Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, firmó su declaración de culpabilidad ante una corte federal en Nueva York. Con ello, abre la puerta a lo que en términos judiciales se conoce como “cooperación anticipada”, es decir: ofrecer información a cambio de beneficios. En otras palabras y obvios términos, está dispuesto a hablar y si habla, más que exponer la red de trasiego de fentanilo, resultará interesante saber quiénes lo protegieron desde el poder político.
Esto genera tensión y hasta ánimo de fractura, pero ¿entre quiénes?, ¿cuáles son esos nombres que harían caer proyectos de gobierno?, ¿hasta dónde?, ¿hasta qué esfera cercana o lejana de quienes hoy ejercen el poder? El crimen organizado en México se caracteriza por su capacidad de infiltrarse en las instituciones y por ello no es igual Ovidio-cómplice que Ovidio-testigo revelando pactos con partidos, campañas o gobiernos.
Su caso se suma a una larga lista de criminales que, una vez capturados y juzgados en Estados Unidos, deciden colaborar. Lo hizo Vicente Zambada, lo hizo Dámaso López. Pero lo que distingue a Ovidio es su apellido, el simbolismo de su captura, el caos que provocó su liberación bajo López Obrador en el “culiacanazo” del 2019. No es cualquier narco: es el heredero visible del Cártel de Sinaloa, y su caída puede arrastrar la de otros que hoy no se identifican como parte del negocio del narco.
Si México no reacciona con seriedad ante esta coyuntura –con fiscalías que investiguen, congresos que exijan cuentas y partidos que limpien sus filas–, lo que podría ser una oportunidad para exponer y desmontar redes de narcopoder, terminará como siempre: con verdades silenciadas y responsabilidades diluidas.
Hasta hoy, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha guardado silencio. No es extraño. Pero ese silencio institucional también es una señal: no hay control sobre lo que Ovidio pueda decir del otro lado de la frontera.