Anuar García Gutiérrez

El reciente robo de 33 toneladas de oro en el Estado de Jalisco no es un hecho aislado, sino el síntoma visible de una enfermedad sistémica: la impunidad estructural que impera en el país. Este delito, valuado en millones de dólares, se ejecutó con una precisión que remite más a una operación militar que a un crimen improvisado. Las primeras investigaciones sugieren infiltración institucional y posible complicidad interna, lo que vuelve a colocar bajo la lupa a las autoridades de los tres niveles de gobierno en el Estado.
El robo se habría cometido en un punto de traslado minero bajo resguardo de seguridad privada armada; ni la Fiscalía General de la República ni la Fiscalía del Estado han emitido avances sustanciales. La Guardia Nacional, por su parte, se ha limitado a un operativo de contención sin resultados. A la fecha, no hay detenidos, ni aseguramientos y el oro simplemente desapareció. Eso es Jalisco, tierra de impunidad y de oportunidad para los criminales.
Jalisco es uno de los principales bastiones del crimen organizado, el cual ha sofisticado su estructura hasta tener capacidades equiparables a las de un ejército. En la región, el crimen organizado controla rutas logísticas, infiltra instituciones y utiliza tecnología de punta para vigilar y operar, incluso en zonas industriales y mineras. La posibilidad de que estén detrás del robo no solo es factible, sino lógica, obviamente con la complicidad de los empleados.
De acuerdo con datos del Índice Global de Impunidad México 2023, Jalisco ocupa uno de los primeros lugares en cuanto a la baja capacidad investigativa y la alta tasa de impunidad. Por cada 100 delitos que se cometen en la Entidad, menos de 7 llegan a una sentencia. En 2024, los robos con violencia aumentaron un 18.2%, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que la tasa de judicialización de carpetas apenas alcanza el 5.3 por ciento.
Lo anterior se traduce en una fiscalía saturada, con poco personal capacitado y con limitadas capacidades forenses y tecnológicas, lo que impide una reacción efectiva ante delitos de alto impacto como el ocurrido recientemente. 
México es actualmente uno de los países más riesgosos para invertir en minería, logística y transporte de mercancías valiosas. El índice de competitividad global 2024 coloca al país en la posición 60 de 141, y una de las principales razones es la falta de seguridad material y jurídica. El robo de las treinta y tres toneladas de oro es una señal de alarma que afecta no solo a Jalisco, sino a todo el país.
En México, la justicia no llega al que más lo necesita, sino al que más poder tiene para obtenerla o evadirla. El robo de oro no solo representa una pérdida económica, sino una pérdida simbólica de confianza ciudadana. La narrativa oficial vuelve a evadir responsabilidades, mientras los criminales siguen operando sin consecuencia alguna. 
La regla no escrita aquí es clara: cuando el Estado no impone el orden, lo hacen otros. Y esos otros, no responden a la ley.

Anuar García

El oro, la impunidad y el crimen: La ecuación perfecta en Jalisco

Mientras la ciudadanía exige respuestas ante la violencia, la corrupción y el crimen organizado, las instituciones encargadas de perseguir y sancionar los delitos parecen operar bajo una regla no escrita: dejar hacer, dejar pasar.
Las cifras nacionales son la muestra de la ineficiencia: más del 93 % de los delitos quedan impunes. En 2024, de los 2.2 millones de carpetas de investigación iniciadas, solo el 9 % llegó a acción penal, y apenas el 4.3 % se judicializó. En términos llanos: de cada 100 delitos denunciados, solo 4 llegan a un juez. El resto queda archivado, mal integrado o se convierte en un simple número más para maquillar informes institucionales a conveniencia de quien gobierna.
La situación en Jalisco es particularmente grave. En 2024, se denunciaron 137 mil 175 delitos, pero solo 797 llegaron a una sentencia: una impunidad del 99.12 %. El problema no es nuevo, pero se profundiza. Actualmente, existen más de 526 mil carpetas sin resolver. Una montaña de papel que sepulta la esperanza de miles de víctimas.
Además, el 47% de las detenciones en Jalisco fueron consideradas ilegales, lo que invalida procesos y deja a los responsables en libertad. Ni siquiera los delitos más delicados, como la corrupción, han sido castigados. La Fiscalía Anticorrupción ha judicializado apenas el 3% de sus casos en los últimos cinco años, y sólo siete personas han sido sentenciadas con resoluciones condenatorias.
Se ha querido culpar a la autonomía de las fiscalías de esta crisis. Incluso, desde la administración de Claudia Sheinbaum se ha planteado eliminar la autonomía constitucional de las fiscalías, para permitir que los gobernadores y el Ejecutivo federal nombren y remuevan fiscales a voluntad. Pero esta propuesta, lejos de resolver, podría agudizar la subordinación política y eliminar los pocos contrapesos que aún quedan.
La verdadera causa de la parálisis es más compleja: La falta de profesionalización, la creciente corrupción interna, así como la simulación en los nombramientos de los funcionarios por pagos políticos, así como una profunda desconexión con la realidad de las víctimas, quienes sufren la desatención.
Además, la mayoría de los fiscales no enfrentan auditorías reales, ni hay rendición de cuentas efectiva, lo que genera que la impunidad ya no sea una consecuencia, si no una política operativa. 
¿Qué se necesita para tener fiscalías eficientes en todo el país? 
1. Fiscales con carrera profesional, nombrados por méritos, no por favores políticos. 
2. Auditorías ciudadanas independientes que midan desempeño con indicadores reales. 
3. Coordinación efectiva con la federación, sin simulaciones ni pleitos entre instancias. 
4. Atención integral a víctimas, y no solo protocolos vacíos para cumplir metas. 
Las fiscalías hoy no imparten justicia: la administran mal, la negocian o la congelan. Operan bajo una lógica perversa: mientras más ineficientes sean, menos riesgos corren sus titulares. En ese esquema, el crimen gana, las víctimas pierden y la sociedad se acostumbra a que nadie pague por nada. 
En México, la justicia no falla por accidente, falla porque a muchos les conviene que no funcione.

Fiscalías inoperantes en México, su solución

Mientras México enfrenta una de las etapas más sofisticadas en la evolución del crimen organizado, las redes sociales se han convertido en su nueva herramienta de expansión. A través de TikTok principalmente, los cárteles han desarrollado métodos de reclutamiento masivo con apariencia de ofertas laborales legítimas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó el bloqueo de 259 cuentas en TikTok vinculadas directamente con redes criminales, principalmente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.
En dichas cuentas se ofrecían empleos con falsas promesas salariales que oscilaban entre los cuatro mil 500 y los 20 mil pesos semanales, con prestaciones como hospedaje, transporte y entrenamiento táctico. Nos encontramos ante una estructura bien organizada para captar jóvenes, migrantes y personas vulnerables.
Las publicaciones simulaban vacantes para sicarios, vigilantes o escoltas, pero también solicitaban perfiles profesionales como ingenieros, médicos, enfermeros, albañiles y campesinos, lo que ha ampliado el rango de captación. Los reclutadores utilizan videos llamativos con armas, dinero y autos de lujo, generando una narrativa aspiracional que atrapa a quienes enfrentan crisis económicas o falta de oportunidades.
Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, más de tres mil 500 personas han sido reclutadas en contra de su voluntad en los últimos dos años por medio de estas prácticas. Organizaciones como “Reinserta” han documentado testimonios de jóvenes secuestrados tras responder a una oferta laboral falsa. Muchos son llevados a ranchos clandestinos (como el llamado “Izaguirre” en Teuchitlán, Jalisco), donde son entrenados como sicarios o utilizados como esclavos. Cabe señalar que incluso menores de edad han sido víctimas de estas redes, quienes son contactados por TikTok y citados en terminales de autobuses para luego ser llevados a zonas controladas por el crimen organizado. Ahí son obligados a firmar documentos de “contratación” y reciben amenazas de muerte si intentan escapar.
Aunque las plataformas como TikTok han respondido eliminando cuentas denunciadas, los expertos en seguridad cibernética advierten que la capacidad de regeneración de estas redes es alarmante. En menos de un mes, una cuenta eliminada puede reaparecer bajo otro nombre o formato.
El cierre de las 259 cuentas es una medida positiva, pero no resuelve el fenómeno estructural puesto que la prevención debe ir más allá del algoritmo; se necesita estrategia social, intervención educativa y empleo digno.
DATOS CLAVE (2023–2025)
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="288">Indicador</td>
<td width="288">Cifra estimada</td>
</tr>
<tr>
<td width="288">Cuentas bloqueadas en TikTok ligadas a narcorreclutamiento</td>
<td width="288">259 (confirmadas por SSPC)</td>
</tr>
<tr>
<td width="288">Personas reclutadas por engaño laboral</td>
<td width="288">Más de tres mil 500 (Comisión Nacional de Búsqueda)</td>
</tr>
<tr>
<td width="288">Ranchos clandestinos detectados para entrenamiento</td>
<td width="288">Siete (entre Jalisco, Nayarit y Michoacán)</td>
</tr>
<tr>
<td width="288">Menores reclutados por redes sociales</td>
<td width="288">417 (documentados por ONG’s)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
El crimen organizado ya no se limita a operar en lo clandestino. Ahora, con el disfraz del empleo digno, invade los algoritmos para ofrecer una salida que en realidad conduce a la muerte o a la esclavitud. La eliminación de cuentas es solo el primer paso. Las verdaderas reglas no escritas (las de la impunidad, la desesperanza y la violencia sistematizada), siguen dictando el destino de miles en un país donde buscar trabajo puede ser la peor de las trampas.

Cuidado con TikTok, ahí reclutan jóvenes para la delincuencia organizada

En la última década, miles de mexicanos han sido víctimas de fraudes piramidales disfrazados de “inversiones innovadoras”. Atraídos por promesas de altos rendimientos y seguridad financiera, los afectados perdieron no solo su dinero, sino también su tranquilidad. Casos como Ficrea, Yox Holding o Billions Trade Club han dejado lecciones claras sobre las nuevas formas del crimen financiero en México y, sobre todo, sobre cómo prevenirlo.
Los fraudes piramidales se sostienen sobre una base simple pero letal: los pagos de los primeros inversionistas se cubren con el dinero de los nuevos participantes. La estructura aparenta estabilidad y solvencia hasta que se interrumpe la captación de fondos. Es entonces cuando el castillo de naipes colapsa.
En México, estas estafas han tomado diversas formas: desde apuestas deportivas automatizadas hasta inversiones en criptomonedas, pasando por supuestos clubes financieros o contratos de educación financiera.
El caso Ficrea, en 2014, afectó a más de seis mil personas con un desfalco superior a los dos mil 700 millones de pesos. Años más tarde, Yox Holding replicó el modelo con apuestas deportivas y afectó a más de 40 mil personas, hasta que colapsó en diciembre de 2023. Su principal promotor fue detenido en Las Vegas y está en proceso de extradición. 
Otro caso reciente es el de Billions Trade Club, empresa que prometía rendimientos de hasta 9% mensual usando contratos en criptomonedas. Afectó a más de 30 mil inversionistas en México, Italia y Colombia.
A estos se suman nombres como RYM Capital, WII Capital, AJP, Merlyon Canari, entre otros, que utilizaron discursos de éxito, redes sociales e influencers para captar grandes sumas de dinero. Muchos de estos casos siguen impunes y en proceso de investigación. 
Detrás de cada estafa hay un discurso repetido: “Ganancias garantizadas”, “inversión segura”, “ganas más si invitas a otros”. La falta de regulación, los contratos ambiguos, la presión para reinvertir y los esquemas de recompensas por referidos deben de encender las alarmas. 
Uno de los errores más comunes es creer que existen rendimientos mensuales superiores al 5% de forma garantizada y constante. Esto no es sostenible para ninguna empresa formal. Tal porcentaje representa una promesa engañosa e irreal.
¿Cómo prevenir caer en un fraude? 
1. Verifica siempre la legalidad: Revisa en SIPRES y la CNBV si la empresa está registrada y regulada. 
2. Desconfía de lo inmediato: Ninguna inversión segura da resultados en días o semanas. 
3. Exige documentación clara: Todo contrato debe tener respaldo legal, fiscal y responsables identificables. 
4. Consulta a un experto: Un asesor financiero o abogado puede ayudarte a evaluar riesgos. 
5. Denuncia: Si sospechas de un fraude, acude de inmediato a la Fiscalía Estatal, CONDUSEF o FGR. Entre más rápido actúes, mayor la probabilidad de recuperación.
A pesar de que en marzo de 2025 se propuso incluir los fraudes piramidales como delito autónomo en el Código Penal Federal, aún existen vacíos legales que dificultan la acción penal contra estos esquemas, sin embargo siempre podrá denunciarse como fraude genérico en las legislaciones penales estatales. 
Mientras tanto, la prevención sigue siendo el principal escudo ciudadano. La educación financiera, la desconfianza razonable y el respaldo jurídico son las verdaderas reglas no escritas para evitar convertirse en una nueva víctima.

Cómo evitar caer en fraudes piramidales

Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta, reconocidos destinos turísticos en la costa del Pacífico mexicano, enfrentan una preocupante amenaza que ha encendido alertas diplomáticas y pone en tela de juicio la respuesta local: el uso de aplicaciones de citas como herramienta para cometer secuestros y extorsiones.
En lo que va del 2025, la Fiscalía de Jalisco ha confirmado tres casos oficiales de secuestros vinculados al uso de apps como Tinder, Bumble o Grindr, en los que las víctimas, principalmente turistas estadounidenses, fueron contactadas, citadas en sitios públicos y posteriormente llevadas a lugares aislados donde fueron retenidas y obligadas a entregar grandes sumas de dinero.
Uno de los casos más recientes, ocurrido en mayo, involucró el secuestro exprés de un ciudadano estadounidense en un condominio privado de Puerto Vallarta. Gracias a la intervención de autoridades locales y el FBI, se logró el rescate de la víctima y la detención de un sujeto identificado como Edwin Aran “N”, hoy vinculado a proceso por secuestro agravado.
A diferencia de Jalisco, la Fiscalía de Nayarit no ha emitido cifras oficiales sobre casos en Nuevo Vallarta, pese a que este destino también figura en las advertencias consulares. Fuentes extraoficiales indican que la falta de denuncias se debe al miedo de las víctimas a represalias, la desconfianza institucional y el desconocimiento del proceso legal, factores que generan una cifra negra alarmante.
Ante la pasividad local, ha sido el gobierno de Estados Unidos el que ha encendido la alarma. A través de su consulado en Guadalajara, se emitió una alerta de seguridad recomendando a sus ciudadanos ejercer extrema precaución al utilizar apps de citas en destinos turísticos de Jalisco y Nayarit, tras documentar múltiples reportes de secuestros y extorsión, incluso en casos no denunciados formalmente ante las fiscalías estatales.
“Las víctimas conocieron a sus agresores mediante aplicaciones móviles y fueron privadas de su libertad en citas pactadas”, indicó el comunicado oficial. “Se recomienda a los viajeros no compartir información sensible, evitar encuentros privados y mantener informados a familiares sobre sus planes”.
Estos hechos se suman a al menos siete casos de secuestro virtual en el Estado de Jalisco durante el mismo periodo, una modalidad de extorsión telefónica que continúa en expansión, especialmente en zonas turísticas y con población extranjera vulnerable, principalmente playas o lugares poco frecuentados.
La falta de una respuesta sólida, sistemática y preventiva por parte de las autoridades locales genera una preocupante brecha de impunidad, en la que el crimen organizado aprovecha nuevas tecnologías para sofisticar sus métodos y evadir la acción judicial. 
Las apps de citas, pensadas para conectar a personas, se han transformado en armas digitales para la comisión de delitos complejos que combinan tecnología, manipulación psicológica y estructuras criminales organizadas. Mientras tanto, el silencio institucional y el subregistro de casos en lugares como Vallarta deja a cientos de personas, locales y extranjeras en riesgo.
La seguridad no puede seguir siendo selectiva ni silenciosa, porque cuando la justicia calla, la impunidad habla más fuerte.

Apps de citas: el nuevo riesgo silencioso en Puerto Vallarta

El 1 de junio de 2025 no sólo será recordado como la fecha en que se realizó una de las votaciones más bajas de la historia democrática de México, sino como el momento simbólico en que el país confirmó lo que muchos temían: el inicio de una dictadura de facto, disfrazada de democracia participativa.
La reforma al Poder Judicial, promovida desde los tiempos de López Obrador y perfeccionada bajo el mandato de Claudia Sheinbaum, buscó presentar al pueblo la supuesta oportunidad de elegir a los ministros, magistrados y jueces. Pero detrás de esa narrativa de “ciudadanía empoderada” se esconde una estrategia clara: eliminar cualquier contrapeso al poder presidencial, y con ello consolidar una sola voluntad política bajo el disfraz de legalidad. 
Voto popular, simulación institucional.
Según datos oficiales del INE, sólo el 12.08% de los mexicanos participaron en la elección judicial. Es decir, menos de 1 de cada 8 ciudadanos acudió a las urnas para elegir a los encargados de impartir justicia. Y de esos votos, más de 2 millones fueron nulos o en blanco. Aun así, Morena se autoproclamó triunfador y ya perfila a sus perfiles clave dentro de la Suprema Corte.
Uno de ellos es Hugo Aguilar Ortiz, quien será, según cifras preliminares, el nuevo presidente de la Corte. Su llegada ha sido vendida como un logro para la representación indígena, dado su origen mixteco. Pero hay que ir más allá del símbolo para entender el fondo del problema.
Aguilar Ortiz fue coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y estuvo a cargo de las consultas realizadas en 2019 para permitir proyectos federales como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico o el Plan Integral del Istmo. Dichas “consultas” fueron señaladas por la ONU como simulaciones, pues se presentaron como ejercicios democráticos pero, en realidad, ya venían condicionadas desde el poder: las obras se ejecutarían con o sin el consentimiento de los pueblos.
El rol de Hugo Aguilar no fue el de un defensor de las comunidades originarias, sino el de un operador político que permitió —a través de mecanismos institucionales— que el gobierno federal avanzara en proyectos que han desplazado, fragmentado y vulnerado a los pueblos indígenas. Paradójicamente, quien hoy promete llevar “la justicia indígena” a la Suprema Corte, ha sido parte activa de su silenciamiento. 
Un solo poder: el Ejecutivo.
La elección judicial, lejos de democratizar al Poder Judicial, lo ha vuelto funcional al proyecto político de la 4T. El equilibrio de poderes quedó reducido a una anécdota constitucional. El Legislativo ya es una mayoría mecánica de Morena. Y ahora, con ministros electos desde las filas del oficialismo y por una participación marginal, el Poder Judicial también se ha alineado al partido dominante.
La autonomía de los jueces fue intercambiada por la popularidad en boletas. Los méritos jurídicos, por la fidelidad partidista. Y el control constitucional, por una estructura vertical que responde al proyecto de nación de un solo partido.
Lo más preocupante no es sólo lo que ya ocurrió, sino lo que está por venir. ¿Cómo esperar que esta nueva Corte revise con imparcialidad las leyes promovidas por el Ejecutivo? ¿Qué garantías tiene un ciudadano opositor, un colectivo ambientalista, un defensor de derechos humanos, ante un tribunal electo no por capacidad sino por cercanía política?
¿Democracia o dictadura institucional? 
La democracia no se mide únicamente por la existencia de elecciones, sino por la existencia de contrapesos reales, de libertad de expresión, de pluralidad institucional. Hoy, con una Corte supeditada, una Fiscalía subordinada y un Congreso alineado, México enfrenta un riesgo real de regresión autoritaria.
La Cuarta Transformación prometió regenerar la vida pública, pero en su intento de moralizar al Estado, ha terminado por despojarlo de toda autonomía. La justicia ya no será ciega, sino partidaria. Ya no será un poder, sino un brazo. 
La dictadura no siempre llega con tanques ni represión directa. A veces llega disfrazada de consulta. A veces se llama democracia, pero se comporta como tiranía. 
Y lo más grave de todo: se legitima con el silencio de quienes deberían alzar la voz.

Comienza la dictadura de la 4T

Aunque las autoridades de Jalisco han insistido en que los homicidios dolosos han disminuido durante el primer trimestre del 2025, la percepción de inseguridad entre la población no mejora. Por el contrario, nuevos focos rojos han comenzado a emerger, como el aumento de desapariciones forzadas y la acumulación de cuerpos no identificados en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), donde la mayoría corresponden a jóvenes de entre 15 y 19 años.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jalisco registró 265 homicidios dolosos entre enero y marzo de 2025, lo que representa una tasa proyectada de 4.9 por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, abril se convirtió en el mes más violento del año, con 104 homicidios dolosos reportados, cifra que contradice el discurso de pacificación promovido por las autoridades estatales. 
Organizaciones como el Observatorio sobre Seguridad y Justicia del ITESO han advertido sobre la posible reclasificación de delitos para maquillar las estadísticas, generando desconfianza en los datos oficiales.
Más preocupante aún es el incremento en desapariciones forzadas. Entre enero y abril de 2025, se reportaron mil 123 personas desaparecidas en Jalisco. De ese total, 616 permanecen sin ser localizadas. El grupo de edad más afectado son los adolescentes de 15 a 19 años, que ahora encabezan las estadísticas, superando incluso a adultos jóvenes.
Este grupo está siendo sistemáticamente reclutado por células del crimen organizado para labores de halconeo, narcomenudeo y vigilancia, especialmente en áreas metropolitanas como Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco.
El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses enfrenta una crisis, ya que de diciembre de 2024 a abril de 2025, se han ingresado 371 cuerpos o segmentos humanos sin identificar, es decir, entre dos y tres diarios. Muchos de estos restos permanecen en refrigeración o fosas comunes, sin que se hayan realizado los análisis necesarios para su identificación; familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda denuncian que el trato institucional ha sido ineficiente y revictimizante. La lentitud en los procesos de identificación ha agravado el sufrimiento de cientos de familias, que siguen sin respuestas. 
El hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, utilizado como centro de exterminio por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es prueba del poderío criminal en el Estado. A pesar de los esfuerzos del gobierno federal por reforzar la estrategia de búsqueda y contención, los resultados siguen siendo insuficientes ante la magnitud del problema que se enfrenta en Jalisco.
Las autoridades estatales intentan enviar el mensaje de que “todo está bajo control” en Jalisco, pero los hechos lo contradicen: por cada delito que parece reducirse, otro emerge con mayor intensidad. La población no solo convive con el miedo, sino también con la frustración de una justicia que parece estancada en un Estado donde se “tapa un hoyo y se abre otro”; la verdadera solución exige más que discursos: exige acción, coordinación y voluntad real para enfrentar a fondo al crimen organizado.

Jóvenes de 15 a 19 años, los más vulnerables en Jalisco

La narrativa oficial del gobierno federal busca pintar un panorama optimista en materia de seguridad, pero al revisar los datos reales, la distancia entre el discurso y los hechos se vuelve evidente. Uno de los casos más recientes es la afirmación del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien aseguró que durante los primeros siete meses del actual gobierno federal, se han detenido más de 20 mil personas por delitos relacionados con la delincuencia organizada. Sin embargo, al contrastar esa cifra con los registros disponibles, surge una verdad distinta, ya que desde que Claudia Sheinbaum asumió el poder hasta la fecha, se tiene conocimiento de alrededor de siete mil detenciones, de las cuales una gran parte está vinculada a delitos del fuero común y solamente mil 577 están relacionadas directamente con delitos de alto impacto o delincuencia organizada; las cifras presentadas por el gobierno no solo están infladas, sino que son engañosas en su categorización de delincuencia organizada.
Lo que nos queda claro como ciudadanos comunes es que la estrategia se sintetiza en englobar detenciones por delitos menores bajo el tópico de “alto impacto” para inflar resultados, manipular la percepción pública y posicionar una imagen de eficiencia que no corresponde con la realidad de muchas regiones del país, donde la violencia y el crimen continúan escalando. Aunado a lo anterior, las cifras oficiales no desglosan cuántos de estos casos se han judicializado ni cuántos procesos federales están actualmente activos en juzgados penales federales.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la FGR, en 2024 se iniciaron más de 78 mil carpetas de investigación a nivel federal, pero no existe un desglose específico sobre cuántas corresponden a delitos de delincuencia organizada. Esta opacidad y ambigüedad estadística impiden evaluar realmente la eficacia de las estrategias de seguridad y justicia.
La sociedad mexicana merece cifras claras, datos verificables y una política de seguridad basada en hechos, no en ficciones oficiales. El maquillaje de estadísticas solo contribuye a fortalecer la impunidad y a debilitar la confianza en las instituciones. Siendo así, todo lo que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, está manejando, es una estrategia de publicidad que omite la veracidad de lo que realmente está aconteciendo en nuestro país, como vil política. 
Porque la verdad, aunque incómoda, es el primer paso para recuperar la justicia.

Cifras irreales en la detención de delincuentes de alto impacto

Eduardo González Velázquez

Nuevo proyecto de reforma migratoria

Jonás

Días de tormenta y tiempo de solidaridad

Atxiri Hernández

“La vida como una telenovela”

Mi pecho no es bodega

El feminicidio de una joven de 20 años en Jalisco, asesinada por su ex pareja con un arma R-15 de uso exclusivo del Ejército, sacude nuevamente a la Entidad. Este crimen no solo refleja la violencia de género persistente, sino también el alarmante acceso que tienen los civiles a armas de alto poder, diseñadas para el combate y no para circular libremente por las calles mexicanas.
La realidad es cruda: en Jalisco se han decomisado más de 11,000 armas en los últimos años, pero el tráfico ilegal continúa imparable. A nivel nacional, se estima que más de 200,000 armas cruzan la frontera anualmente, mientras que los decomisos apenas alcanzan un 3% de ese total. La impunidad y la debilidad institucional han convertido al Estado en terreno fértil para la violencia.
Frente a esta crisis, es urgente implementar estrategias de seguridad más rigurosas y efectivas. Los retenes de revisión aleatoria, aplicados estratégicamente por la Guardia Nacional y la Policía Estatal, podrían ser una herramienta clave para frenar la portación ilegal de armamento y disuadir delitos de alto impacto, como los feminicidios.
No se trata de militarizar el Estado, sino de prevenir. Y la Constitución permite hacerlo. De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Mexicana y la jurisprudencia 1a./J. 78/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los retenes son legales si cumplen con ciertos principios: no deben implicar detenciones arbitrarias, deben estar justificados por causas objetivas y no pueden violar la privacidad ni los derechos fundamentales sin una causa fundada.
Esto significa que sí es posible establecer filtros de seguridad en puntos críticos del Estado, siempre que se respeten los derechos humanos y exista un marco normativo que regule su operación. La clave está en que los operativos estén documentados, supervisados, y que los elementos estén capacitados y equipados para actuar con profesionalismo y legalidad.
Un modelo a seguir es el del municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León. Allí, la estrategia de seguridad se apoya en tecnología y transparencia: patrullas y oficiales cuentan con cámaras de videograbación, los procedimientos son auditados y los ciudadanos pueden denunciar abusos en tiempo real. Esta infraestructura ha reducido la percepción de corrupción y ha fortalecido la confianza ciudadana. 
Jalisco debe mirar hacia adelante. Equipar a los cuerpos de seguridad, implementar plataformas de denuncia digitales, instalar cámaras en patrullas y oficiales, y operar retenes respetuosos de la ley, son pasos fundamentales para frenar la violencia que hoy desborda al Estado. 
Blindar Jalisco no es llenar las calles de armas, sino de vigilancia inteligente, legal y efectiva. La vida de las mujeres y la seguridad de la ciudadanía ya no pueden esperar.

Urgen retenes para disminuir los delitos en Jalisco