Jonás

Ayer, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionaron en el pleno por última vez. Se trata de los 11 ministros que estaban en el cargo y que colgarán la toga porque a partir del 1 de septiembre, entran en funciones los nueves ministros electos en el proceso electoral del pasado 1 de junio.
En la última sesión, que fue de carácter extraordinario, hubo ovaciones y una evidente carga de nostalgia. Concluyó una etapa en la historia de la justicia mexicana.
En este espacio, al menos, el objetivo no es empezar a escribir las memorias del trabajo de ministros como Norma Piña, la primera mujer mexicana en encabezar el Poder Judicial en la historia del país (para molestia permanente del expresidente Andrés Manuel López Obrador), ni de sus colegas en el pleno.
No, el propósito es otear algo de lo que se avecina con los ministros electos, o al menos los más conocidos de ellos. 
¿Por qué? Porque después de los discursos políticos en confrontación por la reforma al Poder Judicial y la viciada elección que dejó como recuerdo más claro los acordeones repartidos para que la mayoría de los ganadores fueran cercanos a los liderazgos del Partido Morena, lo que viene ahora es resolver la incertidumbre nacional e internacional expresada en una pregunta: ¿Mejorará la impartición de la justicia en México?
El nuevo ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz inició el nuevo trayecto llevando al ejercicio de la Corte un discurso de rescate de la identidad indígena de México. Eso está muy bien, y habla de su formación y convicciones; igual que él, el resto de las ministras y ministros (los nuevos y las que repiten), reflejarán sus intereses personales, pero lo que requiere la nación no es tanto que un ministro de la Corte decida llevar atuendos indígenas a la Sala del Pleno, sino que resuelva el retraso en la administración de la justicia. Eso es más trascendental que establecer una discusión sobre los salarios de los ministros y los trabajadores de la Suprema Corte.
El reto es gigantesco para todos: ministros de la Corte, magistrados y jueces federales. También para el nuevo órgano judicial que tendrá la responsabilidad de aplicar disciplina y sanciones entre juzgadores que se desvíen de la ley o administren justicia con base en intereses personales o de grupo.
El Poder Judicial de la Federación –al menos así justificaron la reforma para desmantelarlo y establecer uno con integrantes elegidos en las urnas– padecía de corrupción, nepotismo, clientelismo, lentitud e ineficacia. 
Sostengo, como lo he dicho en varias ocasiones en este espacio, que la solución a todos esos profundos defectos, no es simplemente elegir en las urnas a los jueces, magistrados y ministros.
Seguro hablarán del “beneficio de la duda”, pero debe ser muy breve. Porque la justicia federal, igual que en los estados en diferentes grados, padece muchos vicios que se supone, desaparecieron con la reforma judicial.

Suprema Corte de Justicia: el comienzo de lo incierto

Discusiones, análisis y preocupación, provocó el solo anuncio de una pretendida reforma electoral que presentará en los primeros meses del año próximo la presidenta Claudia Sheinbaum. Se discute acaloradamente si se recortará el presupuesto a los partidos o si se desaparecerán diputados plurinominales, o si disminuirán el dinero para organizar elecciones, pero mientras eso sucede, este 18 de agosto se aprobó en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que el año entrante se destinen a los partidos políticos nacionales un total de 7 mil 737 millones de pesos.
Es una enorme cantidad de dinero. Y esta aprobación alimentará nuevamente los argumentos para recortar lo que nuestro país gasta en su sistema de partidos políticos, en su estructura electoral y en el sostenimiento de la democracia. Otra vez, se escuchará a la presidenta Claudia Sheinbaum asegurando en la rueda de prensa mañanera que el pueblo no quiere más gastos en partidos políticos. 
Paradójicamente, el partido que la llevó al poder, Morena, será el que reciba más recursos: dos mil 615 millones de pesos. De hecho, Morena es el instituto político que más dinero público ha recibido desde el año 2016: 32 mil millones de pesos, sumados entre financiamiento estatal y federal.
No es ninguna especulación: gracias a ese gasto público, el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en el dominante en el país.
El año entrante, el PAN recibiría mil 297 millones; el PRI 982.4 millones; el Partido Verde 832 millones y el Partido del Trabajo, 670.6 millones de pesos.
En un país como México, afectado por los contrastes y la injusta distribución de la riqueza, al ciudadano común le resulta ofensivo conocer que de los recursos públicos, se entregarán más de 7 mil 700 millones de pesos a los partidos políticos. Y este enojo público, que se alimenta de la desigualdad y las injusticias (ejemplo: la falta de abasto de medicamentos), será usado precisamente para argumentar que debe reducirse el financiamiento público.
El problema de fondo es que al reducir el financiamiento a los partidos, se les condena a una casi desaparición y de manera indirecta, a buscar dinero de origen privado para mantenerse a flote… ¿de dónde saldrían esos recursos en un medio como el nuestro, contaminado por el crimen organizado? La respuesta salta a la vista.
La historia se asemeja a la de la serpiente mordiéndose la cola. 
Si los mexicanos exigen justicia en la distribución de la riqueza, ciertamente eso no se va a lograr debilitando el sistema electoral y aunque sean impopulares, asfixiando al sistema de partidos políticos.

Partidos políticos: 7 mil 737 millones de pesos

La situación por la que atraviesa el SIAPA, este sistema intermunicipal responsable de la distribución de agua potable y de la dotación de drenaje y alcantarillado para la Zona Metropolitana de Guadalajara, se está convirtiendo en un megaescándalo cada vez menos solucionable.
La semana pasada, después de una ruta sumamente accidentada, los integrantes de la Comisión Tarifaria rechazaron nuevamente la aprobación de un incremento en el pago de tarifas para el año 2026. Fue notorio, especialmente, que la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, haya acudido a votar y señalara que no se puede aprobar ningún incremento ante la corrupción y la ineficiencia del organismo.
No se trata de un tema menor. De por medio está la viabilidad de la ciudad, que requiere no solamente para sus habitantes, sino para todas sus actividades, de una dotación permanente de agua potable.
Pero es que la historia del SIAPA ya parece una película de terror, mezclada con rasgos melodramáticos. La ciudadanía exige una solución ejemplar al caso de Elizabeth Castro, por la evidencia de corrupción e influyentismo que la llevaron a ocupar el cargo de asesora técnica de la dirección general del SIAPA.
Los habitantes de la ciudad reclaman también que haya orden y coherencia en el establecimiento de tarifas y el alza de precios, porque es evidentemente injusto que haya una cartera vencida de casi 18 mil millones de pesos y la certeza de que muchos actores públicos y privados consumen agua y no la pagan. A la gente eso, sencillamente, le parece injusto.
Quizás porque atravesamos el temporal de lluvias, no se siente o no se nota que haya un problema de abasto de agua en la ciudad, pero la sequía que se ha arrastrado en varias zonas del país, incluyendo Jalisco, durante los últimos años, se hará presente nuevamente en cuanto llegue el periodo de estiaje.
Adicionalmente, aunque no ha tomado gran relevancia mediática, es sin embargo muy importante atender la queja y observación de los alcaldes de la Ribera de Chapala y del propio Gobierno del Estado, ante la inminencia de la reducción de agua que recibirá el Lago de Chapala, al construirse un ducto que llevará líquido de la Presa Solís a la ciudad de León, en Guanajuato.
Habría que analizar también el uso y origen de los recursos para la renovación de las redes de distribución de agua potable, para el famoso proyecto del drenaje profundo, para la construcción de un segundo ducto que traiga agua de Chapala a la ciudad, sin pérdidas y sin tráfico de agua en zonas rurales.
Pero toda esta maraña de requerimientos, proyectos no iniciados y emergencias, no puede destrabarse mientras no se haga un cambio profundo en el SIAPA, que garantice estar integrado con personal calificado, pagado de acuerdo con competencias y legislación, y que el organismo deje de ser un espacio de acomodo para pagar compromisos políticos. 
Después de ello, podrá hablarse con toda libertad de pagar más por el agua que recibimos en nuestros domicilios y en la ciudad.

SIAPA, un escándalo creciente

Un nuevo episodio en la complicada relación del gobierno mexicano con la administración de Donald Trump en los Estados Unidos, condujo a uno de esos intercambios de frases retadoras, como en los conflictos de barrio bravo. 
“México hace lo que le decimos”: Donald Trump, por la mañana. 
“En México, el pueblo manda”: Claudia Sheinbaum Pardo, en su respuesta por la tarde.
Las dos posturas presidenciales son tan auténticas como un billete de 2.50. ¿Por qué? Porque el presidente de Estados Unidos miente. Pero lo mismo hace la presidenta de México. 
La relación entre nuestros dos países es tan intensa y sofisticada, que ninguno de los dos gobiernos, por más que el de Estados Unidos sea la primera potencia mundial, puede controlar las decisiones de la población, sea organizada o no.
Existen agendas de autoridades locales que siguen su propia ruta y ni siquiera toman en cuenta lo que determinan la Casa Blanca en Washington y Palacio Nacional en Ciudad de México. ¿O acaso alguien puede modificar los acuerdos comerciales, sociales y culturales que existen entre California y la Península de Baja California?, sólo por poner un ejemplo. 
Tratar de manipular esas dinámicas es imposible.
Por otra parte, aunque Trump y Sheinbaum les hablan a sus “tribunas” y alimentan el discurso patriotero, todos sabemos que efectivamente, las autoridades mexicanas siguen la ruta marcada por la Casa Blanca en materia de combate al crimen organizado, operativos de seguridad, control de los cárteles y entrega de cabecillas criminales. 
El gobierno mexicano no tiene otra opción.
Es más, en nuestro país son muchos los que agradecen y aplauden que la administración Trump haya decidido no tener más tolerancia a la actividad del crimen organizado. Sólo desde Estados Unidos se han tomado acciones firmes contra las organizaciones criminales a las que ya sólo les faltaba registrarse como partidos políticos y ganar las elecciones para que su control fuera completo. 
¿Hay algún motivo válido para que Trump alardee públicamente para ofender al gobierno mexicano? Ninguno. Es simple y llanamente su vanidad. Y su permanente afán de demostrar que es el “hombre fuerte”, sobre todo para que se enteren quienes lo han apoyado desde que apareció y rompió todos los cánones políticos en una sociedad estadounidense en profunda crisis.
La presidenta Sheinbaum decidió responderle, pero sólo para que la escuchen las bases populares que la han calificado con una aprobación que supera el 70%, aunque no se comprenda cabalmente porqué tendría que rebajarse a responderle al fanfarrón de Washington. 
Este intercambio demuestra, otra vez, que también en las esferas más altas de la política hay comportamientos muy básicos. 
Al final, a los ciudadanos que vivimos en el día a día real, nos queda el consuelo de que finalmente, tanto Trump como Sheinbaum dejarán un día de ser presidentes.

“En México, el pueblo manda”

El ejercicio de gobierno de la llamada “cuarta transformación” es una campaña política permanente. Lo fueron los más de seis años de mañaneras de Andrés Manuel López Obrador y lo ha sido la actual administración de Claudia Sheinbaum Pardo. En su permanente intento de control del discurso público, ambas administraciones han tenido malos y buenos momentos, pero uno que enarbolan como logro monumental, es la reducción de la pobreza.
Este 13 de agosto, casi para cerrar su mañanera, la presidenta Sheinbaum anunció: “El porcentaje de población en situación de pobreza se redujo a 29.6 por ciento. En 2018 era de 41.9% ¡Viva la cuarta transformación!”.
¿De dónde surgen las cifras? Del INEGI, ahora única institución pública calificada para la medición de la economía nacional, y principalmente la pobreza, ya que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) pasó a formar parte de los organismos que desaparecen en el afán de ahorrar recursos.
En términos generales, porque el informe completo se desplegará con lujo de detalles hoy mismo, se dio a conocer que en 2018 había 51.9 millones de personas en pobreza, cifra que disminuyó en 2022, al colocarse en 46.8 millones de mexicanos, de modo que la disminución de 2024 es de 13.4 millones respecto a 2018.
El tema es importante porque se convertirá en uno de los principales insumos del triunfalismo de Morena. 
Ante la constancia de la inoperancia de la refinería de Dos Bocas, Tabasco; del Tren Maya; del Aeropuerto Felipe Ángeles; de la casi parálisis de la economía nacional; del despilfarro de la élite morenista que vive contra la “justa medianía”; ante la realidad del desabasto de medicamentos en el Sector Salud, estará la reducción de la pobreza.
En este espacio, sin embargo, quiero subrayar que esta reducción de la pobreza NO es “generación de riqueza”. 
En el discurso político, no en la teoría económica, millones de personas agradecen los recursos económicos que antes no tenían y que ahora poseen gracias a los programas sociales. Es verdad. Pero también lo es que con este mecanismo se ha incrementado el control político y se ha empoderado Morena a pesar de lo que no se hace bien. 
Y es importante reconocer, al menos para poder evaluar:
Quienes reciben los recursos económicos que se pagan del erario, no generan más riqueza, sino que atienden dos rubros principales: alimentación y medicación.
¿Se ha reducido la pobreza en México? Sí, de acuerdo con los métodos de medición que aplica el INEGI. ¿Se genera más riqueza en nuestro país para corregir la desigualdad social? No hay evidencia que lo sostenga.

La reducción de la pobreza en México

El proyecto político del gobernador Pablo Lemus y su más notorio y cercano aliado, el presidente municipal zapopano Juan José Frangie, enfrentará una nueva lucha en la que van juntos: evitar que la ley permita la construcción de 17 mil nuevas viviendas en la zona de Valle de Los Molinos, en las inmediaciones del Bosque El Nixticuil.
La confrontación legal se remonta a la primera gestión de Lemus Navarro como presidente municipal de Zapopan, cuando frenaron a la constructora Casas Javer el proyecto de edificación de vivienda, pero ayer se anunció que después de ocho años, la magistrada presidenta de la Sexta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, Paloma Romana Magallanes de la Rosa, en un fallo judicial le ordena al gobierno de Zapopan, conceder el primer permiso para un nuevo desarrollo de hasta 17 mil casas.
Para la constructora el fallo es positivo, pero el momento político no podía ser más adverso. 
El alcalde zapopano hace ocho años, hoy es el gobernador del Estado, y públicamente anunció que apoyará con todos sus recursos al alcalde Frangie para evitar que los “constructores depredadores” puedan construir las cosas que se proponen.
En tanto, Frangie Saade destacó que en Valle de Los Molinos, además de su lejanía de la zona urbana y los conflictos viales de todos los días para acercarse a la ciudad, carecen de servicios elementales como agua potable, y la incorporación de 17 mil casas implicaría la incorporación de 68 mil personas (en un promedio de cuatro habitantes por vivienda), lo que provocaría un desastre irremediable. 
¿Por qué pretende la constructora Casas Javer edificar tal cantidad de viviendas en una zona cercana a El Nixticuil, que ha sido objeto de luchas ambientalistas durante años? ¿Qué futuro tendrían los potenciales habitantes de un desarrollo en donde habría seguras fallas en el abasto de servicios como el agua potable y la electricidad?
En lo que va del siglo XXI ha quedado claro que no hubo planeación en el explosivo desarrollo habitacional que se dio en el corredor de la Avenida Juan Gil Preciado hacia Carretera a Colotlán y Tesistán.
Los desarrollos de vivienda de lujo garantizan zonas reservadas y los desarrollos populares y de vivienda económica también se establecieron en la lógica de cotos privados. Pero la mayor reserva que tienen es la distancia y el aislamiento que provoca el permanente conflicto vial. Además, tanto los de lujo como los económicos enfrentan el riesgo permanente de quedarse sin agua o energía. 
Definitivamente, una nueva zona habitacional estará destinada al aislamiento, la carencia de transporte eficiente y la posibilidad de carecer de servicios. 
Además del deterioro del ecosistema local.

Las constructoras voraces

Al presentar la instalación de la Comisión para la Reforma Electoral en Palacio Nacional, acompañada por quien será su titular, Pablo Gómez Álvarez, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo hincapié en el mensaje que seguramente, será la base de la aprobación popular: ahorrarse gastos y costos en las elecciones.
Quienes conocen de leyes electorales, partidos políticos y cómo organizar las elecciones, saben que el diseño de la reforma electoral que propondrá la presidenta Sheinbaum en los primeros meses de 2026, estará “disfrazada” de un discurso populistas que incluirá, entre otros paradigmas, la reducción de costos. Ella misma ya lo había adelantado en una rueda de prensa mañanera: “El pueblo ya no aprueba dar más dinero público a los partidos políticos (…), el pueblo ya no aprueba más diputados de lisa plurinominal”. Pero al final, los resultados de esta reforma serán tan angostos como estos: centralizarán las elecciones porque ya no habrá órganos electorales estatales; reducirán la representación de la oposición porque los candidatos de partidos opositores apenas tendrán oportunidad de ganar algunas elecciones locales, y mantendrán durante mucho tiempo en el poder a la actual clase gobernante.
En muchos espacios de opinión he lanzado la pregunta fundamental: ¿Esto mejorará la calidad de la democracia mexicana? ¿Será mejor el ejercicio de gobierno porque haya menos espacio para la pluralidad política? Y junto con las preguntas avancé también la respuesta: no. 
Pero se cumplirá con el ritual.
La presidenta Sheinbaum presentó oficialmente a Pablo Gómez y éste, sentado junto a ella en una solemne oficina de Palacio Nacional, precisó que se abrirán consultas públicas con miembros de los partidos opositores, de grupos académicos y de sociedad organizada; se abrirán espacios en redes sociales para recibir las opiniones y los puntos de vista. 
De ahora y hasta octubre, mes en el que se presentarán los resultados, harán consultas públicas para conocer “qué opina el pueblo”, aunque no se han establecido los mecanismos para determinar qué se preguntará, a quién se le preguntará y sobre todo, quiénes harán las consultas. Seguramente, serán los “servidores de la nación”. 
La presidenta Sheinbaum también anunció que no se gastará más dinero del gobierno federal en este proceso. Por eso, los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales serán responsables de hacer sus propias consultas, si así lo desean.
Lo que resulte de foros y consultas, se incorporará al trabajo que haga la comisión presidida por Pablo Gómez, en la que contará con el apoyo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy; el coordinador presidencial de asesores, Jesús Ramírez; y el jefe de la Oficina de la presidencia, Lázaro Cárdenas Batel. (Entre paréntesis, más parece un equipo de censores de las propuestas nacionales que un grupo de asesores para mejorar el dictamen final).
Es totalmente previsible el resultado, porque además el mismo Pablo Gómez precisó que escuchar todas las propuestas, no equivale a reflejarlas en un documento en el que se hará valer “la mayoría”. 
La única duda que cabe ahora es qué harán los aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo… ¿aceptarán reducir prerrogativas y reducir su presencia en las cámaras? 
¿Y la oposición? Pregunta sin respuesta.

De cómo elegir a las autoridades y que sea barato

La más reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Jalisco el pasado viernes 8 de agosto, deja algunas certezas y un caudal de preguntas que requieren respuestas, además de que permiten reflexionar el quehacer político y la relación entre Jalisco y el gobierno federal.
En lo político, todo transcurrió bien, más allá de algunas porras negativas en un acto político-partidista que se filtró en la inauguración del hospital de especialidades del ISSSTE. El trato entre los dos niveles de gobierno fue el más adecuado sobre todo en el contexto de la tensión política existente. El gobernador Pablo Lemus recibió a la presidenta y concluyó con éxito una gira muy breve que nuevamente se centró en dos aspectos que el gobierno federal atiende: Infraestructura para la salud y apoyo a adultos mayores.
Curiosamente, el tema de la salud no deja buenos dividendos. Es una herencia negativa para la gestión de Claudia Sheinbaum. Con todo y que se inauguró un nuevo hospital que generará hasta 2 mil 400 empleos directos y pondrá a disposición de la ciudadanía 540 camas de hospital, no sólo para jaliscienses, sino también vecinos de otras de otros estados, este fin de semana hubo una nueva marcha para protestar por la falta de medicamentos oncológicos, un problema que no es exclusivo de Jalisco, sino que se extiende al resto del país, pero que rebasa cualquier esfuerzo oficial de la presidenta Sheinbaum.
¿Pero qué es lo que falta después de la visita? Respuestas. Respuestas en torno a las demandas centrales que el Gobierno del Estado le planteó a la presidenta de la república, pero que reflejan preocupación y ocupación de amplios sectores sociales, como por ejemplo, ¿qué pasará con la Laguna de Chapala, en vista del proyecto de un ducto que llevará agua de la Presa Solís a la ciudad de León, Guanajuato? Sólo se ha dicho que no se pretende perjudicar a los ciudadanos de Jalisco, pero el proyecto avanza.
¿Qué pasará también con el abasto de medicamentos, con el rescate de la red de carreteras federales, que se mantienen en condiciones deplorables y en algunos tramos un poco menos mal? Siguen dejando en desventaja al sector de transportistas. 
Y faltan noticias también y certezas, en torno de la cooperación económica del gobierno federal para los proyectos que tienen que ver con la infraestructura que requerirá la Copa Mundial del año 2026.
Más allá de las anécdotas de algunos morenistas que estaban empecinados en acercarse a la presidenta, quizás para tomarse una foto o porque querían saludarla de mano y se brincaron las reglas de organización, lo importante es encontrar respuestas para las inquietudes que tienen los jaliscienses, representados por sus autoridades.

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En la conferencia mañanera de este 5 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un proyecto que en palabras diferentes de las utilizadas, tiene como objetivo “rescatar a México de Pemex”. De acuerdo con el anuncio presentado en Palacio Nacional, para el año 2027 la empresa paraestatal debe ser autosuficiente, es decir, ya no necesitará que la Secretaría de Hacienda use miles de millones de pesos de los recursos económicos de los mexicanos para el pago de la petrolera. 
Pero apenas hecho público el anuncio, comenzaron a manifestarse las dudas de los involucrados en los complejos procesos económicos de Pemex.
Según la versión de la presidenta, el principal responsable de la actual situación de Pemex (considerada la petrolera más endeudada del mundo ya en el año 2024, con una deuda superior a 100 mil millones de dólares) fue el expresidente Enrique Peña Nieto, quien literalmente, se propuso su desmantelamiento, sin embargo, en el sexenio siguiente el expresidente Andrés Manuel López Obrador se encargó de su recuperación. 
Pero hay varios puntos en discusión.
La presidenta indicó que para el año 2027 la deuda de Pemex deberá haberse reducido a 77 mil 300 millones de dólares, lo cual ha sido cuestionado por el poco margen de tiempo que resta para ello. 
Además, se afirma que la producción actual es de 1.7 millones de barriles de petróleo crudo al día, pero los especialistas sostienen que difícilmente alcanza 1.3 millones de barriles.
En síntesis, la Secretaría de Hacienda –en palabras de su titular, Édgar Amador Zamora– seguirá inyectando recursos económicos a Pemex durante los años 2025 y 2026 hasta que la petrolera sea autosuficiente. Esto implica, también, que Pemex no será fuente de ingresos porque la meta es que se sostenga por sí misma.
¿Cuál es el costo de este proyecto? Todos los recursos públicos que van a Pemex se pierden para infraestructura, inversiones y compras del gobierno federal. Entra aquí la crítica permanente: ¿No deberían utilizarse esos recursos económicos en otros rubros más urgentes como por ejemplo, el abasto de medicamentos?
La crítica especializada retoma ante el plan, los elementos que han estado sobre la mesa desde que en el sexenio pasado, el expresidente López Obrador tomó decisiones para revertir las reformas que permitieron el ingreso de capital privado en áreas como exploración, producción y refinación.
La disyuntiva sigue siendo la misma: ¿El Estado mexicano deben empeñar capital y esfuerzos en Pemex, manteniendo el control en aras de la soberanía energética, cuando la producción se reduce, las refinerías existentes (incluida la costosísima Dos Bocas) operan a la mitad de su capacidad o menos, y no se han resuelto las problemáticas de corrupción y robo de crudo y refinados? El “huachicoleo” no sólo no desapareció, sino que tomó nuevas formas y proporciones gigantescas. 
El plan presentado anticipa que el gobierno federal no cambiará el rumbo trazado por la voluntad del expresidente AMLO.

Para rescatarnos de Pemex