Jonás

El tan conocido episodio del enfrentamiento a aventones y golpes entre Alejandro “Alito” Moreno y Gerardo Fernández Noroña, en la última sesión de la Comisión Permanente, desnudó por completo los defectos más graves tanto del PRI –partido político en caída libre– como de Morena, el partido en el gobierno, que a pesar de ser la fuerza dominante, todavía queda mucho a deber en su desempeño político en el ámbito nacional.
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Lamentable, además, resulta que con el efecto inevitable de las mañaneras, la presidenta Claudia Sheinbaum vuelva a rebajar su investidura y su imagen al referirse a algo que no ameritaba una respuesta de la jefa del Estado mexicano, y remitir otra vez a la conocida figura del “PRIAN”, que por más que ha sido desacreditada no por los morenistas, sino por los votantes en México, sigue sirviendo como pretexto de discusión superficial.
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A Morena, a la presidenta Claudia Sheinbaum y a los integrantes de la élite del partido dominante, suele olvidárseles –o eso parece– que son el gobierno, el partido en el poder que han ganado dos elecciones presidenciales, y que ya no queda utilidad en la comparación permanente con el PRI, con el PAN y con la oposición política que han derrotado.
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Mucho más útil y necesario es que corrijan los errores, que no son pocos, que han evidenciado en el primer sexenio y en lo que va del segundo, de lo que ellos bautizaron como la “cuarta transformación”.
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Que si Alejandro Moreno es un “porro”, como lo han llamado; que si en su historial hay numerosos yerros, algunos por comprobarse y otros por reconocidas tranzas o por el pragmatismo que fue característico de muchos personajes priístas, es algo que todos sabemos. El gobierno de la presidenta Sheinbaum no tiene por qué hacer evidentes sus logros, comparándose con los defectos del adversario político. Hay tantas necesidades, tantas decisiones pendientes, tanto que mejorar en México y tantos compromisos por los cuales responder, que la ganancia obtenida ante la exhibición de pobreza política y altura de miras en el pleito en la Comisión Permanente es completamente nula. Ni “Alito” ni Fernández Noroña tienen beneficio real después de ese episodio.
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Cuando se revisa en la historia del país a figuras que se ganaron el cariño del pueblo o el reconocimiento general por su desempeño en la vida pública, nunca se encuentra que hayan brillado por sus conflictos con el adversario, sino por sus logros y propuestas, y por cumplir compromisos que parecían muy difíciles o hasta imposibles, tanto así que pasaron a 
la posteridad.
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Urge que Morena, que los morenistas y que sus funcionarios en el ejercicio de gobierno, admitan plenamente sus deficiencias y lo que han hecho mal, y superen el comparativo con quienes ya fueron derrotados en las urnas. No se trata de tomar postura entre Morena o el “PRIAN”, se trata de cumplir con la misión para la cual se comprometieron al pedir los votos de los mexicanos.
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Que superen ya, el pleito Noroña-Alito

Es difícil elegir entre los dos. El ex lacayo Gerardo Fernández Noroña, hoy transformado en líder legislativo y celoso guardián de sus bienes económicos, se ha convertido en todo lo que criticó, y el senador y presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, es la más viva expresión de la condena que sufre su partido y la clase política que él representa.
Sin embargo, entre “Alito” y Noroña sí hay diferencias que se hacen más visibles en el momento histórico que estamos sobrellevando.
Vivimos un tiempo en el que la clase política gobernante, específicamente el Partido Morena, sus dirigentes y todos los funcionarios públicos de este partido, se apropió del manto de la moralidad. Dicho de otro modo: según ellos, nadie tiene autoridad para criticar a la administración pública y sus decisiones, si no ha recibido el permiso morenista.
Ningún político o exfuncionario está calificado para revisar o cuestionar una decisión oficial o la aplicación del presupuesto, mucho menos si pertenece o colaboró con otro partido político. Inmediatamente entra en la categoría de los “traidores” o “neoliberales”.
La razón nos abandonó.
El mismo ex presidente López Obrador lo dijo alguna vez: se requería 90% de lealtad y 10% de capacidad.
Increíblemente, la presidenta Claudia Sheinbaum (a quien se refieren reverencialmente como “la Doctora” por sus antecedentes en ámbito académico), cuestionó en su rueda de prensa cotidiana, si merecía más importancia la finca de 12 millones de pesos de Fernández Noroña o el hecho de que una autoridad estadounidense haya puesto en el mismo nivel a los capos del narcotráfico junto con el ex secretario de Seguridad del calderonato, Genaro García Luna. 
Poco favor le hace al país la presidenta Sheinbaum al sumarse a la discusión popular que ha resultado de un sexenio completo de polarización. 
En abono a la verdad: García Luna fue perseguido y detenido por las autoridades de Estados Unidos, no las de México.
Su caso no tiene absolutamente nada que ver con la actitud y el comportamiento de Gerardo Fernández Noroña, un autonombrado “luchador social” que al asumir como senador y presidente de la Cámara Alta, se consideró “un lacayao” que había llegado a un cargo de primer nivel gracias a la “cuarta transformación”, pero que ahora se ha convertido en lo que más criticó: un burgués de la burocracia federal, capaz de comprar una finca de 12 millones de pesos, viajar en primera clase por el mundo y enfrentarse a golpes a un líder político de la oligarquía que más ha odiado (al menos públicamente).
Reprobar los enfrentamientos en los espacios parlamentarios es cándido porque es la esencia del parlamentarismo.
Pretender que tomemos partido entre un Noroña y un “Alito” ofende la inteligencia.
Y la presidenta de la república debería evitar defender a ninguno de los dos, e incluso, debería ya ignorar en su narrativa a los “demonios azules” del calderonato porque ya son bastante conocidos los “demonios morenistas” de esta época.

Entre Fernández Noroña y “Alito” Moreno

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La historia de “El Mayo” Zambada y su confesión en Estados Unidos: medio siglo “pagándole a políticos, policías y militares”, siendo uno de los principales corruptores de autoridades, sacude a la clase política mexicana. Las consecuencias apenas inician.
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En el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, llama la atención la primera defensa ante la punta del iceberg de las revelaciones del capo: si hay acusaciones, deben mostrarse las pruebas, reclama la presidenta desde Palacio Nacional, en su rueda de prensa mañanera. Su reclamo es justo, pero ingenuo. “El Mayo” está fuera del alcance del Estado mexicano, fuera del alcalde de nuestro sistema de justicia que lo dejó libre durante al menos medio siglo, como uno de los capos que se convierten en leyenda popular.
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No presentará pruebas. Sólo hará declaraciones. Y con eso será suficiente. Las autoridades judiciales y ejecutivas de los Estados Unidos iniciarán investigaciones, presentarán cargos, revelarán “verdades” que seguramente sacudirán a élites políticas del país. Algunas carreras acabarán abruptamente. Y como es de esperarse –muchos mexicanos no sólo lo desean, lo piden– quizá varios personajes de la clase política y de la vida pública acabarán en prisión.
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Pero este largo proceso que se desarrollará durante los próximos años, no requerirá pruebas explícitas como lo exige la presidenta del país.
Basta con razonarlo un poco: ¿Es posible que una organización criminal como el Cártel de Sinaloa haya sobrevivido durante todo este tiempo sin los contubernios, los acuerdos y los sobornos que se entregaron?
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Es conocido públicamente en pequeñas poblaciones y grandes ciudades mexicanas que el crimen organizado amenaza “con plomo” a los policías, agentes investigadores, ministerios públicos, jueces o magistrados, o bien, si aceptan ciertas conductas, los premian “con plata”.
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El soborno no fue un invento de “El Mayo” Zambada, pero sí fue uno de sus principales impulsores.
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Que numerosos políticos mexicanos o miembros de corporaciones de seguridad o militares sean exhibidos es quizá el menos de los problemas que tenemos ahora. La gran cuestión es si con la detención y sentencia de “El Mayo” Zambada, todo por la acción de autoridades 
estadounidenses y no mexicanas, inicia un ciclo de limpieza de la corrupción.
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La desgracia que puede ocurrirnos es que sólo cambiemos a “El Mayo” por otros capos que mantengan y extiendan lo que hemos padecido durante décadas.
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El día después de “El Mayo”

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Ismael Zambada García, “El Mayo”, se declaró culpable ante la corte estadounidense del jueza Brian Cogan, el mismo que juzgó y condenó a uno de sus cómplices de toda la vida, Joaquín “El Chapo” Guzmán. A sus 77 años de edad y en condiciones físicas bastante disminuidas, uno de los capos más buscados en décadas evita el desgaste de un juicio y se enfrenta a dos certezas: no estará expuesto a pena de muerte y enfrenta la cadena perpetua.
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En estas condiciones, queda totalmente justificada la frase de la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, quien en plan festivo anunció que “El Mayo” morirá en una prisión norteamericana.
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Además de que se comprometió a pagarle al gobierno estadounidense la increíble cifra de 15 mil millones de dólares, el abogado que lo representó, Frank Pérez, aseguró al salir de la corte que no existe ningún acuerdo con autoridades estadounidenses para que Zambada García les comparta la información que acumuló en su vida criminal desde que tenía 19 años y se inició sembrando mariguana en los campos de Sinaloa.
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Pero una historia tan larga como la de Zambada no se va a encerrar en unos pocos párrafos. No es creíble. Frank Pérez contradice con su afirmación la añeja tradición norteamericana de los testigos protegidos y el uso discrecional de la información para abonar a los fines que más convengan al gobierno estadounidense.
Y es precisamente esta certeza, un acuerdo secreto para no tratar al “Mayo” como un criminal cualquiera a cambio de la información que acumuló en décadas, lo que genera numerosas especulaciones sobre el futuro que le puede esperar a empresarios, políticos, exfuncionarios e incluso, personal militar y de seguridad (aceptó haber sobornado a miembros de todos estos grupos).
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Es evidente que mientras dure la administración de Donald Trump, el gobierno estadounidense hará todo lo posible para generar la percepción de que está combatiendo con éxito a los cárteles del narcotráfico, ahora también clasificados como terroristas. Y queda constancia, desde hace varios meses, de que hay presión para que se actúe no sólo contra quienes son integrantes y cabecillas de la delincuencia organizada, sino también contra quienes desde la administración pública, se han corrompido para permitir las potentes actividades criminales que ahora están presentes en todos los ámbitos de la vida en México.
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Esto, que parecería una buena noticia para quienes esperan que se haga justicia, representa un terremoto de enorme magnitud para el entramado de gobierno.
Desde la presidencia de la república, pasando por gobiernos estatales y todas las estructuras de poder formal, puede generar crisis de gobernabilidad.
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¿Hasta dónde puede llegar la red de corrupción y contubernios? ¿Cuántos pueden caer en cuanto empiece a desgranarse la historia de culpables y sospechosos?
Por eso, la presidenta Claudia Sheinbaum se empeño hace unos días en rechazar que haya algún acuerdo con la DEA o con autoridades norteamericanas para permitir su intervención en el combate a la criminalidad. Ciertamente, su objetivo es defender la soberanía del país e impedir que se minimice el papel del gobierno federal, pero la repercusión de las revelaciones de Zambada y todos los narcotraficantes entregados a Estados Unidos, estremecerá la vida pública mexicana durante muchos años.
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“Mayo” Zambada, un terremoto en la política mexicana

Al empezar la semana tenemos como saldo violento, dos multihomicidios que afectaron a familias y asombraron a los habitantes de la ciudad. Según los reportes de la Fiscalía del Estado, uno ocurrió en el municipio vecino de la ciudad, El Arenal, donde un comando armado llegó a una casa y acribilló a los integrantes de la familia, dejando una marca de víctimas fatales.
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El otro sorprendió a los vecinos de San Andrés, e incluso de la Colonia Medrano, en Guadalajara, cuando en una camioneta encontraron los cuerpos de dos adultos y dos menores de edad, también aparentemente integrantes de una misma familia.
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La atrocidad de quienes proceden con tantas saña, no deja de ser sorpresa para los habitantes de la ciudad aunque se insista en que hemos “normalizado” la violencia. Si bien es conocido que quienes forman parte del ámbito criminal asesinan sin piedad a quienes se oponen a sus objetivos, también se está convirtiendo en un nuevo modo de operar, acabar con las familias completas, incluidos los niños. Ya habíamos tenido un antecedente cuando nos encontramos con una familia completa abandonada en la carretera de San Cristóbal de la Barranca; habían sido acribillados por policías.
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La cuestión para las autoridades es apremiante y se expresa entre dos signos de interrogación: ¿Cómo detener los multihomicidios?
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El gobernador del Estado, Pablo Lemus, había expresado ante la violencia de un feminicidio ocurrido en Balcones de Oblatos, que hechos como éste acaban con todos los esfuerzos de las corporaciones de seguridad y generan una clara percepción de inseguridad entre la ciudadanía, ¿qué sería peor: un feminicidio violento o la muerte de todos los integrantes de una familia, incluidos los niños?
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Las estrategias de colaboración entre corporaciones municipales, el Estado, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, se quedan muy cortas ante esta realidad. Sin embargo, no es posible que las autoridades lleguen a decir que no hay nada que hacer.
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Obliga revisar estrategias, aumentar labores de inteligencia, detallar las acciones de seguridad y darle seguimiento a los conflictos en los que se mezclan los intereses de las organizaciones delictivas que puedan ser identificados por la autoridad.
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El Estado de Jalisco, sus habitantes y sus autoridades, no se pueden quedar pasmados ante hechos tan violentos y desgarradores, como la eliminación sistemática de familias en aras de los intereses del crimen organizado.

¿Cómo resolver los multihomicidios?

Los dos más grandes factores de violencia e inseguridad en México se pueden sintetizar en el tráfico de drogas, de nuestro país hacia Estados Unidos, principalmente, y el tráfico de armas, la gran mayoría del vecino estadounidense a nuestro territorio. Por los intereses económicos del crimen organizado y porque se han armado con la más letal tecnología, la denominada “guerra contra el narco” que ubica su inicio en diciembre del año 2006, ha dejado en México alrededor de 275 mil muertos, sin contar a los que se declaran desaparecidos.
En los 20 años que han transcurrido, apenas este 21 de agosto se dio cuenta del primer gran operativo legal que asestó un golpe fuerte contra el tráfico de armas. El epicentro de esta acción de la justicia fue el Estado de Jalisco, donde se realizaron 14 cateos que permitieron la detención de 14 personas sospechosas de estar ligadas a esta actividad ilícita, entre quienes destaca Héctor Agustín Díaz, apodado “El Cachorro”. Dos operativos más se efectuaron en Nayarit y el Estado de México.
En el tiempo transcurrido desde que inició la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, una lucha frontal contra el crimen organizado se ha instalado en diferentes puntos del país, empezando por la frontera con los Estados Unidos, donde además de inhibir y detener a migrantes indocumentados, se ha perseguido el trasiego de drogas y armas. Estas acciones, que rompen totalmente con la “tolerancia” que se registró en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y su política bautizada como “abrazos no balazos”, han sido principalmente alentadas por la agresiva política del presidente estadounidense Donald Trump, quien desde el primer día de su mandato (20 de enero 2025), ha exigido al gobierno mexicano resultados en la contención y eliminación del tráfico de fentanilo y otras drogas.
La compleja y demandante relación entre las administraciones Sheinbaum y Trump ha significado en México la aplicación de una estrategia de combate a todas las expresiones del crimen organizado, y el personaje responsable de esto es el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. A él le ha correspondido anunciar los gigantescos decomisos de combustible y petrolíferos, decomisos de drogas y centenares de detenciones de líderes delincuenciales y sus operadores.
Sólo con este trabajo se ha contenido en buena medida la aplicación de aranceles de Estados Unidos a México y también las amenazas de acciones armadas en nuestro territorio contra los narcotraficantes, ya considerados legalmente como terroristas por la justicia estadounidense.
Pero desde que inició este esfuerzo, no se había dado un golpe contundente al tráfico de armas que le ha permitido a las organizaciones delictivas estar dotadas con la más letal tecnología en armamento. Y desde hace años, los principales proveedores de armas al crimen organizado han sido productores y tratantes estadounidenses.
La presidenta Claudia Sheinbaum, de hecho, en algún período temprano de la relación con Trump, reclamaba que a cambio de los esfuerzos mexicanos para contener al crimen organizado y el tráfico de fentanilo, el gobierno estadounidense debía contribuir a detener el tráfico de armas. Su petición se ha atendido a medias.
Los analistas calculan que al año, en promedio, ingresan a México hasta 200 mil armas de todo tipo, principalmente de Estados Unidos, que llegan a los grupos criminales. Actualmente, no sólo cuentan con armamento exclusivo de las fuerzas armadas de todo el mundo, sino que realizan ataques con drones armados e incluso, se denuncia que cárteles mexicanos envían personal suyo al escenario de la guerra entre Ucrania y Rusia, para actuar como mercenarios y capacitarse en el uso de armamento militar de última generación. 
“El Cachorro”, es líder de una red de tráfico de armas. Las traen de Estados Unidos, las modifican y las distribuyen en el país. A esta batalla, naturalmente, las autoridades mexicanas llegan tarde, pero es un primer paso.

Primer golpe al tráfico de armas en México

El pendiente del abasto de medicamentos en México amerita una reflexión reposada. Se trata de uno de los fracasos más rotundos y de más graves consecuencias de la autollamada “cuarta transformación”, desde la administración de Andrés Manuel López Obrador.
El expresidente argumentó desde el primer momento que las grandes empresas farmacéuticas del país habían montado un aparato de corrupción para obtener ganancias millonarias del erario federal, a cambio de abastecer al sector público de los medicamentos que se distribuyen en el IMSS y el ISSSTE, principalmente. En los estados de la república, por igual, estas empresas llevan años de aplicación de un esquema de contratos de distribución con cuestionables procedimientos.
Revisar estos mecanismos de concursos y venta de medicamentos multimillonarios, que indudablemente implicaron enriquecimientos ilícitos, requeriría años de estudio y auditorías. Baste decir que el presidente López Obrador, fiel a su estilo, sintetizó que todo era corrupto y que lo desmantelaría. Lo hizo.
El problema, como en muchos otros casos, es que no propuso nada a cambio. No hubo sanciones ni castigos; no hubo personas detenidas a pesar del discurso presidencial, y en cambio el Sistema Nacional de Salud quedó desmantelado. Prácticamente desde el año 2018 empezó a desabastecerse de medicamentos al IMSS y al ISSSTE y se llegó al extremo de romper el Sistema Nacional de Vacunación.
¿Qué recibieron los mexicanos a cambio? Programas de bienestar y un proyecto político de afiliación para los gobiernos estatales: el INSABI, que le entregaba los recursos estatales al gobierno federal para que sea éste el que administre los sistemas de salud en las entidades federativas. Aunque la mayoría aceptó, algunos estados como Jalisco, no aceptaron afiliarse.
En síntesis: López Obrador manipuló con el discurso la gravedad de la situación. Prometió un sistema sanitario “mejor que en Dinamarca”. Varias veces anunció que ya se iba a reabastecer de medicinas a las instituciones médicas nacionales. Se fue al terminar su gestión, aplicando a fuerza de decreto la instalación de una megafarmacia que nunca funcionó y tuvo el descaro de asegurar que el sistema de salud mexicano era “el mejor del mundo”.
A quienes protestaron durante su período de gobierno por la falta de medicamentos para personas con cáncer, los acusó de ser aliados de la oposición y no los atendió. 
Pero su sexenio acabó.
En la nueva administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que lleva 10 meses en ejercicio, el problema del desabasto de medicamentos y el quiebre del sistema de salud ha crecido. Incluso en los primeros intentos por comprar medicinas, hubo corrupción y compras a sobreprecio.
Pero en la carrera contra el tiempo, la presidenta Sheinbaum Pardo anunció el nuevo mecanismo de distribución de medicamentos “Rutas de la Salud”, que en su primera semana entregará 15 millones de piezas de 147 tipos de medicamentos e insumos médicos de primer nivel para ocho mil 061 Unidades Médicas del IMSS Bienestar en 23 estados. 
Ocurre que Jalisco no está incluido.
Hace una semana, Alejandro Barbosa, director de la Fundación Nariz Roja que apoya a personas con cáncer, impulsó protestas públicas por la falta de medicamentos. La presidenta acusó que la movilización había sido encabezada por Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón Hinojosa.
Ocurre que Jalisco no está afiliado al programa federal IMSS Bienestar. 
Y los medicamentos oncológicos no se han entregado. ¿Será castigo, revancha?

El abasto de medicamentos

Ayer, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionaron en el pleno por última vez. Se trata de los 11 ministros que estaban en el cargo y que colgarán la toga porque a partir del 1 de septiembre, entran en funciones los nueves ministros electos en el proceso electoral del pasado 1 de junio.
En la última sesión, que fue de carácter extraordinario, hubo ovaciones y una evidente carga de nostalgia. Concluyó una etapa en la historia de la justicia mexicana.
En este espacio, al menos, el objetivo no es empezar a escribir las memorias del trabajo de ministros como Norma Piña, la primera mujer mexicana en encabezar el Poder Judicial en la historia del país (para molestia permanente del expresidente Andrés Manuel López Obrador), ni de sus colegas en el pleno.
No, el propósito es otear algo de lo que se avecina con los ministros electos, o al menos los más conocidos de ellos. 
¿Por qué? Porque después de los discursos políticos en confrontación por la reforma al Poder Judicial y la viciada elección que dejó como recuerdo más claro los acordeones repartidos para que la mayoría de los ganadores fueran cercanos a los liderazgos del Partido Morena, lo que viene ahora es resolver la incertidumbre nacional e internacional expresada en una pregunta: ¿Mejorará la impartición de la justicia en México?
El nuevo ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz inició el nuevo trayecto llevando al ejercicio de la Corte un discurso de rescate de la identidad indígena de México. Eso está muy bien, y habla de su formación y convicciones; igual que él, el resto de las ministras y ministros (los nuevos y las que repiten), reflejarán sus intereses personales, pero lo que requiere la nación no es tanto que un ministro de la Corte decida llevar atuendos indígenas a la Sala del Pleno, sino que resuelva el retraso en la administración de la justicia. Eso es más trascendental que establecer una discusión sobre los salarios de los ministros y los trabajadores de la Suprema Corte.
El reto es gigantesco para todos: ministros de la Corte, magistrados y jueces federales. También para el nuevo órgano judicial que tendrá la responsabilidad de aplicar disciplina y sanciones entre juzgadores que se desvíen de la ley o administren justicia con base en intereses personales o de grupo.
El Poder Judicial de la Federación –al menos así justificaron la reforma para desmantelarlo y establecer uno con integrantes elegidos en las urnas– padecía de corrupción, nepotismo, clientelismo, lentitud e ineficacia. 
Sostengo, como lo he dicho en varias ocasiones en este espacio, que la solución a todos esos profundos defectos, no es simplemente elegir en las urnas a los jueces, magistrados y ministros.
Seguro hablarán del “beneficio de la duda”, pero debe ser muy breve. Porque la justicia federal, igual que en los estados en diferentes grados, padece muchos vicios que se supone, desaparecieron con la reforma judicial.

Suprema Corte de Justicia: el comienzo de lo incierto

El siguiente gran cambio del rostro legal de nuestro país es la reforma electoral y el encargado de hacerla es quien hasta ahora ha sido titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez.
Conocido por su larga trayectoria en la izquierda mexicana, por sus luchas juveniles en contra del sistema, desde el ámbito universitario y académico, y por sus largos años como solvente legislador, Pablo Gómez ofreció un nuevo perfil cuando se alió a Andrés Manuel López Obrador y acabó por convertirse en un funcionario más del régimen, al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Desde este órgano ha sido uno más de los golpeadores del gobierno en contra de los enemigos políticos, y se quedó muy lejos de cumplir con las expectativas de ser un combatiente contra el crimen organizado y el lavado de dinero. 
Pero su perfil como hombre de leyes, lo convierte en uno de los alfiles ideales de la presidenta Claudia Sheinbaum, para llevar a cabo la reforma electoral.
El encargo a Gómez para diseñar esta reforma, anticipa que las modificaciones a los órganos electorales, a los partidos políticos, y aún más, a la integración del Poder Legislativo, tendrán el sello del gobierno central; no serán el resultado de un consenso con todas las fuerzas políticas. Esta reforma, a juzgar por lo que ha anticipado la presidenta desde Palacio Nacional, no tiene el objetivo de mejorar cómo elegimos a nuestras autoridades, sino de garantizar que la élite gobernante se mantenga en el poder, disminuyendo más y más las oportunidades de una alternancia.
Hasta cierto punto, esta visión es normal, pues la llamada “cuarta transformación” considera que con su proyecto se termina de “construir” el país. No se autoperciben como un eslabón más en la cadena, sino como la culminación de ésta. 
Las discusiones durante la elaboración de la reforma y su posterior aprobación, serán muy parecidas a las que ya hemos conocido en otras materias. Habrá argumentos sólidos y dignos de consideración que no serán tomados en cuenta, sino descalificados sistemáticamente por el bloque de Morena y sus aliados. La reforma será, de eso no hay duda. De lo que podemos dudar es de sus resultados.
Reducir o desaparecer al INE, darle al gobierno, facultades de organización de elecciones; restar financiamiento público a los partidos políticos; eliminar la figura de los plurinominales, todos estos argumentos serán presentados como una victoria del pueblo, pero sostendrán un mayor y más duradero control del gobierno central. 
Veremos si este intento logra despertar a una oposición que no esté “moralmente derrotada”, como se ha visto en los últimos años.

Pablo Gómez, al frente de la reforma electoral