¿Realmente disminuyó la pobreza en México?
El INEGI ha dado a conocer un dato que, en cualquier otro contexto, sería motivo de celebración: durante el año 2024, la pobreza multidimensional en México cayó al 29.6 %, lo que representa una reducción de 8.3 millones de personas entre 2022 y 2024. La cifra no es menor. Sin embargo, la noticia está lejos de generar un consenso. Más allá del dato duro, el contexto de esta medición plantea dudas legítimas sobre su credibilidad, su metodología y, sobre todo, sobre las condiciones políticas e institucionales en las que se produce.
Conviene recordar que esta medición era anteriormente realizada por el CONEVAL, un Organismo Constitucional Autónomo (OCA) reconocido por su independencia técnica y su rigor metodológico. Con su desaparición tras una cuestionada reforma constitucional, la responsabilidad de medir la pobreza pasó al INEGI. Aunque se trata de una institución igualmente sólida en términos técnicos, el cambio de manos no es irrelevante: abre un margen de incertidumbre y coloca en el centro del debate la pregunta sobre si seguimos midiendo lo mismo que antes y si, en efecto, podemos confiar en la narrativa de éxito que se nos presenta.
El INEGI dice haber respetado los lineamientos metodológicos establecidos por el CONEVAL, lo cual permitiría mantener la comparabilidad de la serie bienal. No obstante, también reconoce que hubo actualizaciones en los cuestionarios, particularmente en variables sociodemográficas y clasificadores. Esto introduce matices importantes: aunque el marco conceptual se mantenga, los cambios en las preguntas pueden generar distorsiones o, al menos, interpretaciones sesgadas de la evolución de la pobreza. No es que los datos sean necesariamente incorrectos, pero sí merecen ser leídos con cautela y con pleno conocimiento de las transformaciones detrás de su producción.
Más allá del cómo se midió, cabe preguntarse por qué ha disminuido la pobreza. Según el propio reporte, la reducción se atribuye a varios factores: el incremento sostenido del salario mínimo, las reformas laborales, la expansión del mercado digital y, sobre todo, el fortalecimiento de los programas de transferencias sociales. Sin duda, estos elementos han tenido un efecto redistributivo que ha logrado sacar a millones de personas por encima de las líneas oficiales de pobreza. Incluso la pobreza extrema ha disminuido, aunque en menor proporción.
En paralelo, hay datos que se han invisibilizado en el entusiasmo oficial. Por ejemplo, el acceso a servicios de salud ha registrado un retroceso alarmante: en 2018, cerca de 20 millones de personas carecían de este derecho; hoy, la cifra supera los 44.5 millones. Esto representa un aumento de más del doble en solo seis años. Se trata de una vulnerabilidad estructural que pone en entredicho el verdadero alcance de la reducción de la pobreza.
Y luego está la cuestión institucional. La desaparición del CONEVAL no solo implicó la reubicación de una función técnica; significó también la eliminación de un contrapeso independiente que evaluaba la política social del Estado. Voces críticas, como la de Gonzalo Hernández Licona, ex titular del Coneval, han advertido que medir la pobreza no es una función natural del INEGI y que esta transición representa un retroceso en términos de transparencia y rendición de cuentas. En un país donde la estadística oficial es muchas veces vista con desconfianza, cambiar al actor que produce los datos sin una justificación técnica sólida alimenta la sospecha de que las cifras puedan estar al servicio de una narrativa política.
Lo anunciado por el INEGI no debe verse como una victoria definitiva, sino como una invitación a mantener la vigilancia. Las cifras importan, sí, pero más aún importa quién las presenta, cómo se construyen y para qué se utilizan.
