La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 26 de junio como el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura. Este día no es una fecha para discursos o reconocer a quienes han sobrevivido a esta grave violación de derechos humanos, sino para preguntarnos por qué esta práctica persiste en cárceles, comisarías, zonas de conflicto e incluso en sistemas que se autodenominan democráticos, a pesar de su prohibición en el derecho internacional mediante la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El Estado mexicano suscribió el 23 de septiembre de 2003, el protocolo facultativo de dicha convención, el cual fue ratificado por el Senado de la república el 11 de abril de 2005, y entró en vigor el 22 de junio de 2006. Este instrumento compromete al país a realizar acciones concretas para prevenir los actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todo su territorio.
En ese sentido, a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se instaló el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), instancia independiente y especializada que se encarga de la supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de la libertad en todo el país. Tiene el propósito de mejorar el trato y las condiciones en que se encuentran las personas privadas de su libertad, a través de acciones preventivas; además, reconoce para tales efectos, a los organismos públicos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas.
Por su parte, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco reafirma su compromiso y responsabilidad en la promoción, defensa y protección de los derechos humanos en Jalisco y sus municipios. Además, ha sumado esfuerzos con la CNDH con el propósito de conjuntar acciones en el ámbito de sus respectivas competencias, para diseñar y ejecutar programas para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos, a través del Mecanismo Estatal para la Prevención de la Tortura (MEPT) a cargo de la Segunda Visitaduría General.
En el marco del programa de seguimiento y supervisión del MEPT, durante 2025, personal de esta Comisión visitará centros de asistencia social que albergan niñas, niños y adolescentes, así como a diversos centros penitenciarios en el Estado. El objetivo es verificar la observancia y respeto a sus derechos humanos, pero sobre todo, para generar el compromiso de las instituciones públicas y privadas de reclusión y custodia en la prevención de actos y omisiones que puedan derivar en tortura.
Asimismo, esta defensoría se sumará a la campaña nacional denominada “México Sin Tortura” encabezada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, en la cual, del 23 al 27 de junio se difundirá información sobre la prevención de la tortura a través de diversas plataformas.
El camino para erradicar la tortura es posible, pero se requiere voluntad política y transparencia institucional. Por ello, esta Comisión investiga e integra quejas por esta grave violación a los derechos humanos, y cuenta con personal especializado en el área médica y psicológica que realiza dictámenes bajo el Protocolo de Estambul a las personas que refieren haber sido víctimas de tortura.
En la actual administración de la CEDHJ se han emitido 18 recomendaciones por tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, lo que permite visibilizar la problemática ante la sociedad y las autoridades estatales y municipales.
En el contexto de esta fecha, es oportuna la exigencia de erradicar la tortura, pero con base en el trabajo conjunto y vigilancia por parte de las autoridades y ciudadanía para lograrlo. Desde nuestros respectivos marcos de acción, en todos los ámbitos sociales, es preciso que fomentemos una cultura de paz y de respeto a la dignidad humana para poder terminar con todo tipo de violencia, incluida la práctica de la tortura.