Esta norma será aplicada a personas originarias de países que registran altas tasas de permanencia tras el vencimiento de su visa
La administración de Donald Trump retomó una medida migratoria que había sido propuesta en su primer mandato, la cual exigirá a ciertos solicitantes de visas de negocios y turismo el depósito de una fianza de 5,000, 10,000 o hasta 15,000 dólares para ingresar a Estados Unidos. Esta norma será aplicada a personas originarias de países que registran altas tasas de permanencia tras el vencimiento de su visa y presentan debilidades en sus procesos de verificación de identidad.
El nuevo requisito fue anunciado en el Registro Federal y se aplicará a partir del 20 de agosto de 2025. Comenzará como un programa piloto con duración de un año. Según el Departamento de Seguridad Nacional, esta medida busca evitar que el gobierno estadounidense asuma costos adicionales en caso de que un visitante incumpla las condiciones de su visa.
La versión anterior de esta política se emitió en noviembre de 2020, pero no se implementó por completo debido a la baja en viajes internacionales provocada por la pandemia de COVID-19. En aquella ocasión, la disposición abarcaba a más de 20 países, en su mayoría africanos, con tasas de permanencia superiores al 10%.
Los solicitantes que entren en este programa recibirán instrucciones para pagar la fianza si un agente consular determina su inclusión. El depósito será reembolsado si el visitante sale del país dentro del plazo permitido, obtiene la ciudadanía estadounidense o en caso de fallecimiento. Sin embargo, podría perderse si se incumple la duración autorizada de la estancia.
La lista oficial de países afectados se publicará 15 días antes del inicio del programa en el sitio Travel.State.Gov. Aunque aún no se ha difundido la lista definitiva, registros de 2023 señalan a Afganistán, Angola, Burkina Faso, Liberia, Nigeria y otros países como posibles candidatos a esta medida.
La norma no aplica a ciudadanos de países incluidos en el Programa de Exención de Visa, y los funcionarios consulares tendrán la facultad de eximir a solicitantes específicos del pago de la fianza. Esta disposición se suma a la “tarifa de integridad” de 250 dólares que entrará en vigor en 2026 para solicitantes de visas de no inmigrante, como las de turismo, estudio o trabajo.