México, en ruta hacia la movilidad eléctrica
La movilidad eléctrica ya no es una promesa lejana: es una realidad en expansión. En México, la venta de vehículos eléctricos e híbridos ha crecido más del 70% en solo un año, lo que demuestra un cambio profundo en el comportamiento ciudadano y una oportunidad única para transformar el sistema energético, la industria automotriz y nuestras ciudades. Sin embargo, para que este cambio no sea solo de tecnología, sino de modelo, es indispensable que esté acompañado de políticas públicas sólidas, sostenibles y justas.
Hoy por hoy, un auto eléctrico en México puede costar en promedio 15 ó 20% más que su equivalente de gasolina. Aunque esa brecha se amortiza con el tiempo —gracias al ahorro en combustible y mantenimiento—, sigue siendo un obstáculo para que millones de personas adquieran uno. El caso de China es paradigmático: en solo seis años logró cerrar esa diferencia de precios gracias a una política industrial decidida, apoyada por inversión estatal, innovación tecnológica y una estrategia de integración vertical que abarca desde la fabricación hasta el reciclaje de baterías.
En México tenemos el potencial para andar por ese camino, adaptado a nuestra realidad. Somos un país con una industria automotriz consolidada, tenemos potencial energético renovable y contamos con una ubicación geográfica privilegiada para el comercio. Pero para aprovechar esa ventaja necesitamos más que entusiasmo: requerimos una visión nacional clara que integre electromovilidad, política energética, justicia ambiental y desarrollo industrial con perspectiva de futuro.
Hasta ahora, las acciones han sido puntuales: incentivos fiscales en algunos estados que van desde la eliminación de la tenencia y las verificaciones hasta tarjetas con saldo para recarga y acciones que permiten contar con una red de cargadores públicos en espacios como calles, agencias de autos, estacionamientos de supermercados y carreteras. Todo está perfecto, pero aún necesitamos una estrategia federal que estimule la producción nacional de autos eléctricos y dependamos menos de las exportaciones, que se fomente la instalación de infraestructura de carga en todo el país y a precios competitivos por carga, que además vincule estos avances a una transición energética organizada basada en fuentes limpias y descentralizadas.
En paralelo, es imprescindible que el desarrollo de la electromovilidad se dé con una máxima responsabilidad ambiental, pues las baterías de litio, aunque son esenciales para esta transición, no son eternas y sus bondades con el medio ambiente pueden ser a la par un arma de dos filos si su toxicidad no se maneja adecuadamente después de los diez años de vida que tienen. México aún no cuenta con una política nacional robusta de reciclaje y disposición final de baterías de autos eléctricos, lo cual es urgente prever desde hoy, antes de que la masificación de este tipo de energías pueda convertirse en una crisis ambiental real.
El futuro de la movilidad eléctrica en México es una oportunidad que no debemos dejar pasar y aplaudo a la ciudadanía, a las empresas y a los gobiernos que han iniciado la transición a estas energías. Pero para que sea justa, sostenible y con un impacto real en la dinámica económica, empresarial, ambiental y de movilidad, debe estar acompañada de una visión de Estado que alinee industria, energía, ambiente y ciudadanía. Porque no se trata solo de cambiar de auto: se trata de cambiar el rumbo del país.
