La desigualdad en la conectividad
¿Se puede hablar de futuro cuando en nuestro país existen más de 18 millones de personas que no tienen acceso a la conectividad? Eso es más que la población de países como Honduras y El Salvador; esto no es un dato técnico, es una injusticia social. Hoy, estar conectado significa tener acceso a la información, a la educación, al empleo, a la participación democrática. Por eso, cuando discutimos una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, no estamos hablando solo de espectros, concesiones o trámites, estamos hablando de derechos, de desigualdad, del presente y del futuro. Esta nueva ley incorpora principios de inclusión y accesibilidad que durante años se ignoraron.
Finalmente, se reconoce el derecho de niñas y mujeres a acceder a las telecomunicaciones en condiciones de igualdad, se establecen obligaciones concretas para que las personas con discapacidad puedan contar con medidas de accesibilidad digital, diseño inclusivo y comunicación accesible en casos de emergencia; por fin se le da impulso real a las concesiones comunitarias, indígenas y afromexicanas, facilitando su acceso al espectro radioeléctrico.
Estos avances no solo son legales, son profundamente humanos porque democratizar las telecomunicaciones también significa facilitar el acceso a quienes históricamente han sido excluidos. Es inaceptable que México ocupe el lugar 74 de 181 países en el índice de Desarrollo de Banda Ancha de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Desde Movimiento Ciudadano hemos acompañado esta discusión con responsabilidad. Sí, fuimos críticos, señalamos riesgos y omisiones, siempre presentando propuestas y alternativas que empujan los cambios necesarios para proteger y defender los derechos e intereses de los ciudadanos. Gracias a la participación de la sociedad civil, a través de cinco parlamentos abiertos a los cuales asistieron medios de comunicación, académicos y organizaciones de derechos digitales, los cuales aportaron su experiencia y opinión, se lograron cambios importantes como la eliminación del artículo 109 con el que se bloquearían plataformas digitales, así como la sustitución de la super agencia que quería el oficialismo por un órgano colegiado, y se retiró la facultad de la Secretaría de Gobernación que tenía para aprobar cualquier material proveniente del extranjero.
Este es el primer dictamen en la LXVI Legislatura que acepta cambios sustantivos, lo que nos motiva a hacer un llamado para que se tengan más discusiones, escuchando a las y los ciudadanos mediante la figura de parlamento abierto. Nuestra esencia es ser una alternativa que sirva al país en todas las causas que la patria necesita. Hay quienes han querido etiquetar esta iniciativa como una “Ley Espía” y aunque existieron propuestas preocupantes, también es cierto que muchas se corrigieron.
Lo que exigimos y seguiremos exigiendo es que existan límites claros, salvaguardas judiciales y garantías para que esta herramienta no se use como mecanismo de vigilancia política o persecución. Nuestro compromiso es claro, que la tecnología no sea un privilegio, ni una barrera, sino una herramienta para buscar la igualdad.
Seguimos trabajando para que no tengamos más del 30% de los municipios del país siendo clasificados como “zonas de atención prioritaria” en materia de conectividad y que sea un derecho garantizado para todas y todos. Un país verdaderamente conectado no es el que tiene más antenas, sino el que no necesita una para conectarse; es inaceptable que solo el 56% de los hogares en zonas rurales tienen conexión a internet, comparado con más del 85% en zonas urbanas.
Cerrar la brecha digital entre lo rural y lo urbano es una tarea pendiente y estamos ciertos de que este esfuerzo conjunto nos ayudará. Al tiempo.
