El oro, la impunidad y el crimen: La ecuación perfecta en Jalisco

El reciente robo de 33 toneladas de oro en el Estado de Jalisco no es un hecho aislado, sino el síntoma visible de una enfermedad sistémica: la impunidad estructural que impera en el país. Este delito, valuado en millones de dólares, se ejecutó con una precisión que remite más a una operación militar que a un crimen improvisado. Las primeras investigaciones sugieren infiltración institucional y posible complicidad interna, lo que vuelve a colocar bajo la lupa a las autoridades de los tres niveles de gobierno en el Estado.

El robo se habría cometido en un punto de traslado minero bajo resguardo de seguridad privada armada; ni la Fiscalía General de la República ni la Fiscalía del Estado han emitido avances sustanciales. La Guardia Nacional, por su parte, se ha limitado a un operativo de contención sin resultados. A la fecha, no hay detenidos, ni aseguramientos y el oro simplemente desapareció. Eso es Jalisco, tierra de impunidad y de oportunidad para los criminales.

Jalisco es uno de los principales bastiones del crimen organizado, el cual ha sofisticado su estructura hasta tener capacidades equiparables a las de un ejército. En la región, el crimen organizado controla rutas logísticas, infiltra instituciones y utiliza tecnología de punta para vigilar y operar, incluso en zonas industriales y mineras. La posibilidad de que estén detrás del robo no solo es factible, sino lógica, obviamente con la complicidad de los empleados.

De acuerdo con datos del Índice Global de Impunidad México 2023, Jalisco ocupa uno de los primeros lugares en cuanto a la baja capacidad investigativa y la alta tasa de impunidad. Por cada 100 delitos que se cometen en la Entidad, menos de 7 llegan a una sentencia. En 2024, los robos con violencia aumentaron un 18.2%, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que la tasa de judicialización de carpetas apenas alcanza el 5.3 por ciento.

Lo anterior se traduce en una fiscalía saturada, con poco personal capacitado y con limitadas capacidades forenses y tecnológicas, lo que impide una reacción efectiva ante delitos de alto impacto como el ocurrido recientemente.
México es actualmente uno de los países más riesgosos para invertir en minería, logística y transporte de mercancías valiosas. El índice de competitividad global 2024 coloca al país en la posición 60 de 141, y una de las principales razones es la falta de seguridad material y jurídica. El robo de las treinta y tres toneladas de oro es una señal de alarma que afecta no solo a Jalisco, sino a todo el país.

En México, la justicia no llega al que más lo necesita, sino al que más poder tiene para obtenerla o evadirla. El robo de oro no solo representa una pérdida económica, sino una pérdida simbólica de confianza ciudadana. La narrativa oficial vuelve a evadir responsabilidades, mientras los criminales siguen operando sin consecuencia alguna.
La regla no escrita aquí es clara: cuando el Estado no impone el orden, lo hacen otros. Y esos otros, no responden a la ley.