La niñez y juventud en el mundo digital, su protección no tiene precio
En el Día de la Juventud y en la era de la hiperconectividad, reflexionemos sobre las redes sociales y cómo son un pilar de socialización e identidad para niños, niñas y adolescentes (NNyA). No obstante, este universo digital, en constante expansión, alberga peligros que amenazan su bienestar y vulneran su privacidad como nunca antes. No podemos ser espectadores pasivos; urge evaluar estos riesgos y articular políticas públicas sólidas, que garanticen un entorno en línea seguro para las nuevas generaciones.
Los riesgos en plataformas como Instagram, TikTok o X son múltiples y alarmantes. El ciberacoso es ya una epidemia silenciosa: según el INEGI (2024), en México el 21% de usuarios de internet de 12 años o más sufrió acoso cibernético, siendo los más jóvenes especialmente vulnerables a la violencia digital. La exposición a contenido inapropiado —violencia gráfica, pornografía o incitación a conductas de riesgo como trastornos alimenticios y autolesiones— es cotidiana y está a un clic de distancia.
La privacidad infantil y juvenil vive una crisis. El sharenting, práctica de padres que comparten excesiva información de sus hijos, genera una huella digital sin su consentimiento, exponiéndolos a manipulación de datos, robo de identidad y, en casos graves, a depredadores sexuales. Las plataformas, con algoritmos diseñados para captar atención y recolectar datos, fomentan una vigilancia comercial que moldea gustos y comportamientos desde edades tempranas.
El impacto en la salud mental es igual de preocupante: comparación social constante, presión por los “me gusta” y exposición a estándares irreales de belleza están vinculados con mayor ansiedad, depresión, problemas de imagen corporal y baja autoestima en adolescentes.
Ante este panorama, la inacción no es opción. Es vital un marco regulatorio que priorice el interés superior de la niñez. Esto implica exigir que los servicios digitales incorporen seguridad y privacidad en NNyA por defecto: verificación de edad más eficaz, perfiles de menores configurados como privados y límites estrictos a la recolección de datos.
También se requiere fortalecer la legislación en protección de datos, inspirándose en las mejores prácticas regulatorias, para dar a los menores mayor control. En México, aunque existen la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Federal de Protección de Datos Personales, su aplicación debe ser más firme y específica. Las iniciativas discutidas en el Senado para garantizar un acceso seguro a internet, revisando la edad pueden ser un avance, pero deben traducirse en acciones concretas y obligatorias para la industria tecnológica.
Asimismo, la alfabetización digital debe ser política de Estado. Es necesario dotar a menores, padres y educadores de herramientas críticas para navegar en línea con seguridad y responsabilidad. No basta enseñar a configurar la privacidad: se debe fomentar pensamiento crítico frente a la información que consumen y producen.
Proteger a la niñez y juventud en el ágora digital del siglo XXI es una responsabilidad compartida: gobiernos que legislen con visión, empresas tecnológicas que asuman su deber ético y una sociedad que eduque y acompañe. El futuro de su bienestar y de su derecho a una privacidad digna está en juego.
