Jonás

La esperadísima Línea 4 del Tren Ligero requerirá mil 200 millones de pesos adicionales. Así lo reconoció el secretario de Infraestructura y Obra Pública del gobierno de Jalisco, David Zamora. Además, reiteró que en el mejor de los casos, la Línea 4 estará operando hasta diciembre de este año.
El tema se ha convertido ya una nueva fuente de molestia para miles de habitantes de Tlajomulco que están esperando la Línea 4 desde finales del año 2024, cuando se presumía que ya debería estar en operaciones.
Sin embargo, es importante señalar cuáles son las etapas faltantes y a quiénes les corresponden las tareas finales, porque David Zamora también avisó que las obras civiles del sistema de transporte quedarán concluidas este mes de julio, y en adelante, será tarea del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), coordinar las pruebas para que el tren esté 100% operativo revisar las obras finales, como la última estación que no estaba contemplada en el proyecto original y que se extenderá hacia San Pedro Tlaquepaque.
Lo primero que debe advertirse es que la estación adicional de la Línea 4 fue un compromiso público de la presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, pero del gobierno federal no ha se aportado ningún recurso económico para la obra. ¿Qué ocurrirá? Lo más seguro es que la Línea 4 empezará a operar conforme el plan original, y durante el año 2026 se empezará la construcción de la infraestructura de la última estación… siempre y cuando la administración que encabeza la presidenta municipal tlaquepaquense, Laura Imelda Pérez Segura, también ejerza presión para que el gobierno federal no se olvide del compromiso.
Por otra parte, se tendrá que construir un muro que divida a la Línea 4 de las instalaciones de Ferrocarriles de México, y será a esta obra a la que destine la mayor parte de los mil 200 millones adicionales.
Al margen de los gastos adicionales, lo que es evidente es que los habitantes de Tlajomulco y de Tlaquepaque en la zona, sufren no sólo la falta de la Línea 4, sino también de los retrasos que provocan las múltiples obras de repavimentación y construcción de nueva infraestructura. 
Ya incumplieron con las fechas. Faltan las pruebas de rodamiento del tren. 
Urge que no se pasen de diciembre.

Mil 200 millones más en la Línea 4

En el Área Conurbada de Guadalajara convivimos con el que ha sido conocido como el río más contaminado de América Latina: el Santiago. Y sigue así.
Ayer en el Congreso del Estado se efectuó una mesa más como parte del diálogo para conformar el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza que debe aplicarse hasta el año 2030, y en esta mesa estuvieron presentes funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Comisión Estatal del Agua.
Diputados de oposición (de los partidos Morena, Futuro, Hagamos), hicieron algunas de las preguntas y señalamientos más críticos en torno de la contaminación de este río, y señalaron como un fracaso que en el sexenio pasado se presumieron inversiones millonarias para sanear el río… algo que no ha ocurrido.
De hecho, en el diálogo entre funcionarios del gobierno estatal y los diputados, se lanzó una presunción sorprendente: En el Estado de Jalisco existen 231 plantas de tratamiento de aguas residuales, pero sólo 142 están en funcionamiento pleno, pero cuentan con la capacidad de hacer el tratamiento de 12.2 metros cúbicos por segundo, lo que supuestamente representa el 93% del total del agua que usan los jaliscienses.
¿Quiero esto decir que las 89 plantas de tratamiento de aguas residuales que no están funcionando sólo tienen capacidad para tratar el 7% del agua que se utiliza para actividades humanas en el Estado?
La afirmación no tiene lógica y es totalmente cuestionable. 
Si como se afirmó en el Congreso, se está dando tratamiento al 93% de las aguas residuales, entonces el Río Santiago habría dejado de ser ya un cuerpo de agua tan contaminado. La realidad es otra. 
En la actual administración federal, se anunció la aplicación de siete mil millones de pesos para el saneamiento del Río Santiago. De hecho, ya se realizó una visita formal en la que estuvo el gobernador Pablo Lemus y se recorrieron varios predios en los que es evidente la contaminación.
Paradójicamente, parte del presupuesto está contemplado para construir nuevas plantas de tratamiento. 
Es evidente que el discurso de funcionarios estatales y federales pasa por la aplicación de recursos económicos para obras que limpien la contaminación, pero está totalmente desfasado de la percepción pública. 
El gobierno estatal encabezado por Pablo Lemus ha determinado cuatro proyectos estratégicos que pasar por rehabilitar varias de las plantas que no funcionan y sanear integralmente las cuencas de San Andrés, Osorio y San Gaspar, además de empujar la restauración de la cuenca de El Ahogado. 
Otra vez, debe esperarse hasta el final del sexenio para corroborar resultados.

La promesa incumplida: sanear el Río Santiago

El hecho generó tremenda sorpresa: Hugo López-Gatell será el representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
El mismo subsecretario de Salud durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, designado por el presidente todopoderoso como el encargado de enfrentar la pandemia de Covid-19 a partir del año 2020.
En medio de la tremenda controversia que generó su trabajo, sus declaraciones, sus decisiones y omisiones, López-Gatell estará por siempre relacionado con las 800 mil muertes atribuidas al Covid-19 durante la pandemia. Sin embargo, justo después de su gestión, se promocionó como aspirante a cargos de elección popular, pero la carga negativa de su nombre era tal, que prefirieron enviarlo a la sombra… por un tiempo.
Aunque siempre se conoció que la entonces jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, estuvo siempre en desacuerdo con las medidas de López-Gatell para atender la pandemia, ayer la ahora presidenta del país confirmó su nombramiento como representante de México ante la OMS. 
Por eso la pregunta: ¿Premio o exilio para el doctor?
Ante las críticas de la oposición en el Senado, que se manifestaron completamente en contra de este nombramiento, inmediatamente salieron a arropar a López-Gatell personajes como Gerardo Fernández Noroña y Saúl Monreal Ávila. Pero eso era de esperarse. 
De López-Gatell, los senadores de Morena pueden esperar agradecimiento, pero al apoyar el nombramiento de la presidenta Sheinbaum (es una facultad que tiene como titular del Ejecutivo), también cultivan su favor para la siguiente cita electoral del año 2027.
Pero más allá de la polémica interna y al margen de que se conozcan las razones que impulsan a la presidenta Sheinbaum a enviar a Hugo López-Gatell a representar al país ante la OMS en Ginebra, Suiza, lo cierto son las condiciones en las que ocurren estos hechos. 
Lo primero a tomar en cuenta es que la OMS se ha convertido en un organismo internacional casi sin eficiencia operativa. El gobierno del presidente Donald Trump lo critica y ha cerrado la puerta para que su país entregue más recursos económicos a la OMS. El resultado ha sido un recorte de personal y de actividades.
La Organización Mundial de la Salud ha quedado en una posición casi representativa y aunque conserva su prestigio en el ámbito médico, su peso seguirá diluyéndose mientras más presupuesto le recorten. 
A este espacio es que llega el nuevo representante del gobierno mexicano, agobiado por la inoperancia de un sistema de salud pública que no puede concretar el abasto de medicamentos y que aunque implementa programas de atención, prácticamente está desmantelado en materia de investigación e innovación.
El sistema público de salud en México ya no es capaz, como sí podía hace algunos años, de mantener una campaña permanente de vacunación para los sectores más vulnerables. 
Esta es la representación que asumirá López-Gatell.

¿Premio o exilio? López-Gatell en la OMS

Desde el viernes de la semana pasada (27 de junio), la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, compartió en sus redes sociales que en Balcones de Oblatos, al Oriente de Guadalajara y concretamente en la calle Hacienda de los Cedros, estaban aplicando un operativo para retirar toneladas de basura; se estimaban 120 toneladas, pero no tenían certeza total. 
La alcaldesa, que se ha caracterizado por enviar un mensaje conciliatorio y de llamando de conciencia, se vio esta vez más en serio: “¡Así no podemos!”.
Aunque ella insiste en que pasó su infancia en el barrio de Talpita, a cinco minutos en auto de este auténtico basurero clandestino, quizá no tenía idea de lo que estaba pasando en ese pequeño barranco de Balcones de Oblatos, a unas pocas cuadras de uno de los centros comerciales más exitosos de la ciudad, “Terraza Oblatos”. Decir basurero es poco.
Para el momento en que había compartido el video, la alcaldesa de Guadalajara tenía a casi 100 personas en un operativo para retirar basura, muebles y cadáveres de mascotas. Para esta ocasión, hasta el tono de voz le cambió: subrayó que no les temblará la mano para aplicar sanciones a quienes impunemente tiran basura y todo tipo de desechos. 
Mencionó incluso la detención de cuatro personas que habían sido encontradas en el acto. 
La verdad, ya se había tardado.
La presidenta Verónica Delgadillo, primera presidenta municipal electa de Guadalajara, ha trabajado durante nueves meses apelando a la buena voluntad de las personas, pero también ha recibido varias veces, los resultados de estudios de opinión en los que la mayoría está de acuerdo con la aplicación de sanciones económicas y administrativas. 
¿Por qué no las han aplicado? ¿Por qué han preferido más el mensaje previsor antes que la sanción que ya consta en los reglamentos? Quizá fue estrategia de relación pública. 
Pero ya no es tiempo.
La presidenta municipal debe mostrar no la mano dura &#8211;nadie le pide que se muestre como una mujer con el enojo a flor de piel— sino la autoridad para aplicar la norma y reconocer a quienes actúan correctamente, pero más la autoridad para sancionar a quienes van en contra de la reglamentación. 
Las autoridades políticas suelen confundir el ejercicio de la autoridad con la conveniencia de la simpatía pública. Sancionar a quiene tiran basura no quita votos, quizá reafirma el prestigio. 
Ya es tiempo.

Sancionar para resolver los tiraderos de basura

Esta semana, entre varios temas que reclamaron por sí mismos su prioridad en la agenda política y mediática, hay uno que no puede dejar de abordarse en “Al buen entendedor”: la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una reforma electoral para limitar al Instituto Nacional Electoral (INE), disminuir el presupuesto a los partidos políticos y proponer una reducción de legisladores por la vía de representación proporcional.
De inicio, el motivo es preocupante porque la presidenta Sheinbaum comenzó por advertir que varios consejeros electorales indicaron públicamente que muchos de los votos emitidos en la elección judicial del 1 de junio no debían haberse contabilizado. Para la presidenta constituyó un abuso e interpretó (así lo dijo en su rueda de prensa mañanera) que tienen consigna contra las propuestas oficialistas del gobierno federal.
La presidenta –disculpe– se equivoca. Parte de la esencia misma del INE y de los integrantes del Consejo General que lo preside, es la autonomía de opinión y de acción. Una de las instituciones más normadas en el país es precisamente el INE, que tiene obligaciones y facultades puntualísimas.
Si uno o varios consejeros opinan en un sentido o en otro, debe garantizárseles la facultad de hacerlo. Precisamente porque se prevé que en un órgano colegiado puede haber diferencias es que se realizan votaciones en las que la mayoría se impone a la minoría para tomar decisiones.
Si la presidenta parte del ánimo de restringir al INE, ya estamos ante un mal presagio en la reforma. 
Por otra parte, también anunció su propósito de reducir el costo de las elecciones, es decir, recortar el presupuesto al INE. Eso, hay que aclararlo, significaría abaratar la elección, sí, pero también hacerla menos confiable. ¿Ya estamos preparados en México para que los procesos electorales sean más sencillos, menos vigilados porque hay respeto e igualdad de circunstancias? Claramente no. Reducir el presupuesto para las elecciones provocará, directamente, darle ventaja a Morena y sus candidatos para ganar la mayoría de procesos. ¿Es lo que se necesita en México? En Morena es obvio que sí.
Finalmente, reducir prerrogativas a los partidos y quitar diputados y senadores plurinominales es algo que ha exigido la mayoría de los mexicanos durante décadas. Esa propuesta tiene garantizados los aplausos. Peeeero… ojo, esto ya lo había proyectado Andrés Manuel López Obrador y no consiguió que se lo aprobaran porque no había en la Cámara de Diputados una mayoría como la actual. Si esa parte de la reforma también se llegara a aplicar, los diputados y senadores de Morena serían mayoría de manera permanente.
La reforma de Sheinbaum, aún no presentada ni elaborada, pero ya anunciada, está proyectada para llevarnos a un total monopartidismo. El país quedaría en manos de un partido: Morena. 
El fin de la democracia.

Reforma electoral: ¿hay que temer lo peor?

¿Qué es verdad y qué es mentira? Ese parece ser el dilema permanente a resolver en Palacio Nacional y en el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la relación con el gobierno de Donald Trump.
Ayer, en una coincidencia que en condiciones normales no sería otra cosa que una anécdota –pero no vivimos en “condiciones normales” – la presidenta de nuestro país apoyó un discurso en favor de los migrantes en Estados Unidos pronunciado por el conocido actor Diego Luna en un show televisivo, y lo hizo en su rueda de prensa mañanera. Pero más tarde, la fiscal general estadounidense incluyó a México en la lista de “adversarios extranjeros”, junto con Irán, China y Rusia.
¿Dónde lo dijo? Nada menos que en una audiencia ante el Comité de Apropiaciones del Senado, en la que se discutió el presupuesto 2026. 
Lo que no parecen haber entendido en Palacio Nacional es que hasta las declaraciones más superficiales están siendo consignadas y anotadas por los integrantes del círculo cercano del presidente Donald Trump. ¿Creen que fue accidente la respuesta de Christopher Landau, subsecretario de Estado, a una integrante de Morena en Jalisco que se burló del retiro de las visas?
Justo en este espacio revisábamos al iniciar la semana el dilema que debe resolverse en el gobierno federal de México, principal socio comercial de los Estados Unidos, después que éste atacó a Irán en una escala de violencia en Oriente Medio. ¿Cómo mantener la postura pacifista de México ante la beligerancia norteamericana?
En estos días, lo que parece broma alcanza el rango de diplomacia internacional. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, llamó a Donald Trump “papito”, en medio de un discurso elogioso por su ataque a Irán. Esto ocurrió justo después que los gobiernos europeos que integran la OTAN, acordaron subir en 5% de su PIB, la inversión en armamentos… justo como lo exigió el presidente norteamericano.
¿Donald Trump tiene razón en todo lo que exige y realiza? Evidentemente no. Ningún jefe de Estado está permanentemente en el acierto. 
Pero se trata del presidente de los Estados Unidos. 
¿El gobierno mexicano está de acuerdo con ser considerado “adversario extranjero” por la fiscal general estadounidense en un evento oficial ante el Senado?
Habría que preguntarle a Marcelo Ebrard, el secretario de Economía que lleva meses tratando de negociar que no apliquen aranceles y buscando aliados estadounidenses para la revisión del T-MEC. También habría que preguntárselo al canciller Juan Ramón de la Fuente y al embajador mexicano en Washington, Esteban Moctezuma. 
Los integrantes del equipo de la presidenta deberían comportarse menos como el senador Fernández Noroña y más, como miembros de un gobierno bajo asedio.

Sorpresa: México “adversario extranjero” de EU

En el trajín de las actividades en la Cámara de Diputados, en un período extraordinario de sesiones en el que la mayoría de Morena y sus aliados (Partido Verde y Partido del Trabajo) deciden qué es importante y qué no, se aprobó una reforma en materia de seguridad que abarca a la Guardia Nacional y que implica, también, abrir la puerta para que militares en ejercicio puedan ser candidatos a cargos de elección con el permiso de sus autoridades militares.
En el gobierno federal y entre los diputados morenistas que obedecen los dictados del coordinador Ricardo Monreal, se desacreditó cualquier señalamiento sobre ese punto.
Pero no es un tema menor ni una redacción perdida entre las reformas. 
Abrir la puerta para que quienes son militares puedan acceder a candidaturas de elección, es regresar por completo a la etapa histórica del México revolucionario.
Hoy, con el personal militar (sobre todo sus superiores) ocupando tareas en las que son titulares de aeropuertos, aduanas, construcción de infraestructura (Tren Maya y carreteras) y responsabilidades que se acumulan, ha quedado casi en el olvido la cuestión de “regresarlos a sus cuarteles”, como lo prometió el ex presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Ha ocurrido justamente lo contrario.
Y debe quedar claro: los militares mexicanos no son enemigos de los demás mexicanos. Pero también es verdad que el poder, el acceso a los recursos públicos, corrompe a las élites. ¿Necesitamos más pruebas que lo que ha pasado en México a lo largo de los siglos? 
Los militares mexicanos no necesitan, no lo han pedido, tener espacio para competir por escaños en la Cámara de Diputados, en el Senado.
No han solicitado ser candidatos a presidentes municipales, gobernadores… o a la presidencia de la república. 
El tema no debe colocarse en el terreno de la discusión pública. 
La república mexicana lleva al menos un sexenio y lo que va del presidente, en un ambiente de polarización en que se reviven revanchas políticas y sociales.
Quizá a las nuevas generaciones se les haya olvidado lo difícil que fue quitarle a la clase militar el ejercicio del poder. Será muy complicado limitar las nuevas funciones que ahora les han sido otorgadas. 
Que el López Obrador en su período previo a la presidencia haya ofrecido regresarlos a los cuarteles no fue gratuito; obedecía a razones históricas. Que hoy, desde la dominación completa del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, estén obsequiando abrir los espacios a las elecciones, es retornar a un conflicto que se había superado en la década de los años 50 del siglo pasado.

Reforma para que militares sean candidatos

La reciente confrontación militar entre Israel e Irán, con la intempestiva participación de los Estados Unidos, puede convertirse en uno de los más emblemáticos casos de uso de las redes sociales como instrumento de guerra. Hasta ayer por la noche, después de haber ordenado el bombardeo de instalaciones nucleares en suelo iraní, el presidente estadounidense Donald Trump anunció también que ya había paz y que se había firmado un acuerdo de cese al fuego.
La sorpresa fue mayúscula. El anuncio del presidente estadounidense ocurría apenas unas horas después de que las milicias iraníes lanzaran misiles contra bases militares norteamericanas instaladas en Qatar e Irak.
Poco después de que el presidente declaró el fin del conflicto militar en su cuenta de “Truth Social”, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Aragchi precisó: “No hay un acuerdo sobre un alto el fuego ni un cese de operaciones” con Israel. Sin embargo, si las agresiones concluyen antes de las 4:00 de la mañana, también los iraníes detendrían sus ataques. 
Eso es muy diferente.
Al margen de lo que ocurra en tierra y de las decisiones militares de los dos países, lo que sorprende es el manejo de la comunicación por parte del presidente mismo de los Estados Unidos. Él encabeza la narrativa internacional y lanza mensajes que, obviamente, se destinan a sus simpatizantes en Estados Unidos y al público internacional que no está enterado de la realidad.
Seguramente, ningún gobierno mundial, ningún organismo internacional como la ONU o la OTAN, pueden creer un mensaje en una red social que se adelante a la información de dos gobiernos que oficialmente, se confrontan en una guerra que preocupa al mundo y causa estragos económicos, al margen de la pérdida de vidas humanas y la destrucción de infraestructura.
¿A quién pretende sorprender el presidente de los Estados Unidos?
Por lo pronto, en su estrategia de comunicación –en la que se pueden descubrir incongruencias, promesas incumplidas y verdades a medias– toma la delantera a los jefes de Estado y a las democracias del mundo (incluida la de México) que siguen mudas y sin reaccionar ante un proceso bélico que va mucho más allá de ejércitos y armamento. 
Donald Trump lleva la guerra a otro nivel: el de la comunicación y las redes sociales. Seguro esta vez hasta Vladimir Putin le aplaudirá, pragmáticamente, la ventaja lograda. 
Ya después vendrá el recuento de los daños.

Trump anuncia cese al fuego e Irán lo desmiente

Eduardo González Velázquez

De la ciudadanía a la mitad a la ciudadanía de un cuarto

Atxiri Hernández

No importa que el tiempo pase; la historia de am(horr)or de Sasha Sokol

Mi pecho no es bodega

La detención de Julio César Chávez Jr., el hijo de la leyenda mexicana del boxeo, es una de esas “noticias bomba” que de inmediato se convierten en titulares en todos los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Pero qué hay detrás? ¿Simplemente una orden de aprehensión como confirmó la Fiscalía General de la República (FGR)? ¿Una orden emitida ¡en marzo de 2023!, cuando el fallido boxeador ha circulado libremente en los Estados Unidos y aparte, acaba de participar en una pelea anunciada y televisada con un conocido influencer? 
No, hay más cosas detrás. 
Primero, hay que decir que Julio César Chávez Junior llega a este momento de su vida dejando detrás una larguísima estela de escándalos y conflictos con las autoridades. 
Su vida sentimental (está casado con una mujer que fue pareja de un hijo del “Chapo” Guzmán), sus adicciones y sus públicos conflictos con su famoso padre, lo convirtieron en invitado permanente de los espacios de cotilleo y farándula. 
Pero su apresamiento en este momento permite otras lecturas. Fue detenido y encadenado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que actualmente practican redades contra migrantes en varias de las más importantes ciudades de los Estados Unidos. Argumentaron que está relacionado con el crimen organizado, el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos, y por si faltaran más delitos, lo asocian con el Cártel de Sinaloa. 
Con ese listado de acusaciones, al joven Chávez le esperaría un escandaloso juicio y una condena de muchos años en alguna cárcel de mediana o máxima seguridad. Pero no, en lugar de ello, lo enviarán a México en lo que denominaron una “deportación acelerada”, porque en nuestro país –como confirmó la FGR– se ordenó detenerlo hace dos años por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas. 
A partir de estos señalamientos, la historia se convierte en una colección de absurdos y contradicciones. 
Julio César Chávez Jr., por más que haya echado a la basura una prometedora carrera en el boxeo profesional y arrastre el ilustre apellido de su padre, es una figura muy reconocida para los mexicanos y latinos que viven en los Estados Unidos. Su detención es otro mensaje para los migrantes que ya están en territorio estadounidense o que aspiran a llegar allá alguna vez. 
Su deportación a nuestro país se debió, seguramente, a un acuerdo extraoficial con autoridades mexicanas, obligadas a acatar este acuerdo en el marco de la “colaboración sin sumisión” que priva en la relación bilateral des que el presidente Donald Trump asumió el poder. 
Ahora queda ver qué pasará con Julio César y su nuevo episodio de vida, ahora como arrestado en México.
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*Las opiniones y contenidos en este texto son responsabilidad total del autor y no de este medio de comunicación.

Detrás del arresto de Julio César Chávez Jr.