El pasado viernes 08 de agosto, la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, visitó Jalisco para inaugurar el “Hospital Regional de Alta Especialidad de Tlajomulco de Zúñiga” del ISSSTE, el cual beneficiará a 380 mil derechohabientes, además de sus familias, que viven en Jalisco, Nayarit, Colima, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas.
Este hospital forma parte de un proceso de renacimiento del Sistema Público de Salud y ofrecerá servicios de consulta general, también en 36 especialidades, así como proveeduría de farmacia, servicios de urgencias y quirófanos. Contará con 250 camas censables, 262 camas no censables, 63 consultorios y equipos modernos de medicina nuclear. Todo representó una inversión de casi 3 mil millones de pesos.
Después del Centro Médico de Occidente, en esta región del país, ni el sector público ni el privado habían construido una institución de salud tan relevante como este nuevo hospital. Por el contrario, los últimos gobiernos federales del PRI y del PAN se empeñaron en desmantelar el sistema público de salud a través de esquemas de privatización que incluyeron el arrendamiento de instalaciones, la subcontratación de servicios médicos privados, la subrogación de los servicios hospitalarios y el arrendamiento de materiales y recursos (ambulancias, camillas, sillas de ruedas, estudios de laboratorio, etc…). Abandonaron también la formación de personal médico en las instituciones de educación superior públicas, alentando o consintiendo la disminución de la matrícula y aún más, restringieron la creación de plazas para personal médico y consecuentemente la capacidad del sistema para la prestación de servicios de salud.
¿Qué motivó estos afanes de privatización en la clase política priísta y panista? Hay quienes alegan causas ideológicas (la reducción del Estado a su mínima expresión) o de eficacia económica (aquella falsedad de que “cuestan menos a la ciudadanía los servicios que provee el sector privado que los que brinda el sector público”). Pero estas razones no son más que excusas; el ánimo de la privatización del sistema de salud se encuentra en la respuesta a la pregunta:
¿Quiénes se convirtieron en proveedores de instalaciones hospitalarias, de insumos médicos, de ambulancias, de camillas, de servicios de laboratorio, de medicinas, etc., al sector público?
Sí, acertó, la clase política priísta y panista promotora de la privatización.
Con lo anterior, tanto el IMSS como el ISSSTE entraron en severas crisis financieras que pusieron en riesgo su sobrevivencia institucional. No podía ser diferente el resultado en un juego donde los funcionarios públicos, contratantes de los servicios privados, eran también sus proveedores.
A partir del 2018, con el triunfo del Lic Andrés Manuel López Obrador y de la doctora Claudia Sheinbaum en el 2024, el gobierno federal trabaja por la recuperación, fortalecimiento y expansión del sistema de salud pública. Esto implica inversiones históricas en infraestructura de salud, mayores presupuestos para la adquisición de materiales e insumos médicos, ampliación de plazas para la contratación de personal e incluso la apertura de espacios educativos públicos para la formación de profesionales de la salud.
El objetivo es la consolidación de un Sistema Nacional de Salud Universal, gratuito, equitativo, integral, sustentable, efectivo y de calidad, donde la salud del pueblo se entienda como un derecho humano y no como una mercancía, donde nadie se quede atrás ni afuera del disfrute del derecho a la salud.