Mario Muñoz

Claudia Sheinbaum arrancó su sexenio con tres piedras amarradas al tobillo: inseguridad, salud y Pemex. Tres lastres tan pesados que, para 2030, seguirán ahí… y tal vez más grandes.
Hoy nos vamos a detener en el más resbaloso: Pemex. La joya oxidada de la corona, el barril sin fondo que cada presidente promete rescatar y que, como Titanic tropical, siempre termina más hundido que antes.
La presidenta, con su característico optimismo de conferencia matutina, anunció que en 2027 Pemex “saldrá solito” y no necesitará de Hacienda. Lo dijo acompañada del secretario Édgar Amador, que asentía como quien oye a un niño afirmar que su perro habla inglés. La receta mágica: reducir la deuda, estabilizar las finanzas, mejorar la producción y, por supuesto, confiar en la disciplina fiscal de un Gobierno que ya abrió la chequera con un fondo de 250 mil millones de pesos.
Los números suenan bonitos… hasta que se les mira de cerca. La deuda total de Pemex ronda los 98 mil millones de dólares, con un pasivo laboral de 1.3 billones de pesos y una nómina de 133 mil empleados que cuesta más que todo el presupuesto anual de varios Estados juntos. Y aunque en el segundo trimestre de 2025 reportó utilidades, fue un respiro pasajero, como cuando un enfermo grave abre los ojos… y vuelve a caer en coma.
El plan incluye aumentar la producción de 1.6 a 1.8 millones de barriles diarios en 2027. Ojo: eso sigue muy por debajo de la meta de 2.6 millones que se presumía hace apenas unos años. Es decir, vamos a celebrar producir menos de lo que alguna vez prometimos. Todo mientras el huachicol sigue drenando 13 mil millones de pesos en seis meses, las refinerías operan a medias y Dos Bocas, la gran apuesta petrolera, se cuece a fuego lento entre retrasos y sobrecostos.
Los expertos son claros: Pemex pierde dinero refinando, se está quedando sin petróleo rentable y su tecnología parece sacada de un museo industrial. Pero la narrativa oficial es que con inversión pública y privada —esa misma que huye cuando huele ineficiencia—, la petrolera alcanzará la autosuficiencia.
Y aquí está la parte graciosa: para dejar de depender de Hacienda, Pemex necesita… más dinero de Hacienda. Es como curar la obesidad con pastel. O como decir que la casa dejará de caerse a pedazos después de tapar las grietas con cinta adhesiva.
Mientras tanto, la inseguridad sigue desbordada y el sistema de salud intenta funcionar con hospitales sin medicinas y médicos que parecen más voluntarios que profesionistas pagados. Pero eso sí: cada mañana, desde Palacio, se reparten esperanzas como si fueran vales de despensa o pensiones del Bienestar.
Pemex es el espejo perfecto de este Gobierno: grandilocuencia, diagnósticos correctos, soluciones superficiales y una fe ciega en que los problemas se resolverán por decreto. Y así como no habrá seguridad plena ni salud digna para todos, tampoco habrá un Pemex autosuficiente en 2027. Habrá, eso sí, otro plan de rescate, otro discurso esperanzador y otra ronda de aplausos… hasta que llegue el siguiente sexenio a repetir la historia.

Los tres talones de Aquiles

Por más que Claudia Sheinbaum insista en que su Gobierno ha sido un modelo de eficiencia con sus ahorros históricos, la realidad en las farmacias y hospitales del país pinta otra historia, una verdaderamente trágica: el desabasto de medicamentos, especialmente los oncológicos, es tan real como las lágrimas de una madre que no consigue quimioterapia para su hijo. Pero: ¿Quién necesita medicinas cuando se presume con entusiasmo un “ahorro” de 50 mil millones de pesos? ¡Aplausos por administrar la pobreza con disciplina danesa!
La presidenta presume como trofeo ese ahorro monumental, mientras Estados como Jalisco —por citar solo un ejemplo—, el Gobierno federal apenas ha surtido el 13% de las claves de medicamentos contra el cáncer que le corresponden. El 13%. Como si la vida se pudiera tratar con aspirinas y promesas.
¿Y qué fue de la famosa megafarmacia, esa joya de la improvisación obradorista que Sheinbaum heredó como si fuera una obra maestra? Fracasó. Fracasó con estrépito, como todo lo que se planea con ocurrencias, sin logística ni sensibilidad. Un hangar con estantes vacíos no cura a nadie, pero sirve para la foto y el aplauso fácil. Mientras tanto, las personas enfermas siguen esperando lo que no llega: insulina, retrovirales, medicamentos psiquiátricos, oncológicos. ¿Ahorro para qué, si el costo lo paga el pueblo con dolor?
La tragedia va más allá de las cifras: es humana. Cada paciente que interrumpe su tratamiento, cada niño al que se le niega su derecho a una medicina, es una prueba del desdén federal. Porque eso es: desprecio, mezquindad institucional disfrazada de austeridad. El Gobierno presume eficiencia mientras la ciudadanía padece negligencia.
Y aún así, nos piden paciencia, nos repiten que todo va “mejor que nunca”. Que no hay desabasto, sólo “reorganización del sistema”. Que vamos camino a Dinamarca, aunque en esa Dinamarca nadie muere esperando un medicamento que su gobierno no quiso comprar a tiempo.
Lo cierto es que la política de salud de este Gobierno se parece más a un acto de magia que a una política pública: desaparecen las medicinas, desaparecen los datos, desaparecen las responsabilidades. Lo único que no desaparece es el cinismo. 
Pero eso sí: 50 mil millones bien guardaditos.

Dinamarca, pero sin medicinas

La pregunta es inevitable: ¿Qué hacemos con los policías? No como institución abstracta, sino como individuos con placa, arma y autoridad. Porque algo está profundamente roto.
No es nuevo, pero cada tragedia lo confirma. El caso de los cuatro policías de Zapopan involucrados en el asesinato de una familia es, sin exagerar, el colmo. Y también, una señal de agotamiento del modelo actual.
Durante años, los gobiernos han intentado mejorar el rostro de las corporaciones con uniformes nuevos, patrullas blindadas y, sobre todo, mejores salarios. Se ha repetido el mantra de que con sueldos dignos llegarían la honestidad, la vocación y el compromiso. Pero no ha sido así. Algo no está funcionando. Lo estructural sigue pudriéndose desde adentro.
Nadie se ha atrevido a mirar de verdad a los policías. ¿Qué pasa por sus mentes? ¿Qué los lleva a cruzar la línea entre el deber y la complicidad? No existe un estudio serio, con rigor psicológico y sociológico, que nos explique qué sueñan, qué temen, qué arrastran del pasado, qué entienden por justicia, qué valores los rigen o los destruyen. ¿Cuántos de ellos cargan con traumas, deudas, humillaciones, adicciones o deseos de poder que acaban por volverse peligrosos?
Las pruebas de control y confianza se han vuelto un trámite. Las sanciones y los códigos internos se aplican con lentitud o con discrecionalidad. Y las leyes, cuando existen, no se traducen en resultados. Los Congresos no legislan con eficacia. Los Ejecutivos no operan con eficiencia. Los ministerios públicos no investigan. Y los jueces –cuando no están cooptados– simplemente duermen. Es un sistema de vigilancia sin vigilantes, una justicia sin músculo, una seguridad que da miedo.
En este contexto, no es descabellado preguntarse si debemos replantear por completo el modelo. ¿Y si desaparecen las policías municipales y estatales? ¿Y si la Guardia Nacional asume de lleno la función, bajo estándares únicos y supervisión civil real? Sería un salto drástico, con riesgos, pero tal vez menor que el peligro de seguir fingiendo que todo puede corregirse con un nuevo jefe, una limpieza interna o un incremento salarial.
Lo cierto es que estamos ante una crisis ética, funcional y estructural. Y como sociedad, ya no podemos seguir cruzándonos de brazos o culpando al “mal elemento”. 
Entonces: ¿Qué hacemos con los policías? Mientras aún nos queda algo por salvar.

¿Qué hacemos con los policías?

Tiene lógica que Joaquín “El Chapo” Guzmán no negoció con el gobierno de Estados Unidos para acortar su sentencia: cadena perpetua y otros 30 años de prisión. Es implícito que prefirió guardar silencio para no exponer o dejar en riesgo a su familia en México. 
Pero el caso de Ovidio Guzmán, su hijo y heredero de uno de los cárteles más poderosos del mundo, es otra historia. Ya se declaró culpable y en seis meses conocerá su castigo.
Tras declararse culpable de cuatro cargos en un tribunal de Chicago, “El Ratón” no sólo selló su destino en las manos de la justicia estadounidense, sino que, al convertirse en testigo protegido, lanzó una amenaza directa al corazón de la política mexicana. Ex presidentes, ex gobernadores y ex alcaldes están en la mira. Y también gobernantes vigentes. Sinaloa, Baja California, Durango, Sonora, Chihuahua y Jalisco están en la vitrina.
Con su declaración de culpabilidad, no sólo enfrenta una posible reducción de su sentencia: se convierte en una pieza fundamental en la maquinaria judicial de Estados Unidos, y lo más peligroso para México: en una bomba de relojería que podría hacer explotar las conexiones entre el narcotráfico y las más altas esferas del poder político en el país. El acuerdo con las autoridades estadounidenses, que promete protegerlo a cambio de información, está lejos de ser una simple colaboración con la justicia. Ovidio tiene en sus manos un arsenal de secretos que podrían destapar una red de complicidad política de dimensiones insospechadas.
Al ser un testigo clave en un proceso de tal magnitud, no sólo tiene la capacidad de delatar a su propia familia, el Cártel de Sinaloa, sino que también puede señalar a los políticos y funcionarios que, durante años, han servido como cómplices o, al menos, se han hecho de la vista gorda frente a las operaciones de su organización. En sus manos está el poder de arrastrar a aquellos que, bajo la sombra del narcotráfico, han asegurado su riqueza y poder a costa de la seguridad y el bienestar de la sociedad mexicana. El gobierno estadounidense, que ha etiquetado al Cártel de Sinaloa como un grupo terrorista, le ofrece ahora la oportunidad de cooperar y desmantelar esa maquinaria. Pero más allá de los cárteles, su testimonio podría llevar a que caigan figuras del poder político.
Ovidio no sólo tiene acceso a los secretos de su propio cártel, sino a las intrincadas relaciones que existen entre los poderosos y el narcotráfico. Si decide dar un paso más, podría desatar una ola de revelaciones. Y su abogado Jeffrey Lichtman ya cimbró con las primeras declaraciones contra los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum. 
En paralelo, la historia del “Mayo” Zambada también sacudirá.

Ovidio Guzmán: la amenaza

En este país surrealista que es México, en ocasiones las prioridades del Gobierno parecen escritas por los guionistas de La Rosa de Guadalupe, pero con presupuesto de campaña y brújula moral extraviada. La semana pasada, por ejemplo, se difundió un boletín oficial —con todo el protocolo, firma institucional y tono de tragedia ecológica— por la muerte de un cocodrilo. 
Y claro, las redes institucionales se activaron, las alertas de prensa brincaron y el Gobierno mostró su sensibilidad con la fauna silvestre. Faltó que decretaran duelo ambiental de 24 horas. 
Que no me lean los ambientalistas, porque voy al punto.
El problema no es que se proteja la vida animal. Está bien, es necesario. Lo escandaloso es el contraste: por una persona desaparecida, ni un tuit. Por un joven asesinado en una calle mal iluminada, silencio. Por las víctimas de la violencia que se acumulan como cifras, nada. Pero por el cocodrilo, boletín.
¿Qué mensaje manda un Estado que se conmueve más por un saurio que por un ser humano? ¿En qué momento se invirtió la escala de valores? ¿Cuándo decidimos que la vida humana podía pasarse por alto, mientras no toquemos al “medio ambiente”? 
No es exageración.
Cada semana se reportan desapariciones, feminicidios, asesinatos. Y si acaso hay una declaración oficial, es tibia, burocrática, llena de tecnicismos que diluyen la responsabilidad. A veces ni eso. Mientras tanto, hay familias que llevan años exigiendo justicia sin obtener siquiera una respuesta. Y cuando lo hacen, es para decirles que “no hay presupuesto” o que “la carpeta sigue abierta”. 
¿Dónde está el boletín por los niños sin tratamiento oncológico? ¿O por los desplazados por el crimen organizado? ¿Dónde está la postura institucional ante la impunidad que reina en tantos rincones del país?
El Gobierno debe entender que cuidar el medio ambiente no está peleado con cuidar a su gente. Pero cuando se sobreactúa en un lado y se ignora el otro, no es amor a la naturaleza: es populismo verde. 
Proteger la vida silvestre sí. Pero que no se nos olvide que la vida humana también cuenta. O al menos, debería. 
Porque si seguimos así, pronto habrá más boletines por animales muertos… que respuestas por humanos desaparecidos. 
¡Primero, lo primero!

¡Primero, lo primero!

Por más que el gobierno mexicano presuma discursos de transformación y combate a la corrupción, los datos hablan con la crudeza que la retórica no puede maquillar: México encabeza la lista mundial de empresas sancionadas por el Gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con actividades ilícitas. No es Siria. No es Rusia. No son los Emiratos Árabes. Es México.
De las 8 mil 595 empresas incluidas en la “lista negra” de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), 950 están registradas en territorio mexicano. El 11% del total. 
En otra lista, una de cada 10 entidades señaladas en el mundo por lavar dinero, financiar el terrorismo o colaborar con redes criminales, opera desde este país.
Y mientras tanto, en México, ¿quién actúa? La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ese ente que debería investigar, congelar cuentas y presentar denuncias, se ha convertido en un fantasma burocrático: opaco, ineficaz y, peor aún, sumiso. No sanciona, no investiga con rigor, no publica nombres. Su mayor especialidad parece ser la indiferencia o la política. Es la bandera institucional de la impunidad.
El contraste con lo que ocurre al Norte del Río Bravo es demoledor. La OFAC —dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense— ha clasificado a los cárteles de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación, del Golfo, del Noreste, de Juárez y Unidos como “grupos terroristas transnacionales”. En el mismo registro aparecen cientos de empresas mexicanas que sirven como fachadas: gasolineras, inmobiliarias, firmas de logística, comercializadoras, consultoras, hasta galerías de arte y autódromos. La economía criminal no es marginal. Está infiltrada en el sistema económico nacional.
¿Y el escándalo reciente? Tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— fueron señaladas por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo. Según el Tesoro de Estados Unidos, estas entidades “desempeñaron un papel vital y prolongado” en la canalización de millones de dólares para los cárteles. El dinero circula, las muertes se acumulan, las instituciones se lavan las manos.
Mientras la OFAC actúa, en México se encubre. Mientras allá se exponen nombres, aquí se blindan intereses. Es el estandarte de la impunidad, y no ondea por descuido: se iza cada día con la complicidad de quienes deberían desmantelar las redes del crimen. Porque aquí, donde deberían estar las sanciones, solo hay silencio. Donde debería haber consecuencias, hay protección. Y donde debería haber justicia, hay negocios. Muchos negocios.
Y lo más revelador es esto: que para saber quién lava dinero en México, hay que leer los comunicados de Washington. Aquí, las redes del narco no sólo trafican droga: lavan dinero a la vista de todos, con sello bancario, licencia gubernamental y total impunidad.

Estandarte de la impunidad

“Abrazos, no balazos”, dijeron. Y cumplieron… con los delincuentes.
Mientras los cárteles consolidaron su control territorial, el Estado les tendió la mano. ¿Resultado? Más de 199 mil homicidios dolosos durante el sexenio pasado, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (sin contar desaparecidos y cuerpos en fosas). Es el periodo más sangriento del México moderno. Pero eso sí: ni una guerra, porque aquí no hay balazos… sólo masacres.
Luego vino la joya de la autoalabanza: “Vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca”. 
Una burla. El Insabi fracasó, el IMSS-Bienestar va a medias y 55% de la población carece de acceso efectivo a la salud, según Coneval. Pero se receta optimismo en cápsulas.
Y la gasolina… ¿a 10 pesos? Fue solo una ilusión preelectoral de Andrés Manuel López Obrador. Hoy, el litro ronda los 24 pesos, y Pemex, lejos de ser rescatado, acumula pérdidas por más de 500 mil millones de pesos en lo que va del sexenio. Y la producción cayó de 1.9 millones de barriles diarios en 2018 a 1.5 millones en 2024. Ni más producción, ni menos precio. Pero sí más discursos. 
¿Y la deuda pública? “No vamos a endeudar al país”, decían mientras firmaban más contratos. Hoy la deuda pública asciende a 17.9 billones de pesos, según la Secretaría de Hacienda. En 2018, era de 10.5 billones; es decir, aumentó casi 70%. Pero no se preocupen, nos juran que es “responsable”. Como si el SAT aceptara promesas en vez de pagos.
Y ahora, el broche de oro: legalizar la invasión de viviendas. El Infonavit ofrece a los paracaidistas la posibilidad de “comprar” las casas que ocuparon ilegalmente. Mientras tanto, trabajadores con 10, 15 o 20 años cotizando siguen sin acceder a un crédito.
Este gobierno prometió cambiar la historia, y lo logró… pero por acumulación de disparates. Sus logros son de ficción, sus cifras están maquilladas y su política social parece escrita por Kafka. Eso sí, el relato sigue: abrazamos criminales, soñamos con Dinamarca, subsidiamos la gasolina más cara y premiamos a quien invade.
En 2024 nos dijeron que la gente decidiría si continuar o corregir. Y eligieron seguir. Entonces que no sorprenda si lo que sigue es otra ronda de abrazos, otra deuda histórica y más cuentos con final amargo.

Mentiras que sí cumplen

En 2008, una explosión de granadas en el Grito de Independencia en Morelia dejó ocho muertos y más de 100 heridos.
En 2010, un coche bomba estalló en Ciudad Juárez. Cuatro personas murieron. Y cinco jóvenes —detenidos, torturados y obligados a autoincriminarse— fueron presentados como responsables en un hecho que, por su naturaleza, fue calificado como “narcoterrorismo”. 
En 2011, el incendio del Casino Royale en Monterrey cobró la vida de 52 personas. Fue uno de los peores ataques contra civiles en la historia reciente del país.
En 2018, el pequeño Tadeo, de apenas ocho meses de edad, murió quemado en un camión del transporte público. El cártel local lo incendió como parte de una serie de bloqueos en la Zona Metropolitana de Guadalajara para distraer a las autoridades y permitir la huida de sicarios. 
En 2023, un atentado con explosivos en Tlajomulco dejó seis agentes muertos y catorce heridos. Buscaban restos humanos cuando fueron emboscados con una trampa explosiva nunca antes vista en la región.
Y en 2025, ocho soldados murieron en Morelia al explotar una mina terrestre. 
Todos estos hechos son actos de terrorismo. Pero todos han sido minimizados por los gobiernos en turno. 
Las respuestas oficiales han sido evasivas: “Se están matando entre ellos”. “Fue un hecho aislado”. “No hay que alarmar a la población”.
La negación como política pública. La omisión como estrategia de contención. 
Lo cierto es que la presencia de células de élite dentro del crimen organizado no es una sospecha: es una realidad. Los cárteles ya no solo reclutan sicarios locales. Ahora contratan y capacitan a mercenarios colombianos, guatemaltecos, israelíes, ucranianos, holandeses y rusos, creando verdaderos ejércitos paralelos que operan con precisión táctica, armamento sofisticado y total impunidad.
Hace más de dos décadas se supo que Los Zetas estaban contratando a kaibiles, una fuerza de élite del ejército guatemalteco, para entrenar a sus sicarios. Lo que entonces parecía excepcional, hoy es parte del manual operativo de los grandes cárteles. 
El reciente asesinato de ocho soldados en Michoacán es apenas la última evidencia de esta evolución criminal. Tras el ataque, se detuvo a ex militares colombianos, confirmando lo que muchos analistas y reporteros ya advertían: México está enfrentando a mercenarios profesionales, no solo a “delincuentes comunes”.
Y mientras eso ocurre, el sistema de inteligencia del Gobierno federal hace agua. Las detenciones de este tipo de criminales son escasas. No hay estadísticas claras. No hay diagnósticos públicos. Ni siquiera hay un informe oficial que describa el tamaño del problema. 
La violencia escala, se sofistica y se militariza, pero la respuesta institucional sigue atascada en discursos gastados y narrativas sin sustento. 
El Estado mexicano perdió el control territorial en varias regiones; sin embargo, también perdió la capacidad —o la voluntad— de nombrar las cosas por su nombre. 
Y ese, quizás, es el mayor riesgo de todos.

Sicarios profesionales

Isaura Amador

Romper el paradigma de la juventud

Laura Haro Ramirez

La magistrada casitas y la justicia VIP

Héctor Ruiz López

¿Realmente disminuyó la pobreza en México?

Laura Castro Golarte

Mantener, reforzar, avanzar

Federico Torres López

Sin novedad en el frente

El gobierno federal prometió un sistema de salud “como el de Dinamarca”. Y sí, cumplió: solo que en la versión de Andersen, la de los cuentos de hadas, porque en la realidad mexicana lo que tenemos es un hospital fantasma, farmacias vacías y millones de pacientes esperando milagros que nunca llegan.
El Inegi acaba de poner los números en blanco y negro: mientras los pobres bajaron de 51.9 a 38.5 millones, los mexicanos sin acceso a servicios de salud se dispararon de 20.1 a 44.5 millones. Es decir, menos pobres… pero más enfermos abandonados. Una ecuación macabra: la gente tiene más dinero en la bolsa, pero si le da cáncer o diabetes, igual termina hipotecando la casa para comprar medicinas inexistentes en el “sistema universal”.
Todo comenzó con la demolición del Seguro Popular que, con sus defectos, al menos funcionaba. Se sustituyó por el Insabi, un cascarón inútil que no duró ni un sexenio. Después vino el IMSS-Bienestar, otra improvisación que en el papel suena bien, pero en la práctica no cubre ni la sombra de lo prometido.
Mientras tanto, el gran logro sanitario del sexenio pasado —la Mega Farmacia del Bienestar— se inauguró en 2023 con 10 mil millones de pesos y un anuncio presidencial digno de epopeya. Hoy, a casi dos años, es un mausoleo de estantes vacíos. El símbolo perfecto de un gobierno que confundió la salud con la propaganda.
Los pacientes oncológicos lo saben de sobra. En Jalisco, el propio gobierno estatal denunció que la federación apenas surte el 13% de las claves de medicinas contra el cáncer. Por eso padres y madres marcharon en Guadalajara, Cancún, Toluca o la Ciudad de México exigiendo algo tan básico como quimioterapias para sus hijos. Pero el mensaje oficial insiste en que todo estaría “regularizándose” entre el 15 y el 20 de agosto. Como si el cáncer entendiera de plazos burocráticos. Y fue falso. Ahora afirman que será en dos semanas.
El mapa del abandono sanitario también exhibe sus jerarquías: Chiapas, Puebla, Morelos, Oaxaca y Estado de México encabezan la tragedia. Jalisco, con su propio programa de Seguro Salud, logró un respiro, pero no puede sustituir la obligación federal.
En resumen: menos pobres en la estadística, más enfermos sin atención en la realidad. Se combatió a los pobres, no a la pobreza; se ahorró en medicinas, pero se gastó en elefantes blancos. Dinamarca quedó lejos, muy lejos. Lo que sí tenemos es un sistema de salud de tercer mundo, maquillado con discursos de primer mundo. Y eso, más que un fracaso, es una traición.

En el país del nunca jamás…