Derechos humanos: una tarea que no se detiene

La evolución de los derechos humanos en México ha sido compleja y ha estado marcada por avances fundamentales, pero también por grandes ausencias. La reforma constitucional de 2011 representó un parteaguas: transformó el modelo jurídico nacional e impuso a todas las autoridades, de todos los niveles de gobierno, el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con base en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Sin embargo, contar con leyes nacionales y tratados internacionales no garantiza, por sí solo, su aplicación efectiva. Por ejemplo, el derecho a una vida libre de violencia está reconocido a nivel constitucional y en tratados internacionales ratificados por México. Pero ese reconocimiento se ve comprometido cuando no existen suficientes refugios para mujeres en situación de riesgo, cuando las denuncias no se investigan con perspectiva de género, o cuando el funcionariado carece de formación especializada.

Uno de los grandes retos, sin duda, es lograr que tanto las autoridades como la sociedad, se apropien de estos principios y los traduzcan en prácticas cotidianas. Y aunque esto suceda, el dinamismo de la realidad impone nuevos desafíos. Nuestros marcos legales, con frecuencia, llegan tarde a una sociedad que se transforma rápidamente, lo que genera tensiones entre lo normativo y lo que realmente viven las personas.

Hoy enfrentamos problemáticas que hasta hace algunos años, eran impensables y que ahora se han arraigado con fuerza en nuestra vida pública. La desaparición de personas es una herida abierta: miles de familias continúan buscando a sus seres queridos, enfrentando omisiones institucionales y revictimizaciones. También persisten violaciones al debido proceso, a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia: desde demoras injustificadas hasta defensas inadecuadas o ineficientes. A lo anterior, se suman los obstáculos que enfrentan las personas para ejercer el derecho a la igualdad y no discriminación —especialmente mujeres, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, población migrante, pueblos originarios y población LGBTTTIQ+—. No podemos negarlo: las violaciones a los derechos humanos están presentes, y cada vez duelen más.

En este escenario, las defensorías de derechos humanos mantienen un papel clave: actuar como puente entre el Estado y las personas. Somos instituciones que aportan equilibrio al poder público al visibilizar abusos, señalar omisiones y proponer soluciones desde un enfoque de respeto, orientado a la construcción de paz e inclusión, todo esto a pesar de no contar con facultades ejecutivas vinculantes.

En lo que va de esta administración, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) ha atendido 7 mil 926 quejas, emitido 101 recomendaciones, se han dictado mil 718 medidas cautelares, propuesto 2 mil 565 conciliaciones y brindado 21 mil 714 orientaciones. Pero nuestra labor no se limita a lo reactivo: también hemos firmado 165 convenios de colaboración con instituciones clave y capacitado, con perspectiva de derechos humanos, a más de 128 mil 153 personas. Porque la educación en derechos humanos es un pilar fundamental para prevenir las violaciones antes de que ocurran.

En la CEDHJ mantenemos las puertas abiertas a todas las personas. Nuestro enfoque prioriza la atención, la conciliación y el acompañamiento. Atendemos quejas, sí, pero también brindamos asesoría, orientación, diálogo, escucha y propuestas de solución, con el objetivo de contener el conflicto antes de que escale. Esta labor la realiza un equipo comprometido, experto y con una trayectoria consolidada en la defensa de los derechos humanos.

Hoy, la CEDHJ no es una institución que confronte por confrontar. Los conflictos son inevitables, pero la forma en que los enfrentamos es lo que construye caminos de respeto, inclusión y corresponsabilidad. Defender los derechos humanos no significa oponerse al Estado, sino fortalecerlo desde sus raíces.

A tres años de haber asumido esta responsabilidad, reafirmo que nuestra visión está clara: el trabajo se construye desde la colaboración, no desde la imposición. Las instituciones públicas debemos mirarnos unas a otras como aliadas, como partes de un mismo cuerpo social que necesita funcionar en armonía para ser justo.

La defensoría es, y seguirá siendo, un espacio de diálogo, escucha y acción, donde todas y todos estamos llamados a reeducarnos. No basta con conocer nuestros derechos: hay que practicarlos, exigirlos y respetarlos. Para lograrlo, necesitamos tiempo, voluntad y unidad. Solo así podremos construir un Jalisco más digno para todas las personas.