Nuevo proyecto de reforma migratoria
Esta semana dos congresistas latinas, María Elvira Salazar (republicana, de Florida) y Verónica Escobar (demócrata, de Texas) presentaron en la Cámara de Representantes de Estados Unidos un proyecto de ley para “enmendar” lo que llamaron un sistema de migración “roto”.
Sin duda, este es el mejor momento para poner sobre la mesa la discusión para una reforma migratoria, pues a partir de enero de 2026 las agendas políticas serán dominadas por las campañas electorales donde nadie quiere salir mal enfocado en la foto, por lo tanto, un tema tan polarizante será dejado de lado en los meses previos al 3 de noviembre del año siguiente. En este sentido, la posibilidad de que el nuevo proyecto migratorio vea la luz tiene una ventana temporal de seis meses. No más.
Los principales puntos del proyecto llamado Ley Dignidad son: beneficiar a las personas que tienen al menos cinco años de haber llegado a Estados Unidos, así como a los DACA, DREAMERS y quienes están bajo la protección del TPS. Plantea reformar el sistema de asilo acelerando el procesamiento a menos de 60 días mientras los solicitantes permanecen en “campus humanitarios” en la frontera sur. Se crearían también centros de procesamiento de asilo en América Latina y se introduciría una nueva visa humanitaria.
Quienes quieran acceder a estos beneficios tendría que pagar una “indemnización” al Estado de 7 mil dólares, además de no contar con antecedentes penales.
El proyecto incluye varios aspectos de seguridad, a saber: hacer obligatorio el uso de E-Verify a nivel nacional para verificar el estatus migratorio de los trabajadores contratados. Continuar con la construcción de barreras en la frontera, contratar a miles de agentes para la Patrulla Fronteriza y oficiales del CBP. Aumentar las sanciones contra traficantes de personas y abusadores sexuales de menores. Autorizar al Departamento de Seguridad a usar pruebas de ADN para verificar vínculos familiares. Eliminar la política de “capturar y soltar” a quienes ingresen de manera “irregular” a Estados Unidos. Todo ello tendría un costo de 70 mil millones de dólares.
La propuesta no ofrece una vía para obtener la ciudadanía estadunidense ni permitiría que los beneficiarios reciban prestaciones federales.
El proyecto de Ley responde no solo al rechazo de la sociedad a las políticas antimigrantes de Trump, sino al impacto económico que los migrantes tienen en la Unión Americana. Por un lado, 79% de los adultos estadunidenses cree que la migración es buena para su país, apenas 38% apoyan la deportación de todos los migrantes, y 78% opina que se debería permitir que los “indocumentados” obtengan la ciudadanía estadunidense (Gallup, 2025). En otro sentido, un grupo de 175 empresarios agrupados en American Business Immigration Coalition Action (ABICaction) enviaron una carta al presidente Trump para abogar por soluciones migratorias que fortalezcan la economía estadunidense.
Sin duda, un aspecto positivo de la propuesta es que, de tener ocho copatrocinadores hace un par de años, hoy cuenta con 30 legisladores bipartidistas que la están empujando.
Veremos si la propuesta se materializa y permite salir de la oscuridad a millones de migrantes “sin papeles” o si queda arrumbada en el cajón de lo pendiente como ha sido el caso de varios intentos de reforma migratoria puestos a discusión desde que se aprobó la Ley Simpson-Rodino en 1986.
