Nora Ampudia

El día de hoy, el INEGI publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo a junio de 2025. Los resultados muestran un proceso curioso de precarización laboral, y digo curioso porque, por un lado, el incremento en el salario mínimo ha mejorado la situación de los trabajadores que reciben dicho salario, pero ha empeorado la situación de los que ganan más de dicho salario, y los que se encuentran en la informalidad laboral.
La encuesta muestra que la población ocupada tuvo un incremento anual de 1.2 millones de personas, de forma que el total de ocupados son 60.2 millones de personas, esto es el 97.3% de la Población Económicamente Activa, pero también la población no económicamente activa, es decir en edad de trabajar, pero que opta por no hacerlo, también aumentó en 872 mil 934 personas, y de ellas solo el 12.1% tomarían un empleo si se lo ofrecieran.
Esta población en edad de trabajar pero que no trabaja, fue de 41.6 millones de personas (40.2% de la población en esa edad) y si decidieran incorporarse al mercado laboral generarían un crecimiento económico significativo y un aumento en la productividad. 
La tasa de desocupación fue del 2.7% en junio y el año anterior, en el mismo mes fue de 2.8%, es una tasa baja debido a la inexistencia de un seguro generalizado de desempleo, ya que solo en Ciudad de México y en el Estado de México existe.
Por nivel de ingresos, los datos son preocupantes, ya que el 38.3% de los empleados gana cuando mucho un salario mínimo, y aunque muestra una mejoría porque el año pasado en la misma fecha era el 43.3%, el porcentaje actual es demasiado alto; implica que cuatro de cada 10 empleados ganan como máximo un salario mínimo.
El 29.8% gana más de uno y hasta dos salarios mínimos, cuando el año pasado era el 28.3%, y los trabajadores que no reciben ingresos son el 5.1% de los ocupados, y aumentó con respecto al año pasado que fueron 4.8 por ciento. 
Si sumamos estas tres cifras, tenemos que el 73.2% de las ocupados gana como máximo dos salarios mínimos, esto es siete de cada 10 ocupados.
Hay que recordar que un salario mínimo son 278.8 pesos diarios. Ello significa que siete de cada 10 ocupados no gana más de 557.60 pesos al día, que mensualmente serían $16,960.34 para la mayor parte del país, ya que en la Zona Norte el salario mínimo puede llegar a 419.88 pesos diarios.
Otro dato preocupante es que los trabajadores que ganan más de dos salarios mínimos y hasta tres salarios mínimos, disminuyeron en 15 mil 587 personas, y solo representa el 6% de los asalariados, mientras que los empleados que ganan más de tres y hasta cinco salarios mínimos, también se redujeron a 156 mil 762 personas y representan únicamente el 0.8% de los trabajadores.
Sin embargo, es de destacar que durante el sexenio pasado el incremento en el salario mínimo fue mucho mayor que la inflación, lo que implicó un incremento del 110% en términos reales, un elemento que sí ha mejorado las condiciones de vida de los trabajadores que ganan dicho salario, aunque dicha mejoría no se reflejó en los salarios más altos o profesionales. De hecho, el poder adquisitivo de los salarios profesionales y medios llegó a disminuir en términos reales, porque sus aumentos no compensaron completamente la inflación, por ello y en función de los datos anteriores, se puede concluir que predomina la precarización laboral.
En cuanto a la Tasa de Informalidad Laboral, aumentó a un 54.8% vs. 53.8% del año pasado. En esta tasa se contabiliza a aquellos empleados que son vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, básicamente pequeños negocios familiares, más aquellos que trabajan en microempresas no registradas, es decir en el sector informal, más aquellos que están por cuenta propia en la agricultura de subsistencia y aquellos que trabajan sin seguridad social, pero son empleados de empresas formales. Es decir que uno de cada dos trabajadores se encuentra en informalidad laboral.
Los ocupados en condiciones críticas de ocupación pasaron del 32.7% al 37.7%. Estos son los trabajadores que tienen condiciones laborales inadecuadas y trabajan menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a su decisión, o trabajan más de 35 horas a la semana, pero sus ingresos mensuales son inferiores a un salario mínimo, o aquellas personas que trabajan más de 48 horas a la semana, pero ganan como máximo dos salarios mínimos.
En conclusión, en México la tasa de desocupación es muy baja: 2.7%, no porque la economía muestre un gran dinamismo económico, ni porque los salarios y las condiciones laborales sean muy buenas, sino porque las personas tienen que trabajar para subsistir, ya que solo en Ciudad de México y Estado de México existe un seguro de desempleo vigente, y de todas formas las cifras que lo cubren son muy bajas; en Ciudad de México es un apoyo mensual de tres mil 439.46 pesos por tres meses, y en el Estado de México es de dos mil pesos mensuales hasta en seis ocasiones.

Continúa la precarización del empleo en México

En México, el gasto público en salud representa entre el 2.5% y el 2.7% del PIB, por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud que sugiere al menos un 6% del PIB, y el presupuesto aprobado para 2025 contempla un recorte del 11% respecto a 2024. Los recursos asignados son de aproximadamente 122 mil 668 millones de pesos, lo que limita la capacidad del sistema público para atender adecuadamente a la población.
Los institutos de seguridad social: IMSS e ISSSTE, presentan aumentos, pero los recursos para la población sin seguridad social: IMSS- Bienestar se reducen, así como las aportaciones a estados y municipios.
Como resultado de lo anterior, los mexicanos invierten más de su bolsillo para comprar medicamentos y el sistema sanitario deja sin cobertura al 39% de la población.
De acuerdo con datos de la OCDE, para 2023 México fue el país con el mayor gasto de bolsillo en salud y 41% se financia con ingresos de las familias. El Consejo para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, recientemente desaparecido, calcula que en 2018, 20.1 millones de personas no tenían acceso a servicios públicos de salud, cifra que se incrementó a 50.4 millones en 2022, lo que representa un incremento del 151% en solo 4 años. La población con carencia de acceso a servicios médicos aumentó del 16.2% en 2019 al 39.1% en 2022.
Se estima que entre 2024 y principios del 2025, el IMSS no pudo surtir entre 28 mil y 70 mil recetas al día, y de acuerdo con datos obtenidos del propio Instituto Mexicano de Seguridad Social, los derechohabientes no pudieron recibir 11 millones 575 mil 307 piezas de medicamentos en 2024, y según el Colectivo Cero Desabasto, en 2023 cinco millones 185 mil recetas no fueron surtidas, lo que representa un nivel de desabasto de aproximadamente del 4 al 10% de las recetas que se deben surtir diariamente. Ante la carencia de medicinas e insumos en las instituciones de salud pública y ante la deficiencia en los servicios, las familias han tenido que acudir a consultorios privados, consultorios de farmacias o se automedican.
De acuerdo con el INEGI y en función de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, en 2022 las familias mexicanas destinaban a la salud 3.36% de su gasto total cada trimestre, y la población que se autorreportó como fuera del sistema público de salud era del 42% vs. el 15% del 2018; ello implicó una reducción de 13.4 millones de personas.
Si se analiza por decil, la población más afectada es la más pobre y necesitada, ya que en 2018 los afiliados al IMSS del decil 1 (el más pobre) eran alrededor de 14 millones y para 2022 eran apenas 6 millones de personas.
Se estima que de cada 100 pesos gastados en salud, casi 50 provienen del bolsillo de las familias y de acuerdo con la OCDE, México es el país con el gasto de bolsillo en medicamentos más alto entre sus miembros. 
De acuerdo con el CELAG, los mexicanos necesitan trabajar cuatro horas más que el promedio latinoamericano de ocho horas, para poder comprar insumos médicos.
En el presupuesto de egresos de la federación, para el 2025 hay menos recursos programados para los más pobres, aquellos que no tienen acceso al sistema de salud pública. Las dependencias más afectadas son aquellas que atienden a las personas sin seguridad social, es decir para la Secretaría de Salud y el IMSS-Bienestar. Ello aumenta la desigualdad social y disminuye la equidad en los servicios públicos de salud.

Recortes en Salud: los más pobres son los más perjudicados

El 26 de junio de este 2025 despareció el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y sus funciones fueron transferidas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con ello se pierde un órgano técnico, autónomo y especializado en la evaluación y la medición de la pobreza.
La mayoría de las personas piensa que la pobreza es un problema de ingresos y si, de hecho, lo es, sin embargo, es mucho más complejo que ello. Es un fenómeno multifactorial y abarca diversas carencias que afectan la calidad de vida de las personas, su integración a la comunidad y su desempeño en el mundo laboral y social.
La calidad de vida tiene que ver con una mala salud y desnutrición además del no tener la posibilidad de acceder a servicios médicos, al agua potable, electricidad, educación y servicios básicos como drenaje, alcantarillado, transporte público, internet, etc. 
Las personas en pobreza se caracterizan por tener un trabajo precario porque no tienen las habilidades y destrezas necesarias, o la educación adecuada.
Para medir adecuadamente la pobreza, los enfoques modernos han creado un índice de pobreza multidimensional, lo que permite una mejor identificación de quiénes, cuántos son y en qué condiciones viven las personas en pobreza, lo que permite un mejor diseño de políticas públicas. 
De acuerdo con lo anterior, la pobreza puede ser:
1. Absoluta: cuando las personas no pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, educación y seguridad.
2. Relativa: cuando las personas tienen diversos tipos de carencia en relación con su entorno social. Se mide por la comparación de ingresos entre los hogares con los del resto de la sociedad en la que viven.
3. Coyuntural: de carácter temporal. Cuando las personas, durante períodos de crisis económica, enfermedades catastróficas, desastres naturales, conflictos bélicos, caen en pobreza, pero tienen las oportunidades y capacidades para salir de ella en un futuro cercano con el apoyo de políticas públicas.
4. Estructural: arraigada en las estructuras económicas, sociales y políticas del país con carencias acumuladas, exclusión social y discriminación. Genera desigualdad crónica y es difícil de superar.
5. Rural: la que se presenta en el medio rural por la falta de acceso a servicios básicos y condicionada por el entorno geográfico y climático. No es lo mismo ser pobre en el desierto de Zacatecas que en la Selva Lacandona.
6. Urbana: la que prevalece en las zonas urbanas a pesar de tener un mayor acceso a servicios básicos. No es lo mismo ser pobre en la Ciudad de México, que en Villahermosa.
7. Extrema: cuando la población no tiene forma de satisfacer las necesidades básicas más elementales, normalmente en zonas marginales o alejadas de centros urbanos, y generalmente indígenas o personas en situación de calle.
8. Generacional: es un proceso de transmisión de pobreza de padres a hijos convirtiéndose en un ciclo perverso, muy relacionado con la falta de movilidad social, de educación, salud y empleo.
9. Social: es un proceso de exclusión o marginación social que puede ser autoimpuesto o infligido por una sociedad que no permite su incorporación a la vida social, económica, política y cultural, ya sea por negligencia, por discriminación e indiferencia. Estas personas carecen de redes de apoyo, son estigmatizadas y sumamente vulnerables.
10. Material: relacionada con la falta de recursos y bienes materiales para cubrir sus necesidades básicas como viviendas construidas con materiales precarios que no protegen adecuadamente contra el clima, no tiene espacio suficiente y las personas viven hacinadas etc. 
Todo lo anterior indica que la pobreza no se soluciona simplemente con subsidios monetarios que quizás le permitan el acceso a una canasta alimentaria, o a una canasta básica que incluye algunos servicios públicos, pero que no los empodera o potencializa para que en un mediano plazo pueden salir adelante por sus propios medios.
Por ello me congratulo que ante la desaparición del Consejo de Evaluación para la Política Social (Coneval), surja un grupo de organizaciones y académicos que darán seguimiento a la medición de la pobreza y la evaluación de las políticas sociales.
Este consorcio se llama “Consorcio por la Medición y la Evidencia” que además de colaborar con el INEGI, involucra a instituciones como el Centro de Estudios Espinosa Yglesias que se ha especializado en movilidad social; el Instituto Mexicano para la Competitividad; México cómo vamos; México Evalúa y la Universidad Iberoamericana. De esta forma, se mantendrá la independencia técnica y la rigurosidad para un análisis mucho más profundo y adecuado de la pobreza, así como una evaluación crítica de las políticas públicas, de manera que se pueda fortalecer la política social en México.

¿Crees que dar dinero resuelve la pobreza? ¡Piénsalo de nuevo!

En economía tenemos que distinguir dos tipos de inversión: 
A) INVERSIÓN PRODUCTIVA: aquella que realizamos para comprar maquinaria y equipo, construir infraestructura, viviendas, fábricas, centros comerciales etc., denominada inversión fija bruta, e 
B) INVERSIÓN FINANCIERA: en la que utilizamos nuestro dinero para invertir en acciones, fibras, CETES, bonos y otros papeles financieros. 
La primera se considera productiva y es el principal motor directo del crecimiento económico y generación de empleos. Para ello necesita que las tasas de interés sean bajas, es decir, créditos baratos que permitan comprar maquinaria, equipo de producción, materia prima, etcétera. También necesita certidumbre, un entorno económico y político estable, estado de derecho y mucha seguridad.
La segunda, la inversión financiera, relacionada con la actividad bursátil y los instrumentos financieros, es un motor indirecto de crecimiento económico y es muy importante para canalizar recursos (ahorros y excedentes monetarios) a través de las instituciones financieras hacia la actividad productiva.
El problema es que: los productores de bienes y servicios necesitan tasas bajas y los inversionistas financieros buscan rentabilidad y por ello les convienen tasas de interés altas y estabilidad financiera. La cuestión es difícil de equilibrar para que el dinero pase de los mercados financieros a la actividad productiva y este tránsito a su vez es complejo.
De acuerdo con el INEGI la inversión productiva a la que denomina Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) muestra una continua disminución desde el primer trimestre del 2024 y su tasa de crecimiento anual, desde abril del 2024, ha sido de un -7.7%, acumulando ocho meses consecutivos en contracción.
Por sector, presenta una caída en la construcción del -5.5%, y una caída en la construcción no residencial del -11.8%, mientras que la inversión destinada a maquinaria y equipo ha caído un -9.1 por ciento.
La FBKF es realizada por particulares y por el gobierno. La primera ha caído un -5.0%, mientras que la realizada por el gobierno ha caído un -21.3 por ciento.
Si la desglosamos en el sector de la construcción, los datos son: -1.2% para el sector privado y -30.1% para el público; y de la realizada en maquinaria y equipo, la privada ha caído un -8.6%, pero la pública ha aumentado un 8.0 por ciento. 
La caída en la inversión productiva privada total se explica porque los inversionistas consideran que el entorno económico y financiero no es favorable para la inversión debido a la inestabilidad política internacional, la inseguridad pública y los problemas con la política comercial de Estados Unidos. Mientras que la del sector público ha caído por el ajuste fiscal para reducir el déficit, el fin de los grandes proyectos de infraestructura como el Aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y parte del proyecto del Tren Maya, junto con la falta de espacio fiscal, lo que obliga a priorizar el gasto corriente y social sobre la infraestructura productiva. 
Esto explica el bajo crecimiento económico, la disminución en la creación del empleo formal y la reducción en las expectativas económicas para fin de este año.

La realidad de la inversión productiva en México y su caída

El tipo de cambio es un precio relativo. Si el dólar se debilita el peso se fortalece, y como en todo precio relativo, siempre hay ganadores y perdedores.
Si el peso se fortalece y en consecuencia se pagan menos pesos por cada dólar, los perdedores son los exportadores, ya que facturan en dólares y cada dólar les da menos pesos, por ejemplo: si una empresa facturó 10 mil dólares en exportaciones a un tipo de cambio de 20 pesos por dólar, acabará cobrando 200 mil pesos, pero a 18 pesos por dólar cobrará 180 mil pesos. En cambio, el importador acabará ganando porque si importa 10 mil dólares a un tipo de cambio de 20 pesos por dólar, pagaba 200 mil pesos, y a 18 pesos por dólar sólo pagará 180 mil pesos.
En materia de remesas, las familias en México recibirán menos pesos por cada dólar que envió su familiar desde Estados Unidos; en cambio, si algún padre tiene un hijo estudiando en el extranjero y le tienen que enviar dólares, este padre sale ganando al pagar menos pesos por dólar.
También pierden los hoteles en México, ya que los extranjeros con la fortaleza del peso reciben menos productos y servicios por sus dólares y pueden preferir un destino diferente donde sus dólares tengan más poder de compra como, por ejemplo: Colombia, Argentina, Perú y Brasil. Los hoteleros en México reciben menos pesos por cada dólar, pero sus costos fijos no disminuyen, mermando sus utilidades. 
En contrapartida, los mexicanos saldrán al extranjero a vacacionar, ya que cada peso les da más dólares y, por ende, viajar es mucho más barato.
En materia de inversión extranjera, la fortaleza del peso también tiene perdedores y ganadores. Las empresas extranjeras que llegan a México encuentran que cada dólar les permite adquirir menos materia prima, menos mano de obra y menos insumos para su producción. En cambio, a las empresas mexicanas con operaciones en otros países les resulta mucho más rentable un dólar barato, es decir un peso fuerte. 
En materia de deuda externa, un peso fuerte beneficia a las empresas que han tomado créditos en dólares, pero perjudica a aquellas que otorgaron crédito en dólares.
Así que no es bueno para todos el tener un peso fuerte, ya que hay sectores como el turismo, los exportadores y los que reciben remesas, que se ven fuertemente perjudicados, mientras que las empresas mexicanas pierden competitividad en el mercado extranjero porque sus precios en dólares son relativamente más altos que los de otros países en otras monedas.

¿Nos conviene un peso fuerte?

Durante el fin de semana se intensificó la guerra entre Israel e Irán, y Estados Unidos entró en el conflicto atacando los búnkeres nucleares de Irán, incrementando los riesgos de una renovación de la actividad terrorista en contra de bases militares norteamericanas e instalaciones. Ello eleva la posibilidad de escalamiento de la guerra. Por su parte, los países miembros de la OTAN acordaron un incremento del 5% en gasto en defensa.
Esta escalada militar ha provocado un incremento en el precio internacional del petróleo. El West Texas Intermediate ahora ronda los $74 dólares el barril y el Brent los $75 dólares, y los fletes de los buques petroleros se han incrementado un 90 por ciento.
También se ha incrementado la volatilidad en los mercados financieros ante la incertidumbre en el panorama mundial, lo que provoca que los inversionistas busquen refugio en el dólar, el oro y los Bonos Soberanos de Suiza, que son activos de refugio. El oro se encuentra alrededor de los tres mil 700 dólares la onza, y el precio del dólar se ha incrementado, por lo que casi todas las divisas pierden terreno mientras que las bolsas de valores en Europa muestran pérdidas.
Por su parte, el Parlamento de Irán ha pedido cerrar el estrecho de Ormuz en el Golfo Pérsico, estrecho por donde pasa el 20% del petróleo mundial y el 30% del gas natural licuado. A través de dicho estrecho pasan buques que provienen de Irán, Iraq, Kuwait, Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, que de concretarse podría llevar el precio del barril del petróleo por arriba de los 100 dólares según diversos analistas, y si dicho bloqueo se prolonga por meses, podría llegar a variar entre los 150 y 200 dólares. También se impactaría el precio del gas.
El aumento del costo de la energía se trasladaría al precio de los combustibles, impactando el precio del trasporte, la electricidad y los derivados de petróleo; ello intensificará la inflación a nivel mundial, frenando el crecimiento económico, aumentando el desempleo y provocando una recesión, especialmente en Europa y Asia. Empresas y familias enfrentarían mayores dificultades económicas, pero también los gobiernos ante la disminución de la recaudación de impuestos y las necesidades de incremento del gasto energético, social, de infraestructura y de seguridad. 
Los bancos centrales tendrían que reaccionar subiendo su tasa de interés de referencia, por lo que todas las tasas de interés bancarias subirían, encareciendo el crédito, disminuyendo el consumo y la inversión productiva.
El impacto más severo sería en las economías de Asia: China, India, Japón, Corea del Sur, que dependen fuertemente del petróleo, y que sin embargo son las economías que presentan las mayores tasas de crecimiento a nivel mundial con excepción de Japón y que, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tienen las mejores perspectivas para este 2025 y 2026 con excepción de Japón. 
México también se vería impactado, ya que importa el 72% del gas natural y alrededor del 55% de la gasolina, principalmente desde Estados Unidos; ello nos hace muy vulnerables a los cambios en los precios internacionales de estos insumos, sin contar con los efectos de la guerra comercial y la aplicación de aranceles por parte de Trump, los problemas internos con respecto a la inseguridad, el Estado de Derecho y el repunte inflacionario.

Implicaciones económicas de la guerra Israel-Irán-Estados Unidos

El gobierno de México, junto con el de Brasil y la India, ha sido invitado a participar en la reunión del G-7, y nuestra presidenta ha aceptado participar. Estos tres países son economías emergentes con un gran potencial de crecimiento económico, y Brasil y la India se han unido a los acuerdos de las denominadas economías del Sur Global que excluye economías desarrolladas y que buscan una mayor cooperación y solidaridad a través de la cooperación Sur-Sur frente a los intereses de las economías desarrolladas, en particular el G-7.
Por su parte, el G-7 es el grupo que reúne a las principales potencias democráticas industrializadas del mundo: Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Representa entre el 40% y 45% del PIB mundial y son actores fundamentales en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Este foro informal fue creado en 1975, después de la crisis del petróleo de 1973, para coordinar respuestas al shock energético generado. Los países miembros buscan la cooperación para generar una agenda que fomente la inversión productiva, el crecimiento económico, la creación de empleos y enfrentar problemas que pongan en riesgo la estabilidad económica internacional, por lo que es un grupo clave para la gobernanza económica global. Durante la pandemia coordinó medidas de política económica, distribución de vacunas y directrices para la recuperación post-pandemia.
Los principales temas que se han abordado en este foro tienen que ver con: seguridad global, la lucha contra el crimen transnacional, el lavado de dinero, la gestión de conflictos como la guerra de Ucrania e incluso la coordinación de sanciones económicas contra Rusia, y el apoyo militar y financiero a Ucrania. Ha promovido la cooperación internacional contra el terrorismo y a favor de la ciberseguridad y también ha presionado a países como Irán y Corea del Norte respecto a sus programas nucleares. Ha coordinado sanciones como bloqueos económicos y financieros a gobiernos que representan una amenaza para la estabilidad económica y financiera. Sus decisiones y declaraciones tienen un importante peso geopolítico.
Por su parte, México es una economía emergente, con un gran potencial de crecimiento económico debido a sus recursos naturales, su población en edad de trabajar y su posición geoestratégica en el mapa económico mundial. En 2024 fue la décimo tercera economía más grande a nivel mundial, la sexta en atracción de turismo, la décimo quinta en ingresos por turismo internacional, la décima en cuanto al valor absoluto de exportaciones, la undécima en materia de importaciones, la sexta en materia de atracción de inversión extranjera directa y la décima en población. Pero también tenemos organizaciones criminales que operan a nivel internacional; la inseguridad y la violencia están aumentando, y tenemos un lugar privilegiado en las cadenas globales de valor. Esas son las razones por las que nos invitan a participar en este foro, y dicha participación es estratégica porque nos permite fortalecer alianzas, por ejemplo con Canadá, para enfrentar las presiones comerciales y la renegociación del T-MEC con Donald Trump, facilitar el acceso a financiamiento climático que fortalezca los proyectos con estándares ambientales e impulse la generación de energía renovable, ponernos al día en materia de cambio tecnológico y regulación digital, y fortalecer el diálogo para la cooperación económica.
Hoy el mundo enfrenta retos importantes como el proceso de desglobalización, la escasez de materias primas ante la transformación digital, la transición a energías verdes, la escasez de minerales raros, el incremento del proteccionismo comercial, obstáculos arancelarios y no arancelarios al libre comercio, la pérdida de interacción económica entre diversos países y por ende, menor cooperación, el ascenso de gobiernos populistas de izquierda y de derecha, la continuación de la guerra comercial iniciada por Donald Trump, la menor integración y la fragmentación de las cadenas de suministro global, la reconfiguración de las relaciones económicas internacionales mediante nuevas alianzas como el Sur Global y el mayor énfasis en la producción, el consumo local y regional. La intensificación de los conflictos militares entre Israel e Irán, Rusia y Ucrania, China y Taiwán, Corea del Norte y Japón, además de la desilusión con el modelo económico denominado Neoliberalismo. Todo ello genera un menor crecimiento económico, una mayor inflación, una mayor aversión contra los migrantes, xenofobia y violencia.
De acuerdo con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización de Cooperación Económica para el Desarrollo, la economía mundial muestra un crecimiento mediocre y puede contraerse de intensificarse los problemas anteriores, lo que supondría una marcha atrás en el combate a la pobreza. El Banco Mundial ha recortado las perspectivas de crecimiento económico mundial para 2025 a 2.3% desde un 2.7% previsto en enero, ello significa el menor ritmo de crecimiento económico desde hace 17 años, sin contar la crisis de 2008 y del 2020 por la pandemia. El Fondo Monetario internacional las recortó de 3.3% a 2.8% y la OCDE de 3.1% a 2.9%. Sin contar la crisis financiera del 2008 y la pandemia, el crecimiento económico mundial había sido de un 3.7% anual entre 2000 y 2019. 
Estos son los puntos en la agenda de la OCDE y Claudia Sheinbaum tiene la posibilidad de llegar a acuerdos estratégicos que apoyen el dinamismo económico y equilibren el conflicto comercial, migrante y de seguridad con Estados Unidos.

Gobierno de México, invitado a reunión del G-7. ¿Por qué es importante asistir?

La creación de empleo formal ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años, con un desempeño débil en 2024 y lo que va de 2025. De hecho, en 2024 la generación de empleo formal fue la segunda más baja en 15 años. La más baja fue durante la pandemia.
De acuerdo con datos del Seguro Social, en México, durante mayo se perdieron 45 mil 624 empleos formales, que junto con abril suman 93 mil empleos formales menos. De hecho, el crecimiento anual es de apenas 0.1%, el dato más bajo desde marzo del 2021 y en los últimos 12 meses, solo se generaron 23 mil 45 empleos formales. Las tasas de crecimiento no han superado el 1% mensual desde noviembre del 2024 y son las más bajas desde febrero del 2022, cuando el crecimiento mensual llegó al 5 por ciento.
Por su parte, los ocupados en informalidad laboral (vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, más aquellas personas cuyo vínculo laboral no es reconocido por su fuente de trabajo) representan el 54.3% del total, al primer trimestre de éste 2025. De igual forma, en dicho periodo, el 34% de la población se encontró en pobreza laboral, y aunque afortunadamente es un nuevo mínimo histórico, el dato sigue siendo muy elevado, pues indica que una tercera parte de la población vive en hogares cuyo ingreso laboral no alcanza para adquirir una canasta alimentaria.
Los factores que están provocando esta situación están relacionados, comenzando por: 
a) Un claro proceso de desaceleración económica que pasó de un crecimiento porcentual anual del 4.6% en el tercer trimestre del 2022, a un 0.6% en el primer trimestre del 2025. 
b) La caída en la inversión en maquinaria y equipo, construcción residencial y no residencial que desde enero de 2024 ha mostrado una variación porcentual real mensual negativa en 8 ocasiones y las veces que ha crecido no ha rebasado el 0.6%. 
c) La caída en el consumo privado de las familias que desde enero del 2024 ha presentado en 9 ocasiones una caída porcentual real mensual. 
d) Las elevadas tasas de interés bancarias que dependen de la tasa de interés objetivo del Banco de México, o tasa piso, y que es del 8.5%, lo que indica que las tasas bancarias para crédito al consumo e inversión productiva se encuentran por arriba de este nivel. 
e) La incertidumbre entre empresarios e inversionistas, producto de las declaraciones de Donald Trump con respecto a los aranceles, los cambios constitucionales que debilitan el estado de derecho, junto con la eliminación de diversos institutos autónomos, la elección de jueces y magistrados, la inseguridad en el transporte de mercancías en carreteras, el cobro de derecho de piso y la violencia de los grupos de narcotraficantes.
Ello genera un complicado panorama para la economía en este 2025, cuyo impacto más doloroso para la mayoría de la población se da a través del deterioro del mercado laboral.

Complicado panorama económico y, por lo tanto, laboral en México

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Otro ridículo con los paisanos

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El SIAPA y el Sistema Estatal Anticorrupción

En junio, las remesas cayeron un 16.2% respecto al mismo mes del año anterior. Ello se debe a las políticas migratorias de Donal Trump.
El problema es que, de acuerdo con la última Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares, esas remesas representan un 27.5% de los ingresos familiares de quienes las reciben y 4.5 millones de hogares reciben dichas remesas, esto es el 11.3% del total de los hogares, es decir uno de cada 10 hogares que se ubican mayormente en zonas rurales y pequeñas comunidades. 
Cada envío promedio es por 409 dólares.
En junio entraron cinco mil 201 millones de dólares en remesas y con un tipo de cambio promedio en el mes de junio de $19.03 pesos por dólar, las familias más pobres del país recibieron 98 mil 975 millones de pesos.
Dicho dinero se utiliza para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y educación. Los investigadores establecen que de cada dólar recibido, 50 centavos (de dólar) se utilizan en alimentos, bebidas e insumos básicos; 30 centavos para pagar el agua, la luz y el internet; 10 centavos para colegiaturas, útiles y libros; 10 centavos para pagar deudas. 
Esas remesas financian cerca del 44% del gasto de consumo de los hogares que las reciben.
El otro problema se relaciona con el fortalecimiento del peso ya que, aunque el envío es en dólares, reciben los recursos en pesos y ante la fortaleza del peso, cada dólar les da menos pesos. Así, a principios de junio el precio del dólar era de $19.23 y para el 30 de junio era de $18.83, esto es 40 centavos menos por cada dólar. A principios de enero, el precio del dólar era de $20.69, por lo que la pérdida a julio es de $1.86 pesos por dólar.
Anualmente, dichas remesas representan el 3.5% del PIB nacional y el 5% del consumo total, por lo que su caída se refleja en un menor crecimiento económico, un menor consumo y un incremento en la pobreza de los hogares que las reciben, y reducción en el envío de remesas puede profundizarse debido a las redadas y la agresiva política migratoria de Donald Trump. 
Finalmente, después de una racha de 11 años de crecimiento en el envío de remesas, ésta parece llegar a su fin en 2025.

La tormenta perfecta: menos remesas y un peso fuerte golpean a las familias más pobres