El SIAPA se ha convertido en una especie de papa caliente que, con cada nueva administración, pasa de mano en mano sin que nadie quiera asumir su verdadera transformación. Más que resolver sus problemas estructurales y operativos, los gobiernos han optado por la estrategia del “patear el bote”, postergando decisiones clave, con la esperanza de que el siguiente se haga cargo. Esta evasión sistemática ha dejado una estela de desgaste institucional y una acumulación de problemas que hoy son imposibles de ignorar.
El deterioro en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento no es un accidente. Es la consecuencia de décadas de abandono en áreas fundamentales: inversión, planeación, profesionalización y rendición de cuentas. La estructura organizacional del SIAPA, sumada a prácticas clientelares, ha convertido al organismo en un verdadero dolor de cabeza para quien intenta dirigirlo con seriedad.
El organismo técnico especializado que debería garantizar un servicio público esencial se ha vuelto, en muchos casos, una agencia de colocaciones políticas. Llegan administraciones y se repite el mismo patrón: compromisos partidistas que se pagan con nombramientos, sin importar si la persona cuenta con el perfil adecuado o la experiencia necesaria. Peor aún, estos nombramientos muchas veces desplazan a personal técnico capacitado, que ha dedicado años de su vida a hacer funcionar el sistema a pesar de las adversidades.
Cabe decir que dentro del SIAPA hay personas sumamente profesionales, comprometidas con su labor, y que —literalmente— han hecho posible lo imposible. Su trabajo merece ser reconocido, pero también defendido frente al oportunismo político que ha colonizado las decisiones administrativas del organismo.
Para entender cómo ha evolucionado la estructura y el gasto, basta revisar algunos datos públicos. Durante la gestión del Ing. Aristeo Mejía Durán —administración de la cual tuve el privilegio de formar parte— el SIAPA contaba con un Director General y cuatro Direcciones Generales (Administrativa, Técnica, Comercial y Financiera). El resto eran subdirecciones operativas (Jurídica, Innovación, etc.). En la administración pasada, esta estructura se infló: de cuatro pasaron a seis Direcciones Generales, y además se crearon cuatro Subdirecciones Generales adicionales, todas dependientes directamente del Director General. El resultado no fue mayor eficacia, sino una burocracia más pesada y costosa.
La nómina también ha crecido significativamente. De acuerdo con datos del portal de transparencia del SIAPA, en la segunda quincena de junio de 2018 había 2,928 empleados; para la primera quincena de junio de 2025, la cifra aumentó a 3,124. Es decir, en poco más de seis años se sumaron 196 plazas. En cuanto al presupuesto del capítulo 1000 (nómina), en 2016 se presupuestaron 1,145 millones de pesos; para 2025, la cifra asciende a 1,713 millones. Un incremento de más de 568 millones de pesos. Aunque los ajustes salariales por inflación pueden explicar una parte, el crecimiento desproporcionado de la nómina es difícil de justificar frente a la crisis de servicio que vive el organismo.
Todo esto es síntoma de que el SIAPA necesita una intervención seria, no para desaparecerlo, sino para rescatarlo del secuestro político y devolverle su carácter técnico, profesional y ciudadano. Es urgente romper con la lógica de usarlo como botín político, como quedó demostrado con nombramientos como el de Ely Castro, cuya falta de perfil técnico ha sido ampliamente cuestionada.
Si realmente queremos garantizar el derecho humano al agua, necesitamos un SIAPA que funcione con criterios de mérito, eficiencia y rendición de cuentas. No más improvisaciones. No más simulaciones. Porque el problema ya no puede seguirse pateando hacia adelante.