Tiene lógica que Joaquín “El Chapo” Guzmán no negoció con el gobierno de Estados Unidos para acortar su sentencia: cadena perpetua y otros 30 años de prisión. Es implícito que prefirió guardar silencio para no exponer o dejar en riesgo a su familia en México.
Pero el caso de Ovidio Guzmán, su hijo y heredero de uno de los cárteles más poderosos del mundo, es otra historia. Ya se declaró culpable y en seis meses conocerá su castigo.
Tras declararse culpable de cuatro cargos en un tribunal de Chicago, “El Ratón” no sólo selló su destino en las manos de la justicia estadounidense, sino que, al convertirse en testigo protegido, lanzó una amenaza directa al corazón de la política mexicana. Ex presidentes, ex gobernadores y ex alcaldes están en la mira. Y también gobernantes vigentes. Sinaloa, Baja California, Durango, Sonora, Chihuahua y Jalisco están en la vitrina.
Con su declaración de culpabilidad, no sólo enfrenta una posible reducción de su sentencia: se convierte en una pieza fundamental en la maquinaria judicial de Estados Unidos, y lo más peligroso para México: en una bomba de relojería que podría hacer explotar las conexiones entre el narcotráfico y las más altas esferas del poder político en el país. El acuerdo con las autoridades estadounidenses, que promete protegerlo a cambio de información, está lejos de ser una simple colaboración con la justicia. Ovidio tiene en sus manos un arsenal de secretos que podrían destapar una red de complicidad política de dimensiones insospechadas.
Al ser un testigo clave en un proceso de tal magnitud, no sólo tiene la capacidad de delatar a su propia familia, el Cártel de Sinaloa, sino que también puede señalar a los políticos y funcionarios que, durante años, han servido como cómplices o, al menos, se han hecho de la vista gorda frente a las operaciones de su organización. En sus manos está el poder de arrastrar a aquellos que, bajo la sombra del narcotráfico, han asegurado su riqueza y poder a costa de la seguridad y el bienestar de la sociedad mexicana. El gobierno estadounidense, que ha etiquetado al Cártel de Sinaloa como un grupo terrorista, le ofrece ahora la oportunidad de cooperar y desmantelar esa maquinaria. Pero más allá de los cárteles, su testimonio podría llevar a que caigan figuras del poder político.
Ovidio no sólo tiene acceso a los secretos de su propio cártel, sino a las intrincadas relaciones que existen entre los poderosos y el narcotráfico. Si decide dar un paso más, podría desatar una ola de revelaciones. Y su abogado Jeffrey Lichtman ya cimbró con las primeras declaraciones contra los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum.
En paralelo, la historia del “Mayo” Zambada también sacudirá.