Estandarte de la impunidad
Por más que el gobierno mexicano presuma discursos de transformación y combate a la corrupción, los datos hablan con la crudeza que la retórica no puede maquillar: México encabeza la lista mundial de empresas sancionadas por el Gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con actividades ilícitas. No es Siria. No es Rusia. No son los Emiratos Árabes. Es México.
De las 8 mil 595 empresas incluidas en la “lista negra” de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), 950 están registradas en territorio mexicano. El 11% del total.
En otra lista, una de cada 10 entidades señaladas en el mundo por lavar dinero, financiar el terrorismo o colaborar con redes criminales, opera desde este país.
Y mientras tanto, en México, ¿quién actúa? La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ese ente que debería investigar, congelar cuentas y presentar denuncias, se ha convertido en un fantasma burocrático: opaco, ineficaz y, peor aún, sumiso. No sanciona, no investiga con rigor, no publica nombres. Su mayor especialidad parece ser la indiferencia o la política. Es la bandera institucional de la impunidad.
El contraste con lo que ocurre al Norte del Río Bravo es demoledor. La OFAC —dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense— ha clasificado a los cárteles de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación, del Golfo, del Noreste, de Juárez y Unidos como “grupos terroristas transnacionales”. En el mismo registro aparecen cientos de empresas mexicanas que sirven como fachadas: gasolineras, inmobiliarias, firmas de logística, comercializadoras, consultoras, hasta galerías de arte y autódromos. La economía criminal no es marginal. Está infiltrada en el sistema económico nacional.
¿Y el escándalo reciente? Tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— fueron señaladas por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo. Según el Tesoro de Estados Unidos, estas entidades “desempeñaron un papel vital y prolongado” en la canalización de millones de dólares para los cárteles. El dinero circula, las muertes se acumulan, las instituciones se lavan las manos.
Mientras la OFAC actúa, en México se encubre. Mientras allá se exponen nombres, aquí se blindan intereses. Es el estandarte de la impunidad, y no ondea por descuido: se iza cada día con la complicidad de quienes deberían desmantelar las redes del crimen. Porque aquí, donde deberían estar las sanciones, solo hay silencio. Donde debería haber consecuencias, hay protección. Y donde debería haber justicia, hay negocios. Muchos negocios.
Y lo más revelador es esto: que para saber quién lava dinero en México, hay que leer los comunicados de Washington. Aquí, las redes del narco no sólo trafican droga: lavan dinero a la vista de todos, con sello bancario, licencia gubernamental y total impunidad.
