Héctor Ruiz López

En México, parecería que ocupar un cargo público es más resultado de lealtades políticas, amistades oportunas o cuotas partidistas, que de conocimientos, experiencia o capacidad técnica. A pesar de décadas de discurso sobre profesionalización, seguimos inmersos en una cultura institucional donde el mérito es visto como estorbo y no como principio rector del servicio público.
No es casual que muchas dependencias estén encabezadas por personas sin formación pertinente o adecuada, sin trayectoria en el sector o, peor aún, sin la mínima ética para ocupar la función. Se repite una y otra vez el mismo patrón: quienes debieran velar por el interés público, en realidad responden a intereses de grupo, personales o partidistas. Se trata de una colonización de lo público que anula la posibilidad de contar con instituciones eficaces, imparciales y al servicio de la ciudadanía.
La simulación en procesos de selección es otro síntoma grave. Concursos que ya tienen nombre y apellido desde el inicio. Convocatorias diseñadas para excluir, no para identificar talento. Y en el fondo, una profunda desconfianza institucional hacia el conocimiento especializado, como si la lealtad política fuera el único requisito para gobernar.
Profesionalizar no es llenar los puestos con doctores y académicos: es garantizar que quienes ingresen al servicio público tengan las competencias necesarias, estén sujetos a evaluación, formación continua y, sobre todo, a un sistema que premie el buen desempeño y sancione el abuso o la ineptitud. Es asegurar que las instituciones cuenten con memoria técnica, capacidad operativa y visión de largo plazo. Nada de eso es posible si cada administración borra de tajo lo anterior y vuelve a empezar desde cero con su gente.
La verdadera transformación institucional no pasa por discursos ni por promesas de austeridad. Pasa por asumir que lo público debe estar en manos de los mejores perfiles, no de los más cercanos. El mérito no es una utopía tecnocrática, es la base de cualquier Estado que aspire a ser justo, eficiente y confiable.
Urge una agenda seria de profesionalización en los gobiernos locales, en los órganos autónomos, en los poderes judiciales y legislativos.
Urge cerrar la puerta al compadrazgo, a las herencias políticas y al clientelismo. Lo que está en juego no es un puesto, sino la legitimidad misma del servicio público.
No se trata de idealizar la burocracia ni de desconocer las tensiones propias del poder, pero sí de asumir con seriedad que gobernar exige saber, y que administrar lo público no puede seguir siendo el premio de consolación para quienes no consiguieron una candidatura. Profesionalizar es también dignificar el servicio público, restaurar la confianza ciudadana y colocar al Estado al nivel de los desafíos que enfrenta.

Héctor ruiz

Mérito o cuota: la disyuntiva que carcome al servicio público

Se aprobó la reforma constitucional conocida como simplificación administrativa, la cual implica la desaparición de diversos Organismos Constitucionales Autónomos (OCA’s), entre ellos el INAI, organismo garante de la transparencia en México. Dicha reforma incluyó la obligatoriedad de replicar la desaparición de los organismos garantes estatales. En el caso de Jalisco, esto implica la extinción del ITEI, otorgándose un plazo a las entidades federativas para armonizar su legislación local.
Ante ello, y para no incurrir en desacato a un mandato constitucional, el Congreso del Estado de Jalisco dio el primer paso al aprobar la reforma correspondiente a la Constitución local. Aún falta la aprobación por parte de la mayoría de los plenos de los ayuntamientos del estado para que la reforma entre en vigor.
Lo aprobado, a decir de los legisladores de las fracciones del PRI y del PAN, fue un albazo contra la transparencia en Jalisco, al consumarse la desaparición del ITEI. Sin embargo, lo que los legisladores no reconocen es que no había mucho margen de maniobra. La reforma federal de simplificación administrativa, ya aprobada por el Constituyente Permanente, obliga sí o sí a las Entidades Federativas a extinguir los OCA’s garantes de la transparencia. Basta observar las reformas emprendidas en la gran mayoría de los estados: algunos más avanzados, otros apenas comenzando la armonización normativa, pero todos en un mismo sentido, desapareciendo los OCA’s garantes de la Transparencia locales.
Por ello, en lo personal, me parece exagerada la narrativa que intenta instalarse, según la cual el Congreso local fue responsable de terminar con la transparencia en el Estado. En todo caso, habría que ser honestos y decir que la reforma local obedece a un mandato constitucional vigente, no a una decisión autónoma de carácter local.
El debate real no está en si el Congreso local debió o no cumplir con una obligación constitucional. El verdadero debate está en si como sociedad qué haremos para evitar que las administraciones públicas sean aún más opacas, pugnando por la rendición de cuentas y tener y garantizar un ejercicio de transparencia, adaptándonos a los cambios aprobados. Y que, sino funcionan, volvamos a empezar a construir instituciones confiables que nos garanticen los estándares mínimos para ejercer el derecho humano a la transparencia y la rendición de cuentas.

Desaparición del ITEI

A lo largo de la historia, el deseo de mantenerse en el poder ha sido una tentación recurrente entre líderes de todo tipo, sin importar su ideología, época o lugar en el mundo. La democracia, concebida entre otras cuestiones, fue justamente para evitar que el poder se concentre y se eternice, no ha logrado extinguir del todo ese impulso autoritario que insiste en reaparecer. Cambian los disfraces, pero el guion es el mismo: callar las voces incómodas, inventar enemigos y reducir el complejo arte de gobernar a una sola consigna: controlar.
Cuando quien gobierna sólo conoce el guante de hierro, comienza a tratar todo como si fuera un clavo. La disidencia se vuelve amenaza, la crítica se transforma en traición y la diferencia se percibe como una falla que debe corregirse a golpes. Este modo de ejercer el poder no solo corrompe las instituciones; rompe el tejido social y degrada la convivencia democrática.
Aunque hoy la democracia se defiende como el modelo político más legítimo, para Aristóteles no era tan clara su superioridad moral. En su obra Política, advertía que cuando el gobierno de muchos se desvía hacia la satisfacción de intereses particulares o mayoritarios, pierde su legitimidad. Lo que lo preocupaba no era cuántos mandaban, sino para qué lo hacían.
Esa advertencia es especialmente pertinente hoy, cuando gobiernos elegidos por vías democráticas terminan adoptando formas de gobierno que rozan o caen de lleno en el autoritarismo, amparándose en la legalidad. Votar no es suficiente: lo fundamental es cómo se ejerce el poder una vez que se obtiene.
Uno de los síntomas más evidentes del deterioro democrático es la alergia a la crítica. En una república sana, el disenso es parte del oxígeno institucional; en un régimen autoritario, se convierte en veneno. Así, se elimina el debate, se descalifica a la prensa, se persigue al opositor, y se castiga al que piensa diferente. La crítica deja de ser herramienta de mejora y se convierte en enemigo a vencer.
El poder que se aísla, que no escucha ni permite ser cuestionado, no solo se aleja de la gente; se vuelve incapaz de corregir el rumbo. 
Otra estrategia conocida del autoritarismo es fabricar enemigos a conveniencia. A veces son externos, otras veces internos. Da igual: lo importante es tener a quién culpar por las fallas del gobierno. El enemigo no tiene que ser real, solo tiene que ser útil. El relato de la conspiración permanente reemplaza la rendición de cuentas. El gobernante se presenta como una víctima acosada por fuerzas oscuras, cuando en realidad es su mala gestión la que genera el problema.
Gobernar exige algo más que fuerza: requiere diálogo, inteligencia emocional, estrategia, apertura y visión de largo plazo. Pero cuando se gobierna con rigidez, como quien solo tiene un guante de hierro, no hay espacio para nada que no sea obediencia. 
El resultado es el estancamiento. Imperios que se hunden en su propia cerrazón, repúblicas que se convierten en simulacros, democracias que sobreviven en las formas pero se vacían de contenido. El poder sin contrapesos no evoluciona: se oxida.
La historia ha sido implacable con los que se aferran al poder. Puede que logren prolongarlo por un tiempo, pero el desgaste termina por alcanzarlos. Pinochet, tras años de dictadura, tuvo que ceder ante un plebiscito que marcó su caída. En Europa del Este, los regímenes comunistas colapsaron uno tras otro, rebasados por el hartazgo ciudadano. La represión alarga la agonía, pero nunca cambia el desenlace. 
Gobernar desde el miedo o el engaño puede sostener una apariencia de estabilidad, pero no construye legitimidad. Y sin legitimidad, todo termina por quebrarse.

Democracias que se oxidan

Ayer, 1 de junio de 2025, México vivió una elección inédita: por primera vez, la ciudadanía fue convocada a elegir directamente a jueces, magistrados y ministras del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por una participación ciudadana notoriamente baja, si la comparamos con los procesos electorales de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Esto puede entenderse como resultado del desconocimiento —al tratarse de una elección inédita—, así como de la desconfianza y el escepticismo que rodearon el proceso, en buena medida sembrados desde la oposición al régimen.
La reforma judicial, impulsada por el gobierno federal, fue severamente cuestionada por partidos de oposición y diversos sectores académicos, principalmente por la rapidez de su implementación y la falta de claridad respecto a los perfiles de las candidaturas, lo que generó confusión entre los votantes. Además, desde la oposición se promovió un llamado al boicot, argumentando que esta elección podría comprometer la independencia judicial y consolidar un control político sobre el sistema de justicia. Pero quizá valga la pena preguntarse también por qué durante tantos años normalizamos los cotos de poder y las designaciones opacas al interior del Poder Judicial.
En ese contexto, la “urna vacía” se convirtió en un símbolo elocuente de una ciudadanía que, ante la falta de información sobre los perfiles, y sin herramientas de difusión similares a las de las campañas tradicionales —como spots en radio, televisión o redes sociales—, no encontró incentivos suficientes para acudir a votar. En muchos casos, el silencio fue una forma de expresar incertidumbre, desinterés o inconformidad. Y ahí quedaron, simbólicamente, muchas urnas vacías.
Este hecho nos invita a reflexionar sobre la necesidad de construir procesos democráticos más sólidos, transparentes y participativos, donde la elección de quienes imparten justicia sea resultado de un consenso social informado. Para ello, será indispensable garantizar una mayor difusión, pedagogía y visibilidad sobre quiénes son los aspirantes en este tipo de ejercicios inéditos para la vida pública del país.
La jornada electoral concluyó con la instalación del 99.98% de las casillas previstas, según informó el Instituto Nacional Electoral (INE), aunque se reportaron mil 770 incidentes, entre ellos irrupciones que impidieron el ejercicio del voto y cambios de ubicación por razones climáticas. A pesar de estos contratiempos, el proceso avanzó sin mayores complicaciones logísticas. No obstante, la baja participación ciudadana deja abiertas preguntas relevantes sobre la legitimidad de los resultados y la eficacia de esta reforma para fortalecer la democracia y la justicia en México.
Es esencial que como sociedad, sigamos dialogando, construyendo y exigiendo mecanismos que garanticen tanto la independencia como la calidad del Poder Judicial. Solo así podremos aspirar a una justicia verdaderamente imparcial, accesible y al servicio de todas y todos.

La urna vacía

El próximo domingo 1 de junio se llevará a cabo una elección sin precedentes en México: por primera vez, la ciudadanía podrá elegir a quienes aspiran a convertirse en personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. Y aunque el debate se ha centrado en los riesgos del nuevo modelo, muy poco se habla del verdadero problema que arrastramos desde hace años: el sistema de nombramientos judiciales estaba roto mucho antes de esta reforma.
Decirlo puede incomodar, pero callarlo sería aún peor. Porque si queremos una justicia independiente y transparente, lo primero que debemos hacer es reconocer las fallas del modelo que ya teníamos. Y ahí están los datos. El estudio El poder familiar de la federación , elaborado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en 2017, reveló que al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen familiares trabajando en tribunales y juzgados: esposas, hijos, cuñados, suegras. Redes clientelares que alcanzan a más de 7 mil servidores públicos en 31 circuitos (estados).
En Jalisco, el fenómeno es particularmente grave. El 76 % de los jueces y magistrados del Tercer Circuito Judicial —con sede en el Estado— tienen familiares en el mismo poder. En total, de acuerdo con el estudio, hay 33 juzgadores con 54 hijos trabajando dentro del mismo sistema, algunos con cargos de actuario, secretario o auxiliar administrativo. No se trata de casos aislados, sino de una red consolidada de privilegios heredados.
Y no solo es nepotismo. El tráfico de influencias y la corrupción también han contaminado los procesos de selección. En 2018, el Consejo de la Judicatura Federal anuló un concurso interno para jueces de distrito tras descubrirse la filtración y venta de exámenes. El director del Instituto de la Judicatura fue destituido e inhabilitado. Años después, en 2022, otro funcionario fue acusado de vender respuestas de exámenes por casi 200 mil pesos. 
¿Así queremos seguir nombrando jueces?
Pero más allá de las cifras y los casos documentados, lo verdaderamente preocupante es la cultura de impunidad que ha permitido que estas prácticas se repitan y se perpetúen. El acceso a los cargos judiciales no debería depender de tener un apellido conocido, un padrino poderoso o un vínculo familiar con alguien en la estructura. La justicia no puede seguir operando como un club cerrado, donde solo se asciende por conexiones y no por capacidad. Mientras ese sistema no se cuestione —y no se toque—, las decisiones que afectan la vida de millones seguirán siendo tomadas por quienes, muchas veces, llegaron ahí sin haber pasado por filtros reales de mérito o ética.
La pregunta sobre qué Poder Judicial queremos no puede responderse desde el miedo ni desde la nostalgia. Porque lo que ya teníamos no era perfecto, ni mucho menos. Durante años, se vendieron exámenes, se heredaron cargos y se protegieron intereses familiares por encima del mérito. Y lo sabíamos. Pero lo habíamos normalizado.
Caso aparte —aunque no muy distante de esta realidad— son los poderes judiciales locales. En diversos estados, está documentado —incluso a través de notas periodísticas— que cada vez que los congresos locales realizaban “concursos de oposición” para nombrar magistraturas, se hacía presente el viejo esquema del reparto de cuotas y cuates. Los nombramientos respondían más a intereses partidistas que a una evaluación real de méritos, formación, experiencia o capacidad profesional.
Por eso, este domingo no se trata solo de ir a votar. Se trata de levantar la voz. Porque votar también es hablar, y hablar es no guardar silencio frente a lo que no funciona es la mejor forma de perpetuarlo.

Votar es no quedarse callado

La reforma judicial abrió un debate que durante años evitamos: 
¿quién debe juzgar y cómo debe elegirse?
A toda acción le corresponde una reacción. Y aunque no sin controversia, hay que reconocer que gracias a la reforma judicial hoy se ha abierto un debate necesario: ¿Qué Poder Judicial queremos como país?
El tema ha salido de los círculos cerrados para instalarse en las sobremesas, en los medios, en el aula, entre amistades y familias. Incluso entre quienes no son abogados ni expertos en justicia, ha surgido la inquietud sobre si este modelo pondrá en riesgo la independencia judicial o si terminarán siendo elegidos jueces, magistrados y ministros que no cuenten con el perfil, la formación profesional o la experiencia necesaria.
Por otro lado, entre juristas, particularmente quienes han hecho carrera dentro del Poder Judicial, existe la preocupación de que esta reforma diluya el valor de la carrera judicial. Algunos temen que dejarán de tener sentido años de esfuerzo escalando peldaños como oficial, actuario, secretario y juez, si otros pueden acceder a los cargos más altos sin haber pasado por ese camino. 
Ambas posturas son comprensibles. Pero también son debatibles.
Comencemos con la tan mencionada independencia del Poder Judicial. Quienes hoy la defienden con fervor, suelen omitir que la independencia judicial ha sido cuestionable desde hace décadas, y que buena parte de los nombramientos, sobre todo en la Suprema Corte, han respondido históricamente a pactos políticos, cuotas entre partidos y designaciones presidenciales. Esto se hacía con cierta elegancia institucional, pero en la práctica era una normalidad que pocos se atrevían a cuestionar. 
Lo mismo ocurría con nombramientos de magistrados y jueces. En muchos casos, los ascensos respondían a cuatro grandes vías:
1. La vía política, es decir, apoyos de actores externos, gubernamentales o partidistas.
2. La vía interna, impulsada por jerarquías dentro del propio Poder Judicial (ministros recomendando a magistrados, magistrados a jueces, jueces a secretarios, y así seguía la cadena).
3. El poder familiar: en combinación con la vía interna, diversas investigaciones serias han evidenciado la existencia de un nepotismo disfrazado al interior del Poder Judicial, donde magistrados y jueces promovían a familiares dentro de la estructura.
4. Y la vía del mérito puro, quizá la más escasa, donde alguien escalaba con base en esfuerzo y preparación, sin más respaldo que su trayectoria. 
En ese contexto, hablar de una independencia plena sería, al menos, una exageración. Lo que la reforma ha hecho es poner sobre la mesa —con todas sus aristas— un tema que llevaba años naturalizado en la opacidad. 
Ahora bien, respecto al temor de que accedan personas sin perfil, también hay argumentos para matizar. La carrera judicial es valiosa, sí, pero también lo es la posibilidad de abrir las puertas a perfiles con experiencia profesional distinta, provenientes del litigio, la academia o la administración pública, que pueden aportar otra visión de la justicia. El sistema tradicional ha sido históricamente cerrado, y quienes no formaban parte de él difícilmente podían ingresar. El ingreso externo era la excepción, no la regla. 
Si como país queremos transformar la justicia, necesitamos revisar con honestidad no solo las estructuras, sino también los filtros, las formas y los accesos. Y si algo ha logrado esta reforma —más allá de sus imperfecciones— es que por primera vez se hable, se cuestione y se discuta públicamente sobre el Poder Judicial. 
Y eso, de entrada, ya es un avance democrático que no podemos ignorar.

Justicia bajo la lupa

Hay decisiones que uno no toma de la noche a la mañana. No responden a un impulso, ni a la búsqueda de protagonismo, sino a la convicción profunda de que es posible —y necesario— contribuir desde dentro al fortalecimiento de las instituciones.
Hace unos meses decidí participar en el proceso inédito de elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. Lo hice con plena conciencia del momento que vivimos y de la responsabilidad que implica aspirar a convertirse en persona juzgadora. Siempre he creído que ocupar un cargo para el cual no se está preparado es uno de los actos más deshonestos del servicio público. Por eso, y tras una reflexión profunda, tomé esta decisión: porque estoy convencido de que cumplo con creces el perfil idóneo para el cargo.
Cuento con una formación académica sólida: soy Doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca —una de las más reconocidas de Europa—, y cursé tres maestrías, además de la licenciatura en Derecho en la Universidad de Guadalajara. Pero más allá de los títulos, mi trayectoria ha estado marcada por el compromiso con el mérito, la preparación y la vocación de servicio.
Siempre he sostenido que los cargos públicos deben ocuparse por capacidad, no por cercanías políticas ni redes de favores. Esa convicción la he plasmado durante años en libros, ensayos y artículos, defendiendo una administración pública profesional, una justicia imparcial, y un servicio basado en la cultura del esfuerzo.
Mi vida profesional ha transitado por distintos frentes: el servicio público, la academia y el trabajo ciudadano. He formado a cientos de estudiantes en derecho y políticas públicas, convencido de que enseñar no es solo transmitir conocimiento, sino inspirar principios que fortalezcan el Estado de Derecho y el compromiso ético con la sociedad.
Sé que el contexto actual está lleno de tensiones. Entiendo que este nuevo modelo de elección ha generado resistencias. Pero también creo que los momentos de cambio exigen perfiles éticos, preparados y con visión de justicia. Porque la justicia no debe ser un espacio cerrado, sino uno que escuche, que rinda cuentas y que se acerque a la ciudadanía.
Participar en este proceso ha sido, en sí mismo, un acto de responsabilidad. Y también, un acto de fe: fe en que se puede competir con dignidad, proponer con argumentos y aspirar con fundamento. No se trata de ocupar un cargo; se trata de honrarlo . 
Sé que no es común ver a un académico, a un profesor de Derecho, salir del aula para pedir el voto. Pero este momento exige romper inercias, salir del escritorio, hablarle a la gente y decir: aquí estoy, me he preparado para esto, y quiero servir desde la justicia .
No compito por ambición personal. Lo hago porque creo que este país merece jueces preparados, humanos y comprometidos con la verdad. Porque he visto —en mis alumnos, en mis colegas, en la ciudadanía— esperanza, pero también hartazgo. Y porque creo que es posible ejercer la función judicial con ética, sensibilidad social y profundo respeto al Estado de Derecho. 
Si hoy estoy en esta contienda, es para demostrar que el mérito sí puede competir. Que no todo está perdido. Y que, a veces, una decisión personal también puede ser un acto colectivo de coherencia y de dignidad.

Mis razones de fondo

De manera progresiva, casi imperceptible, la forma en que los ciudadanos nos informamos ha cambiado radicalmente. Los medios tradicionales —radio, prensa escrita y televisión— han tenido que reinventarse, es decir, adecuarse a las nuevas tecnologías y hábitos de consumo que prácticamente todas las generaciones han adoptado para estar en contacto con el mundo: ya sea viendo videos en TikTok, Instagram, Facebook o YouTube, o bien enterándose de las noticias de último momento a través de “X”, antes Twitter.
En ese sentido, resulta comprensible que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya impulsado y trasladado preponderantemente las campañas judiciales, en su mayoría, al ámbito digital. Aunque existen sectores de la población que no usan redes sociales de forma habitual, lo cierto es que cada vez son menos. 
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2023, realizada por el INEGI, 97 millones de personas en México usaban internet, es decir, el 81.2 % de la población de seis años o más. De ese total, el 81.8 % utilizaba teléfono celular, y entre ellos, el 95.5 % contaba con un smartphone, es decir, con acceso a internet ya sea por Wi-Fi o por datos móviles.
Además, el 78.3 % de los usuarios de teléfonos inteligentes los empleaban para acceder a redes sociales; el 91.2 % para mensajería instantánea, y el 77.7 % para consumir contenidos de audio y video. 
Por su parte, el portal Statista revela cuáles son las redes sociales más utilizadas en México en 2024: WhatsApp encabeza la lista con un 92.6 %, seguida por Facebook (91.6 %), Instagram (80.6 %) y TikTok (78.6 %).
Con este contexto, estimado lector, no se sorprenda si sus redes sociales se llenaron de personas candidatas al Poder Judicial pidiendo su voto. Hoy, ese es el medio idóneo para comunicarse con la ciudadanía. Y si bien hacerlo está permitido únicamente de forma orgánica —es decir, sin pagar publicidad ni contratar servicios de promoción—, también es cierto que puede ser más eficaz y accesible que los medios tradicionales. 
Por ello, quienes aspiran a convertirse en personas juzgadoras dependen, en gran medida, de sus redes de apoyo: amigos, colegas, familiares, estudiantes y simpatizantes que ayudan a compartir sus publicaciones, videos y mensajes. Las estrategias son diversas, y hay para todos los gustos, tonos y formas de entender la justicia.
En este nuevo escenario, el electorado cuenta con una gran ventana de información en las redes y la web. Pero el compromiso de emitir un voto informado ya no debe recaer únicamente en las instituciones: ahora debe nacer de nosotros mismos, de esta nueva Ciudadanía 2.0. Esa que navega, contrasta, cuestiona, comparte y decide.
Como mencioné en mi columna anterior, el INE ha puesto a disposición micrositios donde se pueden consultar las trayectorias, la formación profesional y la experiencia de cada persona candidata. Sin embargo, ante la ausencia de publicidad política —esa a la que estamos acostumbrados en elecciones tradicionales, como bardas, espectaculares, spots en radio o televisión—, quienes aspiran al Poder Judicial están muy limitados para llegar a sectores más amplios de la sociedad.
Por eso, cuando muchas personas afirman no conocer a los candidatos, tienen razón… si pretendemos comparar estas elecciones con las que normalmente conocemos. Pero lo cierto es que hay pocas similitudes con los procesos tradicionales. Esta elección es distinta. Y por eso también, se vuelve más necesario que nunca ejercer una ciudadanía activa, consciente e informada. Porque votar es un acto de responsabilidad. Y si no eliges tú, otros lo harán por ti.

Votar informado, también es digital

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Estandarte de la impunidad

Cada tres años, durante las campañas políticas por las presidencias municipales, la ciudadanía escucha promesas, propuestas y slogans que aseguran buenos resultados. Es parte del ritual electoral: recorridos, discursos, compromisos que apelan a la esperanza.
Sin embargo, lo que la mayoría de las personas realmente espera es claro y concreto: seguridad, servicios públicos de calidad, empleo, salud, educación y, en pocas palabras, un “buen gobierno”. 
En términos generales, entendemos por buen gobierno un modelo de ejercicio del poder público que se caracteriza por la legalidad (Estado de derecho), la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la eficiencia administrativa y el respeto a los derechos humanos.
La clave del éxito para cualquier autoridad reside en encontrar el equilibrio entre estos elementos. Porque en pleno siglo XXI, no hay buen gobierno sin transparencia, sin rendición de cuentas, sin apego a la ley y sin participación de la ciudadanía en el diseño e implementación de las políticas públicas. No basta con hacer; hay que hacer bien y de forma abierta.
El problema comienza cuando se coloca en cargos públicos a personas sin la formación adecuada ni el perfil idóneo para la responsabilidad encomendada. Es decir, cuando los puestos se asignan por razones políticas y no por mérito. Hay quienes aún confunden la lealtad política con la capacidad profesional y la preparación técnica necesarias para gobernar. Y esa confusión, muchas veces, cuesta caro a la sociedad. 
Hace unos días, culminé un proyecto personal y profesional que me tomó años de trabajo, estudio y reflexión. Publiqué el libro titulado: “El Buen Gobierno: la profesionalización y sus desafíos en el Servicio Público en México”. En él, investigo, documento y analizo los elementos que deben seguir las administraciones públicas para garantizar el derecho humano a la buena administración pública.
Desde aquí, recomiendo con respeto a quienes hoy tienen el privilegio y la responsabilidad de ser servidores públicos —en cualquiera de sus modalidades— que lean esta obra. No porque tenga todas las respuestas, sino porque recoge experiencias, investigaciones y propuestas que pueden ayudar a tomar mejores decisiones, a obtener mejores resultados y, sobre todo, a cumplir con la promesa de ofrecer un buen gobierno.
Disponible para su consulta y descarga en: <a href="https://rediberoestudios.org/">https://rediberoestudios.org/</a>

Claves para un buen gobierno