Diez estados concentran los mayores niveles de extorsión a empresarios, alcanzando cifras nunca antes vistas. La inseguridad, el clima político y la falta de certeza jurídica colocan a México en una crisis de confianza para el sector privado.
La economía nacional se ve amenazada por el miedo, la impunidad y la ausencia de justicia. La inseguridad ha dejado de ser sólo un problema de percepción para convertirse en una realidad contundente y medible: México enfrenta el nivel más alto de extorsión empresarial desde que se tiene registro oficial, con 32 denuncias diarias en promedio y una cifra negra alarmante del 96.7% de casos no denunciados, según datos del Observatorio Nacional Ciudadano y el INEGI.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha alertado que la situación ya impacta directamente la inversión privada. De acuerdo con su más reciente reporte de confianza empresarial, los proyectos de inversión han caído en 12.8 puntos porcentuales, una cifra más baja incluso que durante la pandemia de COVID-19.
Los 10 estados con mayores niveles de extorsión a empresarios en lo que va del 2025 son:
1. Estado de México. Encabeza la lista con más de mil 150 casos reportados y un fuerte incremento en llamadas de cobro de piso.
2. Jalisco. Supera los 880 casos; los sectores restaurantero, agrícola y transporte son los más golpeados.
3. Ciudad de México. Acumula más de 750 denuncias, especialmente en zonas comerciales y de abasto.
4. Michoacán. Se estima que siete de cada 10 negocios pagan cuota, aunque no denuncian por miedo.
5. Guanajuato. En ciudades como Irapuato y Celaya, la extorsión se ha duplicado en un año.
6. Veracruz. Con más de 500 casos, destaca por la impunidad con la que operan los grupos criminales.
7. Chiapas. Aumento del 35% en extorsiones vinculadas al crimen organizado y control territorial.
8. Zacatecas. Reporta un alza del 42% en extorsiones desde 2023.
9. Morelos. Las microempresas son el blanco preferido; muchas cierran sin denunciar.
10. Guerrero. El Puerto de Acapulco sufre una extorsión sistemática a hoteleros y comerciantes.
Según Coparmex, las tres principales razones por las que ha caído la inversión privada son:
* Inseguridad (36%).
* Ambiente político hostil (28%).
* Falta de certeza jurídica (18%).
Este clima ha provocado que miles de empresarios decidan congelar sus operaciones, desinvertir o migrar sus negocios a otros países. El miedo a perder su patrimonio o incluso la vida, ha puesto un freno a la economía productiva.
Aunque las cifras oficiales hablan de cinco mil 887 víctimas reconocidas de extorsión en el primer semestre de 2025, expertos afirman que el número real podría ser diez veces mayor debido a la cifra negra. Esto se debe a que muchas víctimas no denuncian por temor a represalias o por falta de confianza en las autoridades.
Organismos como México Evalúa y Causa en Común han documentado que en varias entidades, los criminales operan con complicidad de autoridades municipales y estatales, lo que perpetúa un círculo de impunidad.
México vive una crisis estructural de seguridad y justicia. La extorsión no solo afecta a las víctimas directas, sino que estrangula la economía, desincentiva el emprendimiento y condena al país a una parálisis productiva.
Si no se implementan estrategias efectivas de protección al sector empresarial, con inteligencia financiera, fortalecimiento institucional y desarticulación del cobro de piso, el país corre el riesgo de ver colapsar una de sus principales fuentes de empleo y desarrollo económico.
La justicia no puede seguir siendo un privilegio lejano para quien produce y genera empleos. Si no se garantiza la seguridad de los empresarios, no habrá inversión, ni trabajo, ni crecimiento.