Jonás

El pasado fin de semana, el secretario de Seguridad del gobierno federal, Omar García Harfuch, anunció junto con el fiscal general del país, Alejandro Gertz Manero, y mandos militares, la aplicación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. El proyecto llega tarde, pero finalmente hay al menos un acuerdo en ese sentido.
Por la presidencia de la república han pasado personajes que surgieron de Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y ahora Morena, y siempre se supo que desde las cárceles estatales y federales se ha practicado la extorsión telefónica. Pero no se ha aplicado una estrategia nacional para detenerla.
El delito de la extorsión, ciertamente, no se practica sólo por teléfono. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024 del INEGI, la cifra negra de la extorsión (la que no se denuncia) es de 96.7%, una de las más altas en el espectro delictivo. Un año antes, en 2023, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la tasa de extorsión fue de 7.9 casos por cada 100 mil habitantes.
Al hacer el anuncio, el mismo García Harfuch reconoció que la extorsión es uno de los delitos más dañinos socialmente, porque afecta de manera directa el patrimonio de las personas con menos recursos, Es casi imposible perseguirlo con las herramientas actuales. No es casualidad que casi el total de las víctimas no presenten denuncia ni le den seguimiento.
En un rápido análisis sobre las reformas que se han presentado y aprobado en los últimos años para el combate de los delitos y la inseguridad en México, podemos encontrar por ejemplo, la creación de la Guardia Nacional y hace apenas unos días, la aprobación de una última reforma para que ésta quede oficialmente bajo la administración de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Se han hecho también, reformas al Código Penal Federal y a numerosos códigos penales en los estados. El razonamiento inmediato de los legisladores es que a mayor incidencia de un delito, deben incrementarse el tiempo de prisión y la sanción económica, pero no hay indicios claros de que eso modifique la comisión de delitos.
Entre tantos intentos de corregir la delincuencia con reformas, prácticamente no se ha tocado el sistema penitenciario. ¿Cómo es posible que durante años se haya sabido que en los centros penitenciarios estatales y federales operan “call centers” desde donde extorsionan a las personas y no se hayan erradicado? Existen los denominados “autogobiernos” que pueden constituir una de las muchas explicaciones, porque no hay respuesta única.
En la nueva estrategia contra la extorsión, se prevén cinco ejes: 
1. Detenciones con base en investigación e inteligencia. 
2. Creación de unidades antiextorsión estatales. 
3. Aplicación del Protocolo Nacional de Atención a Víctimas. 
4. Capacitación de operadores del número 089 en manejo de crisis y negociación. 
5. Campaña nacional de prevención y sensibilización. 
Dato adicional que no podemos ignorar: Jalisco figura entre los siete estados del país donde más extorsiones se cometen, junto con Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Guerrero y Veracruz. 
Tanto la FGR como la Secretaría de Seguridad tienen ya un diagnóstico. Es facilísimo apuntar al primer lugar donde se gestan extorsiones telefónicas: los centros penitenciarios.

Por fin, una Estrategia Nacional contra la Extorsión

Uno de los hombres más sorprendentes, creativos y exitosos de este siglo (y de muchos siglos más), Elon Musk, ha lanzado un nuevo reto en la ruta de su confrontación con el presidente Donald Trump: crear un nuevo partido político en los Estados Unidos para competir por el poder y derrotar no a Trump, sino a la élite de poder que ha llegado con él a Washington. 
Donald Trump, fiel a su discurso, consideró “ridículo” el anuncio de Elon Musk, hasta hace unas semanas uno de sus aliados más poderosos.
Pero en su fuero interno sabe que si hay un personaje que pueda emprender un reto de ese tamaño y tener posibilidades de éxito, es Musk, que fue su principal donador interno durante la campaña presidencial. 
Más allá de la historia rocambolesca entre los dos personajes que rebasan todos los márgenes de normalidad, es interesante observar la posibilidad: ¿es posible un tercer partido político en Estados Unidos? 
De entrada, prácticamente durante toda la historia reciente de Estados Unidos ha habido otros partidos políticos, pero su existencia ha pasado inadvertida en el mundo y para la mayoría de los estadounidenses.
En todas las elecciones estadounidenses se presentan candidatos y candidatas no postulados por los tradicionales partidos Demócrata y Republicano. Algunos, evidentemente una minoría, han conseguido ganar elecciones en espacios locales, pero han desaparecido con el tiempo.
El caso más sonado de un personaje que luchó por el poder sin ser postulado por republicanos o demócratas fue el empresario Ross Perot, tan excéntrico como Musk y Trump.
Multimillonario y enfadado –como muchos en su tiempo– con los proyectos de gobierno de republicanos y demócratas, se postuló como candidato presidencial independiente en 1992 y meses antes de las elecciones tenía 39% de las preferencias. Se retiró repentinamente de la carrera electoral y en las últimas semanas regresó. En la elección, obtuvo el 19% de los votos, una cifra considerable que sin embargo, no determinó ningún cambio. 
Perot fundó después el Partido Reformista pero no tuvo éxito. Las causas que lo habían llevado a la ola de la popularidad se evaporaron con el tiempo.
¿Qué es diferente en esta ocasión? 
El análisis puede ser complejo y profundo, pero los elementos más evidentes e inmediatos son los siguientes: 
Estados Unidos vive una auténtica crisis para la que no han tenido respuesta ni republicanos ni demócratas. Una señal clara de que el Partido Republicano no está representado en la administración Trump, es que se generó una gran división en la aprobación del proyecto fiscal. 
El movimiento “trumpista” representa la parte más radical del movimiento republicano. Ningún partido político que pretenda tener éxito en el tiempo, puede entregarle el control a los movimientos extremistas. 
El Partido Democrática ha quedado congelado. Se menciona que está atrapado entre dos liderazgos: los Clinton y los Obama. No ha tenido capacidad de renovación.
Elon Musk y el Partido de América pueden ser, con una estrategia de largo aliento y el uso de los recursos tecnológicos que posee Musk, además de una propuesta estructurada que responda a las urgencias sociales y ofrezca resultados, sería la respuesta para los millones de estadounidenses que no se reflejan en el gobierno radical de Trump. 
Es cuestión de esperar unas semanas y observar el proceso.

Elon Musk y un tercer partido político en EU

La detención de Julio César Chávez Jr., el hijo de la leyenda mexicana del boxeo, es una de esas “noticias bomba” que de inmediato se convierten en titulares en todos los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Pero qué hay detrás? ¿Simplemente una orden de aprehensión como confirmó la Fiscalía General de la República (FGR)? ¿Una orden emitida ¡en marzo de 2023!, cuando el fallido boxeador ha circulado libremente en los Estados Unidos y aparte, acaba de participar en una pelea anunciada y televisada con un conocido influencer? 
No, hay más cosas detrás. 
Primero, hay que decir que Julio César Chávez Junior llega a este momento de su vida dejando detrás una larguísima estela de escándalos y conflictos con las autoridades. 
Su vida sentimental (está casado con una mujer que fue pareja de un hijo del “Chapo” Guzmán), sus adicciones y sus públicos conflictos con su famoso padre, lo convirtieron en invitado permanente de los espacios de cotilleo y farándula. 
Pero su apresamiento en este momento permite otras lecturas. Fue detenido y encadenado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que actualmente practican redades contra migrantes en varias de las más importantes ciudades de los Estados Unidos. Argumentaron que está relacionado con el crimen organizado, el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos, y por si faltaran más delitos, lo asocian con el Cártel de Sinaloa. 
Con ese listado de acusaciones, al joven Chávez le esperaría un escandaloso juicio y una condena de muchos años en alguna cárcel de mediana o máxima seguridad. Pero no, en lugar de ello, lo enviarán a México en lo que denominaron una “deportación acelerada”, porque en nuestro país –como confirmó la FGR– se ordenó detenerlo hace dos años por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas. 
A partir de estos señalamientos, la historia se convierte en una colección de absurdos y contradicciones. 
Julio César Chávez Jr., por más que haya echado a la basura una prometedora carrera en el boxeo profesional y arrastre el ilustre apellido de su padre, es una figura muy reconocida para los mexicanos y latinos que viven en los Estados Unidos. Su detención es otro mensaje para los migrantes que ya están en territorio estadounidense o que aspiran a llegar allá alguna vez. 
Su deportación a nuestro país se debió, seguramente, a un acuerdo extraoficial con autoridades mexicanas, obligadas a acatar este acuerdo en el marco de la “colaboración sin sumisión” que priva en la relación bilateral des que el presidente Donald Trump asumió el poder. 
Ahora queda ver qué pasará con Julio César y su nuevo episodio de vida, ahora como arrestado en México.
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*Las opiniones y contenidos en este texto son responsabilidad total del autor y no de este medio de comunicación.

Detrás del arresto de Julio César Chávez Jr.

La esperadísima Línea 4 del Tren Ligero requerirá mil 200 millones de pesos adicionales. Así lo reconoció el secretario de Infraestructura y Obra Pública del gobierno de Jalisco, David Zamora. Además, reiteró que en el mejor de los casos, la Línea 4 estará operando hasta diciembre de este año.
El tema se ha convertido ya una nueva fuente de molestia para miles de habitantes de Tlajomulco que están esperando la Línea 4 desde finales del año 2024, cuando se presumía que ya debería estar en operaciones.
Sin embargo, es importante señalar cuáles son las etapas faltantes y a quiénes les corresponden las tareas finales, porque David Zamora también avisó que las obras civiles del sistema de transporte quedarán concluidas este mes de julio, y en adelante, será tarea del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), coordinar las pruebas para que el tren esté 100% operativo revisar las obras finales, como la última estación que no estaba contemplada en el proyecto original y que se extenderá hacia San Pedro Tlaquepaque.
Lo primero que debe advertirse es que la estación adicional de la Línea 4 fue un compromiso público de la presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, pero del gobierno federal no ha se aportado ningún recurso económico para la obra. ¿Qué ocurrirá? Lo más seguro es que la Línea 4 empezará a operar conforme el plan original, y durante el año 2026 se empezará la construcción de la infraestructura de la última estación… siempre y cuando la administración que encabeza la presidenta municipal tlaquepaquense, Laura Imelda Pérez Segura, también ejerza presión para que el gobierno federal no se olvide del compromiso.
Por otra parte, se tendrá que construir un muro que divida a la Línea 4 de las instalaciones de Ferrocarriles de México, y será a esta obra a la que destine la mayor parte de los mil 200 millones adicionales.
Al margen de los gastos adicionales, lo que es evidente es que los habitantes de Tlajomulco y de Tlaquepaque en la zona, sufren no sólo la falta de la Línea 4, sino también de los retrasos que provocan las múltiples obras de repavimentación y construcción de nueva infraestructura. 
Ya incumplieron con las fechas. Faltan las pruebas de rodamiento del tren. 
Urge que no se pasen de diciembre.

Mil 200 millones más en la Línea 4

En el Área Conurbada de Guadalajara convivimos con el que ha sido conocido como el río más contaminado de América Latina: el Santiago. Y sigue así.
Ayer en el Congreso del Estado se efectuó una mesa más como parte del diálogo para conformar el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza que debe aplicarse hasta el año 2030, y en esta mesa estuvieron presentes funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Comisión Estatal del Agua.
Diputados de oposición (de los partidos Morena, Futuro, Hagamos), hicieron algunas de las preguntas y señalamientos más críticos en torno de la contaminación de este río, y señalaron como un fracaso que en el sexenio pasado se presumieron inversiones millonarias para sanear el río… algo que no ha ocurrido.
De hecho, en el diálogo entre funcionarios del gobierno estatal y los diputados, se lanzó una presunción sorprendente: En el Estado de Jalisco existen 231 plantas de tratamiento de aguas residuales, pero sólo 142 están en funcionamiento pleno, pero cuentan con la capacidad de hacer el tratamiento de 12.2 metros cúbicos por segundo, lo que supuestamente representa el 93% del total del agua que usan los jaliscienses.
¿Quiero esto decir que las 89 plantas de tratamiento de aguas residuales que no están funcionando sólo tienen capacidad para tratar el 7% del agua que se utiliza para actividades humanas en el Estado?
La afirmación no tiene lógica y es totalmente cuestionable. 
Si como se afirmó en el Congreso, se está dando tratamiento al 93% de las aguas residuales, entonces el Río Santiago habría dejado de ser ya un cuerpo de agua tan contaminado. La realidad es otra. 
En la actual administración federal, se anunció la aplicación de siete mil millones de pesos para el saneamiento del Río Santiago. De hecho, ya se realizó una visita formal en la que estuvo el gobernador Pablo Lemus y se recorrieron varios predios en los que es evidente la contaminación.
Paradójicamente, parte del presupuesto está contemplado para construir nuevas plantas de tratamiento. 
Es evidente que el discurso de funcionarios estatales y federales pasa por la aplicación de recursos económicos para obras que limpien la contaminación, pero está totalmente desfasado de la percepción pública. 
El gobierno estatal encabezado por Pablo Lemus ha determinado cuatro proyectos estratégicos que pasar por rehabilitar varias de las plantas que no funcionan y sanear integralmente las cuencas de San Andrés, Osorio y San Gaspar, además de empujar la restauración de la cuenca de El Ahogado. 
Otra vez, debe esperarse hasta el final del sexenio para corroborar resultados.

La promesa incumplida: sanear el Río Santiago

El hecho generó tremenda sorpresa: Hugo López-Gatell será el representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
El mismo subsecretario de Salud durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, designado por el presidente todopoderoso como el encargado de enfrentar la pandemia de Covid-19 a partir del año 2020.
En medio de la tremenda controversia que generó su trabajo, sus declaraciones, sus decisiones y omisiones, López-Gatell estará por siempre relacionado con las 800 mil muertes atribuidas al Covid-19 durante la pandemia. Sin embargo, justo después de su gestión, se promocionó como aspirante a cargos de elección popular, pero la carga negativa de su nombre era tal, que prefirieron enviarlo a la sombra… por un tiempo.
Aunque siempre se conoció que la entonces jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, estuvo siempre en desacuerdo con las medidas de López-Gatell para atender la pandemia, ayer la ahora presidenta del país confirmó su nombramiento como representante de México ante la OMS. 
Por eso la pregunta: ¿Premio o exilio para el doctor?
Ante las críticas de la oposición en el Senado, que se manifestaron completamente en contra de este nombramiento, inmediatamente salieron a arropar a López-Gatell personajes como Gerardo Fernández Noroña y Saúl Monreal Ávila. Pero eso era de esperarse. 
De López-Gatell, los senadores de Morena pueden esperar agradecimiento, pero al apoyar el nombramiento de la presidenta Sheinbaum (es una facultad que tiene como titular del Ejecutivo), también cultivan su favor para la siguiente cita electoral del año 2027.
Pero más allá de la polémica interna y al margen de que se conozcan las razones que impulsan a la presidenta Sheinbaum a enviar a Hugo López-Gatell a representar al país ante la OMS en Ginebra, Suiza, lo cierto son las condiciones en las que ocurren estos hechos. 
Lo primero a tomar en cuenta es que la OMS se ha convertido en un organismo internacional casi sin eficiencia operativa. El gobierno del presidente Donald Trump lo critica y ha cerrado la puerta para que su país entregue más recursos económicos a la OMS. El resultado ha sido un recorte de personal y de actividades.
La Organización Mundial de la Salud ha quedado en una posición casi representativa y aunque conserva su prestigio en el ámbito médico, su peso seguirá diluyéndose mientras más presupuesto le recorten. 
A este espacio es que llega el nuevo representante del gobierno mexicano, agobiado por la inoperancia de un sistema de salud pública que no puede concretar el abasto de medicamentos y que aunque implementa programas de atención, prácticamente está desmantelado en materia de investigación e innovación.
El sistema público de salud en México ya no es capaz, como sí podía hace algunos años, de mantener una campaña permanente de vacunación para los sectores más vulnerables. 
Esta es la representación que asumirá López-Gatell.

¿Premio o exilio? López-Gatell en la OMS

Desde el viernes de la semana pasada (27 de junio), la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, compartió en sus redes sociales que en Balcones de Oblatos, al Oriente de Guadalajara y concretamente en la calle Hacienda de los Cedros, estaban aplicando un operativo para retirar toneladas de basura; se estimaban 120 toneladas, pero no tenían certeza total. 
La alcaldesa, que se ha caracterizado por enviar un mensaje conciliatorio y de llamando de conciencia, se vio esta vez más en serio: “¡Así no podemos!”.
Aunque ella insiste en que pasó su infancia en el barrio de Talpita, a cinco minutos en auto de este auténtico basurero clandestino, quizá no tenía idea de lo que estaba pasando en ese pequeño barranco de Balcones de Oblatos, a unas pocas cuadras de uno de los centros comerciales más exitosos de la ciudad, “Terraza Oblatos”. Decir basurero es poco.
Para el momento en que había compartido el video, la alcaldesa de Guadalajara tenía a casi 100 personas en un operativo para retirar basura, muebles y cadáveres de mascotas. Para esta ocasión, hasta el tono de voz le cambió: subrayó que no les temblará la mano para aplicar sanciones a quienes impunemente tiran basura y todo tipo de desechos. 
Mencionó incluso la detención de cuatro personas que habían sido encontradas en el acto. 
La verdad, ya se había tardado.
La presidenta Verónica Delgadillo, primera presidenta municipal electa de Guadalajara, ha trabajado durante nueves meses apelando a la buena voluntad de las personas, pero también ha recibido varias veces, los resultados de estudios de opinión en los que la mayoría está de acuerdo con la aplicación de sanciones económicas y administrativas. 
¿Por qué no las han aplicado? ¿Por qué han preferido más el mensaje previsor antes que la sanción que ya consta en los reglamentos? Quizá fue estrategia de relación pública. 
Pero ya no es tiempo.
La presidenta municipal debe mostrar no la mano dura &#8211;nadie le pide que se muestre como una mujer con el enojo a flor de piel— sino la autoridad para aplicar la norma y reconocer a quienes actúan correctamente, pero más la autoridad para sancionar a quienes van en contra de la reglamentación. 
Las autoridades políticas suelen confundir el ejercicio de la autoridad con la conveniencia de la simpatía pública. Sancionar a quiene tiran basura no quita votos, quizá reafirma el prestigio. 
Ya es tiempo.

Sancionar para resolver los tiraderos de basura

Esta semana, entre varios temas que reclamaron por sí mismos su prioridad en la agenda política y mediática, hay uno que no puede dejar de abordarse en “Al buen entendedor”: la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una reforma electoral para limitar al Instituto Nacional Electoral (INE), disminuir el presupuesto a los partidos políticos y proponer una reducción de legisladores por la vía de representación proporcional.
De inicio, el motivo es preocupante porque la presidenta Sheinbaum comenzó por advertir que varios consejeros electorales indicaron públicamente que muchos de los votos emitidos en la elección judicial del 1 de junio no debían haberse contabilizado. Para la presidenta constituyó un abuso e interpretó (así lo dijo en su rueda de prensa mañanera) que tienen consigna contra las propuestas oficialistas del gobierno federal.
La presidenta –disculpe– se equivoca. Parte de la esencia misma del INE y de los integrantes del Consejo General que lo preside, es la autonomía de opinión y de acción. Una de las instituciones más normadas en el país es precisamente el INE, que tiene obligaciones y facultades puntualísimas.
Si uno o varios consejeros opinan en un sentido o en otro, debe garantizárseles la facultad de hacerlo. Precisamente porque se prevé que en un órgano colegiado puede haber diferencias es que se realizan votaciones en las que la mayoría se impone a la minoría para tomar decisiones.
Si la presidenta parte del ánimo de restringir al INE, ya estamos ante un mal presagio en la reforma. 
Por otra parte, también anunció su propósito de reducir el costo de las elecciones, es decir, recortar el presupuesto al INE. Eso, hay que aclararlo, significaría abaratar la elección, sí, pero también hacerla menos confiable. ¿Ya estamos preparados en México para que los procesos electorales sean más sencillos, menos vigilados porque hay respeto e igualdad de circunstancias? Claramente no. Reducir el presupuesto para las elecciones provocará, directamente, darle ventaja a Morena y sus candidatos para ganar la mayoría de procesos. ¿Es lo que se necesita en México? En Morena es obvio que sí.
Finalmente, reducir prerrogativas a los partidos y quitar diputados y senadores plurinominales es algo que ha exigido la mayoría de los mexicanos durante décadas. Esa propuesta tiene garantizados los aplausos. Peeeero… ojo, esto ya lo había proyectado Andrés Manuel López Obrador y no consiguió que se lo aprobaran porque no había en la Cámara de Diputados una mayoría como la actual. Si esa parte de la reforma también se llegara a aplicar, los diputados y senadores de Morena serían mayoría de manera permanente.
La reforma de Sheinbaum, aún no presentada ni elaborada, pero ya anunciada, está proyectada para llevarnos a un total monopartidismo. El país quedaría en manos de un partido: Morena. 
El fin de la democracia.

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Este 08 de julio de 2025, se dictó sentencia de 141 años y tres meses de prisión contra los 10 hombres detenidos en el Rancho Izaguirre, de Teuchitlán, Jalisco, el pasado mes de septiembre de 2024. Además de la histórica sentencia, deberán pagar 1.3 millones de pesos por concepto de reparación del daño. Los 10 condenados fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional y de acuerdo con la carpeta de investigación, tenían en su poder dentro de la finca a dos personas que fueron liberadas, además de que se encontró el cadáver de una persona durante el operativo. Los delitos por los que fueron todos condenados son tres: desaparición cometida por particulares, desaparición cometida por particulares agravada y homicidio calificado. 
¿Ya se hizo justicia? Es la pregunta.
Y es que aún hay varias historias que deben concluir, ahora con la participación de la Fiscalía General de la República (FGR), porque por el caso del Rancho Izaguirre, ese que fue llamado un “campo de exterminio” del crimen organizado en pleno Jalisco, aún hay otras personas detenidas y en proceso, y entre éstas quien más llama la atención es el ahora ex presidente municipal de Teuchitlán, José Asunción Murguía, detenido apenas en mayo pasado en un operativo de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, y ahora acusado de delincuencia organizada (supuestamente es un líder internacional de huachicoleo), desaparición de personas y trata de personas, además de que ordenó el empleo de personas y maquinaria del ayuntamiento para ocultar restos humanos en el rancho. 
También está detenido José Gregorio “N”, conocido como “Comandante Lastra”. Lo aprehendieron en marzo pasado en la Ciudad de México.
Del proceso que se le sigue, no ha habido más mención, a pesar de que le acreditaron ser el reclutador y responsable del Rancho Izaguirre, asignado para la tarea por el crimen organizado.
Y queda también pendiente el caso de tres ex policías municipales del municipio de Tala, acusados de utilizar vehículos oficiales para llevar por la fuerza a jóvenes que eran forzados a ingresar al rancho para ser “entrenados” y unirse a un cártel de la droga. 
Naturalmente, los 10 condenados apenas ayer tendrán la oportunidad de apelar la sentencia.
Además de saber qué pasará con los otros procesados que no han sido condenados, cabe preguntarse si no habrá más detenidos. 
Y también quedan en el aire cuestionamientos evidentes: ¿Qué ocurrió con los cientos de zapatos encontrados, junto con prendas personales y mochilas? ¿Cuándo se darán a conocer los resultados de los exámenes a los restos óseos que fueron hallados en el rancho y de los que se acusó, eran de personas que habían sido asesinadas ahí dentro?
El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, prometió investigaciones y resultados. Los meses transcurren y de su parte, no hay ni siquiera información que oriente, mucho menos que resuelva. 
¿Se pretenderá con esta sentencia cerrar el caso e insistir que en el Rancho Izaguirre se reclutó a jóvenes, pero nunca hubo crematorios? 
Seguimos a la espera.

Rancho Izaguirre, Teuchitlán: ¿se hizo justicia?