Sicarios profesionales
En 2008, una explosión de granadas en el Grito de Independencia en Morelia dejó ocho muertos y más de 100 heridos.
En 2010, un coche bomba estalló en Ciudad Juárez. Cuatro personas murieron. Y cinco jóvenes —detenidos, torturados y obligados a autoincriminarse— fueron presentados como responsables en un hecho que, por su naturaleza, fue calificado como “narcoterrorismo”.
En 2011, el incendio del Casino Royale en Monterrey cobró la vida de 52 personas. Fue uno de los peores ataques contra civiles en la historia reciente del país.
En 2018, el pequeño Tadeo, de apenas ocho meses de edad, murió quemado en un camión del transporte público. El cártel local lo incendió como parte de una serie de bloqueos en la Zona Metropolitana de Guadalajara para distraer a las autoridades y permitir la huida de sicarios.
En 2023, un atentado con explosivos en Tlajomulco dejó seis agentes muertos y catorce heridos. Buscaban restos humanos cuando fueron emboscados con una trampa explosiva nunca antes vista en la región.
Y en 2025, ocho soldados murieron en Morelia al explotar una mina terrestre.
Todos estos hechos son actos de terrorismo. Pero todos han sido minimizados por los gobiernos en turno.
Las respuestas oficiales han sido evasivas: “Se están matando entre ellos”. “Fue un hecho aislado”. “No hay que alarmar a la población”.
La negación como política pública. La omisión como estrategia de contención.
Lo cierto es que la presencia de células de élite dentro del crimen organizado no es una sospecha: es una realidad. Los cárteles ya no solo reclutan sicarios locales. Ahora contratan y capacitan a mercenarios colombianos, guatemaltecos, israelíes, ucranianos, holandeses y rusos, creando verdaderos ejércitos paralelos que operan con precisión táctica, armamento sofisticado y total impunidad.
Hace más de dos décadas se supo que Los Zetas estaban contratando a kaibiles, una fuerza de élite del ejército guatemalteco, para entrenar a sus sicarios. Lo que entonces parecía excepcional, hoy es parte del manual operativo de los grandes cárteles.
El reciente asesinato de ocho soldados en Michoacán es apenas la última evidencia de esta evolución criminal. Tras el ataque, se detuvo a ex militares colombianos, confirmando lo que muchos analistas y reporteros ya advertían: México está enfrentando a mercenarios profesionales, no solo a “delincuentes comunes”.
Y mientras eso ocurre, el sistema de inteligencia del Gobierno federal hace agua. Las detenciones de este tipo de criminales son escasas. No hay estadísticas claras. No hay diagnósticos públicos. Ni siquiera hay un informe oficial que describa el tamaño del problema.
La violencia escala, se sofistica y se militariza, pero la respuesta institucional sigue atascada en discursos gastados y narrativas sin sustento.
El Estado mexicano perdió el control territorial en varias regiones; sin embargo, también perdió la capacidad —o la voluntad— de nombrar las cosas por su nombre.
Y ese, quizás, es el mayor riesgo de todos.
