Fiscalías inoperantes en México, su solución

Mientras la ciudadanía exige respuestas ante la violencia, la corrupción y el crimen organizado, las instituciones encargadas de perseguir y sancionar los delitos parecen operar bajo una regla no escrita: dejar hacer, dejar pasar.

Las cifras nacionales son la muestra de la ineficiencia: más del 93 % de los delitos quedan impunes. En 2024, de los 2.2 millones de carpetas de investigación iniciadas, solo el 9 % llegó a acción penal, y apenas el 4.3 % se judicializó. En términos llanos: de cada 100 delitos denunciados, solo 4 llegan a un juez. El resto queda archivado, mal integrado o se convierte en un simple número más para maquillar informes institucionales a conveniencia de quien gobierna.

La situación en Jalisco es particularmente grave. En 2024, se denunciaron 137 mil 175 delitos, pero solo 797 llegaron a una sentencia: una impunidad del 99.12 %. El problema no es nuevo, pero se profundiza. Actualmente, existen más de 526 mil carpetas sin resolver. Una montaña de papel que sepulta la esperanza de miles de víctimas.

Además, el 47% de las detenciones en Jalisco fueron consideradas ilegales, lo que invalida procesos y deja a los responsables en libertad. Ni siquiera los delitos más delicados, como la corrupción, han sido castigados. La Fiscalía Anticorrupción ha judicializado apenas el 3% de sus casos en los últimos cinco años, y sólo siete personas han sido sentenciadas con resoluciones condenatorias.

Se ha querido culpar a la autonomía de las fiscalías de esta crisis. Incluso, desde la administración de Claudia Sheinbaum se ha planteado eliminar la autonomía constitucional de las fiscalías, para permitir que los gobernadores y el Ejecutivo federal nombren y remuevan fiscales a voluntad. Pero esta propuesta, lejos de resolver, podría agudizar la subordinación política y eliminar los pocos contrapesos que aún quedan.

La verdadera causa de la parálisis es más compleja: La falta de profesionalización, la creciente corrupción interna, así como la simulación en los nombramientos de los funcionarios por pagos políticos, así como una profunda desconexión con la realidad de las víctimas, quienes sufren la desatención.

Además, la mayoría de los fiscales no enfrentan auditorías reales, ni hay rendición de cuentas efectiva, lo que genera que la impunidad ya no sea una consecuencia, si no una política operativa.
¿Qué se necesita para tener fiscalías eficientes en todo el país?
1. Fiscales con carrera profesional, nombrados por méritos, no por favores políticos.
2. Auditorías ciudadanas independientes que midan desempeño con indicadores reales.
3. Coordinación efectiva con la federación, sin simulaciones ni pleitos entre instancias.
4. Atención integral a víctimas, y no solo protocolos vacíos para cumplir metas.
Las fiscalías hoy no imparten justicia: la administran mal, la negocian o la congelan. Operan bajo una lógica perversa: mientras más ineficientes sean, menos riesgos corren sus titulares. En ese esquema, el crimen gana, las víctimas pierden y la sociedad se acostumbra a que nadie pague por nada.
En México, la justicia no falla por accidente, falla porque a muchos les conviene que no funcione.