Urge parar los delitos sexuales contra los infantes en Jalisco
En Jalisco, la violencia sexual infantil no solo existe: se extiende en silencio, sin voz y sin justicia. Las autoridades, lejos de garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes, parecen omisas ante su obligación, mientras la Fiscalía exhibe una preocupante falta de capacidad y empatía hacia las víctimas. El resultado es un patrón dolorosamente constante: miles de denuncias y carpetas de investigación que se acumulan sin resolución, dejando a los menores expuestos y vulnerables.
Las cifras revelan un panorama alarmante. Jalisco concentra el 5% de los reportes de abuso sexual infantil a nivel nacional, ocupando un lugar entre las entidades más afectadas. Entre 2017 y 2023 se registraron más de 17 mil casos de abuso sexual infantil, en un contexto de 153 mil 187 casos de lesiones por violencia y trata, y 8 mil 759 homicidios de niñas, niños y adolescentes relacionados con actos violentos. El perfil de las víctimas muestra un dato devastador: entre el 90% y 94% son mujeres, dependiendo de si la violencia ocurrió en el entorno familiar o no familiar.
El fenómeno, lejos de ser marginal, se concentra en zonas urbanas. Solo en el primer trimestre de 2019 se documentaron 611 casos en el Estado, con un promedio diario de 6.7 casos, la mayoría en el Área Metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, el acceso a la justicia es casi inexistente: al 30 de junio de 2025, apenas el 16.5% de las carpetas de investigación por abuso sexual infantil con víctima mujer habían sido judicializadas, muy por debajo de la meta oficial del 68%. En el primer semestre de 2025, la Fiscalía reportó más de 450 casos judicializados por delitos contra menores, cifra insuficiente frente a la magnitud del problema.
Las causas estructurales están claramente identificadas: presupuesto limitado y de difícil ejercicio, escasa coordinación entre el Estado y los municipios, cobertura deficiente en comunidades remotas, ausencia de protocolos estandarizados y un reconocimiento mínimo de las procuradurías municipales como autoridades de primer contacto. A este escenario se suma un dato que indigna: en 2024, 407 niñas y adolescentes fueron obligadas a parir producto de violencia sexual, sin recibir consejería, acompañamiento ni justicia contra sus agresores.
Este contexto exige una respuesta inmediata y contundente. Es urgente implementar protocolos integrales de atención con perspectiva de género y enfoque en la infancia, fortalecer la capacidad de investigación y judicialización de la Fiscalía, garantizar atención psicológica, médica y legal a las víctimas, sancionar con rigor a los agresores, reparar el daño causado y diseñar políticas inclusivas para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Además, es indispensable promover campañas de sensibilización social en escuelas, comunidades y familias para romper el silencio y crear entornos seguros.
Mientras las instituciones no asuman la protección de la infancia como prioridad absoluta, la impunidad seguirá siendo la norma y los menores de Jalisco permanecerán desprotegidos ante uno de los delitos más graves y devastadores, cuyas cicatrices marcan de por vida.
