No hay mayorías eternas

Imagínate que la Guardia Nacional puede hacer operaciones encubiertas sin control judicial, monitoreo e intervención de redes públicas de internet, solicitudes de datos a concesionarios y operadoras sin orden judicial, vigilancia e inteligencia que pueda derivar en persecución política a través del espionaje. Con la reforma que ayer se aprobó en la Cámara de Diputados, esto es una realidad a partir de hoy, estas medidas sin controles, ni contrapesos, vulneran derechos humanos como la privacidad, la presunción de inocencia, la libertad de expresión y el debido proceso.

La historia del mundo nos ha enseñado que cuando la seguridad se militariza sin frenos ni cortapisas, los abusos se multiplican y la impunidad se instala; es una herramienta de control y mide justicia. Esta reforma no fortalece la seguridad, todo lo contrario, es peligrosísima para las y los ciudadanos, además, debilita a las policías locales y estatales, concentra el poder en una estructura militar, sin transparencia ni rendición de cuentas.

Otro punto especialmente grave, es la posibilidad de que integrantes de la Guardia Nacional puedan competir por cargos de elección popular, es decir, en la siguiente elección en la boleta electoral estaremos viendo militares compitiendo electoralmente.
Esto va en contra de la vocación de las instituciones armadas y conformación militar que están hechas para la guerra y para defender la soberanía de nuestra Patria, no para salvaguardar a las y los ciudadanos. La seguridad debe construirse con instituciones de mandos civiles, no militares, con visión de justicia social, con mecanismos de prevención, con policía de proximidad, con enfoque comunitario y con perspectiva de derechos humanos.

La militarización de la seguridad nunca ha dado resultados. Permitir que las calles se conviertan en cuarteles, que las libertades civiles sean moneda de cambio o que el Estado utilice a las fuerzas armadas para fines ajenos a la seguridad y convertirlo en un fin político electoral es profundamente antidemocrático y lesiona fuertemente los derechos de las y los ciudadanos; rompe con el equilibrio de poderes y erosiona el Estado de Derecho.

Esta reforma aprobada por la mayoría artificial de Morena, es contraria al texto y al espíritu del artículo 21 constitucional que establece claramente que la seguridad pública debe ser una función civil y no militar.
En este período extraordinario convocado por Morena, en la ignominia se aprobó ésta y 21 reformas más, sin discusión a profundidad, análisis y la posibilidad de hacer cambios a los dictámenes, o aceptar alguna reserva.

Los periodos extraordinarios deberían ser el espacio por excelencia para dirimir a profundidad, exhaustivamente, los temas de relevancia nacional que involucran como éste, la seguridad ciudadana. No se debe legar a un periodo extraordinario con dictámenes inamovibles, una concentración del poder absoluta; y por si fuera poco, las sesiones son semipresenciales, es decir, no hay un debate parlamentario.
Seguimos en deuda con las voces que en este país demandan una representación a la altura de las problemáticas que todos los días viven los ciudadanos de a pie.