Jonás

Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que hay una demanda contra el abogado de Ovidio Guzmán “El Ratón” porque no pueden disculparse sus ofensas; mientras se aplican aranceles a los jitomates que los productores jaliscienses y sinaloenses exportan a Jalisco, se desarrollan asuntos en Tabasco que son de la más profunda preocupación política de alcance nacional: el Estado de donde surgió el grupo político que controla la “cuarta transformación” está en una crisis de violencia y lucha intestina que amenaza con contagiarse al resto del país.
¿De qué se trata? El actual gobernador de Tabasco, Javier May, de Morena, emprendió ya una campaña abierta contra el poderoso senador Adán Augusto López Hernández, “mi hermano”, como le decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Adán Augusto López, una de las “corcholatas” destapadas por Andrés Manuel y que perdió la batalla con la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, fue gobernador de Tabasco antes de ser invitado como secretario de Gobernación, donde operó en serio y fincó una red de poderosas influencias que se extienden a todo el país y que le permiten ser uno de los poderosos de la 4T.
Sin embargo, antes de convertirse en un personaje nacional y casi, candidato a la presidencia, permitió en Tabasco el ascenso de un personaje que ahora es buscado por la Interpol, Hernán Bermúdez Requena. Lo convirtió en secretario de Seguridad durante su gobierno y ahí se quedó cuando López Obrador lo llamó a Gobernación. Construyó, según la versión del actual mandatario tabasqueño Javier May, un imperio de criminalidad; fue el líder de la delincuencia que hoy tiene a Tabasco hundido en un nivel de violencia que nunca había conocido, y convertido también en uno de los estados del país con más delitos como el hurto de combustibles en los ductos de Pemex, el famoso “huachicol” que el expresidente López Obrador presumió desaparecido.
Lo más irónico de esta trama, es que Javier May llegó al gobierno de Tabasco invitando a uno de los hermanos de AMLO como parte integral de su equipo: José Ramiro López Obrador, hoy secretario de Gobierno. El hermano del expresidente asegura que con la persecución de Hernán Bermúdez “ya está saliendo toda la pudrición”. Y obvio, la frase –y la acusación– está dirigida a Adán Augusto López Hernández, quien por cierto, está preparando a sus aliados para las siguientes elecciones, como la senadora Andrea Chávez, decidida a ser candidata a gobernadora de Chihuahua, en contra de la voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero apoyada por Adán Augusto. 
Estas son las oscuras sombras de “la transformación”.

“Está saliendo la pudrición”, versión López Obrador

El presidente estadounidense Donald Trump, amenazó de nuevo a México. Ahora anuncia aranceles generalizados de 30% para los productos mexicanos que se exporten a territorio estadounidense. Su amenaza se hizo pública en una carta en la que aseveró que el gobierno mexicano no ha hecho lo necesario contra los cárteles del narcotráfico. Nuevamente, fue unilateral, irrazonable y autoritario. 
Y la historia parece repetirse. Volvemos a los primeros días de su gobierno, a las amenazas y el nerviosismo económico.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum fue tomada por sorpresa. De hecho, el anuncio de Trump encontró descolocados a todos.
Otra vez, la primera reacción fue enviar a Marcelo Ebrard, secretario de Economía, al frente de una comitiva, para iniciar negociaciones. 
La información que recibimos los mexicanos siempre es limitada y escasa. ¿Con quién negocia Marcelo Ebrard? ¿Quiénes son los integrantes del gobierno de Trump con los que se intentan suavizar los términos? ¿Hay alguien o algunos que realmente se puedan acercar al presidente y hacerle ver que la aplicación de aranceles al principal socio comercial de los Estados Unidos no sólo es injusto –eso seguramente le importa un pepino– sino que también es perjudicial para la economía estadounidense? Y cabe otra pregunta en la misma lógica: ¿Quién o quiénes le aconsejan a Trump esta política unilateral contra México?
En la construcción siempre tormentosa de una relación con un presidente como Trump, quien permanentemente hace uso excesivo de su fuerza y no respeta más allá de lo que le conviene, faltan los argumentos y las pruebas para convencerlo. Pero lo que menos puede permitirse el gobierno de Claudia Sheinbaum es la ingenuidad. Ni siquiera una pizca.
A Donald Trump no le interesa realmente mejorar la relación con México. Es diáfanamente claro que le molestan los mexicanos que viven en suelo estadounidense y si fuera posible –y lo ha dicho– eliminaría el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. 
El gobierno de Sheinbaum, en esa tesitura, sólo puede tratar de convencer a los funcionarios estadounidenses del daño que sufrirá su economía castigando a la mexicana. Y paralelamente, debe evaluar qué tanto más se puede hacer para combatir al crimen organizado, disminuir el tráfico de fentanilo, desmantelar laboratorios, detener líderes criminales y aceptar, sin chistar, las exigencias norteamericanas. 
Y aún así, quién sabe. Acceder a las demandas permanentes de Donald Trump sólo alimentará su posición de dominio y exigirá más. 
Es cierto también que a casi seis meses de su errática forma de gobierno, ni los mercados, ni las empresas, ni los agentes de gobierno, reaccionan literalmente. Pareciera que a espaldas del presidente, negocian y acuerdan no aplicar los aranceles que surgen de las amenazas presidenciales. 
Estamos, a fin de cuentas, atrapados en las apariencias. 
Veremos cuál es el nuevo impacto económico de la amenaza de Donald Trump.

Donald Trump amenaza a México… otra vez

La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, presentó ayer los avances y los detalles de su estrategia de seguridad. Hubo apuntes de verdad interesantes que aunque debieran ser conocidos por la mayoría, quedan fuera de foco. Al retomarlos, se construye un nuevo juicio sobre la realidad, por ejemplo el siguiente: en Guadalajara viven poco menos de 1.4 millones de personas, pero la intensa actividad del municipio provoca que todos los días deba atender una “población flotante” que eleva la cifra a tres millones de personas.
Así cambian mucho las cosas. No son 1.4 millones, sino tres millones, los que todos los días requieren servicios como transporte, aseo, agua potable, alumbrado, trámites oficiales, salud, alimentación y… seguridad. La alcaldesa Vero Delgadillo subraya que esta realidad hace que el reto de gobernar en Guadalajara tome dimensiones distintas de las que ocurren en el resto de los municipios de la ciudad.
De la exposición de la alcaldesa se derivan datos interesantes. Por ejemplo, el 85% de los eventos con potencial de convertirse en hechos delictivos, se originan en los conflictos entre vecinos. Es un dato sorprendente, que obliga a editar de otra manera “nuestra película” de la realidad, es decir que no hay una cantidad determinada de personas que son delincuentes, responsables de todas las “cosas malas” que suceden. Luego entonces, los ciudadanos sin intenciones de violar reglamentos o leyes, sin el interés de cometer actos delictivos, pueden llegar a participar o fomentarlos.
Es importante esta observación por que modifica de fondo el trabajo en materia de seguridad que propone Vero Delgadillo.
El asunto no se atiende ni se resuelve con muchos policías y sus armamentos, enfrentando a “los malos”. Es cierto: los policías municipales, a quienes la ley denomina “auxiliares”, deben estar armados, equipados, instruidos y capacitados para enfrentar, para reaccionar, ante los delincuentes. Pero también es verdad que pueden contribuir a que la ciudad sea más segura, más “vivible”, como se está proponiendo ahora, si también se acercan con los vecinos y escuchan sus quejas y problemas; si acuden a las escuelas y hablan con los niños y adolescentes sobre los riesgos de tomar decisiones equivocadas o acercarse a drogas o armas.
La presidenta Vero Delgadillo hace un recuento más detallado del proyecto para Guadalajara; insiste en temas como la limpieza, el alumbrado, los servicios, la política social y el apoyo a los que viven condiciones de desventaja, y remata con un concepto que merece ser más famoso y popular: la corresponsabilidad.
En palabras de la alcaldesa, para que Guadalajara sea una mejor ciudad, desde la limpieza en sus calles, los mejores servicios, el mantenimiento de las áreas comunes hasta la seguridad en su vida nocturna, todos sus habitantes tienen que “apropiarse” de la tarea, ser corresponsables. Apoyar y hacer.

Gobernar con los tapatíos, el reto de Vero Delgadillo

El gobernador del Estado se había ausentado de la vida mediática de la ciudad y de Jalisco durante varios días, por dos razones: la primera, su breve gira por países asiáticos en la que se atendieron iniciativas para atraer inversiones económicas, principalmente. La segunda, porque a su regreso, encabezó eventos de seguridad y deportivos, pero en ninguno de ellos, atendió a los medios de comunicación, mediante los cuales se comunica regularmente con la sociedad jalisciense. Pero ayer se pronunció sobre un asunto que ha ganado tremendo peso en los últimos días: el SIAPA.
El gobernador Pablo Lemus se alineó con la percepción general: el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) está en tremenda deuda, por la calidad del agua, por las fallas en el sistema, por los socavones y por los escándalos administrativos, principalmente el de #LadySIAPA la señora Elizabeth Castro.
El mandatario lanzó un “está obligado”, refiriéndose al director del organismo, Antonio Juárez Trueba, porque después que se aprobó en el Congreso del Estado el incremento en la tarifa de cobro, “está obligado” a mejorar la calidad del agua, obligado a restablecer los servicios, obligado a revisar el personal interno.
¿Qué dijo del escándalo “Eli Castro”? Que ya se solicitó a la Contraloría del Estado hacer una investigación puntual del tema. Y habría que añadir aquí, aunque no lo mencionó el mandatario, que ya se inició una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción del Estado. 
Pablo Lemus dijo desconocer cómo es que esta persona llegó a la posición de asesora técnica, asignada a la Dirección General del SIAPA y en eso, coincidió también con la percepción general de reprobación y exigencia de explicaciones. 
Al final, la carga se dirige nuevamente a Antonio Juárez Trueba. El personaje “obligado” según lo estableció el propio gobernador. 
La vida real, sin embargo, es siempre diferente de los discursos.
En adelante, será importante revisar cuáles son las herramientas administrativas y económicas, los apoyos políticos que son indispensables para que el director del SIAPA cumpla con todas las obligaciones que se le han asignado.
Porque ahora, lo observan y lo presionan el gobernador del Estado, los diputados del Congreso local –ahí deberá presentar un informe trimestral sobre el trabajo del SIAPA– y los alcaldes metropolitanos. Pero particularmente lo presionan los ciudadanos, hartos de socavones, de agua turbia, de cortes en el servicio, de empleados con sueldos de lujo y sin conocimiento. 
Es el momento más bajo de la crisis. ¿Cómo salir de esto?

El director del SIAPA “está obligado”: Pablo Lemus

Este 08 de julio de 2025, se dictó sentencia de 141 años y tres meses de prisión contra los 10 hombres detenidos en el Rancho Izaguirre, de Teuchitlán, Jalisco, el pasado mes de septiembre de 2024. Además de la histórica sentencia, deberán pagar 1.3 millones de pesos por concepto de reparación del daño. Los 10 condenados fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional y de acuerdo con la carpeta de investigación, tenían en su poder dentro de la finca a dos personas que fueron liberadas, además de que se encontró el cadáver de una persona durante el operativo. Los delitos por los que fueron todos condenados son tres: desaparición cometida por particulares, desaparición cometida por particulares agravada y homicidio calificado. 
¿Ya se hizo justicia? Es la pregunta.
Y es que aún hay varias historias que deben concluir, ahora con la participación de la Fiscalía General de la República (FGR), porque por el caso del Rancho Izaguirre, ese que fue llamado un “campo de exterminio” del crimen organizado en pleno Jalisco, aún hay otras personas detenidas y en proceso, y entre éstas quien más llama la atención es el ahora ex presidente municipal de Teuchitlán, José Asunción Murguía, detenido apenas en mayo pasado en un operativo de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, y ahora acusado de delincuencia organizada (supuestamente es un líder internacional de huachicoleo), desaparición de personas y trata de personas, además de que ordenó el empleo de personas y maquinaria del ayuntamiento para ocultar restos humanos en el rancho. 
También está detenido José Gregorio “N”, conocido como “Comandante Lastra”. Lo aprehendieron en marzo pasado en la Ciudad de México.
Del proceso que se le sigue, no ha habido más mención, a pesar de que le acreditaron ser el reclutador y responsable del Rancho Izaguirre, asignado para la tarea por el crimen organizado.
Y queda también pendiente el caso de tres ex policías municipales del municipio de Tala, acusados de utilizar vehículos oficiales para llevar por la fuerza a jóvenes que eran forzados a ingresar al rancho para ser “entrenados” y unirse a un cártel de la droga. 
Naturalmente, los 10 condenados apenas ayer tendrán la oportunidad de apelar la sentencia.
Además de saber qué pasará con los otros procesados que no han sido condenados, cabe preguntarse si no habrá más detenidos. 
Y también quedan en el aire cuestionamientos evidentes: ¿Qué ocurrió con los cientos de zapatos encontrados, junto con prendas personales y mochilas? ¿Cuándo se darán a conocer los resultados de los exámenes a los restos óseos que fueron hallados en el rancho y de los que se acusó, eran de personas que habían sido asesinadas ahí dentro?
El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, prometió investigaciones y resultados. Los meses transcurren y de su parte, no hay ni siquiera información que oriente, mucho menos que resuelva. 
¿Se pretenderá con esta sentencia cerrar el caso e insistir que en el Rancho Izaguirre se reclutó a jóvenes, pero nunca hubo crematorios? 
Seguimos a la espera.

Rancho Izaguirre, Teuchitlán: ¿se hizo justicia?

El pasado fin de semana, el secretario de Seguridad del gobierno federal, Omar García Harfuch, anunció junto con el fiscal general del país, Alejandro Gertz Manero, y mandos militares, la aplicación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. El proyecto llega tarde, pero finalmente hay al menos un acuerdo en ese sentido.
Por la presidencia de la república han pasado personajes que surgieron de Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y ahora Morena, y siempre se supo que desde las cárceles estatales y federales se ha practicado la extorsión telefónica. Pero no se ha aplicado una estrategia nacional para detenerla.
El delito de la extorsión, ciertamente, no se practica sólo por teléfono. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024 del INEGI, la cifra negra de la extorsión (la que no se denuncia) es de 96.7%, una de las más altas en el espectro delictivo. Un año antes, en 2023, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la tasa de extorsión fue de 7.9 casos por cada 100 mil habitantes.
Al hacer el anuncio, el mismo García Harfuch reconoció que la extorsión es uno de los delitos más dañinos socialmente, porque afecta de manera directa el patrimonio de las personas con menos recursos, Es casi imposible perseguirlo con las herramientas actuales. No es casualidad que casi el total de las víctimas no presenten denuncia ni le den seguimiento.
En un rápido análisis sobre las reformas que se han presentado y aprobado en los últimos años para el combate de los delitos y la inseguridad en México, podemos encontrar por ejemplo, la creación de la Guardia Nacional y hace apenas unos días, la aprobación de una última reforma para que ésta quede oficialmente bajo la administración de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Se han hecho también, reformas al Código Penal Federal y a numerosos códigos penales en los estados. El razonamiento inmediato de los legisladores es que a mayor incidencia de un delito, deben incrementarse el tiempo de prisión y la sanción económica, pero no hay indicios claros de que eso modifique la comisión de delitos.
Entre tantos intentos de corregir la delincuencia con reformas, prácticamente no se ha tocado el sistema penitenciario. ¿Cómo es posible que durante años se haya sabido que en los centros penitenciarios estatales y federales operan “call centers” desde donde extorsionan a las personas y no se hayan erradicado? Existen los denominados “autogobiernos” que pueden constituir una de las muchas explicaciones, porque no hay respuesta única.
En la nueva estrategia contra la extorsión, se prevén cinco ejes: 
1. Detenciones con base en investigación e inteligencia. 
2. Creación de unidades antiextorsión estatales. 
3. Aplicación del Protocolo Nacional de Atención a Víctimas. 
4. Capacitación de operadores del número 089 en manejo de crisis y negociación. 
5. Campaña nacional de prevención y sensibilización. 
Dato adicional que no podemos ignorar: Jalisco figura entre los siete estados del país donde más extorsiones se cometen, junto con Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Guerrero y Veracruz. 
Tanto la FGR como la Secretaría de Seguridad tienen ya un diagnóstico. Es facilísimo apuntar al primer lugar donde se gestan extorsiones telefónicas: los centros penitenciarios.

Por fin, una Estrategia Nacional contra la Extorsión

Uno de los hombres más sorprendentes, creativos y exitosos de este siglo (y de muchos siglos más), Elon Musk, ha lanzado un nuevo reto en la ruta de su confrontación con el presidente Donald Trump: crear un nuevo partido político en los Estados Unidos para competir por el poder y derrotar no a Trump, sino a la élite de poder que ha llegado con él a Washington. 
Donald Trump, fiel a su discurso, consideró “ridículo” el anuncio de Elon Musk, hasta hace unas semanas uno de sus aliados más poderosos.
Pero en su fuero interno sabe que si hay un personaje que pueda emprender un reto de ese tamaño y tener posibilidades de éxito, es Musk, que fue su principal donador interno durante la campaña presidencial. 
Más allá de la historia rocambolesca entre los dos personajes que rebasan todos los márgenes de normalidad, es interesante observar la posibilidad: ¿es posible un tercer partido político en Estados Unidos? 
De entrada, prácticamente durante toda la historia reciente de Estados Unidos ha habido otros partidos políticos, pero su existencia ha pasado inadvertida en el mundo y para la mayoría de los estadounidenses.
En todas las elecciones estadounidenses se presentan candidatos y candidatas no postulados por los tradicionales partidos Demócrata y Republicano. Algunos, evidentemente una minoría, han conseguido ganar elecciones en espacios locales, pero han desaparecido con el tiempo.
El caso más sonado de un personaje que luchó por el poder sin ser postulado por republicanos o demócratas fue el empresario Ross Perot, tan excéntrico como Musk y Trump.
Multimillonario y enfadado –como muchos en su tiempo– con los proyectos de gobierno de republicanos y demócratas, se postuló como candidato presidencial independiente en 1992 y meses antes de las elecciones tenía 39% de las preferencias. Se retiró repentinamente de la carrera electoral y en las últimas semanas regresó. En la elección, obtuvo el 19% de los votos, una cifra considerable que sin embargo, no determinó ningún cambio. 
Perot fundó después el Partido Reformista pero no tuvo éxito. Las causas que lo habían llevado a la ola de la popularidad se evaporaron con el tiempo.
¿Qué es diferente en esta ocasión? 
El análisis puede ser complejo y profundo, pero los elementos más evidentes e inmediatos son los siguientes: 
Estados Unidos vive una auténtica crisis para la que no han tenido respuesta ni republicanos ni demócratas. Una señal clara de que el Partido Republicano no está representado en la administración Trump, es que se generó una gran división en la aprobación del proyecto fiscal. 
El movimiento “trumpista” representa la parte más radical del movimiento republicano. Ningún partido político que pretenda tener éxito en el tiempo, puede entregarle el control a los movimientos extremistas. 
El Partido Democrática ha quedado congelado. Se menciona que está atrapado entre dos liderazgos: los Clinton y los Obama. No ha tenido capacidad de renovación.
Elon Musk y el Partido de América pueden ser, con una estrategia de largo aliento y el uso de los recursos tecnológicos que posee Musk, además de una propuesta estructurada que responda a las urgencias sociales y ofrezca resultados, sería la respuesta para los millones de estadounidenses que no se reflejan en el gobierno radical de Trump. 
Es cuestión de esperar unas semanas y observar el proceso.

Elon Musk y un tercer partido político en EU

La detención de Julio César Chávez Jr., el hijo de la leyenda mexicana del boxeo, es una de esas “noticias bomba” que de inmediato se convierten en titulares en todos los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Pero qué hay detrás? ¿Simplemente una orden de aprehensión como confirmó la Fiscalía General de la República (FGR)? ¿Una orden emitida ¡en marzo de 2023!, cuando el fallido boxeador ha circulado libremente en los Estados Unidos y aparte, acaba de participar en una pelea anunciada y televisada con un conocido influencer? 
No, hay más cosas detrás. 
Primero, hay que decir que Julio César Chávez Junior llega a este momento de su vida dejando detrás una larguísima estela de escándalos y conflictos con las autoridades. 
Su vida sentimental (está casado con una mujer que fue pareja de un hijo del “Chapo” Guzmán), sus adicciones y sus públicos conflictos con su famoso padre, lo convirtieron en invitado permanente de los espacios de cotilleo y farándula. 
Pero su apresamiento en este momento permite otras lecturas. Fue detenido y encadenado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que actualmente practican redades contra migrantes en varias de las más importantes ciudades de los Estados Unidos. Argumentaron que está relacionado con el crimen organizado, el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos, y por si faltaran más delitos, lo asocian con el Cártel de Sinaloa. 
Con ese listado de acusaciones, al joven Chávez le esperaría un escandaloso juicio y una condena de muchos años en alguna cárcel de mediana o máxima seguridad. Pero no, en lugar de ello, lo enviarán a México en lo que denominaron una “deportación acelerada”, porque en nuestro país –como confirmó la FGR– se ordenó detenerlo hace dos años por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas. 
A partir de estos señalamientos, la historia se convierte en una colección de absurdos y contradicciones. 
Julio César Chávez Jr., por más que haya echado a la basura una prometedora carrera en el boxeo profesional y arrastre el ilustre apellido de su padre, es una figura muy reconocida para los mexicanos y latinos que viven en los Estados Unidos. Su detención es otro mensaje para los migrantes que ya están en territorio estadounidense o que aspiran a llegar allá alguna vez. 
Su deportación a nuestro país se debió, seguramente, a un acuerdo extraoficial con autoridades mexicanas, obligadas a acatar este acuerdo en el marco de la “colaboración sin sumisión” que priva en la relación bilateral des que el presidente Donald Trump asumió el poder. 
Ahora queda ver qué pasará con Julio César y su nuevo episodio de vida, ahora como arrestado en México.
&nbsp;
*Las opiniones y contenidos en este texto son responsabilidad total del autor y no de este medio de comunicación.

Detrás del arresto de Julio César Chávez Jr.

Anuar García Gutiérrez

Urgen retenes para disminuir los delitos en Jalisco

Marcela Páramo Ortega

Llegan las vacaciones escolares

Mi pecho no es bodega

José Francisco Muñoz Valle

Comer en compañía: la mesa como espacio de salud

Durante años ha ocurrido: sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica han tenido diálogo y acuerdos con los cárteles del crimen organizado. Esto ha ocurrido claramente con conocimiento de las autoridades municipales, del Estado y del gobierno de la república. Los clérigos, en la mayoría de los casos, han sido mediadores para que los integrantes de los grupos criminales reduzcan su violencia y acepten pactos de no agresión con bandas adversarias. 
Sin embargo, lo que han sido hechos aislados, está tomando forma como una nueva disciplina de trabajo.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) que reúne a todos los obispos de México, admitió que en la Universidad Pontificia de México se capacite a sacerdotes de varios estados del país para que con más herramientas, puedan dialogar con los grupos de la criminalidad organizada. En esta institución educativa, esta misma semana, se realizan talleres en los que participan clérigos de entidades federativas como Guerrero, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y Ciudad de México.
Este hecho confronta al país con una realidad concreta: la autoridad surgida del Estado de Derecho ha quedado rebasada por la actividad criminal, y lo que antes pudieron haber hecho algunos sacerdotes y obispos, quizá con buena voluntad y obligados por la realidad de la violencia, hoy se ha sistematizado.
Sobre este punto no se han pronunciado ni la presidenta Claudia Sheinbaum, ni el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. 
Pero el tema es de la mayor importancia.
Seguramente para la mayoría de los habitantes de éstas y otras entidades del país, sea válido e incluso deseable la mediación de los sacerdotes y personas de la Iglesia Católica, pero esta intervención para objetivos inmediatos, como frenar extorsiones o asesinatos, ¿debilita a los cárteles en favor del Estado? ¿Frena o prolonga el poder de facto de los líderes criminales? Éstas y otras muchas preguntas podrían plantearse.
¿Hasta dónde, esta actividad poco conocida oficialmente, pero aceptada y sabida por las sociedades más golpeadas por la delincuencia, derivó por ejemplo en la política pública de destrucción de armas en los atrios de las iglesias? 
Si de plano la presidencia de la república va a delegar en agentes de la Iglesia este tipo de tareas, porque los clérigos son más capaces o eficientes que los funcionarios gubernamentales o los integrantes de las policías y la Guardia Nacional, debería reconocerse e impulsarse. 
La experiencia de clérigos como mediadores ante los cárteles no es nueva. Ha ocurrido en México durante decenios y antes también se presentó en Colombia.
El gobierno federal necesita echar mano de todas las herramientas posibles. Debería conocer, difundir y guiar estos esfuerzos ante que voltear a otro lado y fingir que no sucede porque el concepto del “Estado laico” le impide aceptarlo.

Sacerdotes católicos para contener al narco