Jonás

La presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, regresa a Jalisco. Hoy llegará a la ciudad con dos objetivos para la agenda pública: inaugurar el Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE que se ubica en Tlajomulco de Zúñiga, y después se va a Acatlán de Juárez, a un encuentro con adultos mayores que, naturalmente, son beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal.
Es evidente que la presidenta marca su distancia con los gobiernos de Movimiento Ciudadano (MC). Desde que asumió como mandataria sus visitas a Jalisco han evitado puntillosamente centrarse en lugares como Guadalajara y Zapopan, que son bastiones de MC. En lugar de ello, su agenda se ha centrado en zonas de mayor marginalidad o más relacionadas con Morena. 
Es natural. Lo extraño sería que simbólicamente apoyara las causas emecistas.
En este contexto, el gobernador Pablo Lemus confirmó que al recibir y reunirse con la presidenta, tiene un plan de 15 planteamientos mínimos para presentar, entre los que figuran varios temas polémicos.
A saber, están los siguientes: 
• Reconstrucción de carreteras federales en el Estado, pues a pesar de que se aplica el programa “Bachetón” y hay presupuesto del gobierno federal para carreteras, sus condiciones siguen siendo deplorables. 
• Abasto de medicamentos oncológicos. El fenómeno es nacional, pero en Jalisco el reclamo es bastante puntual: no hay medicamentos ni tratamientos para los enfermos de cáncer. De hecho, el fin de semana está anunciada una protesta de la asociación “Nariz Roja” que apoya a niños con cáncer y sus familias, por el desabasto. 
• El ducto que va de la Presa Solís a la ciudad de León, Guanajuato. La construcción y operación de esta obra reducirá significativamente la llegada de agua de la Cuenca Lerma-Santiago al Lago de Chapala. Aunque la presidenta ya le contestó a Pablo Lemus en su rueda de prensa mañanera diciendo que no se le quitará agua a Jalisco, la deducción es obvia: si el agua se queda en Guanajuato, no llegará a Chapala.
El gobernador no tiene sólo reclamos. También presentará los avances de trabajos para albergar la Copa Mundial de Futbol 2026 y las obras para concluir la Línea 4 del Tren Ligero y la Línea 5 de transporte masivo.
El ambiente será de diálogo. Habrá cordialidad y respeto con toda seguridad. 
Sin duda, se abordará el tema de seguridad y la presencia de fuerzas federales en el Estado. 
Pero no estará ausente la tensión que prevalece en la relación oficial entre el gobierno federal y el gobierno de Jalisco. 
Queda claro que a pesar de todos los esfuerzos y el cuidado en no manchar la buena relación, el gobernador Pablo Lemus no es, como él lo anticipó, “el gobernador favorito de la presidenta”.

Sheinbaum en la agenda de Jalisco

En la conferencia mañanera de este 5 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un proyecto que en palabras diferentes de las utilizadas, tiene como objetivo “rescatar a México de Pemex”. De acuerdo con el anuncio presentado en Palacio Nacional, para el año 2027 la empresa paraestatal debe ser autosuficiente, es decir, ya no necesitará que la Secretaría de Hacienda use miles de millones de pesos de los recursos económicos de los mexicanos para el pago de la petrolera. 
Pero apenas hecho público el anuncio, comenzaron a manifestarse las dudas de los involucrados en los complejos procesos económicos de Pemex.
Según la versión de la presidenta, el principal responsable de la actual situación de Pemex (considerada la petrolera más endeudada del mundo ya en el año 2024, con una deuda superior a 100 mil millones de dólares) fue el expresidente Enrique Peña Nieto, quien literalmente, se propuso su desmantelamiento, sin embargo, en el sexenio siguiente el expresidente Andrés Manuel López Obrador se encargó de su recuperación. 
Pero hay varios puntos en discusión.
La presidenta indicó que para el año 2027 la deuda de Pemex deberá haberse reducido a 77 mil 300 millones de dólares, lo cual ha sido cuestionado por el poco margen de tiempo que resta para ello. 
Además, se afirma que la producción actual es de 1.7 millones de barriles de petróleo crudo al día, pero los especialistas sostienen que difícilmente alcanza 1.3 millones de barriles.
En síntesis, la Secretaría de Hacienda –en palabras de su titular, Édgar Amador Zamora– seguirá inyectando recursos económicos a Pemex durante los años 2025 y 2026 hasta que la petrolera sea autosuficiente. Esto implica, también, que Pemex no será fuente de ingresos porque la meta es que se sostenga por sí misma.
¿Cuál es el costo de este proyecto? Todos los recursos públicos que van a Pemex se pierden para infraestructura, inversiones y compras del gobierno federal. Entra aquí la crítica permanente: ¿No deberían utilizarse esos recursos económicos en otros rubros más urgentes como por ejemplo, el abasto de medicamentos?
La crítica especializada retoma ante el plan, los elementos que han estado sobre la mesa desde que en el sexenio pasado, el expresidente López Obrador tomó decisiones para revertir las reformas que permitieron el ingreso de capital privado en áreas como exploración, producción y refinación.
La disyuntiva sigue siendo la misma: ¿El Estado mexicano deben empeñar capital y esfuerzos en Pemex, manteniendo el control en aras de la soberanía energética, cuando la producción se reduce, las refinerías existentes (incluida la costosísima Dos Bocas) operan a la mitad de su capacidad o menos, y no se han resuelto las problemáticas de corrupción y robo de crudo y refinados? El “huachicoleo” no sólo no desapareció, sino que tomó nuevas formas y proporciones gigantescas. 
El plan presentado anticipa que el gobierno federal no cambiará el rumbo trazado por la voluntad del expresidente AMLO.

Para rescatarnos de Pemex

Para estrenar la semana, en la rueda de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), esa especie de “policía financiera” que tiene la Secretaría de Hacienda y por lo tanto, la presidencia de la república, cambia de titular. Ahora será Omar Reyes Colmenares.
Este nombramiento tiene una consecuencia directa: empoderar al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. 
García Harfuch está llamado a ser el “hombre fuerte” del sexenio de la presidenta Sheinbaum. Y no es para menos, porque tiene la responsabilidad de combatir y derrotar a los cárteles del crimen organizado en todo el país, mientras el gobierno de Donald Trump presiona sin pausa para que se den resultados inmediatos, y sobre todo, que sean de su agrado.
García Harfuch llegó a la secretaría de Seguridad Ciudadana con apenas algunas atribuciones. Su antecesora en el cargo, Rosa Icela Rodríguez, había sido una figura decorativa en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y al menos públicamente, sólo aparecía para leer las estadísticas de delitos y asesinatos que sucedían en México.
Pero con la llegada de Sheinbaum al poder, se han operado cambios paulatinos en los primeros 10 meses de la administración. Se le dotó de mayor presupuesto y se le autorizó legalmente a operar las labores de inteligencia; se elaboraron reformas que a la par que le dieron al Ejército el control de la Guardia Nacional, también le concedieron a él nuevas facultades.
Igualmente, en la práctica, es Omar García Harfuch quien se encarga de dirigir las operaciones contra el crimen organizado, ya sea la ubicación y destrucción de laboratorios clandestinos de droga, como los decomisos en tierra y mar; también es el rostro de las detenciones de los “generadores de violencia” en las entidades federativas con más crisis de violencia: Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Sinaloa. 
Y no debe olvidarse un detalle político: García Harfuch es el delfín todavía no reconocido de la presidenta Sheinbaum. Antes empujó para que fuera el gobernador de la Ciudad de México, pero sin éxito; ahora se construye un proyecto para hacerlo “candidateable” con miras a la elección presidencial de 2030. Y si tiene éxito en el combate a los cárteles y la pacificación del país, sus posibilidades aumentan.
¿Qué tiene que ver con esta línea de revisión el nombramiento del otro Omar (Reyes Colmenares) al frente de la UIF? La conclusión es relativamente simple: se trata de un integrante de su equipo. Reyes Colmenares ha crecido no sólo por sus cualidades personales, sino como sucede siempre en los equipos de gobierno, por la cercanía y la aprobación de quien ha sido su mentor, el secretario García Harfuch. 
Reyes Colmenares ha aceptado las tareas asignadas por García Harfuch y tiene experiencia probada en tareas de inteligencia, en asuntos administrativos de centros penitenciarios (una de las áreas más difíciles de resolver en el complejo y corrupto sistema de la impartición de justicia) y también fue director de la Oficina Central de la Interpol en México.
Y tiene más cualidades: siempre ha trabajado en gobiernos de Morena, es conocido de la presidenta Sheinbaum y como ya se indicó, incondicional de García Harfuch. 
Su perfil es el de un auténtico policía. Y tiene nada menos que a la UIF para probar su eficiencia. 
Eso es lo que tiene en sus manos el secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno de la república.

Empoderan a Omar García Harfuch

El siguiente gran cambio del rostro legal de nuestro país es la reforma electoral y el encargado de hacerla es quien hasta ahora ha sido titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez.
Conocido por su larga trayectoria en la izquierda mexicana, por sus luchas juveniles en contra del sistema, desde el ámbito universitario y académico, y por sus largos años como solvente legislador, Pablo Gómez ofreció un nuevo perfil cuando se alió a Andrés Manuel López Obrador y acabó por convertirse en un funcionario más del régimen, al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Desde este órgano ha sido uno más de los golpeadores del gobierno en contra de los enemigos políticos, y se quedó muy lejos de cumplir con las expectativas de ser un combatiente contra el crimen organizado y el lavado de dinero. 
Pero su perfil como hombre de leyes, lo convierte en uno de los alfiles ideales de la presidenta Claudia Sheinbaum, para llevar a cabo la reforma electoral.
El encargo a Gómez para diseñar esta reforma, anticipa que las modificaciones a los órganos electorales, a los partidos políticos, y aún más, a la integración del Poder Legislativo, tendrán el sello del gobierno central; no serán el resultado de un consenso con todas las fuerzas políticas. Esta reforma, a juzgar por lo que ha anticipado la presidenta desde Palacio Nacional, no tiene el objetivo de mejorar cómo elegimos a nuestras autoridades, sino de garantizar que la élite gobernante se mantenga en el poder, disminuyendo más y más las oportunidades de una alternancia.
Hasta cierto punto, esta visión es normal, pues la llamada “cuarta transformación” considera que con su proyecto se termina de “construir” el país. No se autoperciben como un eslabón más en la cadena, sino como la culminación de ésta. 
Las discusiones durante la elaboración de la reforma y su posterior aprobación, serán muy parecidas a las que ya hemos conocido en otras materias. Habrá argumentos sólidos y dignos de consideración que no serán tomados en cuenta, sino descalificados sistemáticamente por el bloque de Morena y sus aliados. La reforma será, de eso no hay duda. De lo que podemos dudar es de sus resultados.
Reducir o desaparecer al INE, darle al gobierno, facultades de organización de elecciones; restar financiamiento público a los partidos políticos; eliminar la figura de los plurinominales, todos estos argumentos serán presentados como una victoria del pueblo, pero sostendrán un mayor y más duradero control del gobierno central. 
Veremos si este intento logra despertar a una oposición que no esté “moralmente derrotada”, como se ha visto en los últimos años.

Pablo Gómez, al frente de la reforma electoral

En un ambiente festivo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que otra vez, el gobierno mexicano consiguió de Donald Trump una nueva pausa para la aplicación de aranceles, esta vez de 90 días. En términos inmediatos, se alarga el período de incertidumbre hasta noviembre próximo, pero después del gozo inicial, la presidenta mexicana aclaró que la semana entrante se puede firmar un “acuerdo de seguridad” con el gobierno norteamericano.
Y aquí es donde conviene hacer pausa y revisar con detenimiento las afirmaciones presidenciales, porque en la llamada telefónica de 40 minutos con Donald Trump se abordaron muchas cosas más que la aplicación de aranceles.
De hecho, la misma Sheinbaum Pardo reconoció que en la llamada, junto al presidente de los Estados Unidos, estuvo el secretario de Estado, Marco Rubio, y asegura que ella misma le ofreció un acuerdo de seguridad que puede firmarse la semana próxima. 
Anticipándose a los cuestionamientos, la presidenta mexicana asegura que el acuerdo bilateral “respeta la soberanía y el territorio”.
En otras palabras, anticipa que este acuerdo no permite la injerencia del gobierno norteamericano y tampoco autoriza la incursión de fuerzas militares estadounidenses en nuestro país para el combate al crimen organizado. 
Pero no hay más detalles.
El tema económico en la relación con Estados Unidos importa principalmente a los mexicanos. Es la máxima preocupación. 
Pero en el discurso de Donald Trump y su administración, el tema central es el combate al fentanilo y a los cárteles de la droga. Los mismos a los que clasifican como “terroristas”, los que han estado vigilando con drones y tecnología desde sus buques militares desde el Golfo de Cortés y desde el Golfo de México.
Y no se puede dejar de lado que con conocimiento o no, el presidente Trump ha mencionado en varias ocasiones organizar ataques con drones a los campamentos de los cárteles.
¿Qué contiene el acuerdo de seguridad que la presidenta anuncia como una oferta suya al gobierno estadounidense? ¿Se hará público si efectivamente lo aceptan Marco Rubio, primero, y Donald Trump después?
La administración Sheinbaum ha correspondido a todas las exigencias de Trump desde que tomó el cargo el pasado 20 de enero. Punto por punto, se ha respondido a las demandas del presidente norteamericano, en algunos con más éxito que en otros, pero nada ha sido ignorado. 
Reflota otra vez la sospecha de que la administración Trump subirá la apuesta y pedirá que se reconozca no a los jefes del crimen, sino a los políticos mexicanos coludidos con la delincuencia organizada.

Junto con aranceles, un acuerdo de seguridad

Hace varias semanas, la presidenta Claudia Shienbaum Pardo anunció que en su momento presentará una propuesta de reforma electoral que seguro modificará la Constitución del país y también la conformación del Congreso de la Unión y hasta del Instituto Nacional Electoral (INE). En su momento se abordó el tema en “Al buen entendedor”, en la posibilidad de que se reduzca al mínimo la democracia en México. 
El tema volvió a estar en discusión pública después que apareciera una versión de Ricardo Monreal Ávila, actual diputado federal y coordinador de los diputados de Morena (y de facto, también de los legisladores del Partido Verde y el Partido del Trabajo), en la que cuestionó si era conveniente la desaparición de los diputados de representación proporcional o “plurinominales”, como también se les conoce.
Horas después, el mismo Monreal aclaró que en ningún momento cuestiona la intención presidencial de una reforma electoral… aunque ni siquiera haya sido presentada. En otras palabras, si Monreal se atrevió a sugerir, inmediatamente reculó. Lo que decida la presidenta Sheinbaum en su propuesta de reforma está muy bien.
El comportamiento de Monreal Ávila obedece no a su convencimiento de que deban desaparecer 200 diputados y 32 senadores. No, lo que sucede es que hizo un cálculo político en el conocimiento de que hay una disputa interna por el poder en Morena, y el equipo de la presidenta Sheinbaum Pardo, desde Palacio Nacional, apunta a ser el ganador y desplazar definitivamente a los grupos políticos del mismo Monreal y del senador Adán Augusto López. 
Es otra historia.
En este espacio pretendo hacer énfasis en el riesgo que representa la desaparición total, vía reforma, de los plurinominales. 
A pesar de todo el rechazo –bien ganado– que los mexicanos externan contra diputados y senadores, el origen de la representación proporcional fue un intento de equilibrio. Los plurinominales fueron los diputados de los partidos opositores al régimen todopoderoso del PRI, que lograban entrar a la Cámara de Diputados. No podían competir en número ni ganaban votaciones, pero con ellos tenía voz, al menos, una parte de los mexicanos que no aceptaba la visión única del PRI-gobierno. 
Desaparecer a los plurinominales, en un escenario de dominio casi total de Morena, significa retroceder en el tiempo y regresar al mismo esquema de los años 60 y 70 del siglo pasado.
Además, la reforma anticipada por la presidenta, adelanta reducir al INE. 
El futuro en materia electoral y democrática se anticipa muy oscuro. Los que pueden cuestionarlo, incluso si son de Morena, ya no tienen permiso.

La reforma electoral de Sheinbaum

El INE provocó otra oleada de críticas al anunciar, el 28 de julio, que aplicaría multas diferenciadas según sus posibilidades económicas, a quienes ganaron la elección judicial y aparecieron en los acordeones. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum intervino y aseguró que fue una “decisión incongruente”. Y claro que lo fue. El mensaje es claro: no importa que hayan hecho trampa, basta con pagar una multa y se quedan en el cargo de jueces o magistrados.
Para la presidenta Sheinbaum, sin embargo, la incongruencia radica en que los sancionen, porque para ella los acordeones no constituyeron ninguna irregularidad.
Quien mejor le puso palabras al escándalo que fue la elección judicial del 1 de junio de 2025, fue el ganador de la elección para integrar el nuevo pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortíz, cuando aclaró que los acordeones son “listas orientadoras”.
En términos simples, aunque muchos funcionarios afines o de plano insertados en la 4T sepan cambiar las palabras, fue lo siguiente: 
Se organizó una elección judicial como resultado de una reforma al Poder Judicial que fue impuesta por una mayoría política, sin consenso con el resto de los grupos políticos y sociales del país.
El proceso de la elección fue desordenado de principio a fin y comprometió hasta el extremo al Instituto Nacional Electoral. 
Las convocatorias para elegir candidatos y candidatas fueron confusas y tuvieron como resultado una gran cantidad de aspirantes desconocidos para la población, pero afines a los grupos de poder, principalmente el partido dominante, Morena.
Ante las reglas inoperantes para hacer campaña, que los limitaron en recursos y acceso a la difusión, los candidatos y candidatas se aliaron con quienes contaban con más afiliados o simpatizantes organizados, para garantizar una votación ganadora, y para éstos supieran por quiénes iban a votar, les repartieron “acordeones”, muchos físicos, de papel, y la mayoría por correo electrónico o chats.
Y de ahí surgieron los ganadores. Pero se cometió un delito electoral evidente: indujeron el voto. La elección fue totalmente manipulada. 
Casi la mitad de los consejeros del INE estuvieron a favor de anular o repetir, pero una mayoría mínima avaló el proceso. Y ante las impugnaciones, una mayoría de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echó abajó la anulación y avaló los resultados.
Ahora, ya triunfadores de la elección con todas las irregularidades detrás, los jueces y magistrados que estaban en los acordeones serán multados. Pero permanecerán en el Poder Judicial, “elegidos por el pueblo”. 
Es el nuevo Poder Judicial.

Con acordeón y multa, pero ya en el Poder Judicial

El episodio es indignante y doloroso: Irma Hernández Cruz, una maestra de educación pública, ya jubilada, con 62 años de edad, trabajaba como taxista para tener más ingresos y completar sus gastos. Era un trabajo honesto. Pero hombres armados de la “mafia veracruzana” la sacaron de su auto en pleno centro de su ciudad, Álamo Temapache, Veracruz, y se la llevaron privada de la libertad por no pagar “el derecho de piso”.
Apareció después un video. Ella estaba arrodillada, indefensa, rodeada por varios hombres armados y encapuchados. La obligaron a leer un mensaje de advertencia al resto de los taxistas: o pagan o les espera lo mismo. La maestra apareció muerta. La encontraron sin vida el 24 de julio.
Acosada por los señalamientos y la indignación, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, ha subrayado repetidamente que la maestra no fue ejecutada, sino que murió por un infarto. Como si era fuera una diferencia que justifique otra historia de impunidad y violencia.
Ha ido más lejos: llamó “miserables” a quienes han hecho “un escándalo” con la historia de Irma Cruz Hernández. Así que la gobernadora veracruzana ya tiene sus propios miserables, mientras insiste en que la maestra de escuela jubilada, no fue estrictamente ejecutada por el crimen organizado que azota en el Norte del Estado de que ella gobierna. 
Irma Cruz trabajaba como taxista justamente porque padecía una serie enfermedades que la obligaban a consumir medicamentos.
La información que se ha hecho pública después de su autopsia, revela que en su cuerpo se observaban golpes, pero perdió la vida por un infarto. No presentaba muestras de haber sido baleada o herida. ¿La mató el miedo? Es probable explicarlo así. 
En la narrativa de la gobernadora, la maestra y taxista murió de miedo. Y eso, aparentemente no es responsabilidad de la autoridad. 
Son miserables quienes lanzan reclamos y critican el desempeño de su gestión en el combate a la inseguridad y la violencia, porque los hombres que “levantaron” a la maestra Irma ni siquiera dispararon contra ella.
Lo que ocurrió y la respuesta indignada de la gobernadora Nahle parecen un absurdo. Tanto como lo es que una mujer jubilada después de haber sido maestra durante su vida productiva, tuviera que ser también taxista para poder tener más ingresos y comprar medicamentos, porque el pago de la jubilación no alcanzaba para eso. 
Ya está. Lo describió puntualmente Rocío Nahle: son “miserables”.

Los “miserables” de Rocío Nahle

Mi pecho no es bodega

Eduardo González Velázquez

El futuro de DACA

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador se dice perseguido por sus adversarios, después que se dio a conocer su viaje por Japón, en el que se hospedó en un hotel de lujo y visitó tiendas que también son evidentemente lujosas. Sin embargo, señala que los “hipócritas” conservadores incurrieron en odio, clasismo y calumnias para afectarlo políticamente.
Estamos hablando de Andrés Manuel López Beltrán, “Andy” para los amigos. Hoy es el secretario de Operación Política del Partido Morena, y se ausentó de la Convención Nacional del partido para irse de vacaciones. En esa convención se decidieron las reglas para elegir candidatos y candidatas con miras a elecciones en los estados y a la elección federal del año 2027.
No es lógico que quien tiene un cargo que ha prometido el registro de 10 millones de militantes, de repente se desaparezca y diga que necesita descansar después de “extenuantes jornadas de trabajo”.
No pequemos de ingenuos. “Andy” López Beltrán quiere ser candidato a la presidencia de la república, pero se está enfrentando nada menos que a Claudia Sheinbaum, y esa lucha no es sencilla.
El hijo del expresidente quiere argumentar ahora que en Morena siguen siendo diferentes, y culpa al “hampa del periodismo” de haberlo persiguiendo y de hacerlo ver mal. No es así. Las pruebas son incontestables y todo mundo sabe que la lucha intestina de Morena surge de Palacio Nacional.
Esta misma semana, Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara Baja, confirmó que ya está en marcha una lucha interna por las candidaturas para las elecciones 2027 y advirtió que habrá una división interna. Como si fuera respuesta, aunque no la presentó así, la presidenta Claudia Sheinbaum en su rueda de prensa mañanera, pidió que haya unidad en Morena para no dividirse en la próxima elección.
“Andy” López Beltrán es una pieza clave en la lucha por el poder y en Morena. 
En este partido político, el dominante, lo que pretenden es mantener el dominio del ejercicio del poder, de la economía y de la fuerza, no sólo en 2027, sino también en 2030. La cuestión ahora es si podrá más López Beltrán que Claudia Sheinbaum. Así de sencillo. Aunque digan que son diferentes.

Andy López, el perseguido