El crimen organizado se diversifica: menos drogas, ¡más delitos!

Durante años, el crimen organizado en México se concentró en el negocio del narcotráfico como su principal fuente de ingresos. Sin embargo, en los últimos tiempos esta estructura ha comenzado a transformarse a raíz de la presión ejercida por Estados Unidos, que ha incrementado operaciones de inteligencia, extradiciones y acciones conjuntas que han debilitado parcialmente las rutas tradicionales de tráfico. De acuerdo con análisis de organismos de seguridad y estudios internacionales, actualmente solo el 6% de la distribución directa de drogas estaría controlada por grupos mexicanos, lo que marca una caída significativa frente a épocas anteriores.

Esta disminución no ha traído consigo una reducción de la actividad criminal, sino una diversificación peligrosa: los grupos delincuenciales han migrado hacia otros delitos de alto impacto para sostener su economía y ampliar su control territorial.

Lejos de desaparecer, las organizaciones han adoptado una lógica empresarial: diversificar riesgos, ampliar operaciones y aumentar rentabilidad mediante la explotación de otros mercados ilícitos. La extorsión se ha convertido en uno de los métodos más lucrativos, especialmente en estados del Occidente, Centro y Sur del país. Comerciantes, transportistas, productores agrícolas y pequeños empresarios son obligados a pagar cuotas regulares bajo amenaza, lo que ha provocado el cierre de cientos de negocios y el desplazamiento de familias enteras.

Las denuncias por extorsión alcanzan cifras preocupantes, con un promedio superior a 32 casos diarios, aunque expertos estiman que la cifra negra podría superar el 90% debido al temor de represalias. El secuestro también se mantiene como una constante, no solo con fines económicos, sino como mecanismo de sometimiento y control.

Otro delito que ha cobrado fuerza es la trata de personas, que incluye la explotación sexual, laboral y el tráfico de migrantes, afectando principalmente a mujeres, niñas y personas en tránsito desde Centroamérica. Redes bien estructuradas operan en corredores clave del país, donde autoridades locales carecen de capacidad o voluntad para enfrentar el fenómeno. Además, la minería ilegal ha surgido como otra fuente importante de ingresos para las organizaciones, especialmente en regiones ricas en oro, mercurio y otros minerales estratégicos.

En los últimos cinco años, estas actividades han generado miles de millones de pesos en ganancias ilícitas, sin que exista una política efectiva de control o regulación. A esto se suma el robo de combustible, que persiste en diversas zonas del Centro y Norte del país, así como el incremento de delitos cibernéticos y fraudes digitales, mediante los cuales se estafan a ciudadanos y se lava dinero por medio de plataformas virtuales y criptomonedas.

Los estados más afectados por esta diversificación delictiva comparten características comunes: altos índices de violencia, deterioro institucional, ausencia de autoridad efectiva y colapso del sistema local de justicia. En el Occidente del país, se han documentado redes de extorsión extendidas a toda la cadena agroindustrial. En la región Centro, la minería ilegal y el tráfico de mercancías dominan el escenario criminal. En el Sur, el secuestro y la trata han alcanzado niveles alarmantes, mientras que en el Norte, el control de rutas y pasos fronterizos alimenta el tráfico de personas y mercancías.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, más del 90 % de los delitos en México permanecen impunes, mientras que el INEGI ha documentado que solo una de cada diez carpetas de investigación termina en sentencia condenatoria.

Esta situación ha consolidado un modelo de economía criminal que no solo resiste las acciones del Estado, sino que las rebasa. Las estructuras delictivas han evolucionado, ya no dependen exclusivamente de laboratorios clandestinos o de rutas internacionales de droga, sino que han creado sistemas de control económico local que abarcan desde mercados populares hasta corredores logísticos y comerciales. La capacidad de intimidar, someter y extraer rentas ilícitas de la población les ha permitido fortalecerse, generar nuevos liderazgos y ampliar su base operativa. Mientras tanto, las instituciones encargadas de impartir justicia enfrentan rezagos, falta de profesionalización, corrupción interna y poca coordinación. En muchas regiones, la población ha normalizado la presencia de estructuras delictivas como parte de la vida cotidiana, lo que refleja la profundidad del problema.

México enfrenta hoy un modelo criminal más complejo, rentable y territorializado. El tráfico de drogas ya no es el único motor de estas organizaciones. La diversificación hacia la extorsión, la trata, la minería ilegal, el robo de combustible y los fraudes digitales ha abierto nuevas rutas de poder e influencia, aprovechando los vacíos institucionales, la impunidad sistemática y la falta de estrategias integrales de seguridad. Mientras no exista una transformación profunda del sistema de justicia y una respuesta real por parte del Estado, el crimen seguirá adaptándose, avanzando y controlando espacios clave de la economía nacional.