Entre las sanciones se encuentran la congelación de activos y la prohibición de ingresar al territorio estadounidense
El gobierno de Estados Unidos implementará una nueva política de restricción de visas dirigida a familiares, socios personales y comerciales cercanos de personas sancionadas por tráfico de drogas, en particular por su vinculación con el fentanilo. Así lo anunció el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de un comunicado oficial y en su cuenta en la plataforma X.
La medida se basa en la Orden Ejecutiva 14059, firmada en diciembre de 2021, la cual permite imponer sanciones a individuos y entidades extranjeras relacionadas con el tráfico de drogas sintéticas. Entre las sanciones se encuentran la congelación de activos y la prohibición de ingresar al territorio estadounidense.
Rubio explicó que la nueva directriz tiene como objetivo aumentar la presión sobre las redes del narcotráfico, al restringir los beneficios migratorios no solo de los principales responsables, sino también de su entorno cercano. La política incluye a familiares y socios, aunque no exista evidencia directa de su participación en actividades delictivas.
I am announcing a new visa restriction policy for family members and close personal and business associates of individuals sanctioned under Executive Order 14059. We will use all necessary tools to deter and dismantle the flow of fentanyl and other deadly drugs from entering our…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 26, 2025
Funcionarios del Departamento de Estado detallaron que esta estrategia busca debilitar el apoyo logístico y financiero de los grupos criminales, incentivar la cooperación con las autoridades y limitar la impunidad que rodea a líderes de organizaciones transnacionales.
Hasta el momento, no se han difundido listas de personas a quienes se les haya revocado la visa bajo esta política. Sin embargo, se prevé que el impacto alcance a empresarios, operadores financieros y familiares de personas previamente sancionadas.
La medida forma parte de una estrategia más amplia que incluye cooperación internacional, regulación a empresas químicas y un reforzamiento de los controles fronterizos para enfrentar la crisis de salud pública vinculada al consumo de drogas sintéticas.