Hiram Espinoza de los Monteros

No es la primera vez que un gobierno promete llevar la cultura a las aulas, pero sí es la primera que Jalisco anuncia que todas las primarias y secundarias públicas tendrán clases de música como parte de su plan de estudios. El gobernador Pablo Lemus presentó la medida como una apuesta para que el Estado sea “referente cultural a nivel mundial”. ¿Está mal querer más arte en las escuelas? Claro que no, de hecho, es urgente.
Prometer aulas con instrumentos y remodelar 920 escuelas suena ambicioso. Sin embargo, según el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, casi el 15% de los planteles en Jalisco no tienen conexión al agua potable, y 25% carece de sistema de drenaje. ¿Llegará la flauta antes que la plomería?
Además de imaginar salones con guitarras, sería bueno garantizar baños funcionales, techos seguros y agua potable. El reto es que se mantenga la apuesta por la cultura y a su vez también resolver lo básico en una política que logre lo integral de la dignificación del estudiante a fin de que Jalisco sea ese polo cultural con compromiso sostenido.
La cultura no debe llegar al final de la lista de prioridades, sino entrelazarse con otras necesidades esenciales. Que este impulso no se quede en discurso: si vamos a formar músicos, artistas y ciudadanos sensibles, empecemos afinando desde lo más básico. Que se construya y no se improvise.

Hiram Espinoza

Flautas y tuberías en armonía

Seis personas muertas y una desaparecida: saldo trágico que dejan, hasta ahora, las lluvias en Jalisco; a excepción del caso ocurrido en Sayula, el total de tragedias corresponde a la Zona Metropolitana de Guadalajara. Vidas perdidas, caos vial, bardas colapsadas y viviendas inundadas son la postal de cada temporal.
En contraste, colonias enteras siguen esperando que el agua potable llegue a sus hogares. El agua que nos sobra y el agua que falta. Las lluvias recientes en Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque no sólo provocaron caos vial y daños materiales, sino que exhiben, una y otra vez, el abandono de la infraestructura urbana y hace que el agua sobre, peor, se pierda a falta de un colector que la almacene para los tiempos de secas.
Las lluvias extraordinarias —como la que dejó 83 milímetros en menos de una hora en Zapopan— evidencian el rezago en colectores pluviales, vasos reguladores y sistemas de drenaje. Los gobiernos municipales responden con conteos de viviendas afectadas, recuentos de vehículos varados o arrastrados y maquinaria pesada para liberar calles. Los efectos se ven; las soluciones estructurales, no. 
Por otro lado, está el agua que nos falta. Los niveles de las presas se reportan al 52% en el Lago de Chapala y el riesgo de desabasto persiste en varias colonias del Área Metropolitana. La infraestructura hídrica colapsada y las fugas no atendidas representan pérdidas diarias de miles de litros. La respuesta oficial es apostar a un drenaje profundo o a discursos que promete soluciones a largo plazo, mientras el presente se resuelve con pipas.
No podemos seguir pensando el agua como un problema dividido entre la que cae del cielo y la que no llega a los hogares. Es el mismo problema. Lluvia que no captamos, agua potable que no distribuimos, infraestructura que no modernizamos. La ciudad debe replantear la gestión integral del agua: de las lluvias a las presas, del drenaje a la red hidráulica. Porque el agua que hoy nos sobra es la misma que, si seguimos así, mañana nos faltará.

El agua que nos sobra y la que esperemos no nos falte

El acuerdo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, que obliga a los partidos a postular exclusivamente mujeres en ocho municipios para el cargo de presidente (presidenta, claro está) en las elecciones de 2027, desató inconformidades; no sorprende, se veía venir.
La medida –argumentan en el IEPC– busca incidir en la participación política de las mujeres en donde nunca han gobernado por elección popular y además, ponderan que no hay posibilidades de reelección de los hombres que hoy están en el cargo. La inconformidad viene del partido que –irónicamente– postuló a la mujer que hoy gobierna el país: Movimiento de Regeneración Nacional. Morena anunció que impugnará esta disposición ante el Tribunal Electoral, argumentando que se trata de una intromisión en la autonomía partidista.
¿Cómo entender la reacción de Morena cuando, al menos en el discurso, defienden la paridad en todos los niveles de gobierno? Su oposición a estos lineamientos resulta en un giro práctico, más que ideológico, motivado por los intereses de sus cuadros políticos locales, especialmente en municipios estratégicos como Zapopan y Tonalá por ser parte de la Zona Metropolitana de Guadalajara. En palabras llanas: con la obligación de postular mujeres, liderazgos masculinos quedarían fuera de la contienda.
Al interior del partido también se alzan voces que ven en esta decisión una contradicción, más cuando la dirigencia estatal la ocupa precisamente una mujer. En contraste, otras fuerzas políticas como el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano han respaldado el acuerdo del IEPC, aunque no sin reservas. El fondo del debate está en la tensión entre garantizar condiciones de equidad histórica para las mujeres y mantener abierta la competencia interna sin restricciones impuestas desde fuera.
Lo cierto es que la paridad sustantiva no se agota en las cuotas, pero sin ellas ha sido imposible abrir espacios a las mujeres en muchas regiones. La medida del IEPC no es perfecta, pero representa un intento por acelerar la representación femenina en territorios donde simplemente no ha existido.
Si el Tribunal Electoral revierte el acuerdo, se consolidará el mensaje de que la paridad está sujeta a cálculos partidistas. Si lo ratifica, pondrá a prueba la capacidad de los partidos para formar y respaldar liderazgos femeninos más allá de los tiempos electorales. Por sus actos los conoceréis…

Morena y la impugnación a la paridad: ¿Convicción de género o cálculo electoral?

Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, firmó su declaración de culpabilidad ante una corte federal en Nueva York. Con ello, abre la puerta a lo que en términos judiciales se conoce como “cooperación anticipada”, es decir: ofrecer información a cambio de beneficios. En otras palabras y obvios términos, está dispuesto a hablar y si habla, más que exponer la red de trasiego de fentanilo, resultará interesante saber quiénes lo protegieron desde el poder político.
Esto genera tensión y hasta ánimo de fractura, pero ¿entre quiénes?, ¿cuáles son esos nombres que harían caer proyectos de gobierno?, ¿hasta dónde?, ¿hasta qué esfera cercana o lejana de quienes hoy ejercen el poder? El crimen organizado en México se caracteriza por su capacidad de infiltrarse en las instituciones y por ello no es igual Ovidio-cómplice que Ovidio-testigo revelando pactos con partidos, campañas o gobiernos.
Su caso se suma a una larga lista de criminales que, una vez capturados y juzgados en Estados Unidos, deciden colaborar. Lo hizo Vicente Zambada, lo hizo Dámaso López. Pero lo que distingue a Ovidio es su apellido, el simbolismo de su captura, el caos que provocó su liberación bajo López Obrador en el “culiacanazo” del 2019. No es cualquier narco: es el heredero visible del Cártel de Sinaloa, y su caída puede arrastrar la de otros que hoy no se identifican como parte del negocio del narco.
Si México no reacciona con seriedad ante esta coyuntura –con fiscalías que investiguen, congresos que exijan cuentas y partidos que limpien sus filas–, lo que podría ser una oportunidad para exponer y desmontar redes de narcopoder, terminará como siempre: con verdades silenciadas y responsabilidades diluidas. 
Hasta hoy, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha guardado silencio. No es extraño. Pero ese silencio institucional también es una señal: no hay control sobre lo que Ovidio pueda decir del otro lado de la frontera.

¿Qué revelará Ovidio?

Hace unas semanas, el 3 de abril para ser exactos, una densa columna de humo emergía del humedal de la Presa El Ahogado y se esparcía sobre las colonias de El Salto como una advertencia. No era la primera vez que ese ecosistema daba señales de colapso, pero sí fue una de las más visibles. La maleza seca y la contaminación acumulada fueron el combustible de un incendio que obligó a suspender clases y declarar emergencia atmosférica. 
El Ahogado es una presa natural que sirve como vaso regulador del Río Santiago, de sobra ya conocido por su contaminación. Durante décadas ha sido objeto de invasiones y hasta utilizado como relleno de escombro, el grado de omisión resalta cuando casi un siglo después de que fuera reconocido como un cuerpo de agua propiedad de la nación (1926) llega el anuncio de que la Conagua y el gobierno municipal de El Salto firmaron un convenio para impedir nuevas construcciones en la zona federal de la presa. 
Al menos en discurso político aseguran que cualquier intervención en El Ahogado debe ceñirse a la Ley de Aguas Nacionales. El gobierno de El Salto asegura que velará porque se respete al marco legal y la protección ambiental. ¿Por qué hasta ahora? 
Mientras este convenio se anuncia como un acto de responsabilidad, en paralelo se han promovido otros proyectos que, si bien se presentan como sustentables, generan tensiones. El ejemplo evidente es el sistema de distribución de agua tratada desde la planta El Ahogado hacia industrias del corredor de El Salto, impulsado por el propio gobierno estatal. Aunque se trata de una solución innovadora para reutilizar agua y aliviar el acuífero, también evidencia que el humedal ha sido visto más como proveedor de recursos que como ecosistema a preservar. A esto se suma que empresas como Cemex han ocupado por lo menos cinco hectáreas del vaso regulador, con planes de expansión hacia 100 más. 
El convenio con Conagua es una oportunidad, pero no una garantía. La firma debe ir acompañada de vigilancia de la zona, sanciones a las ocupaciones ilegales y restauración ecológica; de otra forma el humedal seguirá siendo rehén de intereses cruzados entre industria y gobierno dejando de lado su función como regulador climático, refugio de biodiversidad y defensa natural frente a las inundaciones. 
Si esta vez hablamos en serio, de proteger la presa, el humo del último incendio podría no ser una señal de pérdida, sino el inicio de una recuperación. Pero si el acuerdo solo sirve para calmar la presión mediática sin cambiar nada en los hechos, la Presa El Ahogado seguirá siendo un símbolo: el de una ciudad que se “desarrolla” desecando su futuro. 
Este jueves, por cierto, distintos organismos civiles de defensa del medio ambiente realizan un recorrido con medios de comunicación para evidenciar inundaciones, modificaciones del cauce y otras irregularidades que ya existen por inacción de las autoridades… a ver con qué nos encontramos.
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La promesa que apenas flota en El Ahogado

Consumado está. El Congreso de Jalisco aprobó la desaparición del Instituto de Transparencia e Información (ITEI), ese incómodo organismo autónomo que durante años se atrevió a exigir que los gobiernos rindieran cuentas; pero no teman, la transparencia no muere… solo se muda a casa. A partir de ahora, la Contraloría del Estado y las de los 125 municipios serán las nuevas garantes del derecho a la información.
Es decir, el gobierno se vigilará a sí mismo. ¿Qué podría salir mal? 
Imagínese usted a una dirección municipal que se niega a entregar información pública. Bajo las nuevas reglas, la Contraloría de ese mismo municipio tendría que sancionar&#8230; ¿a su propio patrón? ¿O se mandará un oficio a sí misma con copia para enterarse de su propia omisión? ¿Habrá ceremonias de “autopago” con discurso incluido? “Reconozco mi falta, me sanciono con firmeza y me comprometo a mejorar. Atentamente: yo”.
Morena, Movimiento Ciudadano, Futuro, Hagamos, el PT y el Verde así lo decidieron, desaparecer la autonomía de un derecho fundamental del todo país que presuma de democracia y garantía de derechos. ¿A quién se le ocurriría que una oficina subordinada va a poner en aprietos a quien le firma la nómina?
Y por otro lado… ¿será esto una mera ocurrencia legislativa? A mí me da por pensar que en lo político todo se calcula, a veces mal, pero todo se calcula y por eso creo que lo del ITEI es el primer acto de una obra más amplia. Movimiento Ciudadano parece haber cedido a cambio de algo: lograr acuerdos para sacar adelante la reforma local al Poder Judicial. Morena empuja por el control institucional, y MC, en vez de resistir, negocia.
Por lo pronto a prepararnos. Cuando no nos contesten una solicitud de información, no olvide reclamar con firmeza; y cuando la respuesta sea que la Contraloría ya se sancionó a sí misma, al menos podrá sentirse parte de esta tragicomedia llamada rendición de cuentas.

¡No teman! La transparencia no muere

La elección judicial del domingo 1 de junio, promovida como un ejercicio de democracia directa sin precedentes, terminó confirmando las sospechas que durante meses se externaron por diversas voces: la mayoría de los aspirantes electos tienen una trayectoria cercana —cuando no directamente vinculada— al movimiento de la Cuarta Transformación. El pueblo votó, sí, pero no en suficiencia como para calificar la jornada como exitosa o muestra de honor para definir el concepto de Democracia.
Hugo Aguilar Ortiz, próximo —según los resultados actuales— presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue durante el sexenio de López Obrador coordinador de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, un cargo con fuerte perfil político y afinidad ideológica con Morena; también fue el encargado de convencer y cabildear con las comunidades el Tren Maya. Junto a él estarán Lenia Batres, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, y María Estela Ríos, todas propuestas o apoyadas en su momento por el expresidente López Obrador.
Pero la lista no acaba ahí. Irving Espinosa fue asesor parlamentario de Morena, Arístides Guerrero presidió el Instituto de Transparencia de la CDMX, Giovanni Figueroa es más reconocido por su perfil académico y Sara Irene Herrerías cuenta con experiencia no en la impartición, pero sí en la procuración de justicia; trabaja para la FGR.
Con porcentajes de votación bajos y una participación ciudadana marginal, el resultado deja muchas dudas sobre la legitimidad de esta “renovación judicial”. ¿Es realmente un triunfo democrático cuando el voto popular valida una alineación ideológica ya preestablecida? ¿Puede hablarse de justicia independiente si el origen político de los ministros está tan claramente vinculado al oficialismo?
Esta elección, que se presentó como un acto de empoderamiento ciudadano, parece más bien una operación quirúrgica de control institucional. Si el Poder Judicial pierde su carácter de contrapeso y se convierte en apéndice del Ejecutivo —por más que se elija en las urnas—, la democracia pierde profundidad, y el equilibrio republicano se tambalea. 
La pregunta ya no es si ganó Morena. La pregunta es si la impartición de justicia quedó atrapada y sometida a la obediencia… al tiempo.

¡Oh, sorpresa! Ganaron los relacionados a Morena

En esta elección no se juega solo el futuro del Poder Judicial y su efecto de contrapeso de los otros dos poderes en los que se divide el sistema político de México, se juega también el ánimo del votante en quien siempre está la duda presente sobre el sentido que tiene el ir a votar: ¿de qué sirve acudir a las urnas si no sabemos por qué, ni para qué votamos?
¿Se está votando por un mejor sistema de impartición de justicia? (léase como “un país más justo”), ¿se está votando por mejores perfiles de jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras y ministros?, ¿se está votando para encontrar perfiles afines a la 4T o en contra? Aaah, no… ¡que no es una elección de carácter partidista!, ah bueno, entonces ¿por qué se está votando?
Lo que veremos el próximo domingo 1 de junio, lejos de ser un ejercicio de votación ciudadana consciente, se convertirá en una suerte de expectación confusa. Quien decida ir a votar recibirá 6 boletas; cada color le indica distintos cargos y dependiendo el cargo será el número máximo de nombres que pueda elegir. Pueden ser menos, pero no más. Si elige un nombre de más se anula todo ¿cierto?, o ¿a quién le quitarán el voto?
Lo cierto es que no se trata de elegir propuestas ni proyectos, sino perfiles seleccionados para ocupar cargos clave, sin ofrecer a la ciudadanía información clara ni la posibilidad de evaluar sus valores o visión. Así, la sociedad debe votar prácticamente a ciegas, en un proceso que parece más una selección administrativa disfrazada de elección popular.
La única forma de conocer a los candidatos es a través de páginas web y redes sociales, recursos que requieren acceso a internet y habilidades digitales, falta de inclusión que evidencia una simulación; súmele que el proceso electoral enfrenta los mismos riesgos que otras elecciones en nuestro país: acarreo, manipulación de votos y opacidad en el conteo. Con votos trasladados y contados fuera de las casillas, habrá desconfianza. 
De modo pues que el domingo, más que una elección, el país enfrentará un acto de fe en la democracia, votando a ciegas.

Votar a ciegas

Ismael Ramírez

Simular para recibir empatía del personal de salud

Mi pecho no es bodega

El 7 de agosto próximo, la Fiscalía de Jalisco ofrecerá por primera vez una disculpa pública por las omisiones y nulos resultados en la investigación de la desaparición de Dalia Guadalupe y Luis Ramón. La disculpa llegará casi 15 años después (septiembre de 2010) de que la pareja salió de Ahualulco de Mercado con la intención de –vía terrestre– llegar a Estados Unidos.
El último dato de ubicación es en el Estado de Zacatecas, donde Natividad, madre de Dalia, también presentó la denuncia con los mismos resultados: nulos. Dos denuncias, una en Jalisco y otra en Zacatecas, doble omisión, doble desinterés, doble ineptitud. El resultado es un calvario similar al de miles de familias que en México buscan a alguien.
El caso de Dalia y Luis fue llevado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en donde en diciembre de 2023 determinaron que hubo afectación al derecho a la búsqueda, localización e identificación, a la verdad, al acceso a la justicia y otra serie fallas derivadas de este caso.
Pienso en el recorrido… en los muchos funcionarios, Ministerios Públicos, policías investigadores, actuarios, peritos, o cuanta burocracia se involucre, que vio pasar el caso y lo fue dejando al final de los montones de papeles que contienen denuncias; después se van a archivo, cajas de cartón color café a la que colocan cualquier número para ligarlo al listado que enuncia los expedientes… 
Pienso en el cansancio por la cantidad de trabajo rezagado, pero pienso más en la señora Natividad a quien recién conozco por foto y en la que aparece dirigiendo su mirada al suelo; la curvatura de sus ojos transmite una profunda tristeza, ¿cómo esperar otra cosa? Hace 14 años y 10 meses no sabe nada de su hija y su yerno.
La primera denuncia por estos hechos se presentó en Jalisco, el 18 de octubre de 2010, ante la entonces Procuraduría de Justicia de Jalisco; la encabezaba Tomás Coronado Olmos. A lo largo de casi tres sexenios, la institución no solo fue omisa: fue cómplice de una investigación abandonada, interrumpida y archivada. Ni la transición a Fiscalía General en 2013, ni el paso por la oficina de Luis Carlos Nájera, Eduardo Almaguer, Marisela Gómez Cobos, Raúl Sánchez Jiménez, Gerardo Octavio Solís o Luis Joaquín Méndez, logró cambiar la inercia de inacción… hoy está Salvador González con escasos siete meses y semanas en el cargo, pero con carrera dentro de esta institución, reitero, rebasada.
Doña Natividad Guerrero, madre de Dalia y suegra de Luis Ramón, estará presente cuando el Estado le ofrezca disculpas. Su sola presencia debería incomodar a quienes construyeron sus carreras ignorando expedientes como el suyo, archivados en esas cajas de cartón color café.

Disculparse tres lustros después