Infonavit: ¿Invasores podrán quedarse con las casas? Esto dice Sheinbaum
La presidenta afirmó que cualquier resolución deberá pasar por procesos legales y que, en caso de ocupaciones ilegales, corresponderá a los jueces determinar el procedimiento a seguir
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que la propiedad privada está protegida y que no se contempla entregar viviendas del Infonavit a personas que las hayan ocupado de forma irregular. Esta declaración surge luego de que se generara polémica por la propuesta presentada por el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, durante la conferencia presidencial del 16 de junio.
Según Sheinbaum, en México existen aproximadamente 800 mil viviendas construidas por el Infonavit que se encuentran deshabitadas o en situación irregular. Muchas de estas propiedades fueron abandonadas por sus propietarios debido a la distancia con sus centros de trabajo, a la imposibilidad de continuar con el pago del crédito o a irregularidades en su comercialización.
La presidenta indicó que las viviendas ocupadas sin autorización representan un problema legal y social que debe atenderse sin afectar los derechos de quienes adquirieron una propiedad legalmente. Reiteró que no se procederá con desalojos masivos, pero sí se realizarán censos para determinar la situación jurídica de cada inmueble, así como si hay adeudos activos o procesos pendientes con el Instituto.
TAMBIÉN PUEDES LEER: La Ley Silla entra en vigor: ¿De cuánto son las multas?
El titular del Infonavit informó que se identificaron cerca de 168 mil viviendas ocupadas irregularmente, de las cuales 145 mil tienen habitantes sin contrato formal. Además, 23 mil están deshabitadas o vandalizadas. Ante esto, el organismo analiza un esquema de renta con opción a compra como posible alternativa para regularizar estas situaciones, sin afectar a quienes mantienen un crédito vigente.
Sheinbaum subrayó que no se trata de legalizar la invasión de inmuebles. Aseguró que su gobierno busca soluciones legales, sin repetir errores de administraciones anteriores que invirtieron grandes cantidades en despachos sin lograr la recuperación de los inmuebles.
La presidenta afirmó que cualquier resolución deberá pasar por procesos legales y que, en caso de ocupaciones ilegales, corresponderá a los jueces determinar el procedimiento a seguir. Por ello, se trabaja en un diagnóstico que permita identificar con claridad la condición de cada vivienda involucrada.
