En Jalisco, la violencia no cesa y las cifras son prueba de ello. A pesar del discurso oficial que presume avances en materia de seguridad, los datos muestran una realidad inquietante. En el primer cuatrimestre de 2025 se han registrado más de 600 homicidios dolosos, mientras que durante todo 2024 la cifra alcanzó los mil 445 casos, apenas cuatro menos que en 2023. En cuanto a feminicidios, hasta junio de 2025 se han documentado 13 casos oficiales, con una tasa que bajó de 0.84 a 0.63 por cada 100,000 mujeres. No obstante, lejos de representar un logro, estos números reflejan una tragedia sostenida y una violencia que continúa golpeando con fuerza a las mujeres jaliscienses y el Estado parece no tener intenciones de pararla, contario al discurso.
El feminicidio de Karla Bañuelos, joven de 20 años asesinada con un rifle AR-15 frente a su casa, generó una ola de indignación nacional. La difusión del video de su ejecución en redes sociales y medios provocó una fuerte presión social. Lo preocupante vino después: la detención de Kelvin “N”, presunto feminicida, fue grabada y presentada por la Fiscalía como si se tratara de una producción televisiva. Uniformados en formación, cámaras perfectamente posicionadas, discursos preparados; todo cuidadosamente diseñado para generar impacto mediático más que garantizar justicia. Esta escenificación institucional recordó inevitablemente el montaje del caso Florence Cassez, donde la verdad fue sacrificada a favor del espectáculo, lo cual viola el debido proceso.
Mientras tanto, casos como el de Valeria Márquez, influencer asesinada durante una transmisión en vivo desde su salón en Zapopan, permanecen sin respuesta ni avances. A pesar del fuerte eco en medios, la Fiscalía ha guardado silencio. No hay detenidos, no hay líneas de investigación claras, no hay resultados. Para muchos, se trata de un caso “incómodo” para el gobierno, pues no permite capital político ni control narrativo. Este contraste evidencia una justicia selectiva: lo que se graba se investiga, lo que no, se ignora, todo está a las órdenes de los reflectores de los medios y de las redes sociales.
A la anterior simulación se suma la reciente polémica en torno a las patrullas Tesla adquiridas por el gobierno estatal. Lo que fue anunciado como una medida de innovación tecnológica terminó por convertirse en símbolo de frivolidad: videos virales muestran a policías utilizando estas unidades para ver películas en Netflix durante su jornada laboral. Mientras las familias jaliscienses lloran a sus muertos y buscan desaparecidos, los elementos encargados de la seguridad pública disfrutan del entretenimiento desde vehículos de lujo, sin importarles cumplir con su función de brindar seguridad.
La estrategia de seguridad en Jalisco parece centrarse más en la imagen que en los resultados. Se invierte en patrullas, cámaras y discursos, pero no en mejorar la capacidad investigativa de la Fiscalía, en fortalecer las unidades de género ni en garantizar un acceso real a la justicia para las víctimas. La ciudadanía no necesita shows, necesita respuestas. No necesita operativos grabados, sino instituciones eficientes. No necesita estadísticas maquilladas, sino políticas efectivas que pongan en el centro la vida y la dignidad de las personas.
En conclusión, la realidad de Jalisco está lejos de lo que el gobierno intenta proyectar. La violencia no ha disminuido, sólo se ha encubierto bajo una narrativa cuidadosamente construida. El caso de Karla y su detención grabada, el abandono del expediente de Valeria, las cifras que no bajan y los policías que ven Netflix en patrullas de lujo conforman un panorama de simulación institucional que insulta a las víctimas y ofende a la sociedad. La justicia no puede ser un espectáculo. La justicia debe ser verdad, debe ser acción, y sobre todo, debe ser para todas y todos los ciudadanos sin distinción social ni de género. Jalisco necesita justicia, impunidad cero e índices bajos para realmente sentirnos seguros.