Visa Americana 2025: Estados Unidos prevé cobrar hasta 15 mil dólares a turistas
Esta medida se suma a otros cambios impulsados por la administración Trump en materia migratoria
El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó una propuesta para implementar un programa piloto que obligaría a ciertos solicitantes de visas de negocios o turismo a pagar una fianza de entre 5 mil y 15 mil dólares. Esta medida, que se publicará en el Registro Federal el 20 de agosto, busca garantizar que los viajeros no excedan el tiempo autorizado de estancia en el país.
El programa estaría dirigido a personas originarias de países identificados con altas tasas de permanencia ilegal o con procesos internos deficientes de control y verificación de documentos. Aunque aún no se ha publicado el listado oficial, en versiones anteriores de la medida se incluyeron naciones como Afganistán, Angola, Burkina Faso, Irán, Sudán, entre otras.
Quienes paguen la fianza podrían recuperarla al salir del país, naturalizarse como ciudadanos o en caso de fallecimiento. Sin embargo, si el viajero no cumple con los términos de su visa, el depósito sería retenido para cubrir costos relacionados con su deportación.
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La iniciativa, que durará 12 meses en su fase piloto, no aplicaría a ciudadanos de países que forman parte del Programa de Exención de Visas. Además, los funcionarios consulares podrían condonar el pago de la fianza según las circunstancias del solicitante.
Esta medida se suma a otros cambios impulsados por la administración Trump en materia migratoria, como la exigencia de entrevistas presenciales adicionales para renovaciones de visa y la futura “tarifa de integridad” de 250 dólares que entrará en vigor en 2026. En conjunto, estas disposiciones elevan el costo y los requisitos para quienes buscan ingresar a Estados Unidos temporalmente.
Hasta ahora, no se ha informado cuántos solicitantes se verían afectados por esta propuesta ni los criterios exactos para su aplicación. El Departamento de Estado señaló que el objetivo principal es evitar que el gobierno asuma costos derivados del incumplimiento de los términos migratorios por parte de los visitantes.
