De cómo elegir a las autoridades y que sea barato

Al presentar la instalación de la Comisión para la Reforma Electoral en Palacio Nacional, acompañada por quien será su titular, Pablo Gómez Álvarez, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo hincapié en el mensaje que seguramente, será la base de la aprobación popular: ahorrarse gastos y costos en las elecciones.

Quienes conocen de leyes electorales, partidos políticos y cómo organizar las elecciones, saben que el diseño de la reforma electoral que propondrá la presidenta Sheinbaum en los primeros meses de 2026, estará “disfrazada” de un discurso populistas que incluirá, entre otros paradigmas, la reducción de costos. Ella misma ya lo había adelantado en una rueda de prensa mañanera: “El pueblo ya no aprueba dar más dinero público a los partidos políticos (…), el pueblo ya no aprueba más diputados de lisa plurinominal”. Pero al final, los resultados de esta reforma serán tan angostos como estos: centralizarán las elecciones porque ya no habrá órganos electorales estatales; reducirán la representación de la oposición porque los candidatos de partidos opositores apenas tendrán oportunidad de ganar algunas elecciones locales, y mantendrán durante mucho tiempo en el poder a la actual clase gobernante.

En muchos espacios de opinión he lanzado la pregunta fundamental: ¿Esto mejorará la calidad de la democracia mexicana? ¿Será mejor el ejercicio de gobierno porque haya menos espacio para la pluralidad política? Y junto con las preguntas avancé también la respuesta: no.
Pero se cumplirá con el ritual.

La presidenta Sheinbaum presentó oficialmente a Pablo Gómez y éste, sentado junto a ella en una solemne oficina de Palacio Nacional, precisó que se abrirán consultas públicas con miembros de los partidos opositores, de grupos académicos y de sociedad organizada; se abrirán espacios en redes sociales para recibir las opiniones y los puntos de vista.
De ahora y hasta octubre, mes en el que se presentarán los resultados, harán consultas públicas para conocer “qué opina el pueblo”, aunque no se han establecido los mecanismos para determinar qué se preguntará, a quién se le preguntará y sobre todo, quiénes harán las consultas. Seguramente, serán los “servidores de la nación”.
La presidenta Sheinbaum también anunció que no se gastará más dinero del gobierno federal en este proceso. Por eso, los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales serán responsables de hacer sus propias consultas, si así lo desean.

Lo que resulte de foros y consultas, se incorporará al trabajo que haga la comisión presidida por Pablo Gómez, en la que contará con el apoyo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy; el coordinador presidencial de asesores, Jesús Ramírez; y el jefe de la Oficina de la presidencia, Lázaro Cárdenas Batel. (Entre paréntesis, más parece un equipo de censores de las propuestas nacionales que un grupo de asesores para mejorar el dictamen final).

Es totalmente previsible el resultado, porque además el mismo Pablo Gómez precisó que escuchar todas las propuestas, no equivale a reflejarlas en un documento en el que se hará valer “la mayoría”.
La única duda que cabe ahora es qué harán los aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo… ¿aceptarán reducir prerrogativas y reducir su presencia en las cámaras?
¿Y la oposición? Pregunta sin respuesta.