de su infancia plenamente, sin miedo, y con la esperanza de un futuro mejor.
El Día del Niño y la Niña debe ser una plataforma para alzar la voz por aquellos que no la tienen. Las familias, las instituciones educativas y la sociedad civil deben involucrarse activamente en la construcción de un entorno más seguro y respetuoso. Es necesario fomentar la denuncia de situaciones de violencia y ofrecer acompañamiento a las víctimas. Recordemos que proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes es proteger el futuro de Jalisco.
La CEDHJ reitera su compromiso de velar por el respeto de sus derechos humanos. Es nuestra responsabilidad colectiva garantizar que cada niña, niño y adolescente tenga acceso a un entorno protector, donde pueda crecer, aprender y desarrollarse sin temor. Para ello, es fundamental implementar políticas públicas efectivas que aborden la violencia desde sus raíces, promoviendo la educación en derechos humanos y la creación de espacios seguros tanto en el hogar, la escuela y la comunidad.
La garantía de sus derechos humanos no sólo es un deber, sino un compromiso ineludible que debemos asumir con seriedad y urgencia. Juntos debemos construir un Jalisco donde cada niño pueda soñar y vivir en paz.

Día del Niño y la Niña, un llamado a la protección de sus derechos

El 22 de abril de 1992, Guadalajara experimentó una de las tragedias más devastadoras en la historia de México. La explosión de un ducto en el Sector Reforma dejó muerte y personas heridas que aún sufren sus secuelas. Este evento no solo marcó un hito en el recuerdo colectivo de la ciudad, sino que también evidencia importantes cuestiones sobre la responsabilidad del Estado y la protección de los derechos humanos.
Desde cualquier ángulo, esta tragedia trajo dolor y una nueva visión político-social, en la que destaca un problema profundo: la vulnerabilidad de las comunidades frente a la negligencia gubernamental y la falta de responsabilidad de las grandes corporaciones.
La cultura de derechos humanos nos ha enseñado que, como sociedades, debemos contar con todo tipo de mecanismos para prevenir accidentes como este, que resguarden no sólo el derecho a la vida, sino también a la seguridad, la salud y la dignidad, entre otros; y cuando ocurren, el derecho de las víctimas debe ser esencial para reintegrar en lo posible a las personas en su dignidad. Es fundamental reconocer que el deber del Gobierno es proteger a su población, un principio sancionado por diversos tratados internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país.
A lo largo de los años, diversos organismos han señalado que la seguridad industrial, la infraestructura deficiente y la falta de regulación adecuada fueron factores que contribuyeron a la catástrofe. Las explosiones ocurridas en esa fecha en Guadalajara vinieron a hacer evidente la importancia de un enfoque de derechos humanos en la política industrial y ambiental.
En el contexto histórico, esta fecha es imborrable y deja muchas lecciones no sólo a Guadalajara, sino a todo el Estado y el país, en relación con la política pública actual. La creación de protocolos más específicos y un enfoque en la prevención de desastres es prioritario para salvaguardar los derechos humanos de todas las personas. También es importante que los mecanismos de rendición de cuentas se fortalezcan aún más para garantizar que sucesos como estos no se repitan.
Hoy, a treinta y tres años de este suceso, el legado de las explosiones debe servir como un llamado a la acción y a la prevención. El respeto a los derechos humanos debe ser la base de cualquier política pública. Las comunidades tienen el derecho a vivir en un entorno seguro, lejos de la amenaza de desastres provocados por la negligencia.
El recuerdo de esta fecha en Guadalajara debe transformarse en un llamado a una mayor protección de los derechos humanos, donde la seguridad de la ciudadanía sea la prioridad sobre el interés económico. Esta es una responsabilidad colectiva que no puede ser ignorada.

22 de abril, una llamada a la responsabilidad y prevención

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La ciudad que construimos para que nuestras hijas sean ellas

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La promesa que apenas flota en El Ahogado

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El nuevo acueducto del Lago de Chapala

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Películas pasa pisarle a fondo

Cada 5 de junio conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente; y el 8 de junio, el Día Mundial de los Océanos. Estas fechas nos invitan no sólo a reflexionar, sino a actuar con responsabilidad frente a la crisis ambiental que vivimos. Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), a través de su Cuarta Visitaduría General, encargada de la agenda ambiental, hacemos un llamado urgente a reconocer que la protección de la naturaleza no es sólo una causa ecológica, sino una exigencia de justicia y derechos humanos.
Un medio ambiente sano es un derecho humano reconocido en instrumentos internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su deterioro impacta directamente en otros derechos fundamentales, como el acceso a la salud, al agua, a la alimentación, a la vivienda digna y a la vida misma. Las comunidades más vulnerables —entre ellas los pueblos indígenas; niñas, niños y adolescentes; mujeres; personas en situación de pobreza; y quienes defienden el ambiente y el territorio— padecen con mayor intensidad los efectos del deterioro ambiental, la contaminación, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
Los desafíos actuales son evidentes y su atención es cada vez más compleja. En México, la contaminación de cuerpos de agua, la deforestación, el crecimiento urbano no controlado, los incendios forestales y las amenazas a nuestras costas y océanos, ponen en riesgo la biodiversidad y la estabilidad de los ecosistemas, que no son sólo paisajes, sino fuentes de vida, cultura, economía y equilibrio climático. Su degradación no sólo pone en riesgo a especies marinas, sino también a las comunidades costeras que dependen de estos recursos para sobrevivir.
Por ello, desde la Cuarta Visitaduría General trabajamos para fortalecer el enfoque de justicia ambiental y derechos humanos, al promover la participación de las comunidades y la protección de las personas defensoras del ambiente y territorio. Recordamos que la obligación de proteger el entorno recae en el Estado, pero también en cada persona. La defensa del planeta comienza con nuestras decisiones cotidianas, pero exige políticas públicas sólidas, transparencia y sanciones efectivas ante los daños ecológicos.
No permitamos que estas fechas pasen como una efeméride más. Reivindiquemos el derecho a un medio ambiente sano como una condición para una vida digna y justa, y exijamos que se garantice para todas y todos, hoy y para las generaciones futuras.

La defensa del medio ambiente es la defensa de los derechos humanos