La situación por la que atraviesa el SIAPA, este sistema intermunicipal responsable de la distribución de agua potable y de la dotación de drenaje y alcantarillado para la Zona Metropolitana de Guadalajara, se está convirtiendo en un megaescándalo cada vez menos solucionable.
La semana pasada, después de una ruta sumamente accidentada, los integrantes de la Comisión Tarifaria rechazaron nuevamente la aprobación de un incremento en el pago de tarifas para el año 2026. Fue notorio, especialmente, que la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, haya acudido a votar y señalara que no se puede aprobar ningún incremento ante la corrupción y la ineficiencia del organismo.
No se trata de un tema menor. De por medio está la viabilidad de la ciudad, que requiere no solamente para sus habitantes, sino para todas sus actividades, de una dotación permanente de agua potable.
Pero es que la historia del SIAPA ya parece una película de terror, mezclada con rasgos melodramáticos. La ciudadanía exige una solución ejemplar al caso de Elizabeth Castro, por la evidencia de corrupción e influyentismo que la llevaron a ocupar el cargo de asesora técnica de la dirección general del SIAPA.
Los habitantes de la ciudad reclaman también que haya orden y coherencia en el establecimiento de tarifas y el alza de precios, porque es evidentemente injusto que haya una cartera vencida de casi 18 mil millones de pesos y la certeza de que muchos actores públicos y privados consumen agua y no la pagan. A la gente eso, sencillamente, le parece injusto.
Quizás porque atravesamos el temporal de lluvias, no se siente o no se nota que haya un problema de abasto de agua en la ciudad, pero la sequía que se ha arrastrado en varias zonas del país, incluyendo Jalisco, durante los últimos años, se hará presente nuevamente en cuanto llegue el periodo de estiaje.
Adicionalmente, aunque no ha tomado gran relevancia mediática, es sin embargo muy importante atender la queja y observación de los alcaldes de la Ribera de Chapala y del propio Gobierno del Estado, ante la inminencia de la reducción de agua que recibirá el Lago de Chapala, al construirse un ducto que llevará líquido de la Presa Solís a la ciudad de León, en Guanajuato.
Habría que analizar también el uso y origen de los recursos para la renovación de las redes de distribución de agua potable, para el famoso proyecto del drenaje profundo, para la construcción de un segundo ducto que traiga agua de Chapala a la ciudad, sin pérdidas y sin tráfico de agua en zonas rurales.
Pero toda esta maraña de requerimientos, proyectos no iniciados y emergencias, no puede destrabarse mientras no se haga un cambio profundo en el SIAPA, que garantice estar integrado con personal calificado, pagado de acuerdo con competencias y legislación, y que el organismo deje de ser un espacio de acomodo para pagar compromisos políticos.
Después de ello, podrá hablarse con toda libertad de pagar más por el agua que recibimos en nuestros domicilios y en la ciudad.