Silvia Delgado, exabogada de El Chapo, logra puesto clave en juzgado penal de Chihuahua tras Elección Judicial
Silvia Delgado, quien fuera abogada de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, consiguió el respaldo necesario para ocupar un puesto en un juzgado penal del estado de Chihuahua, según los resultados publicados el martes 17 de junio tras una Elección Judicial sin precedentes en México.
Pese a una participación ciudadana muy reducida, los mexicanos votaron el domingo 1 de junio para elegir a sus jueces en un proceso electoral único a nivel mundial. Este mecanismo ha suscitado controversias sobre la verdadera autonomía del sistema judicial frente a la influencia política y el crimen organizado.
En 2017, Delgado asumió la defensa legal del líder criminal, Joaquín Guzmán, antes de que este fuera extraditado a Estados Unidos, donde actualmente cumple una condena de cadena perpetua. La abogada se postuló para ocupar una plaza como jueza de primera instancia en materia penal en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, zona fronteriza con El Paso, Texas.
El Instituto Nacional Electoral (INE) de Chihuahua concluyó el conteo oficial de votos el martes 17 de junio, confirmando que Delgado quedó en segundo lugar entre las candidatas mujeres para el juzgado penal. De confirmarse su nombramiento, formará parte del grupo de cinco jueces que encabezarán este tribunal.
La postulación de Delgado generó cuestionamientos debido a su anterior relación profesional con El Chapo. La abogada ha insistido en que su vínculo con Guzmán Loera fue estrictamente profesional. No obstante, la organización Defensorxs la incluyó entre una veintena de candidatos catalogados como “riesgosos” para la justicia”.
En esta elección, los mexicanos tuvieron la tarea de elegir un total de 881 jueces a nivel federal, incluidos los nueve integrantes de la Suprema Corte de Justicia, además de aproximadamente 1.800 jueces en 19 de los 32 estados del país. Se esperan elecciones adicionales para completar algunos puestos en 2024.
Es importante recordar que el grupo criminal perteneciente al estado de Sinaloa fue declarado, en febrero pasado, como una “organización terrorista extranjera” por el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, quien responsabilizó al grupo por la distribución de fentanilo ilegal y otras drogas que ingresan a ese país.