Jalisco: Oficialmente desaparece el ITEI
El Congreso del Estado de Jalisco aprobó una reforma legal que marca la desaparición del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI). A partir de esta modificación, las funciones del organismo serán asumidas por la Contraloría del Estado, dependencia que tendrá la facultad de exigir cuentas tanto al Ejecutivo estatal como a los municipios y organismos públicos.
El dictamen fue aprobado por las bancadas de Movimiento Ciudadano, Morena, Hagamos, Futuro, Verde y Partido del Trabajo. PRI y PAN votaron en contra. Como parte de la reforma, se estableció un plazo de 90 días para que el Congreso defina las leyes secundarias que permitirán el traspaso de funciones. Hasta entonces, el ITEI continuará en operación.
Entre los argumentos a favor, legisladores destacaron el ahorro presupuestal que implica la eliminación del instituto, que representaba un gasto anual de 67 millones de pesos, según indicó Miguel de la Rosa, coordinador de Morena. José Luis Tostado, de Movimiento Ciudadano, aclaró que el cambio no interrumpirá los plazos actuales para la atención de solicitudes de información.
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La reforma contempla crear un órgano desconcentrado dentro de la Contraloría, encargado de garantizar el acceso a la información. Legisladores como Tonatiuh Bravo Padilla y el gobernador Pablo Lemus coincidieron en la necesidad de que dicho órgano tenga representación ciudadana y funcione de manera independiente.
Sin embargo, la medida generó críticas. Claudia Murguía, del PAN, advirtió sobre la falta de autonomía de la Contraloría, al depender del Ejecutivo. María del Refugio Camarena, del PRI, cuestionó que el nuevo modelo replica el esquema federal y pone al gobierno en la posición de juez y parte.
Montserrat Pérez Cisneros, diputada de Futuro, respondió que la reforma en Jalisco responde a los cambios ya aprobados a nivel federal y llamó a garantizar la transparencia dentro de este nuevo esquema.
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Olga Navarro, presidenta del ITEI, señaló que la desaparición del instituto representa un retroceso institucional de dos décadas. Afirmó que con este cambio las propias autoridades decidirán si entregan o no la información solicitada, al desaparecer la figura de un ente autónomo que vigilaba y obligaba a su cumplimiento.
Navarro consideró que la nueva estructura no ofrece garantías suficientes de transparencia y advirtió que la sociedad solo comprobará el compromiso gubernamental cuando existan negativas a entregar información y no haya presión desde los órganos internos de control. También planteó que faltan mecanismos para fortalecer la independencia de estos órganos, así como un consejo consultivo que promueva la participación ciudadana en temas de fiscalización.
