Jonás

Al presentar la instalación de la Comisión para la Reforma Electoral en Palacio Nacional, acompañada por quien será su titular, Pablo Gómez Álvarez, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo hincapié en el mensaje que seguramente, será la base de la aprobación popular: ahorrarse gastos y costos en las elecciones.
Quienes conocen de leyes electorales, partidos políticos y cómo organizar las elecciones, saben que el diseño de la reforma electoral que propondrá la presidenta Sheinbaum en los primeros meses de 2026, estará “disfrazada” de un discurso populistas que incluirá, entre otros paradigmas, la reducción de costos. Ella misma ya lo había adelantado en una rueda de prensa mañanera: “El pueblo ya no aprueba dar más dinero público a los partidos políticos (…), el pueblo ya no aprueba más diputados de lisa plurinominal”. Pero al final, los resultados de esta reforma serán tan angostos como estos: centralizarán las elecciones porque ya no habrá órganos electorales estatales; reducirán la representación de la oposición porque los candidatos de partidos opositores apenas tendrán oportunidad de ganar algunas elecciones locales, y mantendrán durante mucho tiempo en el poder a la actual clase gobernante.
En muchos espacios de opinión he lanzado la pregunta fundamental: ¿Esto mejorará la calidad de la democracia mexicana? ¿Será mejor el ejercicio de gobierno porque haya menos espacio para la pluralidad política? Y junto con las preguntas avancé también la respuesta: no. 
Pero se cumplirá con el ritual.
La presidenta Sheinbaum presentó oficialmente a Pablo Gómez y éste, sentado junto a ella en una solemne oficina de Palacio Nacional, precisó que se abrirán consultas públicas con miembros de los partidos opositores, de grupos académicos y de sociedad organizada; se abrirán espacios en redes sociales para recibir las opiniones y los puntos de vista. 
De ahora y hasta octubre, mes en el que se presentarán los resultados, harán consultas públicas para conocer “qué opina el pueblo”, aunque no se han establecido los mecanismos para determinar qué se preguntará, a quién se le preguntará y sobre todo, quiénes harán las consultas. Seguramente, serán los “servidores de la nación”. 
La presidenta Sheinbaum también anunció que no se gastará más dinero del gobierno federal en este proceso. Por eso, los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales serán responsables de hacer sus propias consultas, si así lo desean.
Lo que resulte de foros y consultas, se incorporará al trabajo que haga la comisión presidida por Pablo Gómez, en la que contará con el apoyo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy; el coordinador presidencial de asesores, Jesús Ramírez; y el jefe de la Oficina de la presidencia, Lázaro Cárdenas Batel. (Entre paréntesis, más parece un equipo de censores de las propuestas nacionales que un grupo de asesores para mejorar el dictamen final).
Es totalmente previsible el resultado, porque además el mismo Pablo Gómez precisó que escuchar todas las propuestas, no equivale a reflejarlas en un documento en el que se hará valer “la mayoría”. 
La única duda que cabe ahora es qué harán los aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo… ¿aceptarán reducir prerrogativas y reducir su presencia en las cámaras? 
¿Y la oposición? Pregunta sin respuesta.

De cómo elegir a las autoridades y que sea barato

La más reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Jalisco el pasado viernes 8 de agosto, deja algunas certezas y un caudal de preguntas que requieren respuestas, además de que permiten reflexionar el quehacer político y la relación entre Jalisco y el gobierno federal.
En lo político, todo transcurrió bien, más allá de algunas porras negativas en un acto político-partidista que se filtró en la inauguración del hospital de especialidades del ISSSTE. El trato entre los dos niveles de gobierno fue el más adecuado sobre todo en el contexto de la tensión política existente. El gobernador Pablo Lemus recibió a la presidenta y concluyó con éxito una gira muy breve que nuevamente se centró en dos aspectos que el gobierno federal atiende: Infraestructura para la salud y apoyo a adultos mayores.
Curiosamente, el tema de la salud no deja buenos dividendos. Es una herencia negativa para la gestión de Claudia Sheinbaum. Con todo y que se inauguró un nuevo hospital que generará hasta 2 mil 400 empleos directos y pondrá a disposición de la ciudadanía 540 camas de hospital, no sólo para jaliscienses, sino también vecinos de otras de otros estados, este fin de semana hubo una nueva marcha para protestar por la falta de medicamentos oncológicos, un problema que no es exclusivo de Jalisco, sino que se extiende al resto del país, pero que rebasa cualquier esfuerzo oficial de la presidenta Sheinbaum.
¿Pero qué es lo que falta después de la visita? Respuestas. Respuestas en torno a las demandas centrales que el Gobierno del Estado le planteó a la presidenta de la república, pero que reflejan preocupación y ocupación de amplios sectores sociales, como por ejemplo, ¿qué pasará con la Laguna de Chapala, en vista del proyecto de un ducto que llevará agua de la Presa Solís a la ciudad de León, Guanajuato? Sólo se ha dicho que no se pretende perjudicar a los ciudadanos de Jalisco, pero el proyecto avanza.
¿Qué pasará también con el abasto de medicamentos, con el rescate de la red de carreteras federales, que se mantienen en condiciones deplorables y en algunos tramos un poco menos mal? Siguen dejando en desventaja al sector de transportistas. 
Y faltan noticias también y certezas, en torno de la cooperación económica del gobierno federal para los proyectos que tienen que ver con la infraestructura que requerirá la Copa Mundial del año 2026.
Más allá de las anécdotas de algunos morenistas que estaban empecinados en acercarse a la presidenta, quizás para tomarse una foto o porque querían saludarla de mano y se brincaron las reglas de organización, lo importante es encontrar respuestas para las inquietudes que tienen los jaliscienses, representados por sus autoridades.

Visita presidencial a Jalisco… ¿los resultados?

La presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, regresa a Jalisco. Hoy llegará a la ciudad con dos objetivos para la agenda pública: inaugurar el Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE que se ubica en Tlajomulco de Zúñiga, y después se va a Acatlán de Juárez, a un encuentro con adultos mayores que, naturalmente, son beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal.
Es evidente que la presidenta marca su distancia con los gobiernos de Movimiento Ciudadano (MC). Desde que asumió como mandataria sus visitas a Jalisco han evitado puntillosamente centrarse en lugares como Guadalajara y Zapopan, que son bastiones de MC. En lugar de ello, su agenda se ha centrado en zonas de mayor marginalidad o más relacionadas con Morena. 
Es natural. Lo extraño sería que simbólicamente apoyara las causas emecistas.
En este contexto, el gobernador Pablo Lemus confirmó que al recibir y reunirse con la presidenta, tiene un plan de 15 planteamientos mínimos para presentar, entre los que figuran varios temas polémicos.
A saber, están los siguientes: 
• Reconstrucción de carreteras federales en el Estado, pues a pesar de que se aplica el programa “Bachetón” y hay presupuesto del gobierno federal para carreteras, sus condiciones siguen siendo deplorables. 
• Abasto de medicamentos oncológicos. El fenómeno es nacional, pero en Jalisco el reclamo es bastante puntual: no hay medicamentos ni tratamientos para los enfermos de cáncer. De hecho, el fin de semana está anunciada una protesta de la asociación “Nariz Roja” que apoya a niños con cáncer y sus familias, por el desabasto. 
• El ducto que va de la Presa Solís a la ciudad de León, Guanajuato. La construcción y operación de esta obra reducirá significativamente la llegada de agua de la Cuenca Lerma-Santiago al Lago de Chapala. Aunque la presidenta ya le contestó a Pablo Lemus en su rueda de prensa mañanera diciendo que no se le quitará agua a Jalisco, la deducción es obvia: si el agua se queda en Guanajuato, no llegará a Chapala.
El gobernador no tiene sólo reclamos. También presentará los avances de trabajos para albergar la Copa Mundial de Futbol 2026 y las obras para concluir la Línea 4 del Tren Ligero y la Línea 5 de transporte masivo.
El ambiente será de diálogo. Habrá cordialidad y respeto con toda seguridad. 
Sin duda, se abordará el tema de seguridad y la presencia de fuerzas federales en el Estado. 
Pero no estará ausente la tensión que prevalece en la relación oficial entre el gobierno federal y el gobierno de Jalisco. 
Queda claro que a pesar de todos los esfuerzos y el cuidado en no manchar la buena relación, el gobernador Pablo Lemus no es, como él lo anticipó, “el gobernador favorito de la presidenta”.

Sheinbaum en la agenda de Jalisco

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador se dice perseguido por sus adversarios, después que se dio a conocer su viaje por Japón, en el que se hospedó en un hotel de lujo y visitó tiendas que también son evidentemente lujosas. Sin embargo, señala que los “hipócritas” conservadores incurrieron en odio, clasismo y calumnias para afectarlo políticamente.
Estamos hablando de Andrés Manuel López Beltrán, “Andy” para los amigos. Hoy es el secretario de Operación Política del Partido Morena, y se ausentó de la Convención Nacional del partido para irse de vacaciones. En esa convención se decidieron las reglas para elegir candidatos y candidatas con miras a elecciones en los estados y a la elección federal del año 2027.
No es lógico que quien tiene un cargo que ha prometido el registro de 10 millones de militantes, de repente se desaparezca y diga que necesita descansar después de “extenuantes jornadas de trabajo”.
No pequemos de ingenuos. “Andy” López Beltrán quiere ser candidato a la presidencia de la república, pero se está enfrentando nada menos que a Claudia Sheinbaum, y esa lucha no es sencilla.
El hijo del expresidente quiere argumentar ahora que en Morena siguen siendo diferentes, y culpa al “hampa del periodismo” de haberlo persiguiendo y de hacerlo ver mal. No es así. Las pruebas son incontestables y todo mundo sabe que la lucha intestina de Morena surge de Palacio Nacional.
Esta misma semana, Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara Baja, confirmó que ya está en marcha una lucha interna por las candidaturas para las elecciones 2027 y advirtió que habrá una división interna. Como si fuera respuesta, aunque no la presentó así, la presidenta Claudia Sheinbaum en su rueda de prensa mañanera, pidió que haya unidad en Morena para no dividirse en la próxima elección.
“Andy” López Beltrán es una pieza clave en la lucha por el poder y en Morena. 
En este partido político, el dominante, lo que pretenden es mantener el dominio del ejercicio del poder, de la economía y de la fuerza, no sólo en 2027, sino también en 2030. La cuestión ahora es si podrá más López Beltrán que Claudia Sheinbaum. Así de sencillo. Aunque digan que son diferentes.

Andy López, el perseguido

En la conferencia mañanera de este 5 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un proyecto que en palabras diferentes de las utilizadas, tiene como objetivo “rescatar a México de Pemex”. De acuerdo con el anuncio presentado en Palacio Nacional, para el año 2027 la empresa paraestatal debe ser autosuficiente, es decir, ya no necesitará que la Secretaría de Hacienda use miles de millones de pesos de los recursos económicos de los mexicanos para el pago de la petrolera. 
Pero apenas hecho público el anuncio, comenzaron a manifestarse las dudas de los involucrados en los complejos procesos económicos de Pemex.
Según la versión de la presidenta, el principal responsable de la actual situación de Pemex (considerada la petrolera más endeudada del mundo ya en el año 2024, con una deuda superior a 100 mil millones de dólares) fue el expresidente Enrique Peña Nieto, quien literalmente, se propuso su desmantelamiento, sin embargo, en el sexenio siguiente el expresidente Andrés Manuel López Obrador se encargó de su recuperación. 
Pero hay varios puntos en discusión.
La presidenta indicó que para el año 2027 la deuda de Pemex deberá haberse reducido a 77 mil 300 millones de dólares, lo cual ha sido cuestionado por el poco margen de tiempo que resta para ello. 
Además, se afirma que la producción actual es de 1.7 millones de barriles de petróleo crudo al día, pero los especialistas sostienen que difícilmente alcanza 1.3 millones de barriles.
En síntesis, la Secretaría de Hacienda –en palabras de su titular, Édgar Amador Zamora– seguirá inyectando recursos económicos a Pemex durante los años 2025 y 2026 hasta que la petrolera sea autosuficiente. Esto implica, también, que Pemex no será fuente de ingresos porque la meta es que se sostenga por sí misma.
¿Cuál es el costo de este proyecto? Todos los recursos públicos que van a Pemex se pierden para infraestructura, inversiones y compras del gobierno federal. Entra aquí la crítica permanente: ¿No deberían utilizarse esos recursos económicos en otros rubros más urgentes como por ejemplo, el abasto de medicamentos?
La crítica especializada retoma ante el plan, los elementos que han estado sobre la mesa desde que en el sexenio pasado, el expresidente López Obrador tomó decisiones para revertir las reformas que permitieron el ingreso de capital privado en áreas como exploración, producción y refinación.
La disyuntiva sigue siendo la misma: ¿El Estado mexicano deben empeñar capital y esfuerzos en Pemex, manteniendo el control en aras de la soberanía energética, cuando la producción se reduce, las refinerías existentes (incluida la costosísima Dos Bocas) operan a la mitad de su capacidad o menos, y no se han resuelto las problemáticas de corrupción y robo de crudo y refinados? El “huachicoleo” no sólo no desapareció, sino que tomó nuevas formas y proporciones gigantescas. 
El plan presentado anticipa que el gobierno federal no cambiará el rumbo trazado por la voluntad del expresidente AMLO.

Para rescatarnos de Pemex

Para estrenar la semana, en la rueda de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), esa especie de “policía financiera” que tiene la Secretaría de Hacienda y por lo tanto, la presidencia de la república, cambia de titular. Ahora será Omar Reyes Colmenares.
Este nombramiento tiene una consecuencia directa: empoderar al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. 
García Harfuch está llamado a ser el “hombre fuerte” del sexenio de la presidenta Sheinbaum. Y no es para menos, porque tiene la responsabilidad de combatir y derrotar a los cárteles del crimen organizado en todo el país, mientras el gobierno de Donald Trump presiona sin pausa para que se den resultados inmediatos, y sobre todo, que sean de su agrado.
García Harfuch llegó a la secretaría de Seguridad Ciudadana con apenas algunas atribuciones. Su antecesora en el cargo, Rosa Icela Rodríguez, había sido una figura decorativa en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y al menos públicamente, sólo aparecía para leer las estadísticas de delitos y asesinatos que sucedían en México.
Pero con la llegada de Sheinbaum al poder, se han operado cambios paulatinos en los primeros 10 meses de la administración. Se le dotó de mayor presupuesto y se le autorizó legalmente a operar las labores de inteligencia; se elaboraron reformas que a la par que le dieron al Ejército el control de la Guardia Nacional, también le concedieron a él nuevas facultades.
Igualmente, en la práctica, es Omar García Harfuch quien se encarga de dirigir las operaciones contra el crimen organizado, ya sea la ubicación y destrucción de laboratorios clandestinos de droga, como los decomisos en tierra y mar; también es el rostro de las detenciones de los “generadores de violencia” en las entidades federativas con más crisis de violencia: Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Sinaloa. 
Y no debe olvidarse un detalle político: García Harfuch es el delfín todavía no reconocido de la presidenta Sheinbaum. Antes empujó para que fuera el gobernador de la Ciudad de México, pero sin éxito; ahora se construye un proyecto para hacerlo “candidateable” con miras a la elección presidencial de 2030. Y si tiene éxito en el combate a los cárteles y la pacificación del país, sus posibilidades aumentan.
¿Qué tiene que ver con esta línea de revisión el nombramiento del otro Omar (Reyes Colmenares) al frente de la UIF? La conclusión es relativamente simple: se trata de un integrante de su equipo. Reyes Colmenares ha crecido no sólo por sus cualidades personales, sino como sucede siempre en los equipos de gobierno, por la cercanía y la aprobación de quien ha sido su mentor, el secretario García Harfuch. 
Reyes Colmenares ha aceptado las tareas asignadas por García Harfuch y tiene experiencia probada en tareas de inteligencia, en asuntos administrativos de centros penitenciarios (una de las áreas más difíciles de resolver en el complejo y corrupto sistema de la impartición de justicia) y también fue director de la Oficina Central de la Interpol en México.
Y tiene más cualidades: siempre ha trabajado en gobiernos de Morena, es conocido de la presidenta Sheinbaum y como ya se indicó, incondicional de García Harfuch. 
Su perfil es el de un auténtico policía. Y tiene nada menos que a la UIF para probar su eficiencia. 
Eso es lo que tiene en sus manos el secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno de la república.

Empoderan a Omar García Harfuch

El siguiente gran cambio del rostro legal de nuestro país es la reforma electoral y el encargado de hacerla es quien hasta ahora ha sido titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez.
Conocido por su larga trayectoria en la izquierda mexicana, por sus luchas juveniles en contra del sistema, desde el ámbito universitario y académico, y por sus largos años como solvente legislador, Pablo Gómez ofreció un nuevo perfil cuando se alió a Andrés Manuel López Obrador y acabó por convertirse en un funcionario más del régimen, al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Desde este órgano ha sido uno más de los golpeadores del gobierno en contra de los enemigos políticos, y se quedó muy lejos de cumplir con las expectativas de ser un combatiente contra el crimen organizado y el lavado de dinero. 
Pero su perfil como hombre de leyes, lo convierte en uno de los alfiles ideales de la presidenta Claudia Sheinbaum, para llevar a cabo la reforma electoral.
El encargo a Gómez para diseñar esta reforma, anticipa que las modificaciones a los órganos electorales, a los partidos políticos, y aún más, a la integración del Poder Legislativo, tendrán el sello del gobierno central; no serán el resultado de un consenso con todas las fuerzas políticas. Esta reforma, a juzgar por lo que ha anticipado la presidenta desde Palacio Nacional, no tiene el objetivo de mejorar cómo elegimos a nuestras autoridades, sino de garantizar que la élite gobernante se mantenga en el poder, disminuyendo más y más las oportunidades de una alternancia.
Hasta cierto punto, esta visión es normal, pues la llamada “cuarta transformación” considera que con su proyecto se termina de “construir” el país. No se autoperciben como un eslabón más en la cadena, sino como la culminación de ésta. 
Las discusiones durante la elaboración de la reforma y su posterior aprobación, serán muy parecidas a las que ya hemos conocido en otras materias. Habrá argumentos sólidos y dignos de consideración que no serán tomados en cuenta, sino descalificados sistemáticamente por el bloque de Morena y sus aliados. La reforma será, de eso no hay duda. De lo que podemos dudar es de sus resultados.
Reducir o desaparecer al INE, darle al gobierno, facultades de organización de elecciones; restar financiamiento público a los partidos políticos; eliminar la figura de los plurinominales, todos estos argumentos serán presentados como una victoria del pueblo, pero sostendrán un mayor y más duradero control del gobierno central. 
Veremos si este intento logra despertar a una oposición que no esté “moralmente derrotada”, como se ha visto en los últimos años.

Pablo Gómez, al frente de la reforma electoral

En un ambiente festivo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que otra vez, el gobierno mexicano consiguió de Donald Trump una nueva pausa para la aplicación de aranceles, esta vez de 90 días. En términos inmediatos, se alarga el período de incertidumbre hasta noviembre próximo, pero después del gozo inicial, la presidenta mexicana aclaró que la semana entrante se puede firmar un “acuerdo de seguridad” con el gobierno norteamericano.
Y aquí es donde conviene hacer pausa y revisar con detenimiento las afirmaciones presidenciales, porque en la llamada telefónica de 40 minutos con Donald Trump se abordaron muchas cosas más que la aplicación de aranceles.
De hecho, la misma Sheinbaum Pardo reconoció que en la llamada, junto al presidente de los Estados Unidos, estuvo el secretario de Estado, Marco Rubio, y asegura que ella misma le ofreció un acuerdo de seguridad que puede firmarse la semana próxima. 
Anticipándose a los cuestionamientos, la presidenta mexicana asegura que el acuerdo bilateral “respeta la soberanía y el territorio”.
En otras palabras, anticipa que este acuerdo no permite la injerencia del gobierno norteamericano y tampoco autoriza la incursión de fuerzas militares estadounidenses en nuestro país para el combate al crimen organizado. 
Pero no hay más detalles.
El tema económico en la relación con Estados Unidos importa principalmente a los mexicanos. Es la máxima preocupación. 
Pero en el discurso de Donald Trump y su administración, el tema central es el combate al fentanilo y a los cárteles de la droga. Los mismos a los que clasifican como “terroristas”, los que han estado vigilando con drones y tecnología desde sus buques militares desde el Golfo de Cortés y desde el Golfo de México.
Y no se puede dejar de lado que con conocimiento o no, el presidente Trump ha mencionado en varias ocasiones organizar ataques con drones a los campamentos de los cárteles.
¿Qué contiene el acuerdo de seguridad que la presidenta anuncia como una oferta suya al gobierno estadounidense? ¿Se hará público si efectivamente lo aceptan Marco Rubio, primero, y Donald Trump después?
La administración Sheinbaum ha correspondido a todas las exigencias de Trump desde que tomó el cargo el pasado 20 de enero. Punto por punto, se ha respondido a las demandas del presidente norteamericano, en algunos con más éxito que en otros, pero nada ha sido ignorado. 
Reflota otra vez la sospecha de que la administración Trump subirá la apuesta y pedirá que se reconozca no a los jefes del crimen, sino a los políticos mexicanos coludidos con la delincuencia organizada.

Junto con aranceles, un acuerdo de seguridad

Mi pecho no es bodega

José Francisco Muñoz Valle

Juventudes y salud: La nueva agenda para transformar la atención primaria

Anuar García Gutiérrez

Urge parar los delitos sexuales contra los infantes en Jalisco

Tzinti Ramírez

Ingeniería de ideas: convertir ideas marginales en narrativas dominantes

Claudia Salas

Juventud e inclusión: la democracia que México necesita

El proyecto político del gobernador Pablo Lemus y su más notorio y cercano aliado, el presidente municipal zapopano Juan José Frangie, enfrentará una nueva lucha en la que van juntos: evitar que la ley permita la construcción de 17 mil nuevas viviendas en la zona de Valle de Los Molinos, en las inmediaciones del Bosque El Nixticuil.
La confrontación legal se remonta a la primera gestión de Lemus Navarro como presidente municipal de Zapopan, cuando frenaron a la constructora Casas Javer el proyecto de edificación de vivienda, pero ayer se anunció que después de ocho años, la magistrada presidenta de la Sexta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, Paloma Romana Magallanes de la Rosa, en un fallo judicial le ordena al gobierno de Zapopan, conceder el primer permiso para un nuevo desarrollo de hasta 17 mil casas.
Para la constructora el fallo es positivo, pero el momento político no podía ser más adverso. 
El alcalde zapopano hace ocho años, hoy es el gobernador del Estado, y públicamente anunció que apoyará con todos sus recursos al alcalde Frangie para evitar que los “constructores depredadores” puedan construir las cosas que se proponen.
En tanto, Frangie Saade destacó que en Valle de Los Molinos, además de su lejanía de la zona urbana y los conflictos viales de todos los días para acercarse a la ciudad, carecen de servicios elementales como agua potable, y la incorporación de 17 mil casas implicaría la incorporación de 68 mil personas (en un promedio de cuatro habitantes por vivienda), lo que provocaría un desastre irremediable. 
¿Por qué pretende la constructora Casas Javer edificar tal cantidad de viviendas en una zona cercana a El Nixticuil, que ha sido objeto de luchas ambientalistas durante años? ¿Qué futuro tendrían los potenciales habitantes de un desarrollo en donde habría seguras fallas en el abasto de servicios como el agua potable y la electricidad?
En lo que va del siglo XXI ha quedado claro que no hubo planeación en el explosivo desarrollo habitacional que se dio en el corredor de la Avenida Juan Gil Preciado hacia Carretera a Colotlán y Tesistán.
Los desarrollos de vivienda de lujo garantizan zonas reservadas y los desarrollos populares y de vivienda económica también se establecieron en la lógica de cotos privados. Pero la mayor reserva que tienen es la distancia y el aislamiento que provoca el permanente conflicto vial. Además, tanto los de lujo como los económicos enfrentan el riesgo permanente de quedarse sin agua o energía. 
Definitivamente, una nueva zona habitacional estará destinada al aislamiento, la carencia de transporte eficiente y la posibilidad de carecer de servicios. 
Además del deterioro del ecosistema local.

Las constructoras voraces